En cuanto a las metas en el plano de la mortalidad materna (véase el recuadro 4), la atención
en salud reproductiva y del conocimiento y prevalencia de métodos anticonceptivos, no existe la
misma complementariedad del caso anterior. No ha sido posible observar una relación inequívoca
entre los niveles de mortalidad materna (medida a nivel nacional por la razón de mortalidad
materna) y las intervenciones dirigidas a mejorar la atención en salud reproductiva y el acceso a
métodos de planificación familiar (Stanton, et al., en prensa y United Nations, 2000). Parte de ello
se debe a las dificultades de medición de la mortalidad materna (OMS/UNICEF, 1996), pero
especialmente a la diversidad de situaciones con respecto a las intervenciones específicas y al
funcionamiento de los programas.
En el ámbito de la fecundidad, las metas del Programa de Acción no se refieren a objetivos
específicos, sino a la posibilidad de que las personas tengan acceso a una atención en salud
reproductiva que les garantice la información y los medios para elegir libremente la formación de la
familia. Desde este punto de vista, más importante que aumentar la prevalencia de anticonceptivos
resulta disminuir la demanda insatisfecha de planificación familiar. Este es un objetivo del
Programa de Acción que se espera lograr a corto plazo. Generalmente, la demanda insatisfecha se
mide como el número de mujeres que no desean quedar embarazadas, que se encuentran
sexualmente activas pero no están usando ningún método anticonceptivo. Esta medición busca
reflejar la carencia de medios para que las parejas formen su familia en el momento y de la manera
que deseen (Westoff y Bankole, 2000). En general, se aprecia que la demanda insatisfecha tiende a
aumentar en las primeras etapas de la transición, cuando aparece un interés por limitar el número de
nacimientos y luego tiende a disminuir (Westoff y Bankole, 2000). Sin embargo, esta disminución
no es uniforme, pues la demanda insatisfecha se compone del uso tanto para limitar los nacimientos
como para espaciarlos; es decir, no se trata de una medida exclusivamente ligada a la disminución
de la fecundidad "completa" sino más bien a las decisiones sobre la formación de la familia (véase
el cuadro 1). Adicionalmente, las metas del Programa de Acción se refieren no solo a la limitación
del número de nacimientos por parte de las mujeres en edad reproductiva sino también a la atención
en salud reproductiva, incluida la salud sexual.
La diferente ubicación de los países en la transición tiene otras implicaciones, y una de las
más importantes es la diferencia en la estructura etaria (Chackiel, 1999; Schkolnik y Chackiel,
1998). En los países cuyos niveles de natalidad y mortalidad son elevados, los menores de 15 años
constituyen más del 40% de la población; la población mayor de 60 años tiene más peso relativo en
los países con bajos niveles de natalidad y mortalidad, y ello se traduce en diferencias importantes
en la relación de dependencia (véase el cuadro 1). Para el año 2000 se estima que en Chile hay 55
personas inactivas por cada 100 potencialmente activas, y en Guatemala la cifra llega a 89 inactivas.
Además, el distingo en el peso relativo de los grupos etarios está indicando que el énfasis de las
políticas y programas dirigidos a mejorar el bienestar de la población también debe depender de la
etapa de la transición demográfica.
Otro ejemplo de las diferencias en la distribución por edades se percibe en los programas
dirigidos a disminuir la mortalidad. Como hay correspondencia entre la estructura etaria de la
población y la de las defunciones, los países de más alta mortalidad deben dirigir las acciones
mayoritariamente a la población menor de 5 años de edad. En los países de más baja mortalidad y
en una etapa más avanzada de la transición, la mayoría de las defunciones ocurren en los población
adulta y las acciones para disminuir la mortalidad dependerán de las distintas patologías. Ello se
refleja en el cociente entre las defunciones de niños y las de adultos mayores,