Mesa de Trabajo: Mujer y Conflicto Armado
(Bogotá, Noviembre de 2001)
TABLA DE CONTENIDOS
Introducción. 3
Violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario en
Colombia: octubre de 2000 a marzo de 2001 6
Situación de las mujeres y las niñas víctimas de violencia
sociopolítica en Colombia 9
Violaciones al derecho a la vida 9
El secuestro como violación del derecho a la libertad 10
Formas de violencia contra las mujeres y las niñas en el contexto
del conflicto armado 11
Mujeres y niñas desplazadas 11
Violencia contra la participación de las mujeres y sus
Organizaciones 23
Niñas desvinculadas del conflicto armado 32
Violencia sexual contra mujeres, jóvenes y niñas por parte de
los actores armados 37
Otros tipos de Violencia contra las mujeres, niñas y jóvenes,
cometidas por los actores armados 38
Recomendaciones de la Mesa de Trabajo Mujer y Conflicto Armado 39
Consideraciones Generales 39
Recomendaciones generales 39
Al Estado y al Gobierno Colombiano 39
A las Fuerzas Armadas del Estado y Grupos Armados Ilegales 40
Recomendaciones específicas 41
Sobre Mujeres y Niñas Desplazadas 41
Sobre violencia contra la participación de las mujeres y sus
Organizaciones 42
Sobre niñas desvinculadas del conflicto armado 42
La Mesa de Trabajo Mujeres y Conflicto Armado es un equipo conformado por organizaciones de mujeres y de derechos humanos, organizaciones sociales, personas y entidades nacionales e internacionales interesadas en evidenciar las múltiples formas de violencia que afectan a las mujeres y a las niñas en el marco de la violencia sociopolítica2, incluida la del conflicto armado interno colombiano.
La Mesa espera contribuir a sensibilizar a la sociedad colombiana frente a estas formas de violencia. Conociendo la importancia de acudir a los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos, la Mesa se propuso promover la visita a Colombia de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre Violencia contra la Mujer, señora Radhika Coomaraswamy.
Durante su mandato, la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre Violencia Contra la Mujer ha contribuido a la precisión y delimitación conceptual del término violencia contra la mujer y ha puesto en evidencia los efectos y las consecuencias particulares que tienen los conflictos armados sobre las mujeres. La Mesa busca lograr, a través de su visita, la atención de la comunidad internacional y unas recomendaciones que conduzcan a una mejoría de la situación de derechos humanos de las mujeres y las niñas colombianas.
En la Mesa, que inició su trabajo en septiembre del 2000 por iniciativa del Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos - ILSA, participan organizaciones de diverso orden como:
Asociación Juana de Arco, Asociación Nacional de Mujeres Campesinas e Indígenas de Colombia - ANMUCIC -, Programa Mujer y Familia de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos-Unidad y Reconstrucción – ANUC-UR, Corporación Casa de la Mujer, Colectivo de Mujeres Excombatientes, Colectivo María, María; Comisión Colombiana de Juristas, Fundación Educación y Desarrollo - FEDES -, Humanizar, ILSA, Instituto de Derechos Humanos de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP -, Ruta Pacífica de las Mujeres, Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad – LIMPAL -, Liga de Mujeres Desplazadas de Bolívar, Organización Femenina Popular - OFP y Red Nacional de Mujeres Bogotá, entre otras.
También participan como observadores organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados - ACNUR-, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios - OCHA -. Agencias de cooperación internacional como La Consejería en Proyectos, Terre des Hommes, Save the Children y entidades de control del Estado como la Defensoría del Pueblo y el apoyo del Programa de Estudios de Género de la Universidad Nacional.
La iniciativa de conformar la Mesa surgió de constatar la escasez de diagnósticos que den cuenta de los efectos diferenciados de violencia sociopolítica, incluida la proveniente de la confrontación armada, sobre mujeres y niñas. En los informes sobre violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario en Colombia, no se ha documentado adecuadamente la situación específica de las mujeres y niñas afectadas por este tipo de violencia. Esto dificulta la definición de acciones, proyectos y políticas que atiendan las necesidades de protección y atención de mujeres y niñas.
En el mes de febrero de 2001, la Mesa envió una carta a la Relatora, con el objetivo de despertar su interés en el caso colombiano y promover su posible visita. Posteriormente, en el mes de abril de 2001 se elaboró un primer “Informe sobre violencia contra las mujeres y las niñas en el conflicto armado colombiano”, con la intención de comenzar a destacar algunos casos de violaciones a los derechos humanos de mujeres y niñas. Ese pre-informe fue entregado a la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre Violencia contra la Mujer, durante el último período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, realizada en Ginebra en mayo de 2001.
Desde la entrega de este informe la Mesa ha continuado trabajando en la recolección de información. La información se ha recolectado mediante la revisión de fuentes secundarias y otras fuentes primarias a nuestro alcance, gracias al aporte de las organizaciones partícipes en la Mesa, así como de otras organizaciones de derechos humanos y de mujeres, que han compartido con la Mesa algunos testimonios.
El presente informe contiene un análisis sobre las violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario en Colombia (octubre de 2000 a marzo de 2001), destacando la situación de las mujeres y las niñas víctimas de la violencia sociopolítica, incluida la del conflicto armado. Posteriormente el Informe evidencia algunas formas de violencia contra las mujeres y niñas en el contexto de la violencia sociopolítica, abordando los siguientes temas: mujeres y niñas desplazadas, violencia contra la participación de las mujeres y sus organizaciones, niñas desvinculadas del conflicto armado, violencia sexual contra mujeres, jóvenes y niñas y otras formas de violencia contra las mismas. Se incluyen también: otros datos sobre violencia (intrafamiliar y sexual) contra las mujeres fuera del contexto de la violencia sociopolítica (ver anexo 5) y un análisis del marco jurídico nacional e internacional de los derechos de las mujeres en Colombia (ver anexo 6).
No ha sido tarea fácil recopilar la información porque, por lo general, la conceptualización y las estadísticas se han elaborado teniendo como parámetro de los derechos al sujeto masculino. Esto hace que, usualmente, los datos sobre violaciones a los derechos humanos no se recojan teniendo en cuenta las realidades específicas de las mujeres, ni se destaquen los efectos particulares de la violencia sobre las mismas. Por otra parte, el miedo, la falta de confianza en las instituciones de justicia y los elevados niveles de impunidad, impiden a las víctimas denunciar los hechos. A esto se agrega que la información disponible está dispersa en manos de diversas ONG y oficinas del Estado en todo el país y hasta ahora comienzan a coordinarse los esfuerzos de diferentes organizaciones para centralizar la información.
El presente informe aborda de manera general algunos temas sobre los cuales no hay hasta el momento información disponible y en los cuales es necesario profundizar: la situación de las mujeres indígenas y afrocolombianas; la de las mujeres privadas de la libertad por razones relacionadas con la violencia sociopolítica; la de las mujeres excombatientes y desmovilizadas.
La Mesa espera que el informe contribuya a hacer evidente la grave crisis de derechos humanos de las mujeres en Colombia, entendiendo que su superación no depende exclusivamente de la resolución del conflicto armado interno, en la medida en que las causas de las violaciones a sus derechos humanos obedecen a profundas inequidades sociales, económicas y culturales.
1. Violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario en Colombia: octubre de 2000 a marzo de 20013
Colombia vive una grave crisis de derechos humanos. Dicha crisis ha dado lugar a diversas recomendaciones al Estado colombiano por parte de los organismos internacionales de protección de los derechos humanos. No obstante, el Estado no ha asumido su papel de garante de los derechos humanos y no ha acogido dichas recomendaciones, dando lugar a una severa agudización de la crisis.
En Colombia, entre octubre de 2000 y marzo de 2001, aproximadamente 20 personas en promedio diario murieron por causa de la violencia sociopolítica: más de 11 víctimas diarias a causa de ejecuciones extrajudiciales y homicidios políticos; más de una por desaparición forzada; una víctima muerta cada día por homicidios contra personas socialmente marginadas; y más de cuatro personas murieron en combate cada día (ver anexo1: cuadro 1). Este promedio diario significa que 3.274 personas perdieron la vida, en seis meses, por la violencia sociopolítica (ver anexo 1: cuadro 1, col. 7): de ellas, 2.529 por violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario; y 745 civiles y combatientes murieron en combate4.
Estas estadísticas muestran claramente que la situación de los derechos humanos y del derecho humanitario en Colombia ha seguido siendo muy grave durante el período en estudio. De un promedio diario de diez personas muertas desde 1988 por razones sociopolíticas, se pasó, entre octubre de 1998 y septiembre de 1999, a 12 víctimas diarias; en el período de octubre de 1999 a marzo de 2000 aumentó a 14 en promedio diario; y en el período octubre de 2000 a marzo de 2001 se ha mantenido el promedio de aproximadamente 20 víctimas diarias del semestre anterior (abril a septiembre de 2000). El promedio diario de víctimas de homicidio político y ejecución judicial permaneció en más de 11; el promedio de desaparición forzada pasó a más de una diaria; y las víctimas de homicidio contra personas socialmente marginadas aumentaron de más de una cada dos días a una cada día.
Además, perduró la tendencia de más de 3.000 víctimas por semestre. De conservarse esta tendencia, al finalizar el año del presente período (octubre de 2000 a septiembre de 2001) el número de víctimas muertas por razones de violencia sociopolítica alcanzará el ignominioso total anual de más de 6.500 personas. Este incremento demuestra la tragedia que vive cotidianamente la población colombiana.
De las 2.529 víctimas muertas fuera de combate, es decir, en la calle, en su casa o en su trabajo, entre octubre de 2000 y marzo de 2001, 2.080 lo fueron por ejecución extrajudicial u homicidio político; 264 por desaparición forzada; y 185 por homicidio contra personas socialmente marginadas (ver anexo 1: cuadro 1, col. 1 a 3, fila H).
Respecto de las violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario en las cuales se conoce el autor genérico, el 87,21% se atribuyó a agentes estatales: por perpetración directa, el 3,21% (50 víctimas); por omisión, tolerancia, aquiescencia o apoyo a las violaciones cometidas por grupos paramilitares, el 84% (1.307 víctimas). A las guerrillas se les atribuyó la presunta autoría del 12,79% de los casos, con 199 víctimas (ver anexo 1: cuadro 1, col. 4, filas A a C).
En muchos de los delitos cometidos por los paramilitares existe participación activa o pasiva de miembros de la fuerza pública. En los delitos en que dicha participación no exista, o no haya pruebas de que exista, el Gobierno colombiano se hace partícipe de tales crímenes por la ausencia de una política decidida y coherente para prevenir las violaciones, desarrollar investigaciones serias contra los grupos paramilitares y los agentes estatales que, de una manera u otra, los apoyan y sancionar a los autores de violaciones. La política desarrollada por el Gobierno no ha pasado de anuncios altisonantes. Mientras sus anuncios no se concreten en acciones tangibles, como el simple cumplimiento de órdenes de captura dictadas por la Fiscalía, no habrá razones para atenuar la responsabilidad del Estado en la comisión de violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario por parte de los paramilitares.
Desde 1993 se observa un incremento vertiginoso de las violaciones cometidas por grupos paramilitares (que eran menos del 20% del total en aquel año y pasaron a ser más del 75% desde 1997) simultáneamente, con una disminución de las realizadas directamente por agentes estatales (que eran superiores al 50% en 1993, y que aparecen inferiores al 5% desde 1997). Se refuerza así la hipótesis, ya advertida en los períodos anteriores, de una correspondencia entre los dos fenómenos. La disminución de casos atribuidos a agentes del Estado y el simultáneo aumento significativo de los atribuidos a los grupos paramilitares, sugieren la ocurrencia de numerosas acciones encubiertas o toleradas, en las que no se descarta la participación directa o indirecta de agentes estatales.
Entre octubre de 2000 y marzo de 2001, por lo menos 67 niñas y niños5 fueron víctimas de la violencia sociopolítica, es decir, más de una víctima cada tres días. También murieron 93 jóvenes6: más de uno cada dos días. Por esa misma violencia, 163 mujeres adultas perdieron la vida, lo que significa más de una mujer adulta cada dos días (ver anexo 1: cuadro 1, col. 8, filas H e I). Estos altos promedios evidencian que no están a salvo de la violencia sociopolítica ni siquiera los grupos a los cuales el Estado debe garantizar una protección especial, según lo estipulado en los instrumentos internacionales y en la Constitución.
En el período analizado, en promedio se registró más de una persona torturada cada dos días (ver anexo 2: cuadro 2, col. 5, fila I). Por lo menos cinco personas fueron torturadas y dejadas con vida. A agentes del Estado se atribuyeron dos de estas víctimas; a paramilitares otras dos, una de las cuales es una mujer que fue violada sexualmente (ver anexo 2: cuadro 2, col. 1). Respecto de una de las víctimas (20%) se desconoce el autor. Además, 125 personas asesinadas fueron encontradas con huellas de tortura. Se considera a los paramilitares como presuntos autores de 51 de los casos de tortura de personas que luego fueron asesinadas, lo que representa el 42,5% de las víctimas; y una (0,83%) a agentes estatales. A las guerrillas se atribuyó la presunta autoría de siete de estos casos (5,83%). Respecto de cuatro de las víctimas (3,33%) se desconoce la identidad del grupo armado al cual se podría imputar la presunta autoría del caso. Respecto de la presunta autoría de 57 casos (47,5%) se desconoce el autor (ver anexo 2: cuadro 2, col. 3).
En el período analizado, 1.568 personas fueron víctimas de secuestro7. En comparación con el semestre anterior, se mantiene el promedio diario de casi nueve víctimas (ver anexo 3: cuadro 6).
El incremento del número de víctimas de violencia sociopolítica apenas ilustra la amplitud del drama que vive Colombia. Detrás de cada víctima de asesinato, desaparición, tortura, secuestro, desplazamiento forzado y otros crímenes perpetrados por los actores armados, hay un número indeterminable de colombianas y colombianos que sufren profundamente de esas violaciones: son sus familiares, cuyo dolor es desafortunadamente invisible.
La situación de derechos humanos contrasta con los anuncios hechos por el gobierno en el sentido de que está llevando a cabo una política para enfrentar a los grupos paramilitares. Es urgente que tales anuncios se concreten en acciones tangibles de desvinculación de sus cargos a los agentes estatales que apoyan o toleran a los grupos paramilitares, de investigación y sanción a los responsables de violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario y de reparación a las víctimas de tales violaciones.
2. Situación de las mujeres y las niñas víctimas de violencia sociopolítica en Colombia8
En esta sección se exponen los datos estadísticos disponibles sobre algunas de las violaciones a los derechos humanos de las mujeres y al derecho humanitario, dentro del contexto de violencia sociopolítica. Desafortunadamente, hay muchas violaciones a los derechos humanos de las mujeres que no se pueden cuantificar a partir de la información existente. Por ejemplo, no se cuenta con estadísticas que permitan determinar cuántas mujeres son víctimas de violencia sexual, o embarazo o prostitución forzados, dentro de este contexto.
Violaciones al derecho a la vida9
Dentro del panorama de derechos humanos anteriormente presentado, la situación de las mujeres y niñas es muy preocupante. En el período comprendido entre octubre de 2000 y marzo de 2001, una mujer murió diariamente a causa de la violencia sociopolítica10 en Colombia: aproximadamente una mujer, cada día en promedio, a causa de ejecuciones extrajudiciales y homicidios políticos; una mujer cada 10 días fue víctima de desaparición forzada; una murió cada 17 días como víctima de homicidios contra personas socialmente marginadas; y cada 25 días, una mujer murió en combate. Este promedio diario significa que, en el período comprendido en este informe, 189 mujeres perdieron la vida por la violencia sociopolítica. De éstas, 182 murieron fuera de combate, es decir, en la calle, en su casa, o en su trabajo, de las cuales 153 lo fueron por ejecución extrajudicial u homicidio político; 18 por desaparición forzada; y 11 por homicidio contra personas socialmente marginadas.
Con respecto al período comprendido entre octubre de 1999 y septiembre de 2000, se nota un preocupante aumento de mujeres víctimas de desaparición forzada, pasando de una mujer víctima de este delito cada 14 días a una cada 10 días. Se incrementó también, de manera alarmante, el número de mujeres víctimas de homicidio contra personas socialmente marginadas, pasando de una víctima cada 50 días, a una cada 17 días. El número de mujeres que murieron en combate, disminuyó, de una cada 7 días, a una cada 25 días.
Sobre las violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario en las cuales se conoce el autor genérico, el 87,5% de las muertes de mujeres se atribuyó a agentes estatales: por perpetración directa, el 5,77% (6 víctimas); por omisión, tolerancia, aquiescencia o apoyo a las violaciones cometidas por grupos paramilitares, el 81,73% (85 víctimas). A las guerrillas se les atribuyó la presunta autoría del 12,50% de los casos (13 víctimas).
Con respecto a las niñas que mueren víctimas de la violencia sociopolítica hay un aumento significativo comparado con el período anterior de un año11, durante el cual, murieron 15 de ellas; mientras que en el siguiente semestre12 (la mitad del tiempo), por lo menos, 13 niñas fueron víctimas de violencia sociopolítica. También murieron 13 mujeres jóvenes.
El secuestro como violación del derecho a la libertad13
Durante el período comprendido entre octubre de 1996 y septiembre de 1999, se produjo un incremento de más del 300% en el número de mujeres víctimas del secuestro, pues de 38 mujeres secuestradas en el año de 1996, se ascendió a 162 en 1999. En total fueron secuestradas 272 mujeres en el período estudiado. Se atribuye a las guerrillas la presunta autoría de 248 del total de los secuestros y a los grupos paramilitares 19 de los secuestros cometidos contra mujeres.
Las mujeres y niñas, dentro del contexto de la violencia sociopolítica colombiana, sufren los efectos directos e indirectos de la confrontación y bajo estas circunstancias, han sido víctimas de violaciones a sus derechos humanos por razones diversas: por vivir en zonas de conflicto, por tener relaciones afectivas o familiares con algún actor armado, por ser líderes comunitarias, por trabajar a favor de las víctimas, porque son obligadas a albergar o a alimentar a los actores armados, o por otras razones relacionadas con su condición de mujeres. Sin embargo, por la vigencia de una cultura que discrimina y subordina a las mujeres y las niñas, los efectos de la confrontación armada sobre ellas han sido invisibilizados durante mucho tiempo. En el contexto de la violencia sociopolítica se usan, reproducen y profundizan las diversas discriminaciones y exclusiones sociales, especialmente la discriminación con base en la identidad de género.
En este aparte se evidencian las múltiples formas de violencia contra las mujeres y niñas en este contexto, abordando los siguientes temas: mujeres y niñas desplazadas, violencia contra la participación de las mujeres y sus organizaciones, niñas desvinculadas del conflicto armado, violencia sexual contra mujeres, jóvenes y niñas.
Mujeres y niñas desplazadas14
Contexto General: Dinámicas del conflicto armado y el terror
En el momento actual en Colombia, todos los actores armados entienden el dominio territorial como un juego “suma cero”, en el cual no existe un espacio neutral, no hay espacio disponible para soluciones negociadas. La población civil está atrapada en la lógica paranoica de ‘si no estás conmigo estás contra mí’. Para la población rural empobrecida, la única salida de este caos es escapar a las ciudades. Por tanto, las familias rurales escapan silenciosamente, gotean lentamente hacia las ciudades y buscan refugio, cada una por su cuenta. Con excepción de la ciudad de Turbo, cerca de la costa Atlántica, no hay centros de recepción para población desplazada. Este desplazamiento de tipo individual y disperso es la modalidad dominante en Colombia. Desde los 80s, los flujos de población desplazada han aumentado dramáticamente y sus orígenes geográficos se han extendido de manera alarmante15.
Cifras y modalidades de desplazamiento
Se estima que el número total de desplazados en Colombia oscila entre 600.000 y 2 millones de personas, dependiendo de la fuente (gubernamental o no-gubernamental) y del período que se toma en consideración (los últimos 5 años, en el primer caso y los últimos 15 años en el segundo)16. El documento CONPES17 3057 de noviembre de 1999 estimó que existían en Colombia 400.000 personas desplazadas forzadamente que requerían atención y que desde 1996 anualmente se ha desplazado un número cercano a 25.000 familias (125.000 personas). Si a esta cifra se suma la estimación de la Red de Solidaridad Social (RSS)18 sobre el desplazamiento, para el año 2000 estaríamos frente a una cifra oficial acumulada de unos 525.000 desplazados con necesidad de atención. Se considera que entre el 30% y el 50% del total de desplazados, se encuentran en las grandes ciudades y sus alrededores, mientras el resto llega mayoritariamente a centros urbanos pequeños.
Tanto la Red de Solidaridad Social (RSS), como la Consultoría para el desplazamiento forzado y los derechos humanos - CODHES19, señalan un crecimiento constante del número de eventos de desplazamiento durante los últimos años, y un aumento en el número de personas desplazadas. Según la RSS, en los seis primeros meses del año 2001 se han desplazado 85.012 personas. Comparándola con el primer trimestre de 2000, se da un crecimiento de 64% en el número de personas y un crecimiento del 118% del número de eventos de desplazamiento20. Las estimaciones de CODHES para el año 2000 alcanzan un número total de 315.000 personas desplazadas y para el primer trimestre de 2001 arrojan un total de 91.166 personas desplazadas. Lo anterior supone un aumento de 34.210 personas, un 60 % más que el primer trimestre de 2000.
De 60.623 registradas en el Sistema de Información sobre Población Desplazada por la Violencia en Colombia “RUT” del Secretariado Nacional de Pastoral Social, 29.683 son mujeres, de ellas, 24.392 son mestizas, 4.666 son afrocolombianas y 625 son indígenas. El 51.59% son niños y niñas. De este número, 16.257 son niños (52%) y 15.015 (48%) niñas.21
Estas cifras presentan varios problemas: es un acumulado que no permite conocer la proporción de personas que se desplazaron en más de una ocasión (los procesos de desplazamiento-retorno-desplazamiento se presentan con frecuencia entre los desplazados, que finalmente llegan a las grandes ciudades); no existen datos sobre los que regresaron a sus lugares de origen o se reubicaron; la información no aparece necesariamente desagregada por género y aunque se recoja información diferenciada en la fuente, no se procesa de manera que aparezca el impacto diferente en hombres y en mujeres; por ende, el desplazamiento de mujeres solas, o mujeres jefas de hogar, suele ser subregistrado por el temor de ellas de acercarse a las autoridades.
Los actores armados usan la violencia o la amenaza de la violencia como una forma de ejercer control sobre el territorio y la población en todo el país. Las causas del desplazamiento en el 2001, según la RSS22, son: amenazas generalizadas (44%), enfrentamientos armados (15%), masacres (9%), amenazas específicas (5%) y tomas de municipios (3%). Las masacres son los actos de violencia que más población desplazan de una vez (un promedio de 224 personas por masacre). Entre los presuntos autores del desplazamiento se encuentran los grupos paramilitares (entre el 46% y el 63%)23, los grupos guerrilleros (entre 12 % y 13%), los agentes del estado (0.65%) y agentes desconocidos (entre 19% y 24%).
El impacto del desplazamiento en las mujeres, las adolescentes y las niñas en Colombia es significativo. Las estimaciones sobre la proporción de mujeres desplazadas forzadamente en Colombia apuntan a un porcentaje que oscila entre 49% y 58% del total de la población desplazada24. La suma de las mujeres, los niños y las niñas se acerca al 74% de la población desplazada colombiana25 con necesidad de atención específica, que puede llegar hasta un 80% en el caso de la población desplazada asentada en centros urbanos grandes.
Para muchas mujeres el desplazamiento implica asumir la jefatura del hogar, dado el elevado número de viudas de la violencia, el desarraigo y los efectos de la fragmentación familiar. En un estudio reciente de población desplazada en Bogotá, se encontró que las mujeres cabeza de hogar eran en un 40% viudas que huyeron con sus hijos tras la muerte violenta de sus maridos y en un 18% habían sido abandonadas después de llegar a la ciudad26. Las mujeres que se desplazan en forma dispersa -individual o familiar- (la modalidad dominante en Colombia) se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad que las mujeres que huyen en medio de una colectividad más o menos organizada (como suele presentarse en algunas regiones como el Magdalena Medio y el Urabá).
Al igual que en el caso de las mujeres, los datos sobre niñez y desplazamiento son escasos. Según el Sistema de Información y Seguimiento al Desplazamiento -SISDES- en 1998 el 13% de la población infantil desplazada correspondía a menores de 5 años, el 20% está entre 5 y 9 años, el 13% entre 10 y 14 años y el 9% tiene entre 15 y 18 años27. UNICEF estima que hay unos 6000 menores, en su mayoría entre los 14 y los 18 años, vinculados a los grupos armados ilegales, muchos de estos jóvenes pertenecen a comunidades de desplazados. En varios estudios, evitar el reclutamiento del hijo o la hija por uno de los grupos armados, aparece como causa relativamente habitual del desplazamiento forzado.
No hay encuestas que den cuenta de las necesidades especiales de protección y de asistencia de las mujeres desplazadas, aunque existen estudios de caso o consultas que permiten afirmar que las cifras presentadas están ampliamente superadas por la realidad28.
Efectos del desplazamiento sobre el ejercicio de los derechos de las mujeres
Diferencias de género a lo largo del desplazamiento
Entre las víctimas del desplazamiento, las mujeres campesinas tradicionales, en especial las viudas de la violencia, han sufrido una mayor pérdida de su identidad social que los hombres29. Sin embargo, son ellas quienes deben asumir la responsabilidad de la supervivencia física de la familia y enfrentar la construcción de una nueva identidad social en un medio urbano desconocido y hostil. Los hombres desplazados, por su parte, debido a su mayor movilidad geográfica y su mayor experiencia social y política, han enfrentado con más fuerza las rupturas con el tejido social de su entorno rural. Pero en la fase de reconstrucción de la vida familiar, las oportunidades para hombres y mujeres parecen invertirse: el impacto del desplazamiento se concentra para los hombres en su desempleo, situación que le despoja del papel de proveedor económico. En contraste, las mujeres parecen mejor equipadas para continuar las rutinas de las labores domésticas, tanto en el servicio a otros como en su propio hogar. A pesar de los traumas, la pobreza, la falta de espacio y tiempo para vivir el duelo, se han presentado algunas posibilidades de ampliar sus horizontes y su autonomía.
Violencia contra las mujeres desplazadas
La violencia que antecede al desplazamiento o que acontece durante el desplazamiento se manifiesta también en forma diferente para las mujeres. Si bien es cierto que las víctimas de la violación del derecho a la vida mediante ejecuciones extrajudiciales y masacres son mayoritariamente los hombres, la violencia contra las mujeres y en particular la violencia sexual por parte de actores armados, es práctica habitual en un contexto de degradación del conflicto e irrespeto del derecho internacional humanitario. En algunos casos, estas situaciones acompañan las masacres, o se presentan aisladas como modo de ejercer el terror o la amenaza. Hay dos tipos de situaciones que merece la pena mencionar: la retención o secuestro temporal de mujeres por actores armados con el fin de abusarlas sexualmente y la exigencia de trabajo doméstico sin contraprestación.
“Una mañana llegaron los paramilitares a Mapiripán (...) pensábamos que eran militares. Permanecieron todo el día en el pueblo (...). Ellos hacían las cosas delante de la gente. A la fuerza se metían a las casas para que los atendieran, para que les dieran comida y les lavaran la ropa. A las mujeres las manoseaban, les gritaban cosas obscenas y a muchas las violaron y mientras hacían todo esto soltaban grandes risotadas”30.
Otro ángulo de la violencia contra las mujeres desplazadas es la violencia intra-familiar, que se agudiza por efecto del trauma del conflicto y de las condiciones en las que viven los desplazados.
“Mi marido nunca me había pegado hasta que llegamos aquí. Las mamás nos desesperamos de ver la dificultad de todo y les pegamos a los pelados” 31.
“Aquí toca aguantar hambre, la falta de recursos económicos genera peleas en la casa, los hijos se vuelven agresivos, vivimos en espacios muy pequeños”32.
Las mujeres, las niñas y los niños son las principales víctimas de la violencia intrafamiliar. La encuesta publicada por PROFAMILIA33 en agosto de 2001 sobre la situación de las mujeres desplazadas, indica que una de cada dos mujeres entrevistadas ha sido agredida físicamente por su cónyuge y que entre las mujeres embarazadas el 20% fue objeto de violencia física durante el embarazo.
De otro lado, los actores armados amenazan y ultrajan a las mujeres por ser solidarias con su esposo o compañero, por defender a sus hijos e hijas del reclutamiento forzoso o por la pareja que eligen.
“A mi me cogieron a mi esposo, fueron los paramilitares. Yo fui a pedirles que lo dejaran ir. Estaba embarazada. Me empujaron, me pusieron la culata del arma en la barriga y me empujaron. Me decían otra vez viene esa hijueputa perra. Uno de ellos dijo: “dispárale a esa hijueputa tan atrevida”. Luego soltaron a mi marido, pero siempre vivíamos con angustia, con miedo, por eso nos fuimos, ahora estamos desplazados” 34.
“Ellos habían dicho que mi niña, que tiene 15 años, ya estaba en condiciones de ingresar al movimiento. La invitaban a reuniones para hablar de la lucha armada y le decían que se preparara. En las noches ella me decía que no quería irse y que le daba mucho miedo llevarles la contraria. Entonces, decidimos que era mejor salir de allá para evitar que la niña terminara en la guerrilla. Por eso dejamos todo y nos vinimos apoyándonos en un tío de la niña que vive en Bogotá”35.
“Llegaron los Paramilitares a la finca bananera “Agropecuaria Yerbazal” (Urabá, Antioquia), recogieron a todos los que estaban trabajando y preguntaron que quien había sido sindicalista. Dijeron que tenían que hablar con ellos. A las dos de la mañana apareció un amigo de mi esposo trabajador de la misma finca diciendo que mi esposo estaba en una lista y que los paramilitares lo iban a matar. Yo nunca participé en este conflicto. Yo fui victimizada. No participé en esa guerra. (...) Decidí venirme para Cartagena porque los paramilitares me tocaban todas las noches en la puerta a ver si mi esposo estaba. Ahí empieza nuestro mar de lágrimas. Yo no me quería venir para Cartagena, porque sabía que aquí íbamos a pasar muchos sufrimientos”36.
Este tipo de amenazas permanece invisible, porque en muchas ocasiones no se denuncia. Muchas veces las mujeres se exponen a las amenazas por ser ellas quienes asumen el papel de denuncia o de mediación ante la desaparición o muerte de sus familiares.
Documentación personal
Las mujeres, en especial las mujeres del ámbito rural, no acceden fácilmente ni a la documentación personal ni al registro37. Como consecuencia, tienen mayores dificultades para obtener la propiedad de la tierra, el crédito, la vivienda y los servicios de educación y salud. Este problema es aún más agudo en el caso de las mujeres indígenas y afro-descendientes debido a barreras culturales que ahondan la brecha de la inequidad. Además, el abandono familiar y el no reconocimiento de la paternidad es un problema habitual para el registro de los hijos y el derecho al nombre de los niños y niñas desplazados.
Libertad de circulación
La seguridad de la población desplazada se ve gravemente afectada por las restricciones a la libertad de movimiento que imponen los actores armados. Las mujeres suelen ser las encargadas de movilizarse para conseguir los bienes de supervivencia familiar, porque se cree que están menos expuestas a ser víctimas de ejecuciones extrajudiciales o desapariciones. Sin embargo, esta tarea las expone a maltratos y a chantajes.
“Los paramilitares habían cercado el pueblo, yo les dije que tenía que visitar a mi mamá que estaba muy enferma. Ellos me dijeron que para poder salir tenía que dejarles a uno de mis hijos o las llaves de la casa, como garantía de que iba a regresar. Yo les dejé las llaves sabiendo que lo iba a perder todo. Pero como no regresé me quemaron la casa”38.
Derechos económicos y sociales
Salud. En el caso de las mujeres desplazadas los servicios de salud no son integrales, tienden a concentrarse en la función reproductiva de las mujeres y desconocen normalmente las necesidades de atención psicosocial de la población desplazada. Esta atención psicosocial es especialmente necesaria en el caso de las mujeres que han sido víctimas de abusos sexuales o de torturas o tratos inhumanos o degradantes. A la escasa atención en salud de las mujeres, se agrega, en muchos casos, el que ellas priorizan a sus hijos o a su esposo para la atención en salud, o para la compra de medicinas.
Salud sexual y reproductiva. Las mujeres marginadas, víctimas del desplazamiento y provenientes de las zonas rurales son las que más hijos tienen39. Actualmente el promedio de hijos vivos que tuvieron las mujeres desplazadas que hoy tienen entre 40 y 49 años de edad, es de 5.3 hijos, la cifra es la más alta de todo el país. Según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud - ENDS 2000, en el período 1997-2000, la tasa de fecundidad urbana descendió de 2.7 a 2.3 y la rural, de 4.5 a 3.8. Es preocupante también el incremento de las enfermedades de transmisión sexual, como resultado del hacinamiento de los asentamientos y del abuso sexual que sufren las jóvenes desplazadas. Estas enfermedades no reciben normalmente tratamiento adecuado, ni seguimiento médico.
Seguridad alimentaria. En los estudios de caso sobre la seguridad alimentaria de los desplazados, realizados por Plan Mundial de Alimentación - PMA, CODHES y Swiss Aid, se apunta la existencia de una severa deficiencia nutricional entre los desplazados. El PMA, en mayo de 2001, pudo constatar que en los hogares desplazados se está produciendo una pérdida del consumo kilo calórico, y un deterioro en la calidad de la dieta familiar40. El estudio arrojó un promedio de consumo de 1.755 calorías/día para las familias con cabeza de hogar femenina, y en el caso de las familias asentadas en áreas urbanas de 1.694 calorías/día lo que les sitúa por debajo del promedio de 2.100 calorías/día recomendado para planificar asistencia alimentaria en las situaciones de emergencia. La insuficiencia alimentaria es aún más preocupante entre los 4 y 24 meses posteriores al desplazamiento, debido a la suspensión de la asistencia humanitaria y los costos elevados del agua, el combustible y el alimento. La estabilización socioeconómica de la población desplazada se posterga generalmente hasta el segundo año de su desplazamiento.
Educación. El derecho de la población desplazada a la educación gratuita se incumple en muchas ocasiones41, lo que lleva a los desplazados a retirar a sus hijas e hijos de las escuelas por el alto costo de la educación (matrículas, uniformes, libros, materiales y otros gastos). A esto se suma que muchos centros educativos negaron la inscripción escolar a los desplazados. Se ha podido comprobar que, en las grandes ciudades, faltan cupos escolares para los niños y niñas desplazados. Como consecuencia, las tasas de escolarización de los desplazados son muy bajas42. A esta situación se añade el hecho de que existen altos índices de trabajo infantil43. En el caso de las niñas esta situación es más grave, porque a las barreras culturales, se suma el hecho de que son las niñas las responsables del cuidado de los hermanos y de la casa cuando salen sus padres a trabajar. A esto se agrega que la cobertura educativa en áreas rurales está siendo fuertemente afectada por el conflicto, ya que los maestros no quieren llegar a determinadas zonas o se marchan por amenazas.
Es frecuente el analfabetismo funcional en las mujeres adultas desplazadas de origen rural, pero no existen programas de alfabetización orientados a la adaptación al medio urbano. En el caso de las mujeres que llegan a las grandes ciudades, aunque cuenten con escolaridad básica primaria o secundaria incompleta, no acceden a empleos que les reporten más del ingreso mínimo legal vigente (280.000 pesos mensuales equivalente a 120 USD).
"Mire, cuando yo iba a la Cruz Roja me decían siempre 'venga mañana...' y de esta manera me tenían yendo durante toda una semana y, usted sabe, cada día que pierdo en eso, que no trabajo, ese día mis niños no tienen de comer..."44.
Estabilización socioeconómica: reintegración, retorno y reubicación. En cuanto al principio de voluntariedad en el retorno, se dan situaciones en donde las condiciones de falta de seguridad y dignidad de los desplazados en las áreas de asentamiento provocan retornos en condiciones mínimas de seguridad. Para las mujeres existen, en ocasiones, presiones de dos tipos sobre su decisión de retornar o no: las externas y las de la comunidad o del esposo o compañero. En lo que se refiere a la oferta de programas para el retorno, la reubicación o la integración socioeconómica, no existen, en general, programas que atiendan las necesidades de las mujeres. Esta situación es aún más seria, tomando en cuenta la posición de desventaja de las mujeres por razones históricas y culturales y las limitaciones que existen para el ejercicio de sus derechos, como se refleja en los puntos anteriores.
Se ha podido constatar la escasez de programas que sirvan de puente entre la situación de emergencia y la búsqueda de soluciones a mediano y largo plazo para la población desplazada. Mientras que muchos proyectos de estabilización socio-económica tienden a apoyar el retorno de comunidades a su lugar de origen, existen muy pocas iniciativas en el ámbito urbano que tiendan a lograr la integración de los grupos de desplazados. Esta situación contrasta con la ausencia de posibilidades de retorno y reubicación para la inmensa mayoría. La participación de las municipalidades en la búsqueda de soluciones para la inserción de los desplazados es particularmente escasa. Los equipos municipales consideran que habilitar programas de atención al desplazamiento puede atraer desplazados a su municipio.
Los programas para el retorno, la reubicación o la integración socioeconómica no contemplan, en general, proyectos que atiendan las necesidades específicas de las mujeres. Aún más grave es el caso de las jóvenes adolescentes para quienes no existen programas de formación ni de empleo. Además, se ha podido constatar el escaso seguimiento y evaluación del impacto de los proyectos, lo que impide tener datos diferenciados y confiables sobre el alcance real de las iniciativas en marcha a favor de la población desplazada.
Acceso a la tierra. La mayoría de la población desplazada es de vocación netamente agrícola y la tierra es la base de su sustento y organización, sobre todo en el caso de las poblaciones indígenas o afrocolombianas. En cuanto a la protección del territorio de los grupos étnicos, por ejemplo, las Comunidades de Paz del Atrato en la región de Urabá y las de Cacarica (Chocó), ya tienen sus títulos de propiedad colectiva. Sin embargo, en ambos casos, se ha podido comprobar que no fueron adecuadamente asegurados los derechos de acceso a la tierra de las mujeres. Una de las características específicas de estas poblaciones es que normalmente tienen una alta rotación de las parejas; si el derecho a la explotación de la tierra colectiva se registra o asigna sólo a nombre del varón, la mujer y sus hijos quedan en una situación de absoluta precariedad con relación a la tierra cuando se produce el abandono o la separación de la pareja.
Las mujeres desplazadas en la legislación y las políticas oficiales de atención45
Cabe resaltar que la Ley 387 de 1997, conforme a los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos (Principios Deng), plantea brindar atención especial a las mujeres, niños y niñas, preferencialmente a las viudas, mujeres de cabeza de familia y huérfanos (Art. 10). En relación a la consolidación y estabilización socioeconómica, se establece “el acceso directo de la población desplazada a la oferta social del Gobierno, en particular a los programas relacionados con atención social en salud, educación y vivienda urbana y rural, la niñez, la mujer y las personas de la tercera edad” (Artículo 17).
El Plan de acción para la prevención y atención del desplazamiento forzado (Documento CONPES 3057/99), incluye medidas para la atención humanitaria que tengan en cuenta criterios de edad, género, discapacidad y grupos étnicos. En el documento Proyectos para la Prevención y Atención del Desplazamiento Forzado - Plan Colombia - (marzo 2000) y en general en los documentos de política y programación de la RSS, se plantea abordar el diseño y ejecución de las acciones desde un “enfoque poblacional y territorial” coherente y consistente con la heterogeneidad social y territorial del fenómeno del desplazamiento forzado. Dentro del “enfoque poblacional” no se explicitan los conceptos de género ni etnia, con lo cual se presenta un vacío entre lo establecido en la política y los desarrollos programáticos de la misma. Adicionalmente, aunque en algunos documentos de política se incluya la atención diferenciada por género, edad y etnia, en los programas y proyectos se prioriza como unidad de atención a la familia, lo cual plantea obstáculos en el caso de las mujeres desplazadas para acceder en forma autónoma a la oferta de servicios estatales.
El conflicto armado en Colombia asume dinámicas de expansión territorial en desarrollo de lógicas de control estratégico y geopolítico que imponen a las fronteras como nuevos escenarios de tensiones y confrontación en los que se hace más grave la crisis humanitaria y social en Colombia. Las zonas de frontera hacen parte de esa dinámica toda vez que la aplicación del Plan Colombia, el incremento de la presencia y acción de grupos paramilitares, los paros armados y otras formas de presión de las guerrillas, han agudizado el conflicto y agravado su degradación, porque la población civil está en la mira de estos grupos combatientes que siguen desconociendo las normas humanitarias que regulan los conflictos armados de carácter no internacional.
Las colombianas refugiadas y/o solicitantes de refugio en la región andina y Panamá constituyen, junto con los niños y niñas, aproximadamente el 65% de la población que huye del conflicto armado interno colombiano hacia las fronteras (14.218 personas, estimado de movimientos transfronterizos a septiembre de 2001). Las condiciones de vulnerabilidad de las colombianas refugiadas aumentan porque enfrentan situaciones en calidad de madres cabeza de familia, viudas, huérfanas y afectadas por la estigmatización como supuestas colaboradoras de las partes en conflicto, porque hay un incremento de la violencia sexual por la militarización y por el deterioro de las relaciones familiares y la consecuente violencia intrafamiliar. También incide en esta vulnerabilidad el endurecimiento de las políticas de seguridad nacional de los países vecinos y las medidas que restringen el otorgamiento del status de refugiado a los y las solicitantes.
Violencia contra la participación de las mujeres y sus organizaciones47
La participación social y política de las mujeres en condiciones de igualdad ha sido reconocida como una "condición para que se tengan en cuenta sus intereses y un requisito para la democracia, el desarrollo, y la paz”48. La persistencia de prácticas culturales y políticas que refuerzan y reproducen posiciones de poder que excluyen y subordinan a las mujeres ha sido un obstáculo estructural que limita este derecho reconocido explícitamente en la Constitución Nacional y en diversos instrumentos internacionales.
No obstante esta situación, las mujeres han desarrollado formas de participación social y política propias, en torno a procesos comunitarios que buscan mejorar las condiciones socioeconómicas, así como las relaciones y la cohesión social de sus comunidades; en muchas ocasiones, esto implica la extensión de sus roles domésticos en los que la preocupación por el bienestar de los más cercanos guía su quehacer. En procesos locales, en los cuales la autogestión ha sido fundamental para el desarrollo socioeconómico de las comunidades, esta forma de hacer política conlleva relaciones de solidaridad y confianza, que poco a poco se valoran como una alternativa política ante el desencanto de las prácticas tradicionales en las cuales los hombres han sido los actores mayoritarios. Estas formas de participación femenina, que han sido invisibles por mucho tiempo en Colombia, se han convertido en actividades de riesgo, exponiendo a las mujeres a múltiples violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario por parte de los actores armados.
La violencia contra las mujeres, como consecuencia de sus actividades políticas y sociales, no solamente ha causado la pérdida de vidas humanas; también está rompiendo procesos sociales y de empoderamiento femenino que han requerido tiempo, recursos humanos y sociales en los espacios públicos y privados y ha obligado a las organizaciones de mujeres a desarrollar e incorporar nuevas actividades para las cuales no tienen recursos (técnicos y económicos).
La frecuencia e incremento de las agresiones dirigidas contra organizaciones sociales y de mujeres por parte de los actores armados, es una de las infracciones mas frecuentes al derecho internacional humanitario y hace parte de la llamada guerra sucia que “(…) comprende aquellos juegos de estrategias y tácticas que usan el terror de la guerra y los abusos a los derechos humanos simultáneamente contra combatientes y no combatientes"49. Sus efectos en la participación femenina son múltiples, simultáneos y desproporcionados, profundizan la discriminación y la violencia contra las mujeres, retroceden procesos sociales y obstaculizan la construcción de la paz. Por estas razones es urgente hacerlos visibles y atenderlos adecuadamente para que se garantice así el derecho de las mujeres a ejercer su ciudadanía libre de violencia y en condiciones de igualdad.
La información presentada en este aparte, su análisis y los testimonios citados textualmente, tienen como fuente principal dos organizaciones:
- La Asociación Nacional de Mujeres Campesinas e Indígenas de Colombia-ANMUCIC, desarrolla proyectos en 27 departamentos del país, en los cuales participan aproximadamente 90.000 mujeres campesinas, indígenas y afro-colombianas. Esta organización promueve, gestiona y desarrolla proyectos sociales y económicos, ofrece capacitación en derechos humanos, salud y reforma agraria y presta atención humanitaria de emergencia a familias desplazadas. Con su gestión, ha logrado metas muy importantes, como obtener el reconocimiento de las necesidades de las mujeres en la ley de reforma agraria. Los proyectos de ANMUCIC están siempre coordinados con entidades del Estado, organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales.
-
La Organización Femenina Popular-OFP50,
localizada en la región del
Magdalena Medio Colombiano,
desarrolla proyectos orientados a la defensa de los derechos de las
mujeres populares, en las áreas de salud integral de la mujer,
economía solidaria, movimiento juvenil, formación y
educación, centro de documentación, programa de
atención a mujeres desplazadas y sus familias (salud física
y psicosocial, sostenibilidad alimentaria, atención de
emergencia). El trabajo se desarrolla en espacios físicos
dentro de las comunidades populares, conocidos como Casas de la
Mujer. En la actualidad la OFP cuenta con nueve Casas de la Mujer en
ocho municipios de la región del Magdalena Medio y una en
Bogotá51.
Violencia directa contra las mujeres y sus familias
La condición de discriminación y subordinación de las mujeres es un elemento fundamental que explica el tipo de agresiones de las que son víctimas en el contexto del conflicto armado, en el cual se desarrollan dinámicas y se fortalecen simbologías y prácticas orientadas a disputar o conservar el poder.
La violencia52 con base en la identidad de género reproduce prácticas discriminatorias que en situaciones de conflicto armado ratifican el poder de los hombres sobre las mujeres y el poder de las armas sobre la población civil, e interactúan simultáneamente con otras formas de discriminación basadas en identidades étnicas y en diferencias sociales. Las mujeres víctimas de la violencia lo son por ser mujeres y/o por desarrollar actividades sociales y políticas que son vistas por los actores armados como obstáculos para el desarrollo de sus proyectos militares.
Violaciones al derecho a la vida
La violación al derecho a la vida es uno de los efectos más dramáticos sobre las mujeres, sus organizaciones y la sociedad colombiana. Como consecuencia de ejecuciones extra judiciales y homicidios políticos de mujeres, no sólo se pierden vidas invaluables sino que además se destruyen familias y se limitan los procesos organizativos que, en el caso de las mujeres, ha costado tanto consolidar. "En la mayoría de los casos de violaciones al derecho a la vida, se desconoce la actividad que desempeñaba la víctima. En cuanto a las mujeres cuya actividad se conocía, 27 de ellas eran funcionarias públicas, tres sindicalistas, cuatro defensoras de derechos humanos, 14 educadoras, dos miembros de partidos políticos, dos reinsertadas53 y 20 eran activistas sociales"54. El desconocimiento de las actividades que desarrollaban las víctimas de las violaciones al derecho a la vida oculta el costo social y político de estas acciones militares, que afectan mayoritariamente a las mujeres de los grupos socialmente marginados: indígenas, afro-colombianas, campesinas y mujeres de los sectores populares.
La Asociación Nacional de mujeres Campesinas e Indígenas de Colombia-ANMUCIC ha sido víctima de estos ataques; desde 1995 hasta la fecha, treinta mujeres de la organización han sido asesinadas por los actores armados, en su afán por debilitar el liderazgo femenino.
"El 21 de julio del 2000, fue asesinada en San Juan de Arama (Meta) Marleny Rincón, Presidenta Departamental de ANMUCIC. El crimen fue perpetrado por un grupo de hombres, presuntamente paramilitares, quienes acusaron a Marleny y a su esposo de colaboradores de la guerrilla".
"Marta Cecilia Hernández, líder de ANMUCIC en el Zulia (Norte de Santander) desde 1991, fundadora de una granja comunitaria, fue asesinada el 19 de agosto del año 2000, presuntamente por paramilitares. Marta era candidata al Concejo municipal ese año, los paramilitares la habían amenazado para obligarla a renunciar a la candidatura, pero ella se negó. El 19 de agosto fueron ocho hombres fuertemente armados y vestidos de civil a su casa en un vehículo y la obligaron a ella y a su esposo a irse con ellos. Marta y su esposo fueron encontrados muertos en el basurero. La granja que ella fundó está actualmente en manos de un grupo paramilitar".
Los hijos, hijas y compañeros o esposos de las mujeres, en ocasiones y cada vez con más frecuencia, son víctimas de violaciones al derecho a la vida como consecuencia de la participación social y política de las mujeres.
"Martha Cecilia Olaya, líder del Sindicato de Trabajadores Agrícolas del Valle –SINTRAGRICOVAL - se vio forzada a desplazarse luego de recibir amenazas de grupos presuntamente paramilitares y de que su hija de trece años fuera asesinada presuntamente por el ejército el 21 de diciembre de 1999 en el Alto del Rosario (Valle)".
Amenazas y violencia psicológica
Las organizaciones de mujeres, especialmente las que actúan en zonas de confrontación armada, son objeto de una acción sistemática de amedrentamiento que afecta directamente tanto a sus integrantes, como al trabajo comunitario que desarrollan. Los actores armados, en su afán de controlar social y políticamente territorios en disputa, encuentran en las organizaciones femeninas un obstáculo no muy visible, pero sí muy arraigado en las comunidades, el cual tratan de utilizar a su favor o de destruir si las mujeres no acceden a sus requerimientos.
Los actores armados enfrentan este “obstáculo” de formas muy diversas. Pero la sola existencia de las organizaciones de mujeres es una amenaza y una transgresión del “deber ser” y como tal es tratada. Las organizaciones de mujeres que no se subordinan a los intereses de los grupos armados se ven forzadas a continuar sus actividades en condiciones permanentes de inseguridad y cada vez con más frecuencia son forzadas a abandonar o transformar sus procesos organizativos.
"Las asociaciones departamentales de ANMUCIC con frecuencia deben informar a los actores armados sobre las actividades que desarrollan; en el Valle y Norte de Santander se les ha prohibido continuar con sus actividades".
“Desde el 27 de enero del 2001 las mujeres del equipo coordinador de la Organización Femenina Popular vienen recibiendo constantes amenazas y hostigamientos de los grupos paramilitares que tienen presencia en Barrancabermeja (Santander). Esta situación, que ha sido ampliamente conocida por la comunidad internacional y nacional, se ha mantenido: "Febrero 9 de 2.001. Esta mañana, a las 9:15 a.m., las mujeres, hombres y niños que se encontraban realizando las labores cotidianas en la sede de la Casa de la Mujer en el barrio Prado Campestre, en el sector sur-oriental de la ciudad, fueron amenazados por dos hombres que se identificaron como miembros de las autodefensas. Los paramilitares, vestidos de civil y portando armas cortas, violaron el principio de civilidad y autonomía de la OFP al ingresar a la sede y arrebatar los teléfonos celulares de una de las coordinadoras de la sede de la OFP y el de un voluntario de Brigadas Internacionales de Paz a quien le arrebataron su pasaporte. Los delincuentes, al retirarse, amenazaron a todos los presentes declarando que "desde este momento ustedes [la OFP] son objetivo militar de las autodefensas"55.
Desplazamientos forzados
El desplazamiento forzado, del cual son víctimas miles de familias en Colombia, también afecta a las organizaciones femeninas. Pero por las condiciones en que se produce, esta afectación no es visible. En las estadísticas y caracterización social de la población desplazada en el ámbito nacional, no es posible saber cuántas de las mujeres desplazadas fueron víctimas de esta infracción al derecho internacional humanitario por su pertenencia a una organización.
Tampoco es fácil obtener esta información, porque las líderes sociales que son desplazadas, buscan el anonimato por temor a ser ubicadas.
"Cuando en 1999, María Emma Prada, la entonces presidenta nacional de ANMUCIC, recibió la notificación por parte de los grupos paramilitares que actúan en la región del Catatumbo (Norte de Santander) de abandonar su finca, buscó refugio en el Amazonas, en un sitio bastante distante de su lugar de residencia, sin mayores problemas de orden público. Ella pensó que allí podría continuar trabajando con las mujeres y vivir tranquila. No fue así, también la ubicaron en el Amazonas y por eso decidió buscar refugio en otro país".
El desplazamiento afecta desproporcionadamente a las mujeres y particularmente a las mujeres de organizaciones sociales, que deben enfrentar no sólo rupturas familiares y condiciones extremas de pobreza; para estas mujeres el desplazamiento trae además la pérdida de procesos sociales y políticos en los cuales han invertido muchos años y que son un referente fundamental en su quehacer social y en su proyecto de vida.
En los últimos cinco años 6.300 mujeres de ANMUCIC han sido desplazadas en 18 departamentos.
"Teresa Díaz, presidenta departamental de ANMUCIC y concejal en Zulia (Norte de Santander) recibió amenazas de grupos paramilitares para que abandonara sus actividades comunitarias y políticas. En 1997 debió abandonar la región y buscar refugio en otra ciudad, cuando una mujer de la organización fue asesinada en un sitio al cual Teresa debía llegar".
Efectos de la violencia en las organizaciones de mujeres
Las frecuentes violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario por parte de los actores armados dejan graves consecuencias en las organizaciones de mujeres, limitan la participación femenina y refuerzan la discriminación y exclusión social y política de las mujeres. “Algunas de las más peligrosas formas de violencia son las menos visibles. La violencia física producida por la violencia sociopolítica es asombrosa. ¿Pero qué pasa cuando consideramos la destrucción de la identidad, la comunidad, la sociedad y la cultura que acompaña a la violencia física? Los objetivos comunes de la guerra sucia buscan específicamente desestabilizar tanto a las personas (generalmente el oponente) como a los procesos políticos (que tratan de resistir). La violencia se ramifica social, política, económica y culturalmente y permea no solamente lo militar, también afecta toda la vida civil" 56.
De los múltiples los efectos de la violencia sociopolítica en las organizaciones, los más evidentes son:
Pérdida de procesos organizativos
Como una medida de protección para sus vidas algunas dirigentes abandonan sus actividades comunitarias y políticas, renunciando así a los espacios públicos ganados y refugiándose en los espacios privados que les han sido socialmente asignados.
”ANMUCIC ha sido forzada a abandonar sus actividades en cuatro departamentos”.
En la OFP ”Dos integrantes del equipo coordinador han renunciado a su vinculación laboral por temor ante las amenazas”57.
“Ha habido una disminución visible de la base social de la OFP y de su participación en los distintos espacios o programas, especialmente durante los primeros 7 meses de estas agresiones. Aunque en estos dos últimos meses ha habido un aumento de esta participación, hasta el punto de parecer volver a la normalidad, desde el equipo coordinador somos conscientes que cualquier acto mayormente agresivo puede provocar mayores temores en las mujeres y llegar incluso a acabar con la Organización construida con tanto esfuerzo durante 29 años"58.
Disminución de reuniones y actividades