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INFORME DE LABORES MAYO 1999 - MAYO 2000
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MINISTRA DE LA CONDICION DE LA MUJER
INFORME DE LABORES
MAYO 1999 - MAYO 2000
SAN JOSE, COSTA RICA
2000
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Presentación
Nuestro país ha mostrado importantes avances en el desarrollo de mecanismos jurídicos e
institucionales orientados a atender las necesidades de la población femenina en función de
una mayor equidad con los hombres. Sin embargo, aún queda mucho por hacer para que
estos logros sean alcanzados en forma articulada e integrando a todas las instituciones del
Estado costarricense.
A esta tarea dedica cotidianamente el Instituto Nacional de las Mujeres sus esfuerzos y recursos,
promoviendo la implementación de políticas públicas orientadas al logro de la equidad entre
los géneros. Ponemos un especial énfasis en que estas políticas y sus resultados se expresen
claramente en los ámbitos regional y local, donde habitan las mujeres de carne y hueso. Nos
enfrentamos al reto de que los planes y mecanismos institucionales establecidos tengan un
impacto claro y decidido en la vida de las mujeres. De otra manera no tienen sentido las
políticas públicas. El trabajo regional y local, y no solo nacional, constituye una prioridad del
Instituto.
La implementación y efectividad de las políticas de pende también, sin duda, del
empoderamiento de las mujeres y de su capacidad de liderazgo e incidencia en la vida pública
y política del país. Otra prioridad de nuestra institución es contribuir a ello propiciando espacios
y mecanismos de diálogo social y negociación entre las instituciones y las mujeres, que les
permitan plantear sus agendas y exigir el impulso y efectivo cumplimiento de políticas y
acciones gubernamentales a favor de la equidad.
Sobre el trabajo realizado rendimos cuenta en este Informe de Labores correspondiente al
período Mayo 1999-Mayo2000.
Gloria Valerín Rodríguez
Ministra de la Condición de la Mujer
Presidenta Ejecutiva INAMU
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Instituto Nacional de las Mujeres
Informe de Labores
Mayo 1999-Mayo 2000
Antececentes
Desde hace más de veinte años, con diferentes denominaciones y características específicas, han ido
surgiendo en los países mecanismos nacionales de promoción de las mujeres, también conocidos como
Oficinas Gubernamentales de la Mujer (OGM).
El surgimiento de esas instancias guarda relación con el clima mundial creado durante los años sesenta,
impulsado por los diferentes movimientos de mujeres, que progresivamente han obtenido un lugar en la
agenda pública y establecido una demanda de compromisos por parte de los Estados. También debe
considerarse el consenso de la comunidad internacional generado por la Organización de las Naciones
Unidas y sus Conferencias sobre la Mujer, con respecto al establecimiento de los mecanismos
gubernamentales apropiados para supervisar y mejorar la situación de las mujeres y el cumplimiento efectivo
de sus derechos.
En Costa Rica, en 1974 se crea la Oficina de Programas para la Mujer y la Familia, en el Ministerio de
Cultura, Juventud y Deportes, como la instancia encargada de coordinar las acciones relativas a la celebración
de la primera Conferencia Mundial de la Mujer en México (1975). Esta oficina fue creciendo y fortaleciéndose
hasta que en 1986 se convirtió en el Centro Mujer y Familia como ente rector de políticas nacionales a
favor de las mujeres, con personería jurídica y patrimonio propio, pero siempre como órgano adscrito al
Ministerio de Cultura.
La experiencia de trabajo desarrollada desde el Centro Mujer y Familia, determinó claramente que:
• las políticas públicas para la equidad y la igualdad de género, requieren de compromisos al máximo
nivel de toma de decisiones, así como de los compromisos sectoriales de las entidades del sector público
para la ejecución de las políticas; y que
• existían limitaciones para ejercer las funciones de rectoría en la materia, debido a la contradicción
existente entre la amplitud de sus competencias y su ubicación en el aparato estatal (órgano adscrito a
un Ministerio).
El reconocimiento de estas limitaciones puso de manifiesto la imperativa necesidad de fortalecer el
Mecanismo Nacional, transformándolo en una instancia con suficiente rango político administrativo y la
adecuada figura jurídica, para la gestión y rectoría de las políticas públicas de género. Es así como, en abril
de 1998, la Asamblea Legislativa aprobó la transformación del Centro Mujer y Familia en el Instituto
Nacional de las Mujeres (Ley de la República N° 7801). Al convertirse en una institución autónoma y
descentralizada, se elevó su rango político-administrativo y se ampliaron sus funciones y atribuciones.
Cabe destacar que la actual Administración designó a una Ministra de la Condición de la Mujer como
encargada del Instituto, lo cual es demostrativo de la voluntad política gubernamental de elevar lo relativo
a mujer y género al más alto nivel de la toma de decisiones.
La creación del Instituto Nacional de las Mujeres, es un paso fundamental para reforzar la eficacia del
Mecanismo Nacional. Tal como señala la Plataforma de Acción de Beijing, para un funcionamiento eficaz
de los mecanismos de promoción de las mujeres, estos deben:
• estar ubicados en el mayor nivel de gobierno posible y bajo la responsabilidad de una ministra del
Gabinete;
• disponer de suficientes recursos presupuestarios y capacidad profesional; y
• tener las oportunidades y mecanismos correspondientes para ejercer influencia en la formulación de
todas las políticas gubernamentales y en la planificación desde una perspectiva de género.
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Fines y atribuciones del Instituto Nacional de las Mujeres
El trabajo del INAMU se basa en dos pilares fundamentales:
• Asesorar y acompañar a las instituciones de la administración pública con el propósito de que formulen
e implementen sus políticas y acciones desde una perspectiva de género.
• Contribuir a fortalecer la participación económica, social, política y cultural de las mujeres, en condiciones
de igualdad con los hombres, así como su liderazgo y ciudadanía activa, entendida como la capacidad
para incidir en la vida pública y política de nuestro país.
Para desarrollar esta misión la Ley del INAMU contempla los siguientes fines y atribuciones:
Fines del INAMU
a) For mular e impulsar la política nacional para la igualdad y equidad de género, en
coordinación con las instituciones públicas, las instancias estatales que desarrollan
programas para las mujeres y las organizaciones sociales.
b) Proteger los derechos de la mujer consagrados tanto en declaraciones, convenciones y
tratados internacionales como en el ordenamiento jurídico costarricense; promover la
igualdad entre los géneros y propiciar acciones tendientes a mejorar la situación de la
mujer.
c) Coordinar y vigilar que las instituciones públicas establezcan y ejecuten las políticas
nacionales, sociales y de desar rollo humano, así como las acciones sectoriales e
institucionales de la política nacional para la igualdad y equidad de género.
d) Propiciar la participación social, política, cultural y económica de las mujeres y el pleno
goce de sus derechos humanos, en condiciones de igualdad y equidad con los hombres.
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Atribuciones
a) Elaborar, promover y coordinar la ejecución y el seguimiento de las políticas públicas
dirigidas a la promoción de las mujeres y la igualdad de derechos y oportunidades entre
hombres y mujeres.
b) Coordinar el conjunto de las políticas nacionales de desarrollo que impulsan las instancias
públicas, para que contengan la promoción de igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres.
c) Elaborar y ejecutar los planes, programas y proyectos del propio Instituto que considere
necesarios para cumplir sus fines.
d) Coordinar las acciones e instancias existentes en el seno de la Administración Pública, para
promover la condición de las mujeres y la equidad de género.
e) Promover la creación de oficinas ministeriales, sectoriales y municipales de la mujer; además
garantizar y coordinar su funcionamiento.
f) Elaborar, coordinar y ejecutar acciones que impulsen el desarrollo de la familia como espacio
de socialización de los derechos humanos e igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres.
g) Brindar asesoramiento y orientación jurídica a todas las instituciones de Estado para que
desempeñen sus actividades sin discriminación entre mujeres y hombres.
h) Vigilar que las disposiciones administrativas no sean discriminatorias y respeten los derechos
de las mujeres.
i) Emitir criterio acerca de los proyectos de ley en trámite legislativo relacionados con la
condición de género y la situación de las mujeres y las familias.
j)
Promover y facilitar la creación y el funcionamiento de un fondo para fomentar actividades
productivas de organización de las mujeres.
k) Coadyuvar, cuando lo considere pertinente, en los procesos judiciales que afecten los derechos
de las mujeres.
l)
Promover y realizar investigaciones que permitan conocer la condición de las mujeres, la
equidad de género y la situación de las familias, así como realizar propuestas para su avance.
m) Mantener relaciones de intercambio y cooperación con los organismos internacionales que
se ocupen de la promoción de las mujeres, sin perjuicio de las atribuciones del Poder Ejecutivo
en materia de relaciones exteriores
n) Promover la actividad asociativa de las mujeres, brindando a sus organizaciones la asistencia
que proceda para su constitución y mejor desarrollo.
La estructuración del Instituto
Uno de los logros más importantes del período ha sido la culminación de la estructuración del INAMU,
con una organización moderna y ágil.
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ORGANIGRAMA
INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES
JUNTA
DIRECTIVA
AUDITORIA
INTERNA
PRESIDENCIA
EJECUTIVA
ASESORIA
LEGAL
PLANIFICACION
INSTITUCIONAL
DIRECCION
ESTRATEGICA
DIRECCION ADM.
FINANCIERA
CIUDADANIA,
LIDERAZGO Y
GESTION
LOCAL
CONDICION
JURIDICA Y
PROTECCION DE
LOS DERECHOS
DE LAS MUJERES
CONSTRUCCION
DE
IDENTIDADES
Y PROYECTOS
DE VIDA
VIOLENCIA DE
GENERO
GESTION DE
POLITICAS
PUBLICAS PARA
LA EQUIDAD
ESPECIALIZADA
DE
INFORMACION
ADMINIS-
TRATIVA
FINANCIERA
CONTABLE
RECURSOS
HUMANOS
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Las áreas estratégicas de trabajo
En el marco del proceso de estructuración institucional efectuado para la adecuación estratégica y funcional
de acuerdo al nuevo rango y funciones del Mecanismo Nacional, se han definido seis áreas estratégicas:
1. Gestión de políticas públicas para la equidad
2. Liderazgo, ciudadanía activa y gestión local
3. Condición jurídica y protección de los derechos de las mujeres
4. Construcción de identidades y proyectos de vida
5. Violencia de género
6. Especializada de Información
Desde el área de Gestión de Políticas Públicas para la Equidad, se realizan gestiones en el nivel
nacional y con los jerarcas en las oficinas centrales de las instituciones públicas, para la formulación e
implementación de políticas con enfoque de género. Se cuentan entre sus principales fines:
• Asegurar que en la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas
sectoriales y nacionales, se garantice la equidad entre mujeres y hombres en el acceso, disposición y
control de los procesos y beneficios del desarrollo, con énfasis en el campo de la salud, la educación y
cultura, la ciencia y tecnología, la economía y el trabajo y el medio ambiente.
• Propiciar condiciones para la incorporación del enfoque de género en la planificación estratégica de
las instituciones del Sector Público.
• Verificar el cumplimiento de las políticas públicas en materia de equidad de género.
• Contribuir en el diseño de indicadores que permitan determinar las desigualdades en las condiciones
de vida de mujeres y hombres, así como los avances en la aplicación de políticas públicas para la
equidad de género.
En el área de Liderazgo, Ciudadanía Activa y Gestión Local, se ubican las acciones para el liderazgo
y empoderamiento de las mujeres, así como el seguimiento, en el nivel local y regional, de la efectiva
implementación de las políticas nacionales y sectoriales. También desde esta área se promueven mecanismos
y procesos para el desarrollo de políticas desde el nivel local para la equidad de género (Oficinas Municipales
de la Mujer, Planes Locales y Regionales para la Igualdad y Equidad entre Mujeres y Hombres). Los
principales fines de esta área son:
• Contribuir a fortalecer el liderazgo de las mujeres y su participación en la toma de decisiones en las
comunidades, las organizaciones sociales, los partidos políticos y la administración pública. Un liderazgo
que comprenda una mayor presencia, calificación y capacidad de influencia de las mujeres en la vida
pública y política del país, tanto a nivel nacional como local.
• Contribuir y velar por la transversalidad de las políticas públicas de equidad de género a nivel regional
y local, con la participación de las organizaciones de la sociedad civil.
• Contribuir a impulsar y fortalecer la organización de las mujeres, desde el nivel local y regional, para
la negociación y satisfacción de sus necesidades prácticas e intereses estratégicos.
El área de Condición Jurídica y Protección de los Derechos de las Mujeres se ocupa de contribuir al
desarrollo de la perspectiva de género en la teoría y práctica jurídica, así como de propiciar cambios en el
sistema legal, desde la formulación y apoyo de iniciativas y reformas, hasta la sensibilización y divulgación
de derechos con respecto al acceso a la justicia, con el fin de garantizar el mejoramiento de la condición
jurídica y el pleno respeto y vigencia de los derechos humanos de las mujeres. Se plantea como fines
principales:
• Difundir los derechos humanos de las mujeres a nivel de la sociedad, instituciones del Sector Público,
y Poderes Judicial y Legislativo.
• Velar por una aplicación no discriminatoria para las mujeres de la legislación nacional y promover la
formulación y reforma de leyes relacionadas con la condición de género y la situación de las mujeres.
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• Velar por la aplicabilidad de los instrumentos jurídicos internacionales suscritos por el Estado
costarricense y la legislación relativa a los derechos de las mujeres en las decisiones judiciales y
administrativas, así como en sus fundamentos integrales.
• Implementar un sistema de tutela de los derechos de las mujeres en la atención, orientación y defensa
en procesos judiciales y administrativos.
El área Construcción de Identidades y Proyectos de Vida, tiene como objetivo garantizar a
las mujeres jóvenes y adolescentes proyectos de vida con oportunidades reales para el goce pleno
de sus derechos humanos, a fin de promover el ejercicio de su ciudadanía, el acceso a la toma de
decisiones, la for mación para el trabajo y el conocimiento de sus derechos sexuales y
reproductivos. Los fines de esta área son:
• Impulsar acciones de carácter educativo, informativo y divulgativo para el cambio de patrones
socioculturales que reproducen y legitiman relaciones de desigualdad entre los géneros, teniendo
como escenario los procesos de construcción de identidades y la familia como espacio de socialización.
• Promover políticas y acciones para la igualdad de oportunidades y derechos de las niñas y mujeres
adolescentes que les permita construir proyectos de vida autónomos y en función de relaciones de
equidad.
• Incidir en los procesos vinculados a la construcción de la masculinidad y la paternidad.
En el área de Violencia de Género se estimula y favorece el desarrollo de una política pública estatal
orientada a la prevención y erradicación de la violencia de género a través de la coordinación interinstitucional
e intersectorial. Pueden mencionarse entre los principales fines:
• Promover el abordaje de la violencia de género, su detección, atención y prevención, así como la
transformación de los patrones socio-culturales que la originan y perpetúan, como un problema de
derechos humanos y condición indispensable para avanzar hacia la equidad de género.
• Velar por la aplicabilidad de los instrumentos jurídicos internacionales suscritos por el Estado
costarricense y la legislación nacional relativa a la violencia contra la mujer.
• Coordinar acciones y servicios con las instituciones del sector público, organizaciones privadas y no
gubernamentales alrededor del problema de la violencia de género.
• Establecer los mecanismos estratégicos para la consolidación del Sistema Nacional para la Atención
y Prevención de la Violencia Intrafamiliar como política de Estado.
Finalmente, el Area Especializada de Información, está integrada por las oficinas de Comunicación,
Documentación, Investigación e Informática. Apoya y da soporte a todas las áreas estratégicas del Instituto,
brindando información, produciendo conocimientos y difundiendo los mismos para la toma de decisiones.
El impacto y significado social de la producción de conocimiento y la concomitante difusión de información,
es una función primordial del Area, entre cuyos principales fines se encuentran:
• Generación y difusión de información especializada, tanto a lo interno de la institución como al
público en general.
• Producción de conocimiento desde la perspectiva de género.
• Construcción de indicadores de género en coordinación con las fuentes productoras de estadísticas.
• Desarrollo del componente documental de acuerdo al acervo científico nacional e internacional.
• Desarrollo de la plataforma informática institucional.
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Los logros del INAMU
en el período Mayo 1999 – Mayo 2000
De acciones puntuales a políticas públicas
El logro de la igualdad y equidad entre los géneros es una tarea de la sociedad costarricense y,
particularmente, de toda la administración pública. El INAMU, ente rector en esta materia, se encarga de
promover, orientar y asesorar a las entidades públicas para alcanzar este objetivo.
Desde su creación, el INAMU despliega esfuerzos de coordinación interinstitucional para superar el
carácter marginal, desarticulado y cortoplacista de las acciones estatales en favor de la equidad entre los
géneros, y desarrollar y poner en práctica políticas públicas integrales, de cobertura universal, con una
visión estratégica de proceso en el mediano y largo plazo, visualizándolas como:
• Políticas nacionales de Estado, con verdadero consenso y legitimidad política para asegurar su
sostenibilidad, a pesar de los cambios políticos y de Gobierno.
• Políticas públicas estratégicas, orientadas hacia un cambio cualitativo en las relaciones de género, que
superen las acciones asistenciales, puntuales y desligadas entre sí, que caracterizaron el trabajo con las
mujeres durante mucho tiempo.
• Políticas de alcance nacional y con capacidad de respuesta a las necesidades e intereses de las mujeres
en su diversidad.
• Políticas que convoquen a la convergencia entre las distintas fuerzas políticas, las organizaciones de la
sociedad civil, el movimiento de mujeres y las instancias de Gobierno.
La actual gestión se basa en Planes de Acción para la Igualdad y Equidad entre Mujeres y Hombres,
formulados por las distintas instituciones en el marco del Plan Nacional de Desarrollo vigente, que
pretenden garantizar la transversalidad del enfoque de género en todo el quehacer de la administración
pública.
Para promover la formulación de políticas públicas y la adopción de medidas concretas para la igualdad y
equidad de género, en febrero del 2000 se firmó un Decreto Ejecutivo por medio del cual se crearon
Comisiones de Alto Nivel Político y Técnico en los ministerios de Agricultura y Ganadería, de Educación,
de Salud, de Trabajo y Seguridad Social y de Cultura. Estas comisiones tienen como fin elaborar Planes de
Acción y liderar el proceso de incorporación de la perspectiva de género en sus respectivas instituciones
y sectores de influencia. Según el Decreto, el Consejo de Gobierno se encargará de vigilar el cumplimiento
de los avances concretos obtenidos por las Comisiones durante el período, mediante informes que serán
solicitados a los jerarcas de las instituciones.
Los planes de acción deben contemplar mecanismos para que las acciones formen parte del Plan Anual
Operativo y cuenten con la debida asignación presupuestaria. La intención es que estos planes se inscriban
en el curso principal de las políticas institucionales, así como de los procesos de planificación y de
formulación de presupuestos, de manera que no se conviertan en planes periféricos y marginales.
Así mismo, el Decreto incluye la formulación, implementación y evaluación por parte de cada una de las
Instituciones de por lo menos tres acciones estratégicas para mejorar la situación de las mujeres en el país,
que deben inscribirse como Compromisos de Resultados (CDR) en el Sistema Nacional de Evaluación
(SINE).
Para institucionalizar instancias y mecanismos con el propósito de propiciar la participación de la sociedad
civil de mujeres en la formulación e implementación de las políticas y acciones para la equidad de género,
en el Decreto Ejecutivo firmado por las instituciones, se incluyó como una función de las Comisiones de
Alto Nivel Técnico y Político, instalar Mesas de Trabajo con mujeres de la sociedad civil.
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Finalmente, el Decreto establece la creación y/o fortalecimiento de las Oficinas de Género, con carácter
permanente en las instituciones públicas mencionadas, con la función de acompañar y asesorar a las
Comisiones de Alto Nivel Político y Técnico, así como de rendir informes de la labor institucional en este
campo.
Para la efectiva implementación de este Decreto, se firmaron siete convenios entre el INAMU y las
siguientes instituciones públicas: Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social, el Sector
Agropecuario, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura, el Instituto
de Fomento y Asesoría Municipal y el Consejo Nacional de Producción.
Apoyo a la microempresa de mujeres
En Costa Rica el 96% de las empresas no agrícolas en manos de mujeres son microempresas (1 a 4
trabajadoras). De ellas, el 84% se ubica en la categoría de autoempleo y el 59% en la de subsistencia, de
modo que estas iniciativas escasamente remuneran su fuerza de trabajo. Mientras no se reconozca la
hetereogeneidad en la situación de la microempresa costarricense, particularmente en lo que se refiere a
mujeres microempresarias, y se identifiquen sus características, las políticas de apoyo no tendrán el impacto
deseado.
El Programa de Servicios Financieros para la Micro y la Pequeña Empresa del BNCR destinará en el 2000,
5.500 millones de colones para apoyar con crédito a la micro y pequeña empresa en nuestro país. En
enero, el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) y el INAMU firmaron un convenio por medio del cual se
busca garantizar el acceso equitativo de mujeres y hombres a estos recursos crediticios. El Instituto entregó
ya una primera lista de 450 mujeres productoras y grupos de mujeres, como posibles beneficiarias del
Programa.
La novedad de esta iniciativa radica en que el servicio se brinda por medio de la atención personalizada del
cliente en el lugar de su empresa o negocio, lo cual permite: analizar su capacidad empresarial y las
características de su actividad, identificar sus necesidades financieras y brindarle asesoría, estudiar en
forma conjunta el proyecto y adecuarlo a su capacidad de pago, negociar las garantías de pago, y establecer
una relación permanente y de confianza entre el BNCR y las personas que se beneficien del servicio. Estas
características permiten que los servicios financieros brindados por el BNCR se adecúen a las necesidades
y condiciones de las mujeres y sus empresas. El INAMU brinda asistencia técnica al Banco con el propósito
de lograr que el porcentaje actual de 35% de mujeres usuarias aumente al 50%.
Con esta iniciativa se pretende garantizar el acceso de las mujeres a las fuentes principales de crédito en
nuestro país (el BNCR es el más grande del país y Centroamérica), y no principal ni solamente a fuentes de
crédito de carácter asistencial, marginal y de carteras reducidas.
En relación con las actividades productivas agropecuarias de las mujeres, el INAMU firmó un convenio
con el Consejo Nacional de Producción (CNP), en el cual este último se compromete a hacer efectiva la
participación de mujeres rurales en tres Experiencias Modelo de Reconversión Productiva, buscando la
producción competitiva y el crecimiento sostenido de los negocios, con el respaldo adecuado y oportuno
a sus necesidades de asistencia técnica, de adaptación o innovación tecnológica, de crédito y de acceso a
mercados nacionales e internacionales.
Las mujeres en el ámbito local
Si bien hay un aumento significativo de la participación de las mujeres en la toma de decisiones en el nivel
local, aun resulta insuficiente para garantizar que las políticas de desarrollo que se impulsan en este
ámbito respondan a los intereses particulares de las mujeres, las cuales representan el 50% de la población.
El INAMU ha desarrollado un importante trabajo para la promoción de la ciudadanía y el liderazgo de las
mujeres en el ámbito local para que ejerzan sus derechos como ciudadanas, se apropien, controlen y
accedan a los recursos económicos, sociales, culturales y políticos en condiciones de igualdad y equidad
con los hombres.
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Las Oficinas Municipales de la Mujer (OFIM), instaladas al amparo de convenios entre los gobiernos
locales y el Instituto, constituyen un novedoso mecanismo de promoción de las políticas de género en las
comunidades y contribuyen a la democratización del poder local. A la fecha existen 32 Oficinas Municipales
funcionando en Coronado, Desamparados, Goicoechea, Moravia, Escazú, Santa Ana, Alajuelita, San
Antonio de Belén, Santo Domingo, Cantón Central Alajuela, Orotina, San Carlos, Puntarenas, Carrillo,
Sarapiquí, Santa Bárbara, Cantón Central Heredia, San Joaquín de Flores, Tibás, San Mateo, Acosta, Aserrí,
San Rafael de Heredia, San Isidro de Heredia, Bagaces, Abangares, Tilarán, Grecia, Siquirres, Corredores,
Montes de Oca y La Cruz.
Estas oficinas forman parte de las municipalidades, las cuales deben dotarlas de personal profesional y
recursos propios. El INAMU promovió la creación de la Red Nacional de Oficinas Municipales de la
Mujer con la que se pretende, mediante el intercambio de experiencias, fortalecer la incidencia de estas
oficinas en las políticas locales.
En abril del 2000 se inauguró la Red Interconectada de Oficinas Municipales de la Mujer. Con la creación
de esta Red se inició el proceso de dotación de equipo de cómputo y acceso al correo electrónico de las
OFIM con el fin de facilitar las comunicaciones entre estas oficinas y, sobre todo, garantizar su acceso ágil
y oportuno a diferentes bases de datos y redes informáticas en nuestro país. El proceso de inició con la
dotación de equipo y conexión de ocho OFIM, a las que se les dio capacitación para utilizar el Sistema y
específicamente para conectarse con la Red INFOAGRO del sector agropecuario, en la que pueden
encontrar información sobre precios, cosechas, uso de tecnologías innovadoras, etc. Con el desarrollo de
la Red Interconectada se espera que estas oficinas fortalezcan y profundicen su apoyo a las mujeres en el
nivel local.
La actividad de las OFIM encuentra un importante refuerzo en las Comisiones de la Condición de la
Mujer, creadas por el nuevo Código Municipal. Constituidas en 79 de las 81 Municipalidades las Comisiones
tienen la posibilidad incidir para que las decisiones de los Consejos Municipales contribuyan al avance en
la equidad de género en las comunidades. Con el fin de contribuir a fortalecer la capacidad de influencia de
estas Comisiones, el Instituto trabajó en este período en la capacitación de sus integrantes.
Centro de Excelencia para la Igualdad y Equidad entres
Mujeres y Hombres de Costa Rica.
Con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se ha
iniciado un proyecto que creará el Centro de Excelencia para la Igualdad y Equidad
entres Mujeres y Hombres de Costa Rica. Este Centro consistirá en una red de
instituciones y organismos que, con una visión sistémica, articula e integra conocimientos,
recursos humanos y financieros e institucionales, tanto públicos como privados. El
objetivo es optimizar el uso de estos recursos y alcanzar la excelencia en la gestión e
implementación de políticas y acciones para la equidad de género, así como en sus
resultados, medidos en los beneficios concretos para las mujeres y la sociedad. La creación
del Centro permitirá el desarrollo de modelos con el fin extender su aplicación en el
ámbito nacional y replicables en el ámbito internacional. También, constituirá un centro
de identificación, recopilación, promoción y difusión, de experiencias exitosas de trabajo
por parte de otros países de América Latina.
Trabajo y empleo
La creciente incorporación de las mujeres al mercado de trabajo ha provocado una transformación de su
papel en la sociedad y de la valoración que esta hace de sus aportes a la economía. Sin embargo, su
incorporación no ha ocurrido en condiciones equitativas a las de los hombres. La brecha salarial entre
mujeres y hombres, el acceso a puestos de menor calificación y remuneración y tasas de desempleo que
frecuentemente duplican las de los hombres, son algunos de los problemas que las mujeres deben enfrentar,
aún cuando su fuerza de trabajo es más calificada.
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Con el fin de disminuir las barreras que obstaculizan el acceso y afectan la calidad del empleo de las
mujeres, el INAMU desarrolló en conjunto con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, una consulta
a 600 mujeres de todas las regiones del país que permitió formular una Política Nacional Trabajo y Empleo
de las Mujeres. Actualmente, la Comisión de Alto Nivel Técnico y Político del Ministerio de Trabajo se
encuentra formulando un Plan de Acción para implementar esta política.
El INAMU ha promovido además, en el marco de esta Política de Nacional Trabajo y Empleo de las
Mujeres, la implementación de un Sistema Nacional de Información, Orientación e Intermediación de
Empleo, que pretende disminuir los sesgos en materia de igualdad de oportunidades en el mercado de
trabajo, proporcionando orientación vocacional y laboral, formación de recursos humanos e información
sobre la oferta y demanda laboral. El Sistema beneficiará tanto a mujeres como a hombres.
Mujeres en condiciones de pobreza
El proceso progresivo de feminización de la pobreza ha sido de especial preocupación en la definición de
políticas dirigidas a las mujeres más desfavorecidas. Experiencias de trabajo con esta población dieron
origen a la creación de la Ley de Atención a Mujeres en Condiciones de Pobreza. A su amparo, el
correspondiente Programa, de ejecución interinstitucional, articula acciones orientadas a la capacitación e
inserción laboral de las mujeres destinatarias, así como a su fortalecimiento individual y colectivo. Entre
mayo de 1999 y mayo del 2000 han participado en este Programa 8049 mujeres en condiciones de pobreza.
Las participantes reciben un incentivo económico de 15 mil colones mensuales durante un período de seis
meses, para compensar el tiempo que dedican a participar en la capacitación que brinda el Programa.
Centro de Documentación “Luisa González Gutiérrez”
El INAMU tiene a disposición del público un Centro de Documentación especializado
en género que cuenta con una amplia colección de más de 5000 registros. Denominado
en diciembre de 1999 con el nombre de la escritora y líder Luisa González Gutiérrez, el
Centro atiende al mes un promedio de 250 personas y más de 300 consultas telefónicas.
El INAMU, a través de su Centro de Documentación, genera publicaciones en diversas
áreas temáticas como teoría de género, metodologías y legislación, entre otras.
Construyendo Oportunidades y Amor Joven
La carencia de opciones de educación integral de la sexualidad y de una oferta integral de servicios de
atención para las adolescentes madres, tiene consecuencias negativas en el desarrollo integral de la niñez
y adolescencia. Por ello, con la participación de la Oficina de la Primera Dama, el Consejo Interinstitucional
de Atención Integral al Adolescente y el INAMU, se ha formulado una política nacional de educación de
la sexualidad.
Esta política tiene como fines ofrecer formación para promover relaciones de equidad y garantizar los
derechos de la población infantil y adolescente, todo ello de conformidad con la legislación nacional e
internacional sobre la materia. Los programas Construyendo Oportunidades y Amor Joven, de ejecución
interinstitucional y cuya Secretaría Técnica es responsabilidad del INAMU, responden a esa política.
El Programa Construyendo Oportunidades tiene como objetivo general impulsar un modelo de atención
integral que brinde a las niñas y adolescentes madres oportunidades para su fortalecimiento personal y
desarrollo, mediante su participación en procesos de capacitación en formación para la vida y su acceso a
una oferta integral de servicios de salud, educación, inserción laboral y servicios de cuidado y atención de
sus hijas e hijos.
En el marco del Programa Construyendo Oportunidades, más de 4.000 niñas y adolescentes se incorporaron
durante 1999 a un proceso de capacitación en fortalecimiento para la vida. En adelante serán atendidas un
promedio de 5.000 niñas y adolescentes por año. Para garantizar la atención integral a las madres
adolescentes, se impulsará en el año 2000 la creación de redes locales con la participación de instituciones
de gobierno y organizaciones no gubernamentales.
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El Programa Amor Joven comprende acciones en el campo de la educación de la sexualidad. Su propósito
es lograr el fortalecimiento de las niñas, los niños y las personas adolescentes para que alcancen su realización
personal y social, con la participación de sus familias y de la sociedad en general.
Además de campañas de educación a nivel masivo, Amor Joven desarrolló una campaña en el ámbito local
en la que participaron aproximadamente 8 mil niñas, niños y adolescentes de los barrios del sur de San
José, y varias campañas en las que participaron 1729 centros educativos, públicos y privados. Impulsa un
Plan de Capacitación en Educación de la Sexualidad, dirigido a personal docente, técnico y administrativo
del Ministerio de Educación Pública, que en su primera etapa incluyó las Direcciones Regionales Educativas
de Limón, Puntarenas y San Carlos, con un total de 121 centros educativos y 318 docentes. En el año 2000
el Plan se implementará en las direcciones Regionales de Desamparados y Cartago, abarcando 131 centros
educativos y 424 personas docentes, técnicas y administrativas. En 1999 se realizaron 7 Jornadas
Comunitarias Amor Joven, durante las que se capacitaron un total de 163 agentes educativos y participaron
820 personas, en su mayoría adolescentes. Para el año 2000, 17 Jornadas acompañarán el Plan de
Capacitación en Educación de la Sexualidad del Ministerio de Educación, en Desamparados y Cartago.
Más mujeres en puestos elegibles
En las elecciones de 1998 las mujeres no representaron el 40% mínimo en muchas papeletas partidarias y
en muchos casos no fueron ubicadas en puestos elegibles.
El pasado mes de setiembre, el Tribunal Supremo de Elecciones, a solicitud del INAMU, emitió un
pronunciamiento mediante el cual obliga a los partidos políticos a ubicar el 40% mínimo de mujeres en
puestos elegibles en sus papeletas para municipalidades y diputaciones. Con la puesta en práctica de esta
resolución para las elecciones del 2002, prácticamente se duplicará la presencia de mujeres en los gobiernos
locales y en la Asamblea Legislativa donde, por ejemplo, podrían resultar electas 22 ó 23 diputadas.
El pronunciamiento del Tribunal Supremo de Elecciones constituye un hito histórico similar al de 1949,
cuando la Asamblea Constituyente reconoció los derechos políticos de las mujeres. Cincuenta y un años
más tarde es posible decir que Costa Rica pasa del papel a la práctica, en materia de derechos políticos de
las mujeres.
Por una vida sin violencia
Para contribuir a eliminar la violencia contra la mujer se consolidó el Sistema Nacional de Atención y
Prevención de la Violencia Intrafamiliar, cuyo objetivo es desarrollar políticas de atención, prevención y
reinserción de las mujeres que enfrentan esta situación. El carácter interinstitucional e intersectorial del
Sistema, garantiza la participación y coordinación de más de 20 instituciones para la atención integral y
oportuna de este problema de salud pública.
En el marco de esta política, entre otras acciones, se vela por la adecuada aplicación de la Ley contra la
Violencia Doméstica y se especializa a diferentes agentes sociales que atienden casos de violencia
intrafamiliar a través de talleres de interaprendizaje. También se han constituido 16 redes locales de atención
en las comunidades de Heredia, Liberia, Hatillo, Alajuelita, Abangares, Guácimo, Coto Brus, Alajuela, San
Ramón, Limón, San Carlos, Cartago, Goicoechea, Puntarenas, Paquera y Jicaral. Se inició también, el
Proyecto de Escuelas Libres de Violencia, en coordinación con el Ministerio de Educación Pública. Este
es un modelo piloto sobre cómo intervenir desde la comunidad educativa en la atención y prevención de
situaciones de violencia intrafamiliar que incluye la participación de docentes, administrativos, estudiantes
y padre/madres de familia. En el ámbito de los mecanismos de protección, se avanza hacia la conformación
de Juzgados de Familia especializados en el tema de la violencia intrafamiliar y al establecimiento de
unidades de policía especializadas en la atención de las mujeres, niñas y niños en riesgo.
En relación con la atención de las personas afectadas, se consolidaron además comisiones intrahospitalarias
de violencia intrafamiliar en los hospitales de San Ramón, Cartago, Liberia, San Carlos, Alajuela, en el
México, el Blanco Cervantes, de Niños y el Psiquiátrico. Actualmente se trabaja para que el modelo de
atención integral a la violencia intrafamiliar, desarrollado de manera piloto en la Clínica Jiménez Núñez
(Goicoechea) y en el Hospital de San Ramón, se universalice en las demás unidades de salud.
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En el campo de la atención, se brinda asistencia a mujeres agredidas por medio de los Albergues Transitorios
de Limón y Cartago. Durante 1999 estos Albergues acogieron 997 mujeres y sus hijos e hijas. A finales de
1999, se inició la construcción del Albergue para la Mujer Agredida de la provincia de Puntarenas
En el período, la presente Administración fortaleció técnica y materialmente la Delegación de la Mujer
Agredida (entidad anteriormente dependiente del Ministerio de Justicia y trasladada al INAMU en mayo de
1998), con la incorporación de sicólogas, abogadas y trabajadoras sociales, además de personal de apoyo. Los
casos atendidos por esta Delegación durante 1999 superaron los 5200. También, se fortaleció el servicio
permanente “Rompamos el Silencio” con la incorporación de más personal y la ampliación de los horarios
de atención de consultas telefónicas por la línea 800-300-3000. Entre enero y diciembre de 1999 se atendieron
11346 consultas telefónicas.
Una acción relevante en el campo de la prevención de la violencia intrafamiliar consistió en el lanzamiento
de la cuarta fase de la campaña publicitaria con este objetivo, que se pauta desde octubre de 1999 en
canales de televisión y radios locales.
Nuevo modelo de atención integral de las salud: Hospital de las Mujeres
Por su condición de género, las mujeres ven restringida la posibilidad de tener el control de sus cuerpos y,
por lo tanto, de tomar decisiones sobre su salud que sean reconocidas y respetadas. Con excepción de las
funciones reproductivas de las mujeres, los sistemas tradicionales de salud no reconocen sus necesidades
particulares.
Para la incorporación del enfoque de género en la política nacional de salud, el INAMU ha trabajado en
conjunto con el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense del Seguro Social, con el compromiso de
diseñar un modelo de atención integral que reconozca las diferentes necesidades de mujeres y hombres
con relación a su salud, así como fomentar el acceso de las mujeres a los servicios de atención de la salud.
El 14 de agosto de 1999 se cambió el nombre de la popularmente conocida “Maternidad Carit” por el de
Hospital de las Mujeres. Con esta iniciativa, se inicia un proceso de coordinación interinstitucional entre la
Caja Costarricense de Seguro Social, el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de las Mujeres, con el
fin de convertir el Hospital de las Mujeres en una experiencia de construcción del Modelo de Atención
Integral de la Salud de las Mujeres. Este establecimiento de salud tiene población adscrita del Cantón
Central de San José y los cantones de Desamparados, Aserrí, Acosta y Curridabat. El Banco
Centroamericano de Integración Económica (BCIE) financiará a la CCSS un préstamo de 2 millones de
dólares para la construcción de las nuevas instalaciones del Hospital de las Mujeres.
El objetivo fundamental del modelo es que las mujeres de Costa Rica cuenten con servicios de salud
género sensitivos y accedan a una atención integral de la salud bajo el principio de respeto al derecho de
las mujeres a una atención de la salud de calidad, humanizada, equitativa, oportuna, eficiente y eficaz.
Bajo este modelo, las mujeres pasan de ser objeto a ser sujetas en la atención de la salud. Esto significa
que tienen derecho a saber qué se les está haciendo y por qué se les está aplicando determinado tratamiento;
a procesos educativos orientados a fortalecer la capacidad de control y mayor conocimiento de sus propios
cuerpos y a una mayor autodeterminación respecto a su salud; a respetárseles sus decisiones; respeto a su
privacidad así como al acompañamiento en los procesos de atención de la salud. También es fundamental
en el modelo la participación de las mujeres en la toma de decisiones y en la formulación, implementación
y evaluación de políticas, programas y proyectos en salud.
Para lograr lo anterior, se desarrollarán acciones en el campo de la promoción de la salud y la prevención,
procesos de investigación que tomen en cuenta el punto de vista de mujeres y hombres y una nueva
perspectiva en el campo de la docencia con el fin de incorporar los valores, metodologías y enfoques, en
la formación de diversos actores sociales sobre los aspectos del modelo, para que a su vez, se conviertan
en multiplicadores del mismo.
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Derechos de las mujeres
Muchos han sido los avances en la dimensión jurídica para crear mecanismos legales que contribuyan a
garantizar el cumplimiento de los derechos de las mujeres consignados en múltiples instrumentos nacionales
e internacionales.
Desde hace varios años, se promueve en el seno de la Organización de las Naciones Unidas la promulgación
de un Protocolo Facultativo a la Convención para Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
Contra la Mujer, con el fin establecer mecanismos para denunciar situaciones de discriminación, entendida
esta como toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo, que tenga por objeto o por resultado
la no realización del principio de igualdad. En marzo de 1999, el INAMU tuvo una fuerte y decidida
participación, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y la Misión de Costa
Rica ante la ONU, en la discusión y aprobación preliminar de este Protocolo, instrumento jurídico de
fundamental importancia para la protección de los derechos humanos de las mujeres. Para cumplir con el
compromiso del Presidente de la República de suscribirlo una vez que se abriera a firma el instrumento,
Costa Rica, representada por la Ministra de la Condición de la Mujer, se convirtió en uno de los primeros
países firmantes en el mes de diciembre de 1999.
También en el ámbito internacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto en coordinación con el
Instituto Nacional de las Mujeres presentó el lV Informe Internacional con Enfoque de Género sobre el
Pacto de Derechos Civiles y Políticos. En un trabajo conjunto con el Ministerio de Justicia se presentó un
informe sobre la Regulación de la Explotación Sexual contra las Mujeres, Niñas y Adolescentes, a petición
de la Universidad de Harvard. Se contribuyó con la Cancillería en la elaboración de un informe sobre el
cumplimiento del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en lo relativo a igualdad y equidad
entre mujeres y hombres.
Con la presencia de más de 8 mil personas en la culminación de la marcha conmemorativa del Día
Internacional de la No Violencia Contra la Mujer en noviembre del año pasado, el Presidente de la República
entregó a la Asamblea Legislativa el Proyecto de Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres
cuyo objetivo es proteger a las víctimas y sancionar formas de violencia física, sicológica, sexual y patrimonial
contra las mujeres mayores de edad. El Proyecto fue elaborado por un equipo integrado por representantes
del INAMU, instituciones públicas y organizaciones y especialistas de la sociedad civil.
Finalmente, durante 1999 se realizó una campaña de divulgación de los derechos de las trabajadoras
domésticas migrantes en la que participaron 219 mujeres y se inició un Programa de Formación de
Promotoras en Derechos, con una cobertura de 47 mujeres en comunidades indígenas y no indígenas. Se
crearon 2 redes de abogadas y abogados en Ciudad Quesada y la Provincia de San José para el
acompañamiento jurídico y facilitar el acceso de las mujeres a la justicia.
Diálogo y concertación con la sociedad civil
Con el fin de realizar un balance del cumplimiento de los compromisos adquiridos por nuestro gobierno
en el marco de la Plataforma de Acción de la Conferencia Mundial de la Mujer (Beijing, 1995), el INAMU
presentó el informe “Balance del Estado de Costa Rica. Plataforma de Acción de Beijing. Logros y Desafíos”. Este
informe servirá de insumo durante la Sesión Especial de la Asamblea General de Naciones Unidas “Mujer
2000: Igualdad, Desarrollo y Paz en el Siglo XXI”, cuyo propósito es evaluar la aplicación de la Plataforma
cinco años después de su aprobación.
El informe de Costa Rica fue resultado de un proceso de diálogo con mujeres de la sociedad civil. La
forma en que los aportes de las mujeres fueron incorporados al documento, expresa y registra el inicio de
una relación de intereses concertados entre la sociedad civil y el Estado, basada en el respeto mutuo, la
honestidad y la rendición de cuentas. El documento de balance constituye un ejemplo de como la práctica
de la concertación y el diálogo con las mujeres pueden constituir un importante aporte para el desarrollo
de los planes de acción para la equidad entre mujeres y hombres de las instituciones estatales.
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Como un factor esencial y permanente en la formulación, implementación y evaluación de las políticas
nacionales y sectoriales con enfoque de género, el INAMU ha establecido relaciones de coordinación y
trabajo conjunto con las mujeres de la sociedad civil. Para ello se han establecido Mesas de Trabajo y
Negociación para el impulso de diversas políticas. Cabe destacar, en particular, las Mesas de Trabajo y
Negociación para el desarrollo del nuevo modelo de atención en el Hospital de las Mujeres, así como para
la implementación de las políticas de crédito para las mujeres. Con el establecimiento de estas Mesas el
INAMU ha desarrollado un nuevo enfoque de trabajo con la sociedad civil, con el que busca aunar esfuerzos,
conocimientos y experiencias de mujeres de diferentes sectores. Antes que intermediar la relación entre la
sociedad civil y el Estado, el INAMU se propone con estas Mesas servir de puente entre las instituciones
y las mujeres, sin mediar la relación y promoviendo procesos de negociación.
En esta misma línea, en el período se desarrollaron, con el apoyo financiero de la UNESCO, dos procesos
de diálogo social y negociación entre las instituciones públicas y las mujeres, en los cantones de Acosta y
Desamparados. Como resultado se formuló en cada comunidad un Plan Local para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres, y se creó una comisión interinstitucional y con participación de las mujeres, para su
implementación y seguimiento. Se espera, en el transcurso del año 2000, ampliar esta experiencia a seis
subregiones más en el país, en el marco del Decreto y los Convenios firmados en febrero y de los Planes
de Acción que de ahí se deriven.
En lo internacional
•
En julio de 1999, Costa Rica representada por la Ministra de la Condición de la Mujer,
resultó electa, por segunda vez consecutiva, como Coordinadora General Regional de la
Red de Organismos Gubernamentales o Mecanismos Nacionales de la Mujer de América
Latina y el Caribe.
•
En febrero del 2000, el INAMU obtuvo una de las vicepresidencias de la Mesa Directiva
de la Conferencia Regional sobre la Mujer de la Comisión Económica para América Latina
y el Caribe (CEPAL).
Lo que sigue...
Como parte de los compromisos adquiridos por las instituciones en los convenios firmados con el INAMU,
se encuentra el cumplimiento de medidas concretas contenidas en los Planes de Acción para la Igualdad y
la Equidad entre los Géneros. Con el desarrollo de estas y otras acciones, se pretende desencadenar un
proceso de transformación en las instituciones con el fin de que, en un plazo no muy largo, todas sus
funciones regulares estén permeadas por el principio de igualdad y equidad entre mujeres y hombres.
Principales acciones estratégicas para la equidad entre mujeres
y hombres en el marco de los convenios interinstitucionales
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social:
1. Contabilización del trabajo femenino no remunerado.
2. Certificación empresarial con sello de equidad laboral y de género.
3. Aumento de la participación laboral de las mujeres en los sectores dinámicos de la economía nacional
y en empleos de calidad.
4. Servicios sociales que faciliten la participación laboral de las mujeres.
Sector Agropecuario:
1. Desarrollo de un proceso de capacitación en género dirigido a 1000 funcionarios y funcionarias del
Sector Agropecuario comenzando por los enlaces de género de cada institución en las regiones.
2. Incorporación del enfoque de género en los Planes Anuales Operativos del CNP, MAG, IDA,
INCOPESCA, SENARA, PIMA y PDR.
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3. Apoyo a la gestión productiva de 24 organizaciones de mujeres y 8 de jóvenes rurales en todo el país.
4. Desarrollo de un Sistema de Indicadores de Género para el Sector Agropecuario (primer etapa,
gestión y negociación del proyecto, recopilación y análisis de la información).
Consejo Nacional de Producción:
1. Desarrollo de tres experiencias modelo de reconversión productiva con microempresarias rurales,
buscando la producción competitiva y el crecimiento sostenido en los negocios, con respaldo
adecuado y oportuno a sus necesidades de asistencia técnica, de adaptación o innovación tecnológica,
de crédito y de acceso a mercados nacionales e internacionales.
Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes:
1. Definición de mecanismos y procedimientos para asegurar espacios y oportunidades a las mujeres
como gestoras y productoras del desarrollo cultural, artístico, deportivo y recreativo de sus
comunidades y en el país en general.
2. Establecimiento de acciones afirmativas que permitan la participación equitativa de mujeres y hombres
en las actividades culturales, deportivas y recreativas
3. Utilización de los medios formativos e informativos que posee el Ministerio de Cultura para difundir una
imagen de las mujeres, acorde con los principios de igualdad y equidad de oportunidades entre los géneros.
Sector Salud:
1. Implementar un Modelo de Atención Integral de la Salud de las Mujeres en el Hospital de las
Mujeres.
2. Incorporar el enfoque de género en las políticas institucionales para la transformación de las funciones
regulares de las instituciones del sector, con el fin de ofrecer una atención que diferencie las
necesidades distintas de mujeres y hombres en el ámbito de la salud.
3. Ofrecer atención integral en el campo de la salud sexual y reproductiva, principalmente a mujeres
jóvenes y las madres adolescentes.
4. Desarrollar y extender un modelo de atención integral a la violencia intrafamiliar que se universalice
en las unidades de salud.
Ministerio de Educación Pública:
1. Introducción del principio de igualdad de oportunidades como indicador para evaluar la calidad de
la Educación General Básica.
2. Incorporación de las mujeres en las especialidades o carreras técnico- científicas como expresión
del acceso a la igualdad de oportunidades en la educación.
3. Instauración de una cultura de equidad de género dentro del sistema de educación nacional que
promueva y fortalezca mayores oportunidades para las mujeres.
Instituto de Fomento y Asesoría Municipal:
1. Instalar Oficinas Municipales de la Mujer en las doce municipalidades con mayor déficit presupuestario
del país.
2. Crear un sistema para incorporar consideraciones de género en el análisis y la formulación de
proyectos de desarrollo en las municipalidades del país.
3. Fortalecer las capacidades de gestión municipal de las mujeres regidoras.
4. Proponer una reforma al Código Municipal para institucionalizar las Oficinas Municipales de la
Mujer en las 81 municipalidades del país.
San José, 28 de abril del 2000.