° Promover el reconocimiento de la contribución social y económica del trabajo no remunerado de las
mujeres, predominantemente en el hogar, e instar los gobiernos a incluir a las mujeres que lo
realizan en los sistemas de seguridad social.
La preocupación por “institucionalizar” el enfoque de género surge en un contexto de una llamada
generalizada por transformar sistemas productivos, instituciones públicas y organizaciones sociales en
espacios que sean menos costosos, burocráticos y complejos además de más democráticos y eficaces en
el cumplimiento de sus mandatos, que apunten al bienestar general de las personas, sean hombres o
mujeres. Así, los argumentos de justicia social y respeto por los derechos humanos en el marco de un
desarrollo integral, se ven reforzados por argumentos de eficiencia y productividad. Los argumentos de
eficiencia ponen a la luz que los sistemas productivos dependen cada vez más de la fuerza laboral
femenina; algunos sectores productivos ya dependen predominantemente del empleo femenino
asalariado. Además, crece la conciencia de que todo nuestro sistema económico, a fin y a cabo, se
sustenta en el trabajo no remunerado en algunos servicios de cuidado que, aunque económicamente sub-
valorizados, son de alto valor social agregado.
Al mismo tiempo, se acepta que un desarrollo eficiente es un desarrollo con equidad y que la
ineficiencia del sistema actual se manifiesta, entre otros, en el fenómeno de “crecimiento sin empleos”
que lleva a la crisis del empleo pleno y formal como “la puerta de acceso” a los beneficios del
desarrollo. Por otro lado, se visibiliza que las estructuras tradicionales de convivencia han cambiado
profundamente y cada vez más hogares dependen, para su supervivencia, del trabajo asalariado femenino
por lo cual sistemas económicos y laborales basados en el paradigma tradicional del hombre proveedor
económico, se han vuelto cada vez menos eficientes.
Todo parece indicar que estamos viviendo un momento de transición hacia nuevos modelos de
organización de las economías y de las sociedades que se encuentran en plena construcción, buscando
nuevas maneras y formas de producir, trabajar y vivir que sean más viables y deseables en este cambiante
mundo altamente tecnológico, “globalizado” y heterogéneo. Las demandas en este sentido hacia las
instituciones públicas, se reflejan en la atención que recibe el tema de la “reestructuración y
modernización del Estado” en los discursos y programas de desarrollo en América Latina. Desde una
perspectiva de género, la pregunta por lo tanto es: ¿cómo garantizar que los sistemas, estructuras y
instituciones puedan hacer plena justicia de facto y no solamente de jure a las mujeres; cómo puedan
promover más eficazmente la equidad de género en su desenvolvimiento diario lo que llevará a políticas
y programas más equitativas, además de eficientes en términos económicos, sociales y de género?
La pregunta principal que guía este diagnóstico es: ¿En que medida y de qué manera los
mecanismos nacionales para el adelanto de las mujeres - y los ministerios sectoriales vinculados con los
ámbitos laboral y económico -, han abordado el tema de la equidad de género en las políticas
económicas y laborales en la década de los noventa? Su respuesta no es sencilla. La intensidad del
proceso varía sustancialmente entre países y está vinculada a varios factores institucionales y
contextuales. En cuanto al factor institucional cabe resaltar la gran heterogeneidad de los mecanismos
nacionales para el adelanto de las mujeres. Han sido creados en distintos momentos y contextos
históricos y políticos; tienen modalidades de funcionamiento y niveles de institucionalidad que son
heterogéneos y no cuentan con los mismos recursos humanos y financieros. Además, estos mecanismos
actúan en países que son distintos en cuanto a sus sistemas económicos y productivos, los niveles y
modalidades de inserción en el mercado internacional, la estructura de sus mercados laborales, sus
políticas sociales y modalidades de organización social y civil.
Todos estos factores, entre otros, influyen en el grado y el modo de atención que los países
dedican a la agenda de la equidad social, en general, y de la equidad de género, en específico, en sus
políticas laborales y económicas. Cabe aclarar también, que no todos los actores sociales, ni todos los
mecanismos nacionales para el adelanto de las mujeres comparten la misma visión y entendimiento en
cuanto a los conceptos, objetivos, teorías y estrategias que se resumen bajo algunos denominadores
generales como pueden ser: cuestiones de género, equidad de género, promoción de la mujer, entre