Dentro de estos movimientos de apertura democrática, de justicia so-
cial y de derechos humanos, el reto más importante ha sido lograr el recono-
cimiento, valoración y participación de las mujeres.
Si un hecho ha de marcar el pleno sentido de la democracia y justicia
en este final de siglo, sin duda alguna será el haber sentado las bases para que
la mitad de la población “pueda ser”.
Sin embargo, las acciones y procedimientos que buscan garantizar pri-
mero la equidad y luego la igualdad están muy lejos de haberse diseñado y
logrado en su totalidad. De ahí la importancia de revisar la forma en que se ha
venido ejerciendo el poder a través de las estructuras del Estado, en la legisla-
ción y en las políticas públicas.
Tal y como lo plantea Rosa Paredes (1994), las políticas públicas son
mecanismos a través de los cuales se institucionalizan los procesos. Por me-
dio de los ministerios y de los organismos de planificación rectores de la políti-
ca social, económica, fiscal y de crédito se articulan acciones que responden
al modelo de desarrollo. A través de las políticas públicas, los gobiernos desa-
rrollan programas y asignan recursos para corregir las desigualdades sociales
y para mejorar las condiciones de vida de la población.
En la actualidad, la elaboración de políticas públicas enfrenta un gran
desafío. A la luz de los movimientos mundiales que conducen a un milenio
basado en la equidad y la igualdad y dentro del marco de los principios de los
derechos humanos, las políticas públicas no pueden continuar siendo “neu-
tras”. Es necesario contemplar, dentro de sus posiciones y acciones, que las
mujeres y los hombres tienen condiciones de vida y necesidades diferentes
según el contexto cultural, económico, político, ideológico y ambiental en que
se desarrollan.
El no tomar en cuenta esta realidad ha conducido a:
•
Que las políticas no reflejan los compromisos tanto nacionales como
internacionales que los países han asumido en relación con el tema de
los derechos humanos y la equidad de género.
•
Creer que el desarrollo es igual para todas las personas, negando que
este tiene un impacto diferenciado según el género.
•
Dirigir las acciones y la participación solo a una parte de la población.
Como lo plantea Maité Rodríguez (1998), esto se refleja claramente en
la gestión ambiental, en donde existe: - una desproporción en cuanto a
los recursos que se asignan a los hombres y a las mujeres como partí-
cipes del desarrollo sostenible - en la falta de una concepción integrada
en las tareas ambientales, lo que propicia una visión reduccionista del
problema y fomenta en las poblaciones el traslado, únicamente a los
hombres, de todo el conocimiento y acceso a tecnologías necesarias,
para hacerle frente a los fenómenos de degradación ambiental existentes.