Las consecuencias negativas de este fenómeno se han visto potenciada además por el
aumento de las desigualdades en la situación económica entre los países y dentro de ellos, unido a
la creciente interdependencia y dependencia económicas de los Estados en factores externos, así
como las crisis financieras, los programas de ajuste estructural, los elevados costos del servicio de
la deuda externa y el deterioro de las relaciones comerciales internacionales en varios países en
desarrollo. Según los Estados Miembros todos estos factores - destacando particularmente la
carga crecientemente insostenible de la deuda externa - han alterado en los últimos años las
perspectivas de crecimiento y han provocado inestabilidad económica en muchos países, lo que
ha repercutido gravemente en las vidas de las mujeres, en gran medida por el hecho que esas
dificultades han afectado a la capacidad de los Estados para ofrecer servicios sociales básicos,
incluidas la educación, la salud y la seguridad social, así como financiación para la aplicación de
la Plataforma de Acción (par. 36 a 38).
Se reconoció además que en los países con economías en transición, las mujeres soportan
la peor parte de las privaciones causadas por la reestructuración económica y son las primeras en
perder el empleo en épocas de recesión, por estar marginadas de los sectores de crecimiento
rápido. Entre los problemas que deben afrontar las mujeres de esos países se mencionaron la
desaparición de las guarderías debido a la eliminación o privatización de lugares de trabajo
estatales, el aumento de las necesidades de atención de las personas de edad avanzada sin un
crecimiento acorde de la infraestructura necesaria y la persistente desigualdad de acceso a la
capacitación para encontrar empleo y a los medios de producción para establecer o ampliar
actividades empresariales (par. 39).
5.
Medidas e iniciativas destinadas a superar los obstáculos y a lograr la aplicación de
la Plataforma de Acción en relación al tema de pobreza
Los gobiernos reunidos en Nueva York en junio de 2000 reconocieron que los esfuerzos
realizados para garantizar la participación de la mujer en el desarrollo se habían ampliado pero
que necesitaban centrarse también en las condiciones y las necesidades básicas de la mujer con un
criterio global basado en la igualdad de derechos y la participación, la promoción y la protección
de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. Estimaron que habría que formular
políticas y programas con el fin de alcanzar el objetivo de un desarrollo sostenible centrado en las
personas, medios de subsistencia seguros y medidas de protección social adecuadas, incluso redes
de seguridad, sistemas de apoyo reforzados para las familias, igualdad de acceso a los recursos
financieros y económicos y de control sobre ellos y eliminar la pobreza creciente y
desproporcionada de la mujer. Subrayaron además que todas las políticas e instituciones
económicas, así como los encargados de asignar recursos debían adoptar una perspectiva de
género para velar por que los dividendos del desarrollo se distribuyan por igual (par. 53 y 54).
En el plano nacional, se recomendaron a las siguientes medidas: