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LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER: UN PROBLEMA DE
Page 1
LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER:
UN PROBLEMA DE EQUIDAD DE GÉNERO*
Claudia García-Moreno
1
*Trabajo a ser presentado en la reunión “Nuevos desafíos de la responsabilidad
política”, Buenos Aires, Argentina, 30 de noviembre, 1° y 2 de diciembre de 2001
1
Coordinadora de Género y del Estudio Multicéntrico sobre Salud de la Mujer y Violencia de Género,
Departamento de Género y Salud de la Mujer, Organización Mundial de la Salud, Ginebra, Suiza.

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INTRODUCCIÓN
La violencia es un problema social que afecta a todas las sociedades y que
parece estar en aumento en todo el mundo. En la región de las Américas en particular,
el número de muertes y lesiones por causas violentas es alarmante. La violencia en
general afecta tanto a los hombres como a las mujeres de todas las edades, y es una
causa importante de muertes y lesiones en varones jóvenes. No obstante, existen
diferencias importantes entre las mujeres y los hombres en lo que se refiere a la
forma, la naturaleza y las consecuencias de la violencia. La mayor parte de la
violencia es perpetrada por los hombres, independientemente del sexo y la edad de las
víctimas. Es importante subrayar que la violencia sufrida por las mujeres y las niñas
procede mayoritariamente de hombres a quienes conocen y frecuentemente con
quienes tienen relaciones íntimas y se produce dentro de la supuesta seguridad del
hogar y la familia. Gran parte de esta violencia se debe, fundamentalmente, a que son
mujeres, por lo cual también se la ha llamado violencia basada en el género.
La respuesta de la sociedad a las distintas formas de violencia también varía.
Así como todos consideran unánimemente que la violencia callejera es un crimen y
creen legítima la intervención del Estado, son muchos los gobiernos que dudan
cuando se trata de actuar e inclusive de legislar contra la violencia que sucede dentro
de la familia, argumentando la “esfera privada” del hogar.
Este silencio en torno del tema de la violencia contra la mujer ha cambiado
lentamente en los últimos años, en gran parte gracias al permanente activismo de las
organizaciones de mujeres. En concreto, en los últimos cinco años ha habido un
creciente reconocimiento de que la violencia contra las mujeres es una preocupación
legítima de los gobiernos pues constituye una violación de los derechos humanos y un
problema social y de salud pública que tiene un impacto económico importante en los
países y que requiere una solución política e institucional en todos los niveles. Esta
violencia puede ser prevenida, pero para ello se requieren respuestas políticas y
multisectoriales, cambios en la legislación y en las políticas sociales, y procesos para
asegurar la puesta en marcha de las nuevas legislaciones y políticas así como para
transformar las normas y los valores sociales y culturales que promueven la
desigualdad.
Este documento presenta, en primer lugar, el panorama global sobre la
magnitud del problema de violencia contra la mujer, con un enfoque sobre la
violencia por la pareja o violencia conyugal y la violencia sexual, por ser éstas las
formas más comunes. En la medida de lo posible se presentan datos de los países de
América latina. En segundo lugar, se discuten las causas y las consecuencias de la
violencia, no sólo contra la mujer sino sobre sus familias y la sociedad en general. Se
presentan también algunos datos sobre los costos económicos de esa violencia. A
continuación el documento presenta un posible marco para la acción, identificando
áreas que requieren acción política urgente y tomando en cuenta las recomendaciones
del Simposio Interregional 2001 “Violencia de Género, Salud y Derechos Humanos
en las Américas”, que se celebró en Cancún, México del 4 al 7 de junio de este año.
2

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DEFINICIÓN Y MAGNITUD DEL PROBLEMA
La violencia contra las mujeres o la violencia basada en el género afecta a
millones de mujeres, niños y familias en todo el mundo. Esta violencia se presenta en
todos los ambientes: en el trabajo, en el hogar, en la calle y en la comunidad en su
conjunto, y puede tomar muchas formas, entre las que se destacan la violencia física,
sexual o psicológica por la pareja (violencia conyugal o doméstica), la relación sexual
forzada y otras formas de violencia sexual, como el abuso sexual durante la infancia,
el acoso sexual en el trabajo o la escuela, el tráfico de mujeres y la prostitución
forzada, y otras formas específicas en determinados países, como las muertes
relacionadas con la dote, la mutilación de los genitales femeninos y otras prácticas
tradicionales peligrosas. También puede producirse en circunstancias específicas,
como en situaciones de custodia (prisiones, policía), en ocasión de conflictos armados
y en campamentos de refugiados o desplazados. Cualquiera que fuere la situación, las
diferencias de poder entre los géneros y otras desigualdades sociales, particularmente
las crecientes desigualdades económicas, tanto dentro de los países como entre ellos,
desempeñan un papel importante en la dinámica de la violencia y determinan las
formas de violencia a las cuales están expuestas las mujeres, como sucede con la
violación en situaciones de conflicto armado o de desplazamiento o el tráfico de
mujeres y niños.
La Declaración de las Naciones Unidas sobre la Erradicación de la Violencia
Contra las Mujeres, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en
1993, proporciona un marco amplio y útil para definir la violencia contra la mujer,
aunque para fines concretos como, por ejemplo, el monitoreo del problema, se
necesitan definiciones operativas más específicas. En esa declaración se define esta
forma de violencia como “cualquier acto de violencia basada en el género que
produzca o pueda producir daños o sufrimientos físicos, sexuales o mentales en la
mujer, incluidas las amenazas de tales actos, la coerción o la privación arbitraria de la
libertad, tanto en la vida pública como en la privada” (Naciones Unidas, 1993).
La violencia contra las mujeres comienza frecuentemente desde temprano y
persiste a lo largo de sus vidas. En culturas con una fuerte preferencia por varones,
puede iniciarse inclusive desde la concepción con el aborto selectivo o el infanticidio
de niñas. Esta violencia continua durante la niñez, la adolescencia y, en las mujeres,
en la edad adulta y en la tercera edad.
El problema de la violencia contra la mujer no es fácil de documentar. Aún
perdura una “cultura del silencio”, más aún cuando se trata de abuso sexual en el seno
de la familia. Existen múltiples razones por las cuales las mujeres no reportan los
hechos, y que incluyen la vergüenza, el miedo a las consecuencias y el conocimiento
de que no habrá una respuesta institucional que valide su experiencia. En nuestra
región sabemos que existe un subregistro importante y los casos que llegan a
registrarse, ya sea en la policía o en los servicios de salud u otros servicios sociales,
representan solamente la punta del iceberg.
Aunque es difícil conocer la magnitud real del problema, en los últimos años
se ha realizado un número creciente de estudios serios sobre la prevalencia de la
violencia contra la mujer por su pareja. En los cuadros 1 y 2 se resumen los datos de
prevalencia de violencia conyugal física y sexual para diversos países de América
latina y algunos otros países como punto de comparación. La prevalencia puede variar
de manera importante de un país a otro e inclusive dentro de un mismo país. Conviene
señalar que estos estudios, aunque intrínsecamente concordantes, utilizan definiciones
distintas y miden aspectos diferentes de violencia, lo que dificulta la comparación de
3

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las cifras entre estudios y de las correspondientes de cada país. Sin embargo, en su
conjunto, los datos indican que la violencia contra la mujer, especialmente la
violencia conyugal, es un problema importante y generalizado que puede encontrarse
en una amplia variedad de circunstancias.
Cuadro 1
Prevalencia de la violencia física contra la mujer por su compañero
Porcentaje de mujeres adultas abusadas
físicamente por su compañero
País
Cobertura
Año del
estudio
Muestra
En los
últimos 12
meses
En la
relación
actual
Alguna vez
Australia
(Mazza, D. et
al.,1996)
Metro
Melbourne
1993-
1994
1.494
6
22,4
5
Canadá
(Rodgers, K.,
1994)
Nacional
1993
12.300
3,0
29,0
3
Chile
(Larrain, S.,
1993)
Metro
Santiago y
Santiago
provincia
1993
2
1.000 26,0
Colombia
(DHS, 1991)
Nacional
1995
6.097
4
19,3
Egipto (El-
Zanty, F.,
1996
Nacional 1995-
1996
7.121
34,4
India
(INCLEN,
2000)
Nacional (7
sitios en el
norte, el
centro, y el
sur de India)
1998-
1999
9938
45.0
República de
Corea
(Kim, K. et
al., 1992)
Nacional 1989 707 37,5
5
México
(Ramírez-
Rodríguez, J.
et al., 1996)
Guadalajara
Metropoli-
tana
1996 650
15,0
27,0
4

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Cuadro 1
Prevalencia de la violencia física contra la mujer por su compañero
(Continuación)
Nicaragua
(Ellsberg, M.
C., 1997)
Leon 1993
360
27,0
5
52,2
5
Paraguay
(DHS, 1996)
Nacional,
excepto
región del
Chaco
1995-
1996
6.465
4
9,5
Puerto Rico
(Universidad
de PR/CDC,
1998)
Nacional 1995-
1996
7.079
4
12,8
7
Sudáfrica
(Jewkes, R.
et al., 1999)
Provincia
Cabo Este
1998 403
10,9
26,8
5
Sudáfrica
(ídem)
Mpuma-
langa
1998 428
11,9
28,4
5
Sudáfrica
(ídem)
Provincia
Norte
1998 475
4,5
19,1
5
Suiza
(Gillioz,
1996)
Nacional 1994-
1996
1.500 6,3
12,6
Estados
Unidos (US
Dept. of
Justice, 1996)
Nacional 1998
8.000
4
1,3
22,1
Notas
1
En los últimos tres meses.
2
Se incluye el año de publicación porque el artículo no especifica la fecha del trabajo de campo.
3
Incluye contacto físico y sexual.
4
La muestra incluye mujeres que nunca han estado en una relación y por lo tanto no estaban en el grupo
expuesto.
5
La definición de violencia física incluye arrojar y/o romper objetos durante una discusión.
6
La muestra fue seleccionada entre mujeres que visitan a médicos familiares y/o hospitales y centros de salud.
7
Cálculo realizado por la OMS a partir de los datos originales.
La OMS no participó directamente en la colección de estos datos; este cuadro es una colección de estudios
publicados. Cualquier comparación entre estudios debe de hacerse con precaución ya que existen diferencias
en las definiciones, muestras, metodología para recolectar datos y factores culturales.
Fuen te: World Health Organization, Violence Against Women Database (desde enero 2000).
5

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Cuadro 2
Prevalencia de violencia sexual contra la mujer por su compañero
Países
Cober-
tura
Año
del
estu-
dio
Mues-
tra
Porcentaje de mujeres adultas
abusadas sexualmente por su pareja
En los últimos 12 meses
Alguna vez
Abuso
sexual
Intento de
violación/
violación
Violación
Abuso
sexual
Intento de
violación/
Violación
Violación
Canadá
(Rodgers, K.,
1994)
Nacional
1993 12.300
8,0
Chile
(Morrison, A.,
1997)
Santiago
1997
310
9,1
México
(Ramírez
Rodríguez, J. C.,
1996)
Guada-
lajara,
metropo-
litana
1996
650 15,0
23,0
Nicaragua
(Ellsberg, M. C.,
1997)
León
1993
360
21,7
Puerto Rico
(Universidad de
PR/CDC, 1998)
Nacional 1993-
1996
7.079
5,7
/2
Suiza
(Gillioz, L.,
1996)
Nacional 1994-
1996
1.500
11,7
Estados Unidos
(US Dept of
Justice, 1996)
Nacional
1995 8.000
0,2
7,7
/2
Estados Unidos
(McFarlane, J. et
al.)
Houston y
SE Texas
1991 /3
300
14,7 /1,2
Zimbabwe
(Watts, C. et al.,
1997)
Una
provincia
1996
885
25,0
Notas
1. La muestra fue seleccionada entre mujeres que visitan a médicos y/o hospitales y centros de salud.
2. La muestra incluye a mujeres que nunca han estado en una relación y por lo tanto no estaban en el
grupo expuesto.
3. Se incluye el año de publicación porque el artículo no especifica la fecha en que se llevó a cabo el
estudio.
4. La muestra fue de hombres casados que reportaban violencia contra sus esposas en su relación
actual.
La OMS no participó directamente en la recolección de estos datos, sino que los compiló de estudios
existentes que se incluyen en la bibliografía. Cualquier comparación entre estudios debe hacerse con
6

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cautela, dado que existen diferencias en las definiciones, muestras y metodologías utilizadas y factores
culturales.
Fuente: World Health Organization, Violence Against Women Database (desde enero de 2000).
Una revisión reciente de más de 1.000 artículos científicos sobre violencia
contra la mujer (Heise, Ellsberg y Gottenmuller, 1999) indica que a nivel mundial:
• Entre el 10 y el 50% de las mujeres reportan que han sido agredidas físicamente
por su pareja en algún momento de su vida.
• Entre el 3 y el 20% de las mujeres reportan haber recibido golpes durante su
embarazo.
• Estudios internacionales indican también que entre el 10 y el 25% de las mujeres
han sufrido abuso sexual durante su niñez.
Estos datos confirman que las mujeres tienen mucho más riesgo de ser
agredidas o violadas por seres cercanos y queridos, que por desconocidos y que el
lugar más peligroso es su propia casa. Para un número importante de mujeres la
violencia es parte de la vida cotidiana, al grado de ser percibida a veces como lo
normal. La violencia física generalmente se acompaña de violencia sexual y abuso
psicológico y generalmente se produce en un contexto de celos y de control por parte
de la pareja. Por ejemplo, los datos de un estudio realizado en Nicaragua (Ellsberg,
1997) revelan que el 32% de las mujeres que vivían con violencia sufrían control de
sus actividades cotidianas (como ver amigos, salir a la calle, etc.) comparado con el
2% de las mujeres no violentadas. Este patrón ha sido identificado en países
culturalmente muy diversos.
Los datos sobre el abuso sexual, especialmente durante la infancia, son aún
más difíciles de obtener. No obstante, existen ciertos indicios de que es mucho más
frecuente de lo que hasta ahora se pensaba. Por ejemplo, en un estudio realizado en
Barbados sobre una muestra representativa de mujeres y hombres de veinte a cuarenta
y cinco años, se observó que el 33% de las mujeres y el 2% de los hombres admitían
haber sido objeto de conductas constitutivas de abuso sexual durante la infancia o la
adolescencia (Handwerker, 1993). Otro estudio llevado a cabo en Suiza demostró que
el 20% de las mujeres y el 3% de los hombres de trece a diecisiete años de edad
habían sufrido abusos sexuales con contacto físico (Halperin et al., 1996). En un
estudio realizado en León, Nicaragua (Olsson A. et al, 2000), en una muestra aleatoria
de 213 mujeres y 154 hombres de entre veinticinco cuarenta y cuatro años de edad, el
6% de los hombres reportaron haber tenido abuso severo (penetración completa o
intento de) antes de los trece años y el 7% antes de cumplir los diecinueve años. El
9% de las mujeres reportó abuso severo antes de los trece años y el 15% antes de
cumplir los diecinueve años.
Otros estudios en adolescentes confirman el amplio porcentaje de casos en los
que la primera experiencia sexual no es deseada e incluso es forzada físicamente o
aceptada por miedo a la violencia. Por ejemplo, en Lima, Perú, un estudio de 629
jóvenes sexualmente activos (309 mujeres y 302 hombres de entre dieciséis y
diecisiete años de edad) reveló que el 11% de los hombres y el 40% de las mujeres
reportaron haber sufrido coerción durante la iniciación heterosexual; el 20% de los
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hombres y el 46% de las mujeres reportaron coerción en sus relaciones heterosexuales
en algún momento de su vida (Cáceres, Vanoss y Sid Hudes, 2000).
La situación puede ser aún más extrema en las zonas de conflicto armado, en
las que los movimientos de masas y la inseguridad y la violencia generales
contribuyen a un aumento de la violencia, particularmente las violaciones y
agresiones sexuales hacia las mujeres. Por ejemplo, un estudio de homicidios de
mujeres en Cali, Colombia (Espitia, 1994) de julio 1993 a junio 1994, reveló que la
tasa de homicidios de mujeres en Cali (15 por 100.000) es tres veces más alta que la
observada en 1991 para mujeres en los Estados Unidos (4,5 por 100.000) y similar a
la tasa en hombres.
Tráfico de mujeres y niños
No existen datos fidedignos acerca de otras formas de violencia contra la
mujer, tales como la prostitución forzada o el tráfico de mujeres. Sin embargo, se
dispone de algunos datos anecdóticos que parecen indicar que esas formas están
aumentando, sobre todo en ciertas partes de Asia y en los nuevos Estados surgidos en
Europa central y oriental. Este incremento, al igual que el crecimiento del turismo
sexual, se debe a las crecientes disparidades económicas dentro de los países y entre
ellos. A menudo, son las familias más pobres las que venden a sus hijas para asegurar
la supervivencia del resto de la familia. Se trata de un ejemplo más de la relación
existente entre violencia, pobreza y desigualdad.
LA RED
CAUSAL DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
Para prevenir y responder a un problema social como la violencia contra la
mujer es necesario entender sus causas. La violencia es un problema que afecta a las
mujeres de todas las clases sociales, de todas las religiones y de todos los grupos
étnicos. Al mismo tiempo, las tasas con las que el problema ocurre son variables a
través de estos factores. Es claro que se trata de un problema complejo y
multidimensional y que no existe un solo factor causal, sino más bien una interacción
de factores que operan en niveles distintos (individuo, relación o familia, comunidad y
sociedad) que pueden poner a la mujer en riesgo de la violencia o por el contrario, la
protegen contra ese riesgo. El modelo ecológico de violencia contra la mujer
propuesto por Heise (1998) estudia los factores a diferentes niveles que contribuyen a
la presencia o no de la violencia.
Figura 1: Modelo ecológico de los factores relacionados
con la violencia por parte del compañero
8

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A nivel individual, los estudios efectuados no pudieron identificar una
característica concreta personal o de actitud alguna por la que determinadas mujeres
pudieran ser más vulnerables a la violencia, excepto una asociación con haber sido
testigos, cuando eran niñas, de la violencia paterna (National Research Council,
1996). Parece que el factor principal de riesgo es, precisamente, el hecho de ser mujer.
En términos de los factores individuales de hombres que abusan a sus mujeres, el uso
de alcohol y haber sido testigo o víctima de violencia durante la infancia o juventud
aparecen como factores de riesgo.
P e rp e tra d o r
in d iv id u o
R e la c ió n /
fa m ilia
C o m m u n id a d
S o c ie d a d
A nivel de la familia, la comunidad y la sociedad en su conjunto, muchos de
los factores identificados como causales de la violencia contra la mujer guardan una
estrecha relación con las normas y valores en torno a la igualdad social y la falta de
equidad entre los géneros. La violencia por la pareja o violencia conyugal en
particular, es el epítome de las relaciones de poder desiguales entre mujeres y
hombres. El Panel Canadiense sobre Violencia contra la Mujer (1993) afirmó en la
introducción de su informe que: “Es indudablemente claro que las mujeres no se
hallarán libres de violencia hasta que exista igualdad, y la igualdad no se conseguirá
hasta que la violencia y la amenaza de la violencia desaparezcan de las vidas de las
mujeres”.
Hacen falta más estudios para entender cómo los diversos factores interactúan
en diferentes contextos, pues el contexto cultural específico desempeña un papel
importante a la hora de definir los mecanismos por los que la desigualdad de géneros
y otros factores influyen en la violencia. Sin embargo, estudios comparativos indican
que la violencia contra las mujeres es más común en sociedades que tienen mayor
desigualdad entre hombres y mujeres y patrones rígidos de comportamiento para
hombres y mujeres. Las normas sociales y culturales que perpetúan la desigualdad
entre las mujeres y los hombres y que perdonan e incluso favorecen la discriminación
contra la mujer, colocándola en una posición subordinada respecto del hombre, e
inclusive permitiendo el castigo por parte de los hombres y otras personas, mantienen
y refuerzan la violencia contra ella. Por ejemplo, en el nivel familiar, el dominio y
control masculinos sobre la riqueza parecen importantes, mientras que en el ámbito
macrosocial tendrían un rol significativo los conceptos de titularidad/propiedad del
hombre sobre la mujer, de masculinidad vinculada a la agresión y al dominio, de las
9

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atribuciones rígidas de género (el machismo) y la aceptación de la violencia
interpersonal como forma de resolver los conflictos (Heise, 1998).
Según la revisión del Consejo Nacional de Investigación de los Estados
Unidos, varios estudios confirman el hecho de que “los hombres criados en
estructuras familiares patriarcales en las que se estimulan los papeles tradicionales de
los géneros tienen mayores probabilidades de convertirse en adultos violentos, de
violar a mujeres que conocen y de golpear a sus compañeras íntimas, en comparación
con los hombres criados en hogares más igualitarios” (National Research Council,
1996). Diferentes estudios realizados en varios países muestran que la violencia es
más frecuente cuando la mujer transgrede o desafía las atribuciones tradicionales
impuestas por la sociedad (Schuler et al., 1999; Koenig et al., 1998.). La violencia es
uno de los elementos de un sistema de subordinación de la mujer a través de normas
sociales que establecen su lugar y su conducta.
En las sociedades latinoamericanas es frecuente este tipo de normas culturales
y de relación que aceptan y legitiman la violencia contra la mujer, como una
expresión más de desigualdades entre hombres y mujeres. Estas normas se reflejan
también en las leyes y políticas públicas. Un estudio realizado en una población
urbana con escasos recursos del Distrito Federal de México reveló también que la
violencia contra la mujer y los trastornos relacionados con ella están imbricados en
sus relaciones sociales, especialmente en las que mantiene con su pareja masculina
(Finkler, 1997). Se señala que las ideologías tradicionales refuerzan la dependencia
económica de la mujer respecto del hombre, los conceptos sobre su papel en el hogar,
su inferioridad social. Estas ideologías se transmiten también a través de las
instituciones policiales, de justicia y de salud. Aunque en los estratos
socioeconómicos más bajos, tanto los hombres como las mujeres están expuestos a
muchas formas de infortunio y denigración, el poder que la ideología prevalente
concede al hombre y el uso de la violencia física contra la mujer generan lo que
Finkler llama “lesiones de la vida” de las mujeres y se sugiere que son la causa de
muchas de las enfermedades y los cuadros subagudos que la mujer de los países en
desarrollo presenta cuando acude a los servicios de salud y que no son fácilmente
tratables con las respuestas biomédicas habituales (Finkler, 1997).
Los estudios transculturales antropológicos y etnográficos de la violencia
contra la mujer, como el de Levinson (1989) y la revisión de catorce culturas
efectuada por Counts, Brown y Campbell (1992) también identificaron la influencia
de las costumbres sociales y culturales, incluidas las que giran en torno a las
relaciones entre los géneros, y a la aceptación y promoción de la violencia contra la
mujer. Las culturas con un concepto “machista” de la masculinidad asociado a
dominio, dureza u honor masculinos son también aquellas que poseen los niveles
globales de violencia contra la mujer más altos (Campbell, 1985). Counts, Brown y
Campbell observaron que la existencia de “sanciones” contra la conducta violenta, de
“santuarios” para las mujeres que experimentan violencia, o de ambas cosas (por
ejemplo, cuando la familia o la comunidad pueden intervenir en las disputas o en la
violencia matrimonial) se asocian a menores niveles de violencia y viceversa.
Las normas culturales que rodean a la violencia, el género y las relaciones
sexuales no sólo se manifiestan en el ámbito individual y familiar, sino que también la
comunidad y el contexto social, incluidos los medios de comunicación, los refuerzan
o combaten. En muchos entornos, la violencia se considera “normal” y una
prerrogativa de los hombres/maridos. La socialización de los niños y las niñas suele
reflejar las normas y los valores culturales relacionados. Se estimula a los niños
varones a ser agresivos y sexualmente activos, mientras que a las niñas se les enseña a
10

Page 11
resistir la actividad sexual y a ser dulces. Estos patrones son interiorizados por ambos
sexos y conforman la aceptación de la violencia en ciertas circunstancias. Por
ejemplo, una mujer indígena mexicana opinó que “Si la mujer es culpable el marido
tiene el derecho de pegarle […] Si hice algo mal me tiene que […] pero si no he
hecho nada malo, tengo derecho a que me defiendan” (Heise et al., 1999). Una
encuesta realizada en Egipto, reveló que el 70% de las mujeres considera que un
hombre tiene derecho a golpear a su esposa si le desobedece o contesta mal, o si se
niega a tener relaciones sexuales cuando él lo desea (El-Zanty, 1996). También se
justifica el tipo de violencia. Por ejemplo, en Nicaragua, donde anteriormente sólo se
penalizaba la violencia si dejaba lesiones visibles, un hombre explicaba: “Para darle a
la mujer hay que saberle dar. Por ejemplo, si le doy un cinchazo se puede poner de fila
el machete […]” (Ellsberg, 1997).
Todo esto resalta la necesidad de establecer normas y actitudes sociales que
favorezcan la igualdad de los géneros y de las relaciones sexuales, comenzando por
los niños y los adolescentes. Para poder llevar a cabo intervenciones contra la
violencia, es importante comprender que estas normas sociales que perdonan y
legitiman la violencia contra la mujer contribuyen a elevar sus niveles.
La violencia genera violencia por lo cual se habla de la “transmisión de la
violencia entre las generaciones”. Estudios realizados en países tan diversos como
Nicaragua (Ellsberg et al., 1997), Camboya (Nelson y Zimmerman, 1996), Canadá
(Johnson, 1996) y los Estados Unidos (Hotaling y Sugarman, 1986), demuestran que
la exposición a la violencia doméstica entre los padres durante el período de
crecimiento se asocia a la violencia doméstica contra la mujer. En los Estados Unidos,
la tercera parte de los niños que sufrieron abusos o presenciaron la violencia paterna
durante su infancia se hacen adultos violentos y el abuso sexual durante la niñez
constituye un factor de riesgo en los varones para que se transformen en ofensores
sexuales cuando alcanzan la edad adulta (National Research Council, 1996). Para las
mujeres, el único marcador de riesgo asociado constantemente al hecho de ser víctima
de violencia física fue el haber sido testigo de la violencia paterna durante la infancia.
Al revisar estos estudios es importante observar que, aunque el hecho de ser testigos
favorece el riesgo de mantener los patrones de violencia, ello no ocurre siempre.
Como dice Johnson, “Aunque es verdad que en los varones que fueron testigos de la
violencia ejercida por sus propios padres hay mayor propensión a abusar a sus parejas,
también es cierto que la mayoría de los varones agresores no estuvieron expuestos a la
violencia durante su infancia. Más de la mitad de los varones que sufrieron esta
exposición nunca se comportan violentamente con sus propias esposas” (Johnson,
1996). A menudo resulta difícil separar las causas de las consecuencias, ya que crecer
en una familia en la que la madre es objeto de abusos es una vía importante por la que
el ciclo de la violencia conyugal se perpetúe. Además, esta vivencia contribuye a
reforzar y perpetuar los estereotipos de género y las relaciones desiguales entre los
géneros, lo que a su vez contribuirá a la violencia contra la mujer. Ser testigo de la
violencia doméstica también contribuye a la violencia general, en el sentido de que
estos niños identifican la violencia como medio para resolver los conflictos.
Es necesario mencionar el alcohol, ya que en distintos estudios se aprecia de
manera constante una relación entre su consumo elevado y la violencia contra las
parejas íntimas. Sin embargo, la relación precisa entre el alcohol y la violencia sigue
siendo poco clara (National Research Council, 1996). Muchas personas beben sin que
por ello manifiesten un comportamiento violento y muchas palizas y asaltos sexuales
ocurren en ausencia de alcohol. No obstante, existen algunos datos según los cuales
los varones violentos que abusan del alcohol tienen accesos de violencia con mayor
11

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frecuencia y que infligen lesiones más graves a sus compañeras, en comparación con
los que no tienen problemas con el alcohol (Frieze y Browne 1989, en Heise 1998). El
abordaje del problema de la violencia dentro de los programas de tratamiento del
alcoholismo podría ayudar a reducir la incidencia y la gravedad de las agresiones,
pero no terminaría necesariamente con la violencia.
Factores protectores
Se han identificado además de factores de riesgo, otros que parecen ofrecer
protección frente a la violencia o, al menos mitigarla, lo que podría proporcionar
importantes puntos de partida para el desarrollo de intervenciones. En un estudio
efectuado en Nicaragua se documentó la importancia de disponer de una familia capaz
de responder o intervenir en caso de violencia (Ellsberg et al., 1997). En Bangladesh,
la pertenencia a un programa de microcrédito se asoció con niveles más bajos de
violencia doméstica, gracias tanto a la canalización de los recursos a las familias
pobres a través de las mujeres, como a la participación de éstas en reuniones
periódicas y su exposición a desconocidos (Schuler et al., 1999). Los investigadores
observaron que los organizadores de los programas de crédito podrían lograr mejores
resultados, al menos aumentando la concientización y la disposición a discutir el
tema. Sin embargo, la globalización y la urbanización creciente de los países en
desarrollo podrían estar facilitando la desaparición de algunos de los factores
protectores, ya que favorecen el aislamiento de las mujeres, separándolas de sus
familias más amplias, además de haber contribuido a atenuar las sanciones de la
comunidad (Finkler, 1997). El conocimiento y el sostén de las fuentes tradicionales de
apoyo o remedio pueden ser intervenciones importantes, sobre todo cuando los
recursos son escasos.
CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA
Las consecuencias de la violencia contra las mujeres son muy amplias e
influyen en todos los aspectos de sus vidas: su autonomía, su productividad y su salud
y la de sus hijos y se extienden, además, al conjunto de la sociedad. Por otra parte,
existen muchas formas de autoperpetuación de la violencia, ya que ésta depende de la
desigualdad y, a su vez, perpetúa esa desigualdad. Por ejemplo, la violencia doméstica
se asocia a la pobreza, pero también perpetúa la pobreza a través de la reducción de
las oportunidades que puede tener la mujer de trabajar fuera de casa, de su movilidad
y de acceso a la información. Este impacto va aún más allá y afecta por ejemplo, la
capacidad de la mujer para el cuidado y la escolarización de sus hijos. A más largo
plazo, se asocia también a conductas autodestructivas, como el abuso de drogas y
alcohol. Además, la violencia influye de forma determinante en la autoestima, la
autonomía y la capacidad para sentir y actuar con independencia.
El impacto de la violencia sobre la salud de las mujeres
La violencia tradicionalmente se mide en términos de lesiones y muerte, pero
sabemos que la violencia contra la mujer, especialmente la violencia doméstica y el
abuso sexual, tiene consecuencias importantes y a largo plazo en su salud tanto física
como mental, así como en la salud sexual y reproductiva (Koss, 1990; Heise et al.,
1994; World Health Organization, 1997; Campbell et al., 1996; Mullen et al., 1988;
Resnick et al., 1997). Estas consecuencias incluyen, entre otras cosas: lesiones de
todo tipo (desde cortes y hematomas hasta lesiones graves que causan incapacidad
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permanente, como la pérdida de audición), infecciones de transmisión sexual (ITS),
incluido el VIH/Sida, el embarazo no deseado, problemas ginecológicos, dolor
pélvico crónico, hipertensión, depresión, trastornos por ansiedad, trastorno por estrés
postraumático, cefaleas, síndrome de colon irritable y diversas manifestaciones
psicosomáticas.
El impacto de la violencia sobre la salud sexual y reproductiva puede ser
directo pues la relación sexual forzada, sea con la pareja o con un extraño, puede
provocar un embarazo no deseado o una infección venérea, incluido el VIH/Sida.
También puede ser indirecto, pues la violencia o el temor a ella influyen en la
capacidad de la mujer para negociar el sexo seguro, incluido el uso de condones y el
uso de la anticoncepción. La violencia contra la mujer representa un importante factor
de riesgo para la epidemia de VIH/Sida y también para el embarazo adolescente,
ambos problemas muy importantes en nuestra región. Datos procedentes de los
Estados Unidos demuestran que en ese país, cada año se producen más de 32.000
embarazos como consecuencia de violaciones, la mayoría de ellos en adolescentes; el
50% de esos embarazos terminan en aborto y el 6%, en la cesión del recién nacido en
adopción (Holmes et al., 1996).
La violencia también se produce durante el embarazo, por lo que sus
consecuencias afectan no sólo a la mujer, sino también al feto o al recién nacido. Una
revisión de los estudios efectuados en los Estados Unidos demostró una prevalencia
de abuso durante el embarazo que oscilaba entre el 0,9 y 20%, con una tasa de
prevalencia en la mayoría de estos estudios de 4 a 8,3% (Gazmararian et al., 1996). La
violencia durante el embarazo se asocia a abortos, muerte fetal, parto prematuro y
muerte y lesiones fetales o del recién nacido (McFarlane, Parker y Soeken, 1996). En
varios estudios se observó asimismo su asociación con bajo peso al nacer (BPN). En
México un estudio en 110 mujeres reveló que las mujeres que sufrieron violencia
durante el embarazo (el 33,5%) tenían tres veces más complicaciones durante el parto
y el posparto inmediato que aquellas que no tuvieron violencia y cuatro veces más
riesgo de tener niños de bajo peso al nacer (Valdez y Sanin-Aguirre, 1996). La falta
de control prenatal fue sensiblemente mayor en el grupo de mujeres maltratadas
respecto del grupo de mujeres no maltratadas, diferencia que fue significativa
estadísticamente. En un estudio realizado en Nicaragua se encontraron tasas de bajo
peso al nacer significativamente más altas en las mujeres golpeadas que en las no
golpeadas, inclusive tras controlar otras variables, como el tabaco, el alcohol, la
asistencia prenatal y las complicaciones maternas (Momeni et al., en prensa). Varios
estudios realizados en Nicaragua también han demostrado un importante impacto de
la violencia conyugal sobre la salud de los hijos e hijas de las mujeres que han sido
golpeadas por su pareja, mostrando que los hijos de estas mujeres tienen mayor riesgo
de morir antes de un año (mortalidad infantil) y de cinco años y tienen más diarrea y
desnutrición, en comparación con los hijos de mujeres que no han tenido experiencias
de violencia.
La violencia contra la mujer puede provocar también la muerte. Las tasas de
muerte por “femicidio”, como se comienza a denominar al homicidio femenino,
suelen ser mucho menores que las de muerte por homicidio en los hombres. En
América latina, por ejemplo, el homicidio es la causa externa de muerte más
importante en los varones y representa el 39,5% del total de muertes, mientras que
para las mujeres el homicidio constituye la segunda causa externa de muerte, con el
23,2% del total (Organización Panamericana de la Salud, 1998). Sin embargo, se sabe
que en la mujer la muerte por homicidio se asocia a la violencia por la pareja. Una
elevada proporción de las muertes de mujeres es ocasionada por conocidos,
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especialmente sus parejas o antiguas parejas. Muchas de estas muertes se producen
con frecuencia cuando la mujer decide buscar ayuda o abandonar a su agresor.
Durante 1992 se produjeron en los Estados Unidos 5.373 homicidios de mujeres y en
seis de cada diez casos, el homicida fue una persona conocida por la víctima;
alrededor de la mitad de estas mujeres fueron víctimas de sus esposos o de personas
con quienes habían tenido intimidad (Saltzman y Johnson, 1996). Un estudio de
homicidios a mujeres, realizado en Cali, Colombia (Espitia, mimeo), de julio 1993 a
junio 1994, reveló que en la mitad de estos casos el agresor estaba relacionado
sentimentalmente con ella. Un estudio en México confirma que el riesgo que tiene una
mujer de sufrir una lesión intencional por algún conocido, su cónyuge o algún familiar
es de quince veces más que el que se observa para el hombre; el 90% de las muertes
de mujeres fue ocasionado por hombres (Fundación Mexicana para la Salud, 1998).
En muchas mujeres que sufren palizas o abusos sexuales de forma crónica, la
tensión emocional y física puede inducir al suicidio. Las investigaciones efectuadas en
los Estados Unidos, Nicaragua y Suiza demuestran que las mujeres golpeadas corren
un riesgo mayor de intento de suicidio (Abbott et al., 1995; Bailey et al., 1997;
Kaslow et al., 1998; Bergman y Brismar 1991; Rosales et al., 1999). Estos datos
constituyen un testimonio dramático de las opciones limitadas de que disponen
algunas de las mujeres que sufren una relación de agresión.
Uso de los servicios de salud
Las numerosas consecuencias para la salud de la violencia doméstica pueden
incrementar la necesidad de atención de la salud, al mismo tiempo que la mujer puede
encontrar obstáculos para acceder a esa atención.
En algunos países se ha documentado una asociación entre la victimización y
el uso de los servicios de salud. Por ejemplo, en un estudio de una organización de
salud gerenciada (HMO) importante de los Estados Unidos, se comprobó que los
antecedentes de violación o agresión eran un factor de predicción de las visitas a los
médicos y de los costos ambulatorios más fuerte que ninguna otra variable, incluidos
la edad de la mujer u otros riesgos de salud como el consumo de tabaco (Koss, Koss y
Woodruff, 1991). En el año en que se hizo el estudio, que no fue el mismo en el que
se obtuvo la información, las mujeres que habían sido víctimas de la violencia
buscaron atención médica con una frecuencia dos veces mayor que las que no la
sufrieron. Además, el costo de la atención médica de las mujeres violadas o que
sufrieron agresiones fue 2,5 veces mayor que el de las no agredidas y ello, tras
controlar los factores que pudieran inducir a confusión. En Nicaragua, un estudio
realizado por el BID demostró que las mujeres que vivían con violencia tenían más
probabilidad de ser hospitalizadas, de ser operadas y de asistir a los servicios médicos
que las mujeres que no han sido violentadas (Morrison y Orlando, 1999). Los
servicios de salud frecuentemente no identifican el problema de la violencia, aun
cuando ésta es la raíz de los problemas con que se presentan las mujeres a los
servicios. Aunque es posible que las mujeres no acudan a los servicios de salud y lo
hagan a otras fuentes más informales, como los vecinos o la familia, también es
posible que utilicen aquellos para resolver diversos problemas de salud relacionados
con la violencia, como es la depresión, mientras que la violencia propiamente dicha
permanece oculta.
Consecuencias de la violencia conyugal sobre los hijos
Además del impacto directo de la violencia en la mujer y en su vida, varios
estudios indican que la violencia doméstica contra la mujer también tiene
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consecuencias para sus hijos, tanto si sólo son testigos de la violencia como si son
también víctimas de ella. Estas consecuencias se traducen en problemas de conducta,
a menudo asociados a dificultades de comportamiento, problemas escolares y falta de
relación positiva con los compañeros (Jaffe, Wolfe y Wilson, 1990). Los niños
expuestos a la violencia contra sus madres tienen igualmente dificultades de
adaptación al medio escolar, incluido el absentismo. Varios estudios asocian la
violencia conyugal con trastornos de comportamiento, por ejemplo, niños que se
comen las uñas, se arrancan el pelo y notifican molestias somáticas como cefaleas y
dolores de estómago.
Como ya se dijo anteriormente, los niños que sufrieron abusos o se vieron
expuestos a la violencia paterna tienen mayor riesgo de convertirse en adultos
violentos, mientras que las niñas que son testigos de la violencia tienen más
probabilidades de ser víctimas posteriormente de relaciones violentas. La
victimización de los niños también perpetúa el ciclo de la violencia por otros caminos.
Se sabe que los niños que sufren abusos sexuales tienen una escasa autoestima,
incapacidad para rechazar las relaciones sexuales no deseadas y comportamientos
autodestructivos, entre ellos el abuso del alcohol y las drogas. Igualmente, hay una
estrecha relación con la depresión, otros problemas mentales y el abuso posterior. En
un estudio efectuado en Barbados se observó que el abuso sexual fue el factor
determinante más importante de la conducta sexual de alto riesgo (Handwerker,
1993). Tras controlar diecisiete variables que podrían haber dado lugar a confusión en
estudios previos, se observó una fuerte relación entre el abuso sexual y el número de
años sexualmente activos antes de llegar a los veinte, el número de parejas por
intervalos de cinco años, la omisión del uso del condón y la historia de ETS
(Handwerker, 1993). Otro estudio hecho en 535 adolescentes embarazadas o
puérperas en los Estados Unidos reveló que las que habían sufrido abusos antes de su
primer embarazo tenían mayores probabilidades de haber intercambiado sexo por
dinero, drogas o un lugar donde vivir; de haber consumido alcohol o drogas durante el
embarazo; de tener menos probabilidades de usar anticonceptivos y de haber
comenzado las relaciones sexuales al menos un año antes que la media de las demás
participantes en el estudio (13,2 frente a 14,5 años) y considerablemente antes que las
compañeras no embarazadas (16,2 años) (Boyer y Fine, 1992).
LOS COSTOS DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
La violencia contra la mujer tiene costos elevados no sólo para la mujer que la
sufre, sino para sus familias, la sociedad y para el Estado. Existen costos directos,
referidos a la pérdida de vidas y de los servicios proporcionados, sean de salud,
legales, de protección o de otro tipo. También hay costos indirectos, como los días de
trabajo perdidos o la disminución de la productividad, con un impacto en la economía
global. Además, pueden considerarse otros muchos costos indirectos (a veces
denominados “costos intangibles”) que, en su mayoría, no son contabilizados debido a
la dificultad que entraña su medición. Entre ellos, se encuentran el costo de las vidas
destrozadas, del dolor crónico, del sufrimiento, del miedo, de la depresión, de los
intentos de suicidio, de la pérdida de oportunidades para lograr las propias metas y de
la pérdida del amor propio. Además de los costos económicos de la violencia contra
las mujeres, hay que considerar los costos humanos y sociales que tiene para la
sociedad.
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Pocos estudios incluyen los costos indirectos y aun los que se limitan a los
directos tienden a adoptar un enfoque demasiado estricto, considerando solamente los
costos de las lesiones y las muertes. Aun así, en los Estados Unidos los costos de la
violencia por mujer oscilan entre los US$ 10.000 millones anuales de pérdidas por
esta causa hasta los US$ 67.000 millones por año (Laurence y Spalter-Roth, 1996). En
Suiza, el cálculo del costo directo anual de la violencia por la pareja se eleva a SF
409.750.000 (alrededor de US$ 273.166.000 al cambio de 1999) (Yodanis y Godenzi,
1999).
Los datos sobre costos de la violencia contra la mujer en los países en vías de
desarrollo son escasos, pero el Banco Interamericano de Desarrollo llevó a cabo
estudios para analizar los costos para Chile y Nicaragua que enfocaron tres áreas: la
participación de las mujeres en el mercado ocupacional y sus ingresos, la utilización
de los servicios de salud, y el logro educacional de sus hijos (Morrison y Orlando,
1999). Los estudios revelaron que, a pesar de que los países se encuentran en niveles
muy distintos de desarrollo económico, la violencia contra la mujer por su pareja era
muy elevada en los dos. Se encontró en ambos países que la violencia conyugal tiene
un gran impacto en el ingreso de las mujeres. En Santiago, las mujeres que sufrían
violencia física severa ganaban el 39% de lo que ganaban las que no sufrían violencia;
en Managua el porcentaje era el 57%. Los costos de la violencia para los dos países
son enormes y representan alrededor del 1,6% del PBI de 1996 para Nicaragua y más
del 2% del PBI de 1996 en Chile. En Nicaragua se observó que las mujeres que
sufrían violencia conyugal utilizaban los servicios de salud dos veces más que las
mujeres sin violencia, pero en Chile no se encontró esta diferencia. En Santiago,
Chile, también se documentó el impacto intergeneracional de los efectos de la
violencia conyugal, que ya ha sido estudiado en muchos otros países. Los autores del
BID concluyen que, los costos elevados encontrados en ambos países indican que,
“las políticas y los programas para reducir la prevalencia de la violencia doméstica y
proporcionar atención a las mujeres que sufren violencia deben ser una prioridad para
los gobiernos a nivel nacional, estatal y municipal, para las agencias internacionales y
las organizaciones no gubernamentales” (Morrison y Orlando, 1999).
Como sabemos, los costos no repercuten sólo en la víctima, sino también en su
familia, los recursos de las instituciones, de las comunidades y de las sociedades en su
conjunto y en los programas destinados a los que ejercen la violencia. Además, la
violencia contra la mujer contribuye a otros problemas, como el vagabundeo y el
abandono escolar de los menores y tiene impacto también sobre los servicios de
atención a menores. Son necesarios más estudios, particularmente sobre la relación
costo-efectividad de los diferentes tipos y estrategias de intervenciones. Esa
información es esencial para proporcionar la guía sobre cómo los recursos pueden
usarse con mayor eficiencia, y para que los responsables de las políticas, los fondos y
las actividades puedan identificar las intervenciones efectivas, factibles y duraderas
para erradicar la violencia.
MARCO LEGAL PARA LA ACCIÓN: DECLARACIONES Y DOCUMENTOS
INTERNACIONALES
La violencia contra la mujer ha llegado a formar parte de las agendas y debates
a nivel internacional: inicialmente como un tema de derechos humanos, como fue
reconocido en la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos de Viena (1993) y en
la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Erradicación de la Violencia Contra
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las Mujeres, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993. En la
Región de las Américas se cuenta además con la Convención Interamericana para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención de Belém do
Pará), que fue aprobada por la Organización de los Estados Americanos el 9 de junio
de 1994. La Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de El Cairo
(1994) trata la violencia contra la mujer en su relación con la salud y derechos
sexuales y reproductivos. La Plataforma para la Acción de la Cuarta Conferencia
Mundial sobre la Mujer celebrada en Beijing (1995) dedicó un capítulo completo a la
violencia contra la mujer, y otro a las situaciones de conflicto armado. En 1996, la
Asamblea Mundial de la Salud, órgano rector de la Organización Mundial de la Salud
(OMS), reconoció la violencia, incluida la violencia contra mujeres, como un
problema de salud pública que requería acción urgente por parte de los Estados
miembro. Estos documentos y otras convenciones, como la Convención para la
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, incluyen
numerosas recomendaciones para los gobiernos así como para las organizaciones
multilaterales y no gubernamentales (véase anexo). Numerosas organizaciones
internacionales como UNIFEM, el Banco Mundial, el Fondo de Población de las
Naciones Unidas (FNUAP) y la Organización Mundial de la Salud, así como
instituciones regionales como el Banco Interamericano para el Desarrollo (BID),
también han comenzado a reconocer la urgencia de actuar para la prevención y
erradicación de este problema.
La Convención de Belém do Pará, junto con la Convención para la
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, proporciona un
marco importante para los Estados latinoamericanos pues señala las obligaciones y
posibles acciones que deben llevar a cabo para responder al problema de la violencia
contra la mujer.
UN LLAMADO A LA ACCIÓN
Es importante enfatizar que a pesar de la complejidad descripta anteriormente,
se puede prevenir la violencia contra la mujer. La voluntad política es esencial para
comenzar a actuar a todos los niveles: comunitario, municipal, estatal y nacional. Es
necesario dar prioridad y asignar recursos a la prevención y no sólo a la atención de
los casos ya existentes, aunque también es necesario apoyar los programas específicos
para responder a las necesidades de las mujeres que sufren abuso.
Hay que reconocer la violencia contra la mujer como una infracción de sus
derechos humanos y que además le impide ejercer otros derechos, como el derecho al
más alto nivel posible de salud. La discriminación que sufren las mujeres en muchas
áreas refuerza y perpetúa la violencia. Por ello, hay ciertos principios básicos que
deben guiar cualquier intervención, incluyendo los cambios legislativos. Estos
principios son:
• La seguridad y la autonomía de las mujeres deben ser centrales en cualquier
propuesta de acción.
• La participación de las mujeres y de las organizaciones de mujeres en el desarrollo
de políticas, leyes y programas es fundamental; en particular las mujeres
sobrevivientes de abuso que conocen a fondo la problemática.
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• Es imperativo tener una respuesta multisectorial coordinada pues la acción de un
sector puede fácilmente retroceder u obstaculizar lo logrado por otros sectores.
Ratificar las convenciones y modificar el marco jurídico
En América latina todos los países han ratificado ya la Convención para la
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la de Belém do
Pará. Es necesario que los legisladores las conozcan en profundidad ya que
proporcionan un marco para la revisión de las leyes, y que sean reflejadas
adecuadamente en la legislación nacional. Los cambios legislativos que incluyan los
derechos humanos de las mujeres y que respondan específicamente a la violencia
contra la mujer son esenciales, pues sin ellos los esfuerzos para reducir el nivel de
violencia contra la mujer y otros problemas importantes como el VIH/Sida y el
embarazo adolescente, tendrán un impacto limitado.
Siguiendo las directrices de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de
Beijing, varios países latinoamericanos han promulgado leyes nuevas o realizado
cambios importantes a la ley sobre la violencia doméstica. Se trata de un paso
esencial, pero aún queda mucho por hacer antes de que estas leyes puedan ponerse en
práctica de forma realista. Además, la reforma legal es sólo uno de los cambios
necesarios para combatir la violencia contra la mujer. Se ha avanzado menos en lo que
se refiere a las leyes sobre los delitos sexuales. En muchos de nuestros países aún no
se reconoce la violación dentro del matrimonio ni el derecho al aborto en caso de
embarazo por violación. Aun donde las leyes son buenas, su aplicación y la </