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Mujer y conflicto armado
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1
Mesa de trabajo
Mujer y conflicto armado
Bogotá, noviembre de 2001
INFORME SOBRE VIOLENCIA SOCIOPOLÍTICA
CONTRA MUJERES Y NIÑAS EN COLOMBIA
SEGUNDO AVANCE-2001
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2
Revisión de textos: María José Díaz Granados
Preparación editorial: Publicaciones ILSA
Impresión: Ediciones Antropos
Bogotá, Colombia, diciembre de 2001
ESTE DOCUMENTO FUE ELABORADO POR LA MESA MUJER Y CONFLICTO ARMADO,
GRACIAS A LA INFORMACIÓN APORTADA POR:
Asociación Juana de Arco
Asociación Nacional de Mujeres Campesinas e Indígenas de Colombia (Anmucic)
Colectivo María María
Comité Andino de Servicios
Comisión Colombiana de Juristas
Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes)
Corporación Casa de la Mujer
Corporación de Apoyo a Comunidades Populares (Codacop)
Donny Meertens. Programa de Estudios de Género. Universidad Nacional de Colombia.
Fundación Sí Mujer, Cali
Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos (ILSA)
Liga de Mujeres Desplazadas de Bolívar
Liga de Mujeres por la Paz y la Libertad (Limpal)
María Isabel Casas. Experta Independiente
Observatorio de los Derechos Humanos de las Mujeres en Colombia. Sisma Mujer, Confluencia de Redes
Mujeres Desplazadas de Ciudad Bolívar y Altos de Cazuca
Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)
Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA)
Organización Femenina Popular (OFP)
Programa Mujer de la Asociación de Cabildos Indígenas del Cauca
Ruta Pacífica de las Mujeres
Save the Children
Terre des Hommes, Alemania
Vamos Mujer, Medellín.
Page 3
3
C
ONTENIDO
Introducción ..................................................................................................................... 5
1. VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS Y AL DERECHO
HUMANITARIO EN COLOMBIA: OCTUBRE DE 2000 A MARZO DE 2001 ................. 8
2. SITUACIÓN DE LAS MUJERES Y LAS NIÑAS VÍCTIMAS
DE VIOLENCIA SOCIOPOLÍTICA EN COLOMBIA ..................................................... 11
Violaciones al derecho a la vida .................................................................................. 11
El secuestro como violación del derecho a la libertad .................................................. 12
3. FORMAS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
Y LAS NIÑAS EN EL CONTEXTO DEL CONFLICTO ARMADO .................................. 13
Mujeres y niñas desplazadas ....................................................................................... 13
Violencia contra la participación de las mujeres y sus organizaciones .......................... 24
Niñas desvinculadas del conflicto armado ................................................................... 33
Violencia sexual contra mujeres, jóvenes y niñas por parte de los actores armados ....... 37
Otros tipos de violencia contra las mujeres, niñas y jóvenes
cometidos por los actores armados .............................................................................. 39
4. RECOMENDACIONES DE LA MESA DE TRABAJO
“MUJER Y CONFLICTO ARMADO” .......................................................................... 40
Consideraciones generales .......................................................................................... 40
Recomendaciones generales ........................................................................................ 40
Recomendaciones específicas ...................................................................................... 42
Anexo 1 .......................................................................................................................... 47
Anexo 2 .......................................................................................................................... 51
Anexo 3 .......................................................................................................................... 53
Anexo 4 .......................................................................................................................... 55
Anexo 5
Datos sobre violencia contra las mujeres en el contexto nacional ...................................... 57
Anexo 6
Marco jurídico nacional e internacional de los derechos de las mujeres en Colombia ......... 65
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4
Dedicatoria
Agradecemos a todas las mujeres
que transformaron su dolor en testimonios y denuncia.
También a quienes no pudieron hacerlo
por que la violencia segó su vida
y a aquellas mujeres que resisten valientemente
los efectos devastadores del conflicto armado colombiano.
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5
I
NTRODUCCIÓN
La Mesa de Trabajo “Mujer y conflicto armado” es un equipo conformado
por organizaciones de mujeres y de derechos humanos, organizaciones sociales, perso-
nas y entidades nacionales e internacionales interesadas en evidenciar las múltiples formas
de violencia que afectan a las mujeres y a las niñas en el marco de la violencia sociopolítica
1
,
incluida la del conflicto armado interno colombiano.
La Mesa espera contribuir a sensibilizar a la sociedad colombiana frente a
estas formas de violencia. Conociendo la importancia de acudir a los mecanismos inter-
nacionales de protección de los derechos humanos, la Mesa se propuso promover la vi-
sita a Colombia de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre Violencia contra
la Mujer, señora Radhika Coomaraswamy.
Durante su mandato, la Relatora ha contribuido a la precisión y delimita-
ción conceptual del término violencia contra la mujer, y ha puesto en evidencia los efec-
tos y las consecuencias particulares que tienen los conflictos armados sobre las mujeres.
La Mesa busca lograr, a través de su visita, la atención de la comunidad internacional
y unas recomendaciones que conduzcan a una mejoría de la situación de derechos hu-
manos de las mujeres y las niñas colombianas.
En la Mesa, que inició su trabajo en septiembre de 2000 por iniciativa del
Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos (ILSA), participan orga-
nizaciones de diverso orden, tales como:
Asociación Juana de Arco, Asociación Nacional de Mujeres Campesinas e
Indígenas de Colombia (ANMUCIC), Programa Mujer y Familia de la Asociación Na-
1
Por violencia sociopolítica se entienden los hechos que configuran atentados contra la vida, la
integridad física y la libertad personal producidos por abuso de autoridad de agentes del Estado,
los originados en motivaciones políticas, los derivados de la discriminación hacia marginados
sociales, o los causados por el conflicto armado interno. Estos orígenes específicos de los aten-
tados a los que se hace mención conforman, junto con la violencia común, el marco en el que se
presentan las violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario. Definición aportada
por la Comisión Colombiana de Juristas.
Page 6
6
cional de Usuarios Campesinos-Unidad y Reconstrucción (ANUC-UR), Corporación Casa
de la Mujer, Colectivo de Mujeres Excombatientes, Colectivo María María, Comisión
Colombiana de Juristas, Corporación de Apoyo a Comunidades Populares (CODACOP),
Fundación Educación y Desarrollo (FEDES), Humanizar, ILSA, Instituto de Derechos
Humanos “Guillermo Cano” de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP),
Ruta Pacífica de las Mujeres, Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad
(LIMPAL), Liga de Mujeres Desplazadas de Bolívar, Organización Femenina Popular
(OFP) y Red Nacional de Mujeres Bogotá. La Mesa cuenta con el apoyo del Programa
de Estudios de Género de la Universidad Nacional.
También participan como observadores organismos internacionales como la
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la
Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA),
Agencias de cooperación internacional como la Consejería en Proyectos, Terre des
Hommes, Save the Children y entidades de control del Estado como la Defensoría del
Pueblo.
La iniciativa de conformar la Mesa surgió de constatar la escasez de diag-
nósticos que den cuenta de los efectos diferenciados de violencia sociopolítica, incluida
la proveniente del conflicto armado, sobre mujeres y niñas. En los informes sobre vio-
laciones a los derechos humanos y al derecho humanitario en Colombia no se ha docu-
mentado adecuadamente la situación específica de las mujeres y niñas afectadas por este
tipo de violencia, lo que dificulta la definición de acciones, proyectos y políticas que atien-
dan las necesidades de protección y atención de mujeres y niñas.
En febrero de 2001 la Mesa envió una carta a la Relatora, con el objetivo
de despertar su interés en el caso colombiano y promover su posible visita. Posterior-
mente, en abril de 2001 se elaboró un primer “Informe sobre violencia contra las mu-
jeres y las niñas en el conflicto armado colombiano”, con la intención de comenzar a
destacar algunos casos de violaciones a los derechos humanos de mujeres y niñas. Ese
informe preliminar fue entregado a la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre
Violencia contra la Mujer, durante el último periodo de sesiones de la Comisión de De-
rechos Humanos de las Naciones Unidas, realizada en Ginebra en mayo de 2001.
Desde la entrega de este informe la Mesa ha continuado trabajando en la
recolección de información. La información se ha recolectado mediante la revisión de
fuentes secundarias y otras fuentes primarias a nuestro alcance, gracias al aporte de
las organizaciones partícipes en la Mesa, así como de otras organizaciones de mujeres
y de derechos humanos que han compartido con la Mesa algunos testimonios.
El presente Informe contiene un análisis sobre las violaciones a los derechos
humanos y al derecho humanitario en Colombia (octubre de 2000 a marzo de 2001),
destacando la situación de las mujeres y las niñas víctimas de la violencia sociopolítica,
incluida la del conflicto armado. Posteriormente, el Informe evidencia algunas formas
de violencia contra las mujeres y niñas en el contexto de la violencia sociopolítica, abor-
Page 7
7
dando los siguientes temas: mujeres y niñas desplazadas, violencia contra la participa-
ción de las mujeres y sus organizaciones, niñas desvinculadas del conflicto armado, vio-
lencia sexual contra mujeres, jóvenes y niñas, y otras formas de violencia contra las
mismas. Se incluyen también otros datos sobre violencia (intrafamiliar y sexual) contra
las mujeres fuera del contexto de la violencia sociopolítica (ver anexo 5), y un análisis
del marco jurídico nacional e internacional de los derechos de las mujeres en Colombia
(ver anexo 6).
Recopilar la información no ha sido tarea fácil porque, por lo general, la
conceptualización y las estadísticas se han elaborado teniendo como parámetro de los
derechos al sujeto masculino. Esto hace que, usualmente, los datos sobre violaciones a
los derechos humanos no se recojan teniendo en cuenta las realidades específicas de las
mujeres, ni se destaquen los efectos particulares de la violencia sobre las mismas. Por
otra parte, el miedo, la falta de confianza en las instituciones de justicia y los elevados
niveles de impunidad, impiden a las víctimas denunciar los hechos. A esto se agrega que
la información disponible está dispersa en manos de diversas ONG y oficinas del Estado
en todo el país, y hasta ahora comienzan a coordinarse los esfuerzos de diferentes orga-
nizaciones para centralizar la información.
El presente Informe aborda de manera general algunos temas sobre los cuales
hay hasta el momento poca información disponible y en los cuales es necesario profun-
dizar: la situación de las mujeres indígenas y afrocolombianas, la de las mujeres priva-
das de la libertad por razones relacionadas con la violencia sociopolítica, y la de las
mujeres excombatientes y desmovilizadas.
La Mesa espera que el Informe contribuya a hacer evidente la grave crisis
de derechos humanos de las mujeres en Colombia, entendiendo que su superación no
depende exclusivamente de la resolución del conflicto armado interno, en la medida en
que las causas de las violaciones a sus derechos humanos obedecen a profundas inequidades
sociales, económicas y culturales.
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8
V
IOLACIONES
A
LOS
DERECHOS
HUMANOS
Y
AL
DERECHO
HUMANITARIO
EN
C
OLOMBIA
:
OCTUBRE
DE
2000
A
MARZO
DE
2001
2
Colombia vive una grave crisis de derechos humanos. Dicha crisis ha dado
lugar a diversas recomendaciones al Estado colombiano por parte de los organismos
internacionales de protección de los derechos humanos. No obstante, el Estado no ha
asumido su papel de garante de los derechos humanos y no ha acogido dichas recomen-
daciones, dando lugar a una severa agudización de la crisis.
En Colombia, entre octubre de 2000 y marzo de 2001, aproximadamente
20 personas en promedio diario murieron por causa de la violencia sociopolítica: más
de once víctimas diarias a causa de ejecuciones extrajudiciales y homicidios políticos,
más de una por desaparición forzada, una víctima muerta cada día por homicidios con-
tra personas socialmente marginadas, y más de cuatro personas murieron en combate
cada día (ver anexo1: cuadro 1). Este promedio diario significa que, en seis meses, 3.274
personas perdieron la vida por la violencia sociopolítica (ver anexo 1: cuadro 1, col. 7);
de ellas, 2.529 por violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario, y 745
civiles y combatientes murieron en combate
3
.
Estas estadísticas muestran que la situación de los derechos humanos y del
derecho humanitario en Colombia fue muy grave durante el periodo en estudio. De un
promedio diario de diez personas muertas desde 1988 por razones sociopolíticas, se pasó,
entre octubre de 1998 y septiembre de 1999, a doce víctimas diarias; en el periodo de
octubre de 1999 a marzo de 2000 aumentó a catorce en promedio diario; y en el perio-
do octubre de 2000 a marzo de 2001 se mantuvo el promedio del semestre anterior (abril
a septiembre de 2000) de aproximadamente 20 víctimas diarias. El promedio diario de
víctimas de homicidio político y ejecución extrajudicial permaneció en más de once, el pro-
medio de desaparición forzada pasó a más de una diaria, y las víctimas de homicidio contra
personas socialmente marginadas aumentaron de una cada dos días a una cada día.
Además, perduró la tendencia de más de 3.000 víctimas por semestre. De
conservarse esta tendencia, al finalizar el año del presente periodo (octubre de 2000 a
septiembre de 2001) el número de víctimas muertas por razones de violencia sociopolítica
alcanzará el ignominioso total anual de más de 6.500 personas. Este incremento de-
muestra la tragedia que vive cotidianamente la población colombiana.
2
Este aparte fue elaborado por la Comisión Colombiana de Juristas, octubre de 2001.
3
El indicador “muertes en combate” del cuadro 1 incluye tanto a los combatientes muertos en
combate como a los civiles muertos en fuego cruzado. Si se trata del número de civiles muertos
en esas circunstancias, hay que sumarlo al subtotal de la columna 5, pues esas muertes constitu-
yen una violación al derecho humanitario. Por consiguiente, hay que sustraerlo del total de
“muertos en combate” (col. 6), cuando sólo se trata de combatientes muertos en combate.
1.
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9
Entre octubre de 2000 y marzo de 2001, de las 2.529 víctimas muertas fuera
de combate, es decir, en la calle, en su casa o en su trabajo, 2.080 lo fueron por ejecu-
ción extrajudicial u homicidio político, 264 por desaparición forzada, y 185 por homicidio
contra personas socialmente marginadas (ver anexo 1: cuadro 1, cols. 1 a 3, fila H).
Respecto a las violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario
en las cuales se conoce el autor genérico, el 87,21% se atribuyó a agentes estatales: por
perpetración directa, el 3,21% (50 víctimas); por omisión, tolerancia, aquiescencia o
apoyo a las violaciones cometidas por grupos paramilitares, el 84% (1.307 víctimas).
A las guerrillas se les atribuyó la autoría del 12,79% de los casos, con 199 víctimas
(ver anexo 1: cuadro 1, col. 4, filas A a C).
En muchos de los delitos cometidos por los paramilitares existe participa-
ción activa o pasiva de miembros de la fuerza pública. En los delitos en que dicha par-
ticipación no existe, o no hay pruebas de que exista, el gobierno colombiano se hace
partícipe de tales crímenes por la ausencia de una política decidida y coherente para
prevenir las violaciones, desarrollar investigaciones serias contra los grupos paramilitares
y los agentes estatales que de una u otra manera los apoyan, y sancionar a los autores
de violaciones. La política desarrollada por el gobierno no ha pasado de anuncios alti-
sonantes. Mientras sus anuncios no se concreten en acciones tangibles, como el simple
cumplimiento de órdenes de captura dictadas por la Fiscalía, no habrá razones para
atenuar la responsabilidad del Estado en la comisión de violaciones a los derechos hu-
manos y al derecho humanitario por parte de los paramilitares.
Desde 1993 se observa un incremento vertiginoso de las violaciones come-
tidas por grupos paramilitares (de menos del 20% del total en aquel año pasaron a ser
más del 75% desde 1997), simultáneamente con una disminución de las realizadas de
manera directa por agentes estatales (que eran superiores al 50% en 1993, y que apa-
recen inferiores al 5% desde 1997). Se refuerza así la hipótesis, ya advertida en los
periodos anteriores, de una correspondencia entre los dos fenómenos. La disminución
de casos atribuidos a agentes del Estado y el simultáneo aumento significativo de los
atribuidos a los grupos paramilitares, sugieren la ocurrencia de numerosas acciones
encubiertas o toleradas, en las que no se descarta la participación directa o indirecta de
agentes estatales.
Entre octubre de 2000 y marzo de 2001, por lo menos 67 niñas y niños
4
fueron víctimas de la violencia sociopolítica, es decir, más de una víctima cada tres días.
También murieron 93 jóvenes
5
: más de uno cada dos días. Por esa misma violencia, 163
mujeres adultas perdieron la vida, lo que significa más de una mujer adulta cada dos
4
La Convención sobre los Derechos del Niño, en su Artículo 1°, define una niña o un niño como
persona menor de 18 años.
5
Se clasifican como “jóvenes” las víctimas respecto de las cuales la fuente o la noticia exprese
esa característica, sin precisar la edad y las víctimas con edades entre 18 y 25 años incluso.
Page 10
10
días (ver anexo 1: cuadro 1, col. 8, filas H e I). Estos altos promedios evidencian que no
están a salvo de la violencia sociopolítica ni siquiera los grupos a los cuales el Estado
debe garantizar una protección especial, según lo estipulado en los instrumentos inter-
nacionales y en la Constitución.
En el periodo analizado, en promedio se registró más de una persona tortu-
rada cada dos días (ver anexo 2: cuadro 2, col. 5, fila I). Por lo menos cinco personas
fueron torturadas y dejadas con vida. A agentes del Estado se atribuyeron dos de estas
víctimas; a paramilitares otras dos, una de las cuales es una mujer que fue violada
sexualmente (ver anexo 2: cuadro 2, col. 1). Respecto de una de las víctimas (20%) se
desconoce el autor. Además, 125 personas asesinadas fueron encontradas con huellas
de tortura. Los paramilitares son considerados como presuntos autores de 51 de los casos
de tortura de personas que luego fueron asesinadas, lo que representa el 42,5% de las
víctimas; y una (0,83%) a agentes estatales. A las guerrillas se atribuyó la presunta autoría
de siete de estos casos (5,83%). Respecto de cuatro de las víctimas (3,33%) se desco-
noce la identidad del grupo armado al cual se podría imputar la presunta autoría del caso.
Respecto de la presunta autoría de 57 casos (47,5%) se desconoce el autor (ver anexo 2:
cuadro 2, col. 3).
En el periodo analizado, 1.568 personas fueron víctimas de secuestro
6
. En
comparación con el semestre anterior, se mantiene el promedio diario de casi nueve
víctimas (ver anexo 3: cuadro 6).
El incremento del número de víctimas de violencia sociopolítica apenas ilustra
la gravedad del drama que vive Colombia. Detrás de cada víctima de asesinato, desapa-
rición, tortura, secuestro, desplazamiento forzado y otros crímenes perpetrados por los
actores armados, hay un número indeterminado de colombianas y colombianos que su-
fren profundamente de esas violaciones: son sus familiares, cuyo dolor es desafortuna-
damente invisible.
La situación de derechos humanos contrasta con los anuncios hechos por el
gobierno en el sentido de que está llevando a cabo una política para enfrentar a los grupos
paramilitares. Es urgente que tales anuncios se concreten en acciones tangibles de des-
vinculación de sus cargos a los agentes estatales que apoyan o toleran a los grupos
paramilitares, de investigación y sanción a los responsables de violaciones a los dere-
chos humanos y al derecho humanitario, y de reparación a las víctimas de tales viola-
ciones.
6
Policía Nacional, Centro de Investigaciones Criminológicas, Bogotá, octubre de 2001.
Page 11
11
S
ITUACIÓN
DE
LAS
MUJERES
Y
LAS
NIÑAS
VÍCTIMAS
DE
VIOLENCIA
SOCIOPOLÍTICA
EN
C
OLOMBIA
7
En esta sección se exponen los datos estadísticos disponibles sobre algunas
de las violaciones a los derechos humanos de las mujeres y al derecho humanitario, dentro
del contexto de violencia sociopolítica. Infortunadamente, hay muchas violaciones a los
derechos humanos de las mujeres que no se pueden cuantificar a partir de la informa-
ción existente. Por ejemplo, no se cuenta con estadísticas que permitan determinar cuántas
mujeres son víctimas de violencia sexual, embarazo o prostitución forzados, dentro de
este contexto.
V
IOLACIONES
AL
DERECHO
A
LA
VIDA
8
Dentro del panorama de derechos humanos anteriormente presentado, la
situación de las mujeres y niñas es muy preocupante. En el periodo comprendido entre
octubre de 2000 y marzo de 2001, una mujer murió diariamente a causa de la violen-
cia sociopolítica
9
en Colombia: aproximadamente una mujer, cada día en promedio, a
causa de ejecuciones extrajudiciales y homicidios políticos; cada diez días una mujer
fue víctima de desaparición forzada; una murió cada 17 días como víctima de homici-
dios contra personas socialmente marginadas, y cada 25 días, una mujer murió en com-
bate. Este promedio diario significa que, en el período comprendido en este informe,
189 mujeres perdieron la vida por la violencia sociopolítica. De éstas, 182 murieron
fuera de combate, es decir, en la calle, en su casa o en su trabajo, de las cuales 153 lo
fueron por ejecución extrajudicial u homicidio político, 18 por desaparición forzada y
once por homicidio contra personas socialmente marginadas.
Con respecto al periodo comprendido entre octubre de 1999 y septiembre
de 2000, se nota un preocupante aumento de mujeres víctimas de desaparición forza-
da, pasando de una mujer víctima de este delito cada catorce días a una cada diez días.
Se incrementó también, de manera alarmante, el número de mujeres víctimas de homi-
cidio contra personas socialmente marginadas, pasando de una víctima cada 50 días, a
una cada 17 días. El número de mujeres que murieron en combate disminuyó, de una
cada siete días, a una cada 25 días.
Sobre las violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario en
las cuales se conoce el autor genérico, el 87,5% de las muertes de mujeres se atribuyó
7
Este aparte fue elaborado por la Comisión Colombiana de Juristas, octubre de 2001.
8
Ver anexo 4: cuadro 2b.
9
Este promedio corresponde a todas las víctimas de sexo femenino, es decir, las mujeres adultas,
las jóvenes y las niñas.
2.
Page 12
12
a agentes estatales: por perpetración directa, el 5,77% (seis víctimas); por omisión,
tolerancia, aquiescencia o apoyo a las violaciones cometidas por grupos paramilitares,
el 81,73% (85 víctimas). A las guerrillas se les atribuyó la presunta autoría del 12,50%
de los casos (trece víctimas).
Con respecto a las niñas que mueren víctimas de la violencia sociopolítica
hay un aumento significativo comparado con el periodo anterior de un año
10
, durante el
cual murieron quince de ellas; mientras que en el siguiente semestre
11
(la mitad del tiempo),
por lo menos trece niñas fueron víctimas de violencia sociopolítica. También murieron
trece mujeres jóvenes.
E
L
SECUESTRO
COMO
VIOLACIÓN
DEL
DERECHO
A
LA
LIBERTAD
12
Durante el periodo comprendido entre octubre de 1996 y septiembre de 1999,
se produjo un incremento de más del 300% en el número de mujeres víctimas del se-
cuestro, pues de 38 mujeres secuestradas en el año de 1996, se ascendió a 162 en 1999.
En total fueron secuestradas 272 mujeres en el periodo estudiado. A las guerrillas se
atribuye a la presunta autoría de 248 del total de los secuestros y a los grupos paramilitares
19 de los secuestros cometidos contra mujeres.
10
Octubre de 1999 a septiembre de 2000.
11
Octubre de 2000 a marzo de 2001.
12
La información sobre secuestros corresponde al periodo comprendido entre octubre de 1996 y
septiembre de 1999. El periodo es anterior al analizado en los capítulos 1 y 2 de este Informe,
pues no se cuenta con información actual consolidada.
Page 13
13
F
ORMAS
DE
VIOLENCIA
CONTRA
LAS
MUJERES
Y
LAS
NIÑAS
EN
EL
CONTEXTO
DEL
CONFLICTO
ARMADO
Dentro del contexto de la violencia sociopolítica colombiana, las mujeres y
las niñas sufren los efectos directos e indirectos de la confrontación y, bajo estas circuns-
tancias, han sido víctimas de violaciones a sus derechos humanos por razones diversas:
por vivir en zonas de conflicto, por tener relaciones afectivas o familiares con algún actor
armado, por ser líderes comunitarias, por trabajar a favor de las víctimas, porque son
obligadas a albergar o a alimentar a los actores armados, o por otras razones relacio-
nadas con su condición de mujeres. Sin embargo, por la vigencia de una cultura que dis-
crimina y subordina a las mujeres y las niñas, los efectos de la confrontación armada
sobre ellas han sido invisibilizados durante mucho tiempo. En el contexto de la violen-
cia sociopolítica se usan, reproducen y profundizan las diversas discriminaciones y ex-
clusiones sociales, especialmente la discriminación con base en la identidad de género.
En este aparte se evidencian las múltiples formas de violencia contra las
mujeres y niñas, abordando los siguientes temas: mujeres y niñas desplazadas, violen-
cia contra la participación de las mujeres y sus organizaciones, niñas desvinculadas del
conflicto armado, violencia sexual contra mujeres, jóvenes y niñas.
M
UJERES
Y
NIÑAS
DESPLAZADAS
13
C
ONTEXTO
GENERAL
:
DINÁMICAS
DEL
CONFLICTO
ARMADO
Y
EL
TERROR
En el momento actual en Colombia, todos los actores armados entienden el
dominio territorial como un juego “suma cero”, en el cual no existe un espacio neutral,
no hay espacio disponible para soluciones negociadas. La población civil está atrapada
en la lógica paranoica de “si no estás conmigo estás contra mí”. Para la población rural
empobrecida la única salida de este caos es escapar a las ciudades. Por tanto, las fami-
lias rurales escapan en silencio, gotean lentamente hacia las ciudades y buscan refugio,
cada una por su cuenta. Con excepción de la ciudad de Turbo, cerca de la costa Atlán-
tica, no hay centros de recepción para población desplazada. Este desplazamiento de
tipo individual y disperso es la modalidad dominante en Colombia. Desde los ochenta,
los flujos de población desplazada han aumentado dramáticamente y sus orígenes geo-
gráficos se han extendido de manera alarmante
14
.
13
Donny, Meertens, Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR), Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA),
Contribución al informe preparado por la mesa de trabajo mujeres y conflicto armado, con ocasión
de la visita de la relatora especial sobre violencia contra la mujer, Bogotá, octubre de 2001.
14
Tomado y traducido de Donny Meertens, The Nostalgic Future: Terror, Displacement and Gender
3.
Page 14
14
C
IFRAS
Y
MODALIDADES
DE
DESPLAZAMIENTO
Se estima que el número total de desplazados en Colombia oscila entre
600.000 y dos millones de personas, dependiendo de la fuente (gubernamental o no-
gubernamental), y del periodo que se toma en consideración (los últimos cinco años, en
el primer caso y los últimos quince años en el segundo)
15
. El documento Compes
16
3057
de noviembre de 1999 estimó que en Colombia existían 400.000 personas desplazadas
forzadamente que requerían atención y que desde 1996 anualmente se ha desplazado
un número cercano a 25.000 familias (125.000 personas). Si a esta cifra se suma la
estimación de la Red de Solidaridad Social (RSS)
17
sobre el desplazamiento, para el
año 2000 estaríamos frente a una cifra oficial acumulada de unos 525.000 desplaza-
dos con necesidad de atención. Se considera que entre el 30% y el 50% del total de
desplazados se encuentran en las grandes ciudades y sus alrededores, mientras el resto
llega mayoritariamente a centros urbanos pequeños.
Tanto la Red de Solidaridad Social (RSS) como la Consultoría para el des-
plazamiento forzado y los derechos humanos (Codhes)
18
, señalan un crecimiento cons-
tante del número de eventos de desplazamiento durante los últimos años, y un aumento
en el número de personas desplazadas. Según la RSS, en los seis primeros meses del
año 2001 se han desplazado 85.012 personas. Comparado con el primer trimestre de
2000, se da un crecimiento de 64% en el número de personas y un crecimiento del 118%
en el número de eventos de desplazamiento
19
. Las estimaciones de Codhes para el año
2000 alcanzan un número total de 315.000 personas desplazadas y para el primer tri-
mestre de 2001 arrojan un total de 91.166 personas desplazadas. Lo anterior supone
un aumento de 34.210 personas, un 60% más que el primer trimestre de 2000.
De 60.623 registradas en el Sistema de Información sobre Población Des-
plazada por la Violencia en Colombia “RUT” del Secretariado Nacional de Pastoral
Social, 29.683 son mujeres, de ellas, 24.392 son mestizas, 4.666 son afrocolombianas
in Colombia, Victims, Actors or Perpetrators? Gender, Armed Conflict and Political Violence,
Caroline Moser and Fiona Clark (eds.) London, Zed Books, 2000, pp. 133-148.
15
Discrepancias que resultan de diferentes metodologías de conteo, de las dificultades prácticas
para el registro confiable de desplazados en un país en guerra, y del enfoque político que se le
quiere dar (mostrar la devastación y despoblación de las zonas rurales o calcular las personas
que requieran atención humanitaria oficial).
16
Consejo para la Política Económica y Social (agencia gubernamental).
17
Sistema de Estimación del Desplazamiento Forzado (SEFC), Unidad Técnica Conjunta (RSS)
(agencia gubernamental), agosto de 2001.
18
Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) (organización no gu-
bernamental), “Desplazados el rostro anónimo de la guerra”, en Codhes informa, Bogotá, junio
de 2001.
19
En el año 2000 hubo un promedio de cuatro desplazamientos por día, en el 2001 el promedio
asciende a seis.
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15
y 625 son indígenas. El 51.59% son niños y niñas. De este número, 16.257 son niños
(52%) y 15.015 (48%) niñas
20
.
Estas cifras presentan varios problemas: es un acumulado que no permite
conocer la proporción de personas que se desplazaron en más de una ocasión (los pro-
cesos de desplazamiento-retorno-desplazamiento se presentan con frecuencia entre los
desplazados, que finalmente llegan a las grandes ciudades); no existen datos sobre los
que regresaron a sus lugares de origen o se reubicaron; la información no aparece nece-
sariamente desagregada por género y, aunque se recoja información diferenciada en la
fuente, no se procesa de manera que aparezca el impacto diferente en hombres y en
mujeres; por ende, el desplazamiento de mujeres solas, o mujeres jefas de hogar, suele
ser subregistrado por el temor de ellas de acercarse a las autoridades.
Los actores armados usan la violencia o la amenaza de la violencia como
una forma de ejercer control sobre el territorio y la población en todo el país. Las cau-
sas del desplazamiento en el 2001, según la RSS
21
, son: amenazas generalizadas (44%),
enfrentamientos armados (15%), masacres (9%), amenazas específicas (5%) y tomas
de municipios (3%). Las masacres son los actos de violencia que más población despla-
zan de una vez (un promedio de 224 personas por masacre). Entre los presuntos auto-
res del desplazamiento se encuentran los grupos paramilitares (entre el 46% y el 63%)
22
,
los grupos guerrilleros (entre 12% y 13%), los agentes del Estado (0.65%) y agentes
desconocidos (entre 19% y 24%).
El impacto del desplazamiento en las mujeres, las adolescentes y las niñas
en Colombia es significativo. Las estimaciones sobre la proporción de mujeres despla-
zadas forzadamente en Colombia apuntan a un porcentaje que oscila entre 49% y 58%
del total de la población desplazada
23
. La suma de las mujeres, los niños y las niñas se
acerca al 74% de la población desplazada colombiana
24
con necesidad de atención es-
pecífica, que puede llegar hasta un 80% en el caso de la población desplazada asentada
en centros urbanos grandes.
Para muchas mujeres el desplazamiento implica asumir la jefatura del ho-
gar, dado el elevado número de viudas de la violencia, el desarraigo y los efectos de la
fragmentación familiar. En un estudio reciente de población desplazada en Bogotá, se
20
Sistema de Información sobre Población Desplazada por la Violencia en Colombia “RUT”,
boletín trimestral, No. 10, Secretariado Nacional de Pastoral Social, Bogotá, abril a junio de
2001.
21
Unidad Técnica Conjunta (UTC), Red de Solidaridad Social (RSS), “Informe sobre desplaza-
miento forzado en Colombia”, primer semestre, 2001.
22
Datos de la RSS y Codhes.
23
RSS, “Informe sobre desplazamiento forzado en Colombia”, primer trimestre, 2001. Los
departamentos donde hay mayor proporción de mujeres desplazadas son los siguientes: La Gua-
jira, Meta, Valle del Cauca, Santander y Boyacá.
24
RSS, “Atención a población desplazada por la violencia en Colombia”, informe de gestión.
Bogotá, enero de 2000-junio de 2001.
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16
encontró que las mujeres cabeza de hogar eran en un 40% viudas que huyeron con sus
hijos tras la muerte violenta de sus maridos, y en un 18% habían sido abandonadas después
de llegar a la ciudad
25
. Las mujeres que se desplazan en forma dispersa –individual o
familiar– (la modalidad dominante en Colombia) se encuentran en situación de mayor
vulnerabilidad que las mujeres que huyen en medio de una colectividad más o menos
organizada (como suele presentarse en algunas regiones como el Magdalena Medio y el
Urabá).
Al igual que en el caso de las mujeres, los datos sobre niñez y desplazamien-
to son escasos. Según el Sistema de Información y Seguimiento al Desplazamiento (Sisdes)
en 1998 el 13% de la población infantil desplazada correspondía a menores de cinco
años, el 20% está entre cinco y nueve años, el 13% entre diez y catorce años, y el 9%
tiene entre quince y 18 años
26
. Unicef estima que hay unos 6.000 menores, en su mayo-
ría entre los catorce y los 18 años, vinculados a los grupos armados ilegales, muchos de
estos jóvenes pertenecen a comunidades de desplazados. En varios estudios, evitar el
reclutamiento del hijo o la hija por uno de los grupos armados aparece como causa re-
lativamente habitual del desplazamiento forzado.
No hay encuestas que den cuenta de las necesidades especiales de protección y
de asistencia de las mujeres desplazadas, aunque existen estudios de caso o consultas
que permiten afirmar que las cifras presentadas están ampliamente superadas por la
realidad
27
.
E
FECTOS
DEL
DESPLAZAMIENTO
SOBRE
EL
EJERCICIO
DE
LOS
DERECHOS
DE
LAS
MUJERES
Diferencias de género a lo largo del desplazamiento
Entre las víctimas del desplazamiento, las mujeres campesinas tradiciona-
les –en especial las viudas de la violencia– han sufrido una mayor pérdida de su identi-
dad social que los hombres
28
. Sin embargo, son ellas quienes deben asumir la
25
Jorge Rojas, “Desplazamiento forzado, conflicto social y derechos humanos”. Ponencia pre-
sentada al Seminario sobre desplazamiento forzado y conflicto social en Colombia, Bogotá,
Universidad Nacional de Colombia, 1997. La cifra más alta de jefatura femenina del hogar,
49%, aparece en un estudio de familias desplazadas en Cali (Comisión Vida, Justicia y Paz, y
Arquidiócesis de Cali, 1997, p.42).
26
Codhes Informa, No. 37.
27
Tomando esto como base, el Acnur organizó la “Consulta con mujeres desplazadas y principios
rectores del desplazamiento” en mayo de 2001 con el apoyo de las agencias que integran el
Grupo Temático de Desplazamiento. Muchos de los resultados de la Consulta se presentan en
este documento.
28
Para la campesina tradicional, de pequeña finca, su identidad social está arraigada a relacio-
nes primarias (entorno doméstico, familia y vecinos) y, por su falta de movilidad social y geográ-
fica, vive en un mundo más reducido que el de otras campesinas (no tradicionales) que han salido
a colonizar nuevas tierras y han ampliado sus horizontes. Por eso, para las primeras, las ruptu-
ras son más fuertes.
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responsabilidad de la supervivencia física de la familia y enfrentar la construcción de
una nueva identidad social en un medio urbano desconocido y hostil. Los hombres des-
plazados, por su parte, debido a su mayor movilidad geográfica y su mayor experiencia
social y política, han enfrentado con más fuerza las rupturas con el tejido social de su
entorno rural. Pero en la fase de reconstrucción de la vida familiar, las oportunidades
para hombres y mujeres parecen invertirse: el impacto del desplazamiento se concentra
para los hombres en su desempleo, situación que los despoja del papel de proveedores
económicos. En contraste, las mujeres parecen mejor equipadas para continuar las ru-
tinas de las labores domésticas, tanto en el servicio a otros como en su propio hogar. A
pesar de los traumas, la pobreza, la falta de espacio y de tiempo para vivir el duelo, se
han presentado algunas posibilidades de ampliar sus horizontes y su autonomía.
Violencia contra las mujeres desplazadas
La violencia que antecede al desplazamiento o que acontece durante el des-
plazamiento se manifiesta también en forma diferente para las mujeres. Si bien es cier-
to que las víctimas de la violación del derecho a la vida mediante ejecuciones extrajudiciales
y masacres son mayoritariamente los hombres, la violencia contra las mujeres, en par-
ticular la violencia sexual por parte de actores armados, es práctica habitual en un contexto
de degradación del conflicto e irrespeto del derecho internacional humanitario. En al-
gunos casos, estas situaciones acompañan las masacres, o se presentan aisladas como
modo de ejercer el terror o la amenaza. Hay dos tipos de situaciones que merece la pena
mencionar: la retención o secuestro temporal de mujeres por actores armados con el fin
de abusarlas sexualmente, y la exigencia de trabajo doméstico sin contraprestación.
Una mañana llegaron los paramilitares a Mapiripán (...) pensába-
mos que eran militares. Permanecieron todo el día en el pueblo
(...). Ellos hacían las cosas delante de la gente. A la fuerza se
metían a las casas para que los atendieran, para que les dieran
comida y les lavaran la ropa. A las mujeres las manoseaban, les
gritaban cosas obscenas y a muchas las violaron y mientras hacían
todo esto soltaban grandes risotadas
29
.
Otro ángulo de la violencia contra las mujeres desplazadas es la violencia
intra-familiar, que se agudiza por efecto del trauma del conflicto y de las condiciones en
las que viven los desplazados.
Mi marido nunca me había pegado hasta que llegamos aquí. Las
mamás nos desesperamos de ver la dificultad de todo y les pega-
mos a los pelados
30
.
29
Testimonio de una mujer desplazada por la violencia en el Departamento del Meta en 1997.
Recogido por la Asociación Juana de Arco, octubre de 2001.
30
Testimonio de una mujer desplazada por la violencia a la ciudad de Cartagena, Departamento
de Bolívar. Recogido durante el primer taller sobre violencia contra las mujeres en el contexto
del conflicto armado, realizado por la Mesa de Trabajo “Mujer y conflicto armado”. Cartagena,
septiembre de 2001.
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18
31
Ibíd.
32
Profamilia, Colombia (organización no gubernamental), “Primera encuesta nacional sobre la
salud sexual y reproductiva: situación de las mujeres desplazadas”. Bogotá, octubre 2000-mayo
2001.
33
Testimonio de una mujer desplazada por la violencia perteneciente a la Liga de Mujeres Des-
plazadas de Bolívar. Primer Taller sobre violencia contra las mujeres en el contexto del conflicto
armado, realizado por la Mesa de Trabajo “Mujer y conflicto armado”, Cartagena, septiembre
de 2001.
34
Consultoría para el Desplazamiento Forzado y los Derechos Humanos; Codhes, Unicef, Oficina
de área para Colombia y Venezuela, Esta guerra no es nuestra. Niños y desplazamiento forzado
en Colombia, Bogotá, marzo de 2000, p. 47.
Aquí toca aguantar hambre, la falta de recursos económicos gene-
ra peleas en la casa, los hijos se vuelven agresivos, vivimos en
espacios muy pequeños
31
.
Las mujeres, las niñas y los niños son las principales víctimas de la violencia
intrafamiliar. La encuesta publicada por Profamilia
32
en agosto de 2001 sobre la situa-
ción de las mujeres desplazadas indica que una de cada dos mujeres entrevistadas ha
sido agredida físicamente por su cónyuge, y que entre las mujeres embarazadas el 20%
fue objeto de violencia física durante el embarazo.
De otro lado, los actores armados amenazan y ultrajan a las mujeres por ser
solidarias con su esposo o compañero, por defender a sus hijos e hijas del reclutamiento
forzoso, o por la pareja que eligen.
A mí me cogieron a mi esposo, fueron los paramilitares. Yo fui a
pedirles que lo dejaran ir. Estaba embarazada. Me empujaron, me
pusieron la culata del arma en la barriga y me empujaron. Me
decían otra vez viene esa hijueputa perra. Uno de ellos dijo: “dis-
párale a esa hijueputa tan atrevida”. Luego soltaron a mi marido,
pero siempre vivíamos con angustia, con miedo, por eso nos fui-
mos, ahora estamos desplazados
33
.
Ellos habían dicho que mi niña, que tiene quince años, ya estaba
en condiciones de ingresar al movimiento. La invitaban a reunio-
nes para hablar de la lucha armada y le decían que se preparara.
En las noches ella me decía que no quería irse y que le daba mucho
miedo llevarles la contraria. Entonces, decidimos que era mejor
salir de allá para evitar que la niña terminara en la guerrilla. Por
eso dejamos todo y nos vinimos apoyándonos en un tío de la niña
que vive en Bogotá
34
.
Llegaron los paramilitares a la finca bananera “Agropecuaria
Yerbazal” (Urabá, Antioquia), recogieron a todos los que estaban
trabajando y preguntaron que quien había sido sindicalista. Dije-
ron que tenían que hablar con ellos. A las dos de la mañana apare-
ció un amigo de mi esposo trabajador de la misma finca diciendo
que mi esposo estaba en una lista y que los paramilitares lo iban a
matar. Yo nunca participé en este conflicto. Yo fui victimizada. No
participé en esa guerra. (...) Decidí venirme para Cartagena por-
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19
35
Testimonio de una mujer desplazada por la violencia, recogido por la Liga de Mujeres por la
Paz y la Libertad, Cartagena, septiembre de 2001.
36
Cédula de ciudadanía y registro civil de nacimiento.
37
Testimonio de una mujer desplazada por la violencia. Primer taller realizado por la Mesa de
Trabajo “Mujer y conflicto armado” sobre violencia contra las mujeres en el contexto del con-
flicto armado, Cartagena, septiembre de 2001.
que los paramilitares me tocaban todas las noches en la puerta a
ver si mi esposo estaba. Ahí empieza nuestro mar de lágrimas. Yo
no me quería venir para Cartagena, porque sabía que aquí íbamos
a pasar muchos sufrimientos
35
.
Este tipo de amenazas permanece invisible, porque en muchas ocasiones no
se denuncia. Muchas veces las mujeres se exponen a las amenazas por ser ellas quienes asu-
men el papel de denuncia o de mediación ante la desaparición o muerte de sus familiares.
Documentación personal
Las mujeres, en especial las mujeres del ámbito rural, no acceden fácilmen-
te ni a la documentación personal ni al registro
36
. Como consecuencia, tienen mayores
dificultades para obtener la propiedad de la tierra, el crédito, la vivienda y los servicios
de educación y salud. Este problema es aún más agudo en el caso de las mujeres indíge-
nas y afrodescendientes debido a barreras culturales que ahondan la brecha de la inequidad.
Además, el abandono familiar y el no reconocimiento de la paternidad es un problema
habitual para el registro de los hijos y el derecho al nombre de los niños y las niñas des-
plazados.
Libertad de circulación
La seguridad de la población desplazada se ve gravemente afectada por las
restricciones a la libertad de movimiento que imponen los actores armados. Las muje-
res suelen ser las encargadas de movilizarse para conseguir los bienes de supervivencia
familiar, porque se cree que están menos expuestas a ser víctimas de ejecuciones extra-
judiciales o desapariciones. Sin embargo, esta tarea las expone a maltratos y a chantajes.
Los paramilitares habían cercado el pueblo, yo les dije que tenía
que visitar a mi mamá que estaba muy enferma. Ellos me dijeron
que para poder salir tenía que dejarles a uno de mis hijos o las
llaves de la casa, como garantía de que iba a regresar. Yo les dejé
las llaves sabiendo que lo iba a perder todo. Pero como no regresé
me quemaron la casa
37
.