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Preámbulo
La Declaración de Roma de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación, de 1996, reconoció que “el derecho
al desarrollo y la participación plena y equitativa de hombres y mujeres son indispensables a fin de alcanzar
la seguridad alimentaria sostenible para todos”. Asimismo, tal como sugiere el título de la publicación
“Mujeres Rurales y Seguridad Alimentaria: situación actual y perspectivas”, la relación entre las mujeres
rurales y la seguridad alimentaria es cada vez más importante en América Latina y el Caribe.
De acuerdo a varios estudios recientes sobre el tema, las mujeres rurales han asumido el grueso de la carga y
muchos de los costos sociales provocados por la globalización de la economía. Las grandes
transformaciones económicas que han vivido América Latina y el Caribe en las últimas décadas han tenido
un fuerte impacto en la vida tradicional del campo en la región y a las mujeres rurales ahora les han sido
asignadas responsabilidades y actividades en la producción que, tradicionalmente, hacían los hombres. Su
papel ha pasado de una condición de falta de reconocimiento laboral, productivo, empresarial, familiar,
social y político a la calidad de participantes y generadoras de ingresos que buscan una igualdad de
oportunidades con los hombres.
En sus hogares, las mujeres desarrollan múltiples y diversas estrategias cotidianas de subsistencia para
alimentar a sus familias: presentan mayores niveles de incorporación a los empleos rurales no agrícolas que
los hombres, cultivan los huertos familiares, son recolectoras y procesan alimentos, migran a las ciudades
enviando remesas a sus hogares y han ingresado aceleradamente al empleo asalariado. Sin embargo, tal
como relata el presente estudio, esas formas de trabajo tienden a ser precarias, deficientemente remuneradas
y ofrecen menos oportunidades de formación. Muchas veces su trabajo es ni siquiera reconocido por las
estadísticas oficiales. Según estimaciones disponibles, en América Latina y el Caribe, alrededor de 24
millones de mujeres conforman este grupo de productoras y trabajadoras invisibles.
En vista de la situación actual, es necesario que los programas y políticas de desarrollo agrícola y rural
cambien para acompañar y facilitar este desarrollo. No es aceptable que todavía existan restricciones que
actúan diferencialmente para hombres y mujeres, tales como la desigualdad en el acceso a los servicios
públicos, a la asistencia técnica, a la tenencia de la tierra, al crédito y a los programas de formación de
recursos humanos. Muchas veces, la contradicción es inmensa porque son los hombres los que reciben la
tierra pero son las mujeres las que la trabajan.
La Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, en el marco de las actividades previstas en
el Plan de Acción de la FAO sobre Género y Desarrollo (2002-2007), enfatiza la integración de la
perspectiva de género en las políticas, programas y proyectos de desarrollo agrícola y rural en la región. Con
este propósito, está promoviendo la incorporación del Análisis Social y de Género (ASEG) en un número
cada vez mayor de proyectos, entre ellos se destacan los Proyectos Especiales de Seguridad Alimentaria
(PESA). El logro de la seguridad alimentaria y la consecución de los objetivos prioritarios de la región,
requieren una participación activa de las mujeres rurales en la toma de decisiones; el fortalecimiento de sus
organizaciones de representación fortalecerá, por lo tanto, su capacidad de negociación frente al futuro
deseable para la región.
Podemos concluir que las mujeres rurales realizan una gran contribución a la agricultura y la seguridad
alimentaria en la región. El aumento de las mujeres rurales en las actividades agrícolas se evidencia tanto en
las actividades de subsistencia como en las comerciales, o como se constata en el libro, el “empobrecimiento
de varias zonas de la región, marginalizadas por la intensa competencia económica internacional y el