La desigualdad de género menoscaba la plenitud individual de las personas y frena el
desarrollo de los países y la evolución de las sociedades, en detrimento tanto de las
mujeres como de los hombres.
Los hechos que acusan la desigualdad de
género – las restricciones en materia de
opciones, oportunidades y participación de
la mujer – tienen consecuencias directas y a
menudo nefastas para la salud y la
educación de la mujer y su participación
social y económica. No obstante, hasta hace
unos pocos años se consideraba que esas
restricciones eran o bien carentes de
importancia o bien inexistentes; se las
aceptaba o se hacía caso omiso de ellas. La
realidad de las vidas de las mujeres ha sido
invisible para los hombres. Esta
invisibilidad persiste en todos los niveles,
desde la familia hasta la nación. Aun
cuando comparten el mismo espacio, las mujeres y los hombres viven en mundos
diferentes.
Se ha comenzado a adoptar las primeras medidas para poner fin a esta invisibilidad.
En 1979, al aprobar la Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer, la comunidad mundial convino en eliminar la
discriminación de género. La Convención, que tiene fuerza de legislación
internacional, ha sido ratificada hasta ahora por 165 de los 188 Estados Miembros de
las Naciones Unidas.
La atención de la salud y la educación de las niñas y las mujeres han sido temas de
acuerdos internacionales, especialmente los concertados en una serie de conferencias
mundiales relativas a la mujer comenzada en 1975, en la Conferencia Mundial sobre
Educación para Todos celebrada en 1990 y en la Conferencia Internacional sobre la
Población y el Desarrollo (CIPD), celebrada en 1994.
Va en rápido aumento el número de países que han adoptado políticas de población y
desarrollo, las cuales abarcan medidas para satisfacer las necesidades de niñas y
mujeres en materia de atención de la salud y educación, inclusive sus necesidades de
salud reproductiva. La educación y la salud, incluida la salud reproductiva, son
derechos humanos. Al satisfacer las necesidades de educación y salud y tratar de
lograr la igualdad de género, también se contribuirá a equilibrar el crecimiento de la
población y a propiciar el desarrollo económico.
Los países, en su mayoría, tienen en vigor algunas disposiciones para proteger la
seguridad personal de la mujer y sus derechos en cuanto al matrimonio, los bienes, la
herencia, la representación política y el lugar de trabajo. Esas disposiciones se están
ampliando y su cumplimiento obligatorio está cada vez más generalizado.