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Papeles de Cooperación
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Comisión Nacional de Cooperación para el Desarrollo
Papeles
de Cooperación
1999-2001
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Comisión Nacional de Cooperación para el Desarrollo
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La ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo: de la ayuda a la cooperación
1999
2
La Ayuda Oficial al Desarrollo en España (1989-1999). Balance de 4 años (1996-1999)
1999
3
Mujeres y Desarrollo
1999
4
La Cooperación Oficial Descentralizada
1999
5
Nuestro compromiso contra la pobreza
2000
6
Participación y Género en el proceso de Desarrollo Agrícola Sostenible
2000
7
España en el problema de la Deuda Externa
2001
8
La Política de Cooperación Internacional para el Desarrollo, una política de España
2001
9
Líneas generales de la política española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
2001
10
La pobreza no es una cuestión estadística
2001
11
Programa de Cooperación para el Desarrollo de la Generalitat de Valencia
2001
12
Líneas Generales de actuación y proyectos futuros
de la Agencia Española de Cooperación Internacional
2001
13
Plan Director de la Cooperación Española 2001-2004
2001
INDICE
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Comisión Nacional de Cooperación para el Desarrollo
Papeles
de Cooperación
Pablo Izquierdo Juárez
Diputado Nacional. Portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Congreso.
Presidente de la Comisión Nacional de Cooperación del Partido Popular
1999
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La ley de Cooperación Internacional para el
Desarrollo: de la ayuda a la cooperación.
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Comisión Nacional de Cooperación para el Desarrollo
1. Un nuevo concepto de Desarrollo Humano.
- Un nuevo escenario internacional.
- La ayuda internacional en revisión.
- El derecho al desarrollo: un derecho fundamental.
- Libertad, democracia y desarrollo.
- Crecimiento y desarrollo.
- Globalidad y desarrollo.
2. Nuevos Principios para la Cooperación al Desarrollo.
- De la ayuda a la cooperación.
- Nuevos agentes de desarrollo.
- Asociación, Corresponsabilidad, Coherencia y Participación.
3. La Cooperación al Desarrollo en España.
- La reforma pendiente: La Ley de Cooperación.
- El nuevo marco jurídico.
- El papel de la sociedad civil.
- Los Fad y la cuestión del 0,7.
- La deuda externa.
4. La Solidaridad en el “centro” de la política.
- Cuatro años de impulso y reformas.
- Los retos del futuro.
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1. Un nuevo concepto de Desarrollo Humano.
La década de los noventa, que ahora termina, comenzó con un escenario internacional
radicalmente distinto y como consecuencia del acelerado proceso de cambio y reformas
ocurrido desde 1989 en la Europa del Este.
Lo que ha dado en llamarse “la caída del Muro” supone, entre otras cosas, la
desaparición en la geoestrategia internacional del sistema bipolar de bloques (Este-Oeste)
vigente desde la segunda guerra mundial. El fracaso del socialismo real supone también y de
alguna manera el triunfo del sistema democrático occidental y su economía de mercado. Al
tiempo, Europa intenta acelerar su proceso de unión, los fundamentalismos de origen diverso
cobran protagonismo internacional y reverdecen tensiones y conflictos nacionalistas que
parecían olvidados en la historia.
Con la desaparición del viejo sistema de bloques y el final de la “guerra fría” empiezan
a percibirse, en el mundo, con extraordinaria nitidez las enormes diferencias y desigualdades
entre un Norte, rico y desarrollado, y un Sur, pobre, endeudado y subdesarrollado. El sistema
bipolar Este-Oeste da paso al binomio Norte-Sur. El subdesarrollo y la pobreza pasan a un
primer plano de la política internacional al ser considerados factores que amenazan la Paz, la
seguridad y la estabilidad internacional.
La “Lucha contra la pobreza”, el sistema de ayuda internacional al desarrollo se pone
rápidamente en revisión. Naciones Unidas lidera este proceso y realiza un esfuerzo
significativo para reformular y consolidar un nuevo concepto de desarrollo humano. Río de
Janeiro en 1992, Viena en el 93, El Cairo durante 1994, la conferencia de Copenhague al año
siguiente, Pekín, también en 1995 y Estambul ponen de manifiesto su relación con el medio
ambiente, que es un derecho humano fundamental, la población como eje del desarrollo, su
dimensión social, la importancia de la mujer y el derecho a la vivienda.
Desde mi punto de vista el nuevo escenario internacional acelera la crítica y revisión del
sistema internacional de ayudas hasta el momento vigente y provoca también una profunda
revisión del concepto de desarrollo humano. El cambio teórico fundamental se produce con la
Resolución 41/128 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que en su artículo 1.1.
expresó que “El derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable en virtud del cual
todos los seres humanos y todos los pueblos están, facultados para participar en un desarrollo
económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los
derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir a su desarrollo y a disfrutar de él”.
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Comisión Nacional de Cooperación para el Desarrollo
Nos encontramos con una declaración donde el desarrollo se pone en relación con los
derechos humanos y libertades fundamentales, es él mismo uno más de esos derechos
fundamentales de las personas y los pueblos. En esta resolución laten también conceptos
claves como los de participación social y corresponsabilidad de todos en el desarrollo.
La relación entre desarrollo y derechos humanos la encontramos también en los
informes sobre desarrollo humano del PNUD. Cito el de 1996:
“Algunos dirigentes políticos sostienen que los gobiernos deberían concentrarse en
satisfacer las necesidades básicas, como alimentos, vivienda y ropa, en lugar de garantizar el
derecho de la gente a votar. Consideran que los derechos políticos y las libertades son “lujos”
que los países pobres no se pueden permitir.
Pero las oportunidades económicas y políticas tienden a reforzarse recíprocamente.
Como ha dicho Sen, las olas de hambre graves rara vez ocurren en países independientes y
democráticos que poseen una prensa libre. Una razón sencilla es que, aunque el hambre
puede matar millones de personas, no mata a los gobernantes. Reyes y presidentes,
burócratas y jefes, generales y jefes de policía, nunca pasan hambre.
Si no hay elecciones, no hay partidos de oposición, no hay foros donde se ejerza la
crítica públicamente, quienes gobiernan no tienen que preocuparse por las consecuencias
políticas del fracaso en la prevención de una ola de hambre. Que Botswana y Zimbabwe
hayan logrado impedir una ola de hambre, y que Etiopía y el Sudán no lo hayan hecho, son
prueba de la importancia de la participación política y la democracia para ayudar a la gente a
satisfacer sus necesidades básicas.”.
Como Uds. saben el Informe sobre Desarrollo Humano 1996, está dedicado al binomio
crecimiento-desarrollo y su mensaje fundamental es que “no hay vínculos automáticos entre
crecimiento económico y desarrollo humano, pero cuando se forjan tales vínculos mediante
políticas deliberadas, puede lograrse un refuerzo mutuo, de modo que el crecimiento
económico impulse eficaz y rápidamente el desarrollo humano. Las políticas gubernamentales
tienen importancia vital”. El PNUD se pregunta sobre el futuro y nos dice que: “Aún no se ha
escrito el libreto para el desarrollo humano en el siglo XXI; comenzará a quedar escrito en
función de las opciones políticas que hagamos al aproximarnos al final de este siglo. En
condiciones ideales, al hacer esas opciones se admitirá como premisa que las economías
existen para la gente, y no la gente para las economías.”.
Las Conferencias Internacionales aportan formulaciones teóricas, ideas, pero también
compromisos y planes concretos junto a continuas llamadas de atención sobre la realidad.
Como aquella también del PNUD que ya en 1994, en su informe anual aseguraba que “La
Comunidad de las Naciones no alcanzará sus objetivos mayores (paz, medio ambiente,
derechos humanos, democracia, demografía, integración social) sin colocarse en un contexto
de desarrollo durable que favorezca la seguridad humana.”.
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El fenómeno de la globalidad, provocado de alguna manera por la universalización de
la información, que tiene su origen en la aplicación de las nuevas tecnologías, la creciente
integración de países y economías, la creciente interdependencia de los países, ha
contribuido notablemente a considerar los problemas derivados del subdesarrollo y la
pobreza como algo que afecta a la comunidad internacional y no únicamente a quien lo
padece. A esta convicción algunos llegan desde el análisis pragmático de la realidad y
entienden la cooperación internacional, como una cuestión más de “responsabilidad” que de
solidaridad.
En este contexto hay que entender las palabras del anterior presidente de gobierno en
España, el Sr. González, pronunciadas el pasado año en Marruecos: “...la cooperación de
España con el Norte de Africa no es una cuestión de solidaridad, está basada en el egoísmo
responsable...”. No es una cita literal. Otros líderes europeos, en estos momentos, prefieren
hablar de “solidaridad internacional” y de justicia internacional, más en consonancia con la
Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en Viena en 1993, a la que hemos
hecho referencia anteriormente, que concede al desarrollo y al bienestar la categoría de
derecho humano fundamental. La lucha contra la pobreza y la promoción de este derecho no
puede ser considerada ya como algo voluntario o discrecional, es una obligación internacional
de todos y de cada uno de los países y pueblos. La última cita no se trae aquí desde la crítica.
Entenderán Uds. el sentido de mi intención, al repasar después la evolución de las políticas
de cooperación en España.
2. Nuevos Principios para la Cooperación al Desarrollo.
La revisión del sistema internacional de ayudas es un proceso paralelo al descenso de
la cuantía de la Ayuda. Descenso de la Ayuda que tiene lugar en medio de una abierta crítica
a la eficacia del propio sistema, al tiempo que la formulación del derecho al desarrollo impide
concebir la Ayuda como una mera transferencia de recursos, dando paso a un más amplio
concepto de cooperación internacional.
Si la captación de recursos sigue siendo importante, la opinión pública y los gobiernos
empiezan a considerar otras tareas de gran importancia: el desarrollo de las infraestructuras
económicas y sociales, el desarrollo de la capacidad tecnológica, la formación de recursos
humanos, el fortalecimiento de la democracia y sus instituciones y el apoyo a las prácticas
propias del buen gobierno.
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Comisión Nacional de Cooperación para el Desarrollo
Buscar la “eficacia” en las políticas de ayuda va a promover también la identificación de
nuevos agentes responsables de ese proceso, tanto en los países donantes como en los
receptores de ayuda.
Estoy, en estos momentos, citando ideas que se encuentran en las consideraciones
previas de lo que puede ser el primer y futuro Plan Director de la Cooperación Española. Cito
ahora de forma literal: “En el pasado, al Estado se le atribuía un papel protagonista...La visión
tradicional del desarrollo aparecía asociada a la presencia de un Estado paternalista, con una
vocación nítidamente intervencionista. Subyacía en el fondo una desconfianza profunda
respecto a la capacidad de la iniciativa privada para protagonizar los procesos de inversión y
cambio económico en un país en desarrollo... en la actualidad se tiene una visión más
equilibrada del papel que los agentes público y privado tienen en el proceso de desarrollo. Se
reconoce que al Estado le cabe una función crucial en la prestación de bienes públicos,
especialmente en la provisión de los servicios sociales básicos, en la configuración del marco
normativo en el que operan los agentes y en la determinación de la política para favorecer la
estabilidad y el crecimiento. Pero se considera también determinante la acción del sector
privado y de la sociedad civil en la promoción de un proceso de desarrollo humano sólido y
sostenible”.
Tres actores aparecen como agentes de desarrollo: Estado, sector privado y sociedad
civil. Las organizaciones sociales de todo tipo articulan el tejido social y permiten la
participación plena de la sociedad en los procesos de reforma y cambio que las políticas de
desarrollo deben necesariamente provocar. Una sociedad civil articulada y fuerte es la
principal garantía para el fortalecimiento de la democracia y el respeto de los derechos
humanos y las libertades y como consecuencia de esto, requisito para que las políticas de
desarrollo consideren al ser humano como destinatario y protagonista.
Esto es algo, como veremos, exigible tanto al país donante como al receptor de
ayudas. Los resultados de la evaluación, cuando se ha hecho, de los proyectos de
cooperación arrojan resultados distintos según se considere el impacto puntual de la ayuda
(micro), que siempre es positivo, y su impacto general (macro) sobre el desarrollo global, en
todos los sentidos (económico y social) del país receptor, no siempre positivo y en muchas
ocasiones, al menos completamente indiferente al mismo.
Cuestionar el sistema de ayudas en función de su eficacia real, ha supuesto cuestionar
no sólo la suficiencia de los recursos sino también plantear nuevos principios teóricos para
orientar una nueva política de ayuda al desarrollo. Cuatro grandes principios se perfilan como
orientadores básicos de una Ayuda que quiere alcanzar objetivos reales de desarrollo:
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1. Principio de Asociación.
El planteamiento unidireccional (desde el donante al receptor) de las políticas de ayuda,
vigente en el pasado, no se puede ya mantener. Los problemas que genera la pobreza
afectan a todos los pueblos. Es preciso pasar de un sistema de Ayuda a un sistema pleno de
“Cooperación”. Las políticas de cooperación son una responsabilidad compartida entre
donante y receptor y debe buscarse una relación de asociación contractual en la que se
compartan responsabilidades y se establezcan derechos y obligaciones respectivos.
2. Principio de Corresponsabilidad.
La Ayuda será eficaz si se integra en un programa de reformas y compromisos por
parte del beneficiario que afecten a las condiciones sociopolíticas existentes: derechos
humanos, democracia y estabilidad, desarrollo social y lucha contra la pobreza, etc.
3. Principio de Coherencia.
Las condiciones que son exigibles para mejorar la ayuda no son sólo exigibles al país
receptor. Al donante le es exigible el modo de gestionar la ayuda, la búsqueda de una mayor
coherencia del conjunto de sus políticas, tanto interiores como exteriores (económicas,
sociales, culturales, comerciales, etc.) con las políticas de cooperación al desarrollo. El
principio de coherencia, naturalmente, aconseja la mejor coordinación entre los países
donantes.
4. Principio de Participación.
La ayuda al desarrollo no puede ser considerada como una política pública más. Es
necesario entender la ayuda como la expresión de un compromiso social que afecta a todos
los ciudadanos. La sociedad civil, además de su papel de estímulo y control, vigilante de los
poderes públicos, debe comprometerse activamente y ser coprotagonista de las políticas de
ayuda a través de las organizaciones sociales y muy especialmente de las ONGD. La
necesidad de la participación de la sociedad civil en los programas de ayuda se hace más
evidente en el caso de las sociedades beneficiarias.
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Comisión Nacional de Cooperación para el Desarrollo
3. La Cooperación al Desarrollo en España.
1. La reforma pendiente: La Ley de Cooperación.
Durante la transición democrática la política exterior española estuvo condicionada por
la necesidad de conseguir la plena integración de España en la Comunidad Internacional. Los
gobiernos de Suárez, Calvo Sotelo y González, impulsaron una acción exterior orientada
básicamente a conseguir el respaldo internacional al proceso democrático español, la
afirmación de nuestro carácter occidental y europeo y la normalización de las relaciones
internacionales de España.
La política exterior española alcanza sus objetivos de normalización e integración al
final de la década de los ochenta y principios de los noventa. De modo general, podría
afirmarse que debido a lo anterior la política exterior española desde el inicio de la transición
y hasta el último gobierno socialista se ha basado más en planteamientos “posibilistas”,
realistas si se quiere, que en otros de reforma y cambio.
La década de los noventa comienza con un escenario internacional bien distinto. En
este escenario, España y el gobierno de entonces intentan buscar un espacio propio.
Empiezan a darse pasos para desarrollar una acción exterior activa en Europa, en el
Mediterráneo, en Iberoamérica y en Naciones Unidas. Recuérdese la conferencia
euromediterránea de Barcelona, la primera cumbre iberoaméricana, la presencia de España
en operaciones de mantenimiento de la Paz, etc.
Desde el Parlamento y a través de las iniciativas del conjunto de los grupos
parlamentarios empieza a fraguase un amplio consenso para que la presencia de España en
el mundo se asiente con decisión y firmeza en la defensa de los Derechos Humanos, la
democracia y las libertades.
Con todo, los primeros noventa son años de una profunda crisis interna en España.
Crisis política, caracterizada por la inestabilidad parlamentaria y los escándalos de corrupción
gubernamental y crisis económica, desempleo, inflación, déficit, altos tipos de interés,
debilidad monetaria, etc. Crisis interna que va a restar eficacia y coherencia a un gobierno
más preocupado en su propia continuidad que en acometer los cambios y reformas que el
nuevo escenario internacional exigía a la política exterior española.
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Unas reformas, por cierto, perfectamente detectadas y reclamadas desde los
diferentes ámbitos de análisis, debate y reflexión. Así, Arenal en su libro “Las políticas de
España hacia Iberoamérica” nos habla de cuatro retos para la política exterior española: 1. La
necesidad de una mejor coordinación en la propia administración central y de ésta con el
conjunto de las administraciones públicas. 2. La reforma del servicio exterior. Su escasez de
recursos y la falta de análisis en el planeamiento y evaluación de la política exterior. 3. La falta
de una política cultural hacia el exterior coherente y global. 4. Y sobre todo, al ser lo que ahora
nos ocupa, el reto todavía pendiente de una política de cooperación al desarrollo equiparable
al papel internacional que España pretendía desarrollar.
El cambio político se produce en España en 1996. El nuevo presidente del gobierno,
José María Aznar, anunció en su discurso de investidura la recuperación del diálogo político
y social y la recuperación del consenso que había caracterizado la transición a la democracia
en España. Anunció, además, una serie de reformas de carácter político y económico para
sacar al país de la crisis y ponerle en situación de alcanzar sus principales objetivos nacionales
e internacionales. Unos objetivos, como el de la Unión Monetaria, de gran trascendencia tanto
interna como externa, que parecían imposibles a tenor de los numerosos datos negativos
heredados pero que finalmente se alcanzan gracias, entre otras, a las medidas de austeridad,
control y recorte del gasto público superfluo. Apenas dos años después España se encuentra
en mejor situación para encarar los retos de globalización e integración que ya plantea el
nuevo siglo.
Aznar es el primer presidente en la democracia española que en un debate sobre el
Estado de la Nación se refiere a las políticas de cooperación internacional para el desarrollo y
anuncia el compromiso de aprobar una ley, consciente de que la cooperación constituye cada
vez más uno de los elementos para juzgar el liderazgo y la proyección exterior de cualquier
país. España tenía que definir su papel en las relaciones internacionales y orientar en ese
sentido su política y su acción exterior.
La Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo será el instrumento jurídico
fundamental para la reforma pendiente. El 24 de Julio de 1997el consejo de ministros
aprobaba el proyecto de ley y el 18 de Junio de 1998, el Parlamento aprobaba el texto
definitivo de la Ley.
El consenso político y el amplio diálogo y debate social con todos los sectores sociales
afectados es la nota dominante durante el año que dura su tramitación parlamentaria. El
futuro de la cooperación y la defensa y promoción de los derechos humanos y libertades,
desde España y hacia el resto de la Comunidad internacional, necesitaba un marco jurídico
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Comisión Nacional de Cooperación para el Desarrollo
estable y claro. Un marco que consolidara las políticas de cooperación al margen de los
avatares políticos.
2. El nuevo marco jurídico.
La Ley de Cooperación promovida por el gobierno de José María Aznar es una
decisión política basada en la consideración que el derecho al desarrollo es uno más de los
derechos humanos y en que la solidaridad no puede ser considerada como una simple
cuestión asistencial o humanitaria, ni siquiera como una decisión que tiene su origen en el
“egoísmo responsable”. Es una cuestión de justicia internacional.
Con demasiada frecuencia se ha esgrimido, en los últimos años, la reciente
incorporación de España al club de los países donantes como excusa para justificar la
ausencia de un marco jurídico y normativo integrado y eludir las graves disfuncionalidades que
ha venido padeciendo nuestro programa de ayuda y entre ellas la descordinación, la ineficacia
e incoherencia, la falta de transparencia, de planificación, de seguimiento y evaluación de
nuestros proyectos y también la ausencia de consenso y participación activa de los agentes
sociales y el parlamento, en el diseño y definición de las políticas de cooperación. A estas
cuestiones intenta dar respuesta la ley.
Intenta conciliar y resolver la polémica entre crecimiento económico y desarrollo
humano, al definir la corresponsabilidad de los estados en su propio desarrollo como uno de
los principios capaces de asegurar la eficacia y la coherencia de las políticas de ayuda. Intenta
también superar el conflicto de competencias entre las administraciones, dándole al siempre
recurrente principio de la coordinación un sentido superior al desarrollar el principio de
coherencia.
La Cooperación internacional para el desarrollo es, de acuerdo con la ley de
Cooperación, parte de la política exterior y de la acción exterior del Estado. Con esta
definición la Ley intenta resolver las disfunciones creadas entre las competencias
constitucionales de la Administración Central, para quien está reservada la política exterior, y
la creciente participación de las Comunidades Autónomas, Municipios y Provincias en
actividades de cooperación internacional para el desarrollo.
La ley establece los principios, objetivos y prioridades (geográficas y sectoriales) de la
cooperación española que son de aplicación para el conjunto de las administraciones
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públicas y la cooperación no gubernamental y define sus instrumentos: la cooperación
técnica, la cooperación económica y financiera, la ayuda humanitaria tanto alimentaria como
de emergencia, incluyendo las operaciones de mantenimiento de la Paz, la educación para el
desarrollo y la sensibilización social.
La política española de cooperación se concretará en el Plan Director Cuatrienal y sus
respectivos Planes Anuales, que elaborados por el Gobierno tendrán que ser aprobados por
las Cortes Generales y asegurar así el consenso político, el debate y el diálogo social, al
establecer el previo dictamen del Consejo de Cooperación. El Parlamento conocerá también
los documentos de seguimiento y evaluación de nuestros programas. Se fortalecen los
mecanismos de control y transparencia. En la elaboración de dichos planes el gobierno
contará con tres órganos consultivos (de diálogo, participación, concertación y coordinación):
- El Consejo de Cooperación para el Desarrollo, donde participa la sociedad civil
(ONGD, agentes sociales, universidad, etc. ...).
- La Comisión Interministerial de Cooperación Internacional
- La Comisión Interterritorial de Cooperación para el Desarrollo, donde estarán las
Comunidades Autónomas, Ayuntamientos y Diputaciones.
Y dos ejecutivos:
- La Agencia Española de Cooperación Internacional.
- Las Oficinas Técnicas de Cooperación.
3. El papel de la sociedad civil.
La Ley de Cooperación otorga a la cooperación no gubernamental, a la sociedad, un
papel fundamental y de extraordinaria relevancia al reconocer que la política española de
cooperación es la expresión de un profundo sentimiento solidario que nace en y desde la
propia sociedad. En este sentido la Ley introduce medidas para fomentar la participación
social, apoyar a las ONGD, a los cooperantes y al voluntariado.
La reivindicación es un valor extraordinariamente positivo y consustancial al movimiento
no gubernamental. La desconfianza hacia la administración o las administraciones es, sin
embargo, la consecuencia de años de desencuentros, promesas incumplidas, intromisiones
e intentos totalizadores basados en ideologías y planteamientos políticos en exceso estatistas
e intervencionistas. Hoy las ONGD tienen un marco jurídico que puede posibilitar “políticas de
confianza”, basadas en el respeto, la coordinación, la colaboración y el convenio estable.
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Comisión Nacional de Cooperación para el Desarrollo
4. Los créditos Fad y la cuestión del 0,7.
En 1994, el CAD (Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE) señalaba el excesivo
peso del FAD (Fondos de Ayuda al Desarrollo) en el conjunto de la ayuda española y su
descordinación con el resto de instrumentos. Los créditos Fad han centrado en gran medida
el debate de la ley y propiciado posturas en exceso maximalistas, llegando incluso algunos a
pedir su desaparición. El proyecto de ley resolvía inicialmente el problema incluyéndolos
decididamente en el texto y en consecuencia, condicionándolos ya a los principios, objetivos
y prioridades establecidas en el documento. Se atendían de esta forma los criterios del Cad
y de la mayoría de expertos que consideran que un instrumento financiero reembolsable,
correctamente utilizado, puede ser útil al desarrollo. Las nuevas teorías sobre la
corresponsabilidad tienen en esto una importancia decisiva, así como la aparición de la figura
del microcrédito, también contemplado en la ley.
En España el debate se ha centrado en los últimos tiempos, quizá demasiado, en los
recursos económicos que las administraciones deben aportar para la ayuda. El debate ha
sido, no obstante, positivo por muchas razones y tiene su justificación. Debemos intentar, sin
embargo, en esta cuestión un ejercicio de responsabilidad y saber de donde partimos en
comparación con otros países para ponernos metas posibles y realistas. Los recursos para el
desarrollo son insuficientes y deben crecer hacia el horizonte del 0,7. Hoy son muchos los que
piensan que el esfuerzo de los países donantes debe medirse más que por la cantidad, por
el impacto real de la ayuda sobre el desarrollo. La concentración del esfuerzo económico
desde el punto de vista geográfico y sectorial comienza a plantearse abiertamente.
En el camino hacia el 0,7 el esfuerzo de las administraciones públicas en España es
desigual. Sí bien las CC.AA. Y CC.LL. han aumentado su contribución de manera muy
notable, aun están lejos del porcentaje que debiera corresponderles en función del gasto
público que ya controlan.
5. La Deuda Externa.
En esta línea y hablando de recursos para el desarrollo es obligado hacer una referencia
al problema de la Deuda Externa. Es un tema complejo y lleno de puntos de vista no sólo
económicos sino también políticos. Hablar de una total condonación puede resultar efectista
y ser muy poco útil para el desarrollo. Cualquier decisión que se tome debe proceder de una
cuantificación rigurosa del problema en términos económicos, de la flexibilización de los
criterios de elegibilidad y simplificación de la iniciativa HIPC después del estudio riguroso y
pormenorizado de cada uno de los casos, debe ser una decisión multilateral y condicionada
a la aplicación de políticas correctas tanto económicas como desde la perspectiva de vínculos
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entre alivio de deuda y reducción de la pobreza y su alcance debe contemplar la posibilidad
de realizar operaciones de conversión con implicación de las ONGD y entidades locales. Los
recursos posibles que generen las operaciones de alivio de la deuda pueden reinvertirse en
desarrollo.
4. La solidaridad en el “centro” de la política.
1. Cuatro años de impulso y reformas.
Para el Partido Popular la erradicación de la pobreza en el mundo y el desarrollo
sostenible, son objetivos que deben estar en el centro de la política.
En el pasado congreso de nuestro partido aprobábamos la ponencia “España ante un
mundo global”. El texto propuesto por Rodrigo Rato recogía con rotunda claridad esa idea:
“El objetivo fundamental de la política exterior de España debe ser la lucha contra las
desigualdades y la pobreza, la promoción de los valores de la democracia, las libertades, la
solidaridad y los derechos humanos. La Cooperación para el desarrollo es uno de los
instrumentos básicos de esa política, que nos ha de permitir seguir aportando nuestra
contribución a los países menos avanzados mediante transferencias humanas técnicas y
financieras”. La defensa de los intereses de España es perfectamente compatible con lo
anterior si consideramos cuales son realmente los intereses de España. En este documento
afirmamos también que “las empresas españolas, más allá de sus intereses económicos
deben ser portadoras de los valores de nuestra democracia...” y nos comprometemos a
promover un código de conducta de la actividad de nuestras empresas en el exterior. El
propio presidente del Gobierno en su discurso de clausura afirmaba que “España tiene en el
mundo una responsabilidad en defensa de los derechos humanos, las libertades individuales
y la democracia; en la promoción de la prosperidad y en la preservación del medio ambiente”.
La ley de Cooperación promovida por el gobierno de Aznar se orienta con decisión a
la consolidación en España de las políticas de solidaridad. Una solidaridad internacional que
quiere ser central y que es la expresión del profundo sentimiento solidario que tiene la
sociedad española. Damos, por eso, a la sociedad civil en general y a las ONGD en particular
un papel relevante y fundamental.
La ayuda pública al desarrollo ha cobrado un gran auge en medio de una sociedad
cada vez más solidaria. La respuesta española en los Grandes Lagos, en Centroamérica y el
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Comisión Nacional de Cooperación para el Desarrollo
Caribe con motivo de los huracanes, el terremoto en Colombia, la crisis de los refugiados
albano-kosovares, o más recientemente con ocasión del terremoto de Turquía, está siendo
reconocida por toda la comunidad internacional.
En poco más de tres años el Partido Popular ha impulsado, desde el Gobierno, la
solidaridad internacional hasta el punto en que cada día más esa es la imagen que España
proyecta en el mundo.
Lejos del triunfalismo y sabiendo que queda mucho por hacer y mientras que en los
países de nuestro entorno desciende la ayuda oficial al desarrollo (AOD), en España se está
produciendo el fenómeno inverso gracias al esfuerzo presupuestario del actual gobierno que
ha incrementado los recursos en más de 104.000 millones en cuatro años. En 1999 se
destinarán 220.000 millones, frente a los 168.000 millones de 1995. El Gobierno ha detenido
el descenso del porcentaje de AOD sobre el PIB ocurrido en años anteriores y hoy España
está ya por encima de la media de los países de la OCDE, con un 0,26 % del PIB.
Las ONGD han recibido más de 47.000 millones en cuatro años, frente a los 19.000
millones de la anterior legislatura. Se ha racionalizado el régimen de subvenciones destinadas
a ONGS de desarrollo, inspirado en los principios de gasto público social eficiente y de control
de los fondos de procedencia presupuestaria. Se han hecho campañas de apoyo a las ONGD
en medios de comunicación y tomado medidas para apoyarlas ante la UE y otros organismos
internacionales.
Se ha aprobado una Ley para la Prohibición total de las Minas Antipersonales y
adoptado un Código de Conducta para regular una mayor transparencia y control en el tráfico
de armas.
España está perfilando una propuesta para condonar y reestructurar la Deuda Externa
de los países pobres. La idea de convertir la deuda en desarrollo está siendo seguida por toda
la Comunidad Internacional. España está convirtiendo esa Deuda en proyectos de Desarrollo,
en una iniciativa que ha recibido el apoyo de las ONGD y de muchos gobiernos.
Los proyectos de cooperación impulsados por el Partido Popular inciden
fundamentalmente en la educación, la salud, la defensa de los Derechos Humanos y la
protección de los más débiles y vulnerables.
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El Partido Popular está dando prioridad a los programas y proyectos que
específicamente estén destinados a la Mujer, para conseguir la igualdad de derechos y su
plena integración económica, social y política. La igualdad de género está siendo tenida en
cuenta en todos los proyectos.
2. Los retos del futuro.
Se han hecho cosas, que duda cabe. El impulso en los últimos cuatro años ha sido
significativo. Pero no podemos ni debemos ser triunfalistas, queda mucho por hacer. Sin
embargo algo parece ahora más claro. Después de años de experiencia, la ayuda al
desarrollo no puede ser sólo una forma de “tranquilizar conciencias” ante las tremendas
imágenes que a diario nos proporciona la pobreza y la injusticia, o un mero mecanismo para
facilitar las relaciones internacionales de carácter político o comercial. Desde el Partido
Popular queremos promover políticas que sean capaces de erradicar la pobreza y combatan
directamente no sólo los efectos sino también las causas del subdesarrollo.
En apenas 20 años, España ha cambiado de forma notable su posición en la escena
internacional. Todavía en 1979, España era considerada por el Banco Mundial como un país
en vías de desarrollo y potencial beneficiario de ayuda exterior. En la actualidad es el
duodécimo donante del mundo, está presente en los principales organismos internacionales,
contribuye a la política de cooperación de la UE y participa activamente en el Comité de
Ayuda al Desarrollo de la OCDE. En este tiempo, España ha tenido que crear los
instrumentos, las instituciones y generar los recursos materiales y humanos necesarios para
desarrollar estas políticas. Cualquier previsión o programa que se haga acerca del futuro de
nuestra cooperación debe partir de este hecho.
La nueva ley de Cooperación y los notables avances que han tenido lugar en la
presente legislatura marcan con claridad la acción y las decisiones políticas que es preciso
acometer en los próximos años. No es este quizá, el momento para avanzar propuestas
concretas. Estas podrían articularse entorno a las siguientes grandes cuestiones: el desarrollo
de la Ley de Cooperación, dotarla de recursos económicos suficientes, establecer sus
prioridades geográficas y sectoriales, seguir fomentando la participación social, mejorar la
gestión, la coherencia y la coordinación, continuar con políticas transparentes, capaces de
demostrar resultados, y profundizar activamente en una mayor y mejor coordinación
internacional.
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Comisión Nacional de Cooperación para el Desarrollo
2
Papeles
de Cooperación
La Ayuda Oficial al Desarrollo en España (1989-1999).
Balance de cuatro años. (1996-1999).
Pablo Izquierdo Juárez
Diputado Nacional. Portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Congreso.
Presidente de la Comisión Nacional de Cooperación del Partido Popular
Fuente: PACI 1989-1998 y Previsiones 1999.
1999
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2
Comisión Nacional de Cooperación para el Desarrollo
Impulso a las políticas de Cooperación
Internacional para el Desarrollo.
- La Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo,
- la ley de Prohibición total de Minas Antipersonales,
- la adopción de un Código de Conducta sobre Transparencia y Control del Tráfico de
Armas,
- la propuesta española para la condonación de la Deuda Externa y su conversión en
desarrollo,
- el apoyo decidido a las ONGDS
- Y el importante incremento de la ayuda oficial al desarrollo forma parte de un balance sin
precedentes en la política española de ayuda al desarrollo.
España ha incrementado la Ayuda al Desarrollo en 104.665 millones de
pesetas durante los últimos cuatro años.
- En cuatro años se han destinado 769.735 millones de pesetas, frente a los 665.070
millones de la anterior legislatura.
- 104.665 millones más que en la anterior legislatura.
- En 1999 se destinarán 52.000 millones más que en 1995.
- La ayuda ha crecido, en los últimos cuatro años, a un ritmo medio del 9% anual. Muy por
encima del crecimiento de la economía (3,5%).
- Por vez primera España está por encima de la media de los países del CAD (el 0,23% del
PIB), con un 0,26% del PIB.
- España es el duodécimo donante del mundo, por encima de países con mayor renta per
cápita.
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AOD 1989-1999
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
65.470
98.453
131.125
155.463
165.853
175.653 168.101 160.107
181.528
208.100
220.000
AOD 1996-1999
1996
1997
1998
1999
160.107
181.528
208.100
220.000
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
1996
1997
1998
1999
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
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AOD 1992-1995. AOD 1996-1999
1992-1995
1996-1999
665.070
769.735
1995
1999
168.101
220.000
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
1995
1999
600.000
620.000
640.000
660.000
680.000
700.000
720.000
740.000
760.000
780.000
1992/1995
1996/1999
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Comisión Nacional de Cooperación para el Desarrollo
AOD 1995-AOD 1999
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2
AOD DESCENTRALIZADA 1989-1999
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
1.399
2.373
2.821
3.789
4.185
5.316
14.667
19.380
20.763
28.143
31.196
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
30.000
35.000
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2
Comisión Nacional de Cooperación para el Desarrollo
El Gobierno del PP ha aumentado las ayudas a ONGDS
en casi 28.000 millones.
- Durante la pasada legislatura (1992-1995) las ONGD´S que trabajan en el Tercer Mundo
recibieron 19.520 millones de pesetas.
- En la legislatura 1996-1999, el gobierno del PP ha destinado a ONGD´S a través de las
convocatorias de subvenciones 47.244 millones de pesetas.
- Un aumento de 27.724 millones de pesetas. Que supone un incremento del 142 %.
- Hoy las ONGD´S participan más activamente en la planificación y diseño de las políticas de
cooperación.
- Participan junto al Gobierno en Foros Internacionales.
SUBVENCIONES ONGDS
1992-1995
1996-1999
19.520
47.244
0
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
1992/1995
1996/1999
5.000
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2
BILATERAL-MULTILATERAL
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
BILATE
32.724
64.619
79.066
112.596
118.929 115.190 101.547
114.108
112.815
127.770
MULTI
32.746
33.834
52.059
42.867
46.924
60.463
66.554
45.999
68.714
80.330
BILATERAL
MULTILATERAL
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
120.000
140.000
La ayuda bilateral española es ahora más solidaria y menos interesada.
- Las ONGD´S han criticado siempre el carácter reembolsable (créditos Fad que generan
deuda externa) de la ayuda española.
- Hasta 1994 la cooperación bilateral española era de carácter reembolsable (FAD)
en su mayoría: 80.021 millones de pesetas frente a sólo 35.169 millones de carácter no
reembolsable.
- El Gobierno del PP ha invertido completamente esto. En 1998 se destinaron 31.989
millones para la ayuda bilateral reembolsable (FAD) y 95.781 millones para la no
reembolsable.
- Hoy hay mayor transparencia y control del Fad.
- La ayuda multilateral y bilateral está más equilibrada.
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NO REEMBOLSABLE
REEMBOLSABLE (FAD Y MICR)
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
60.000
70.000
80.000
90.000
100.000
24
2
Comisión Nacional de Cooperación para el Desarrollo
BILATERAL REEMBOLSABLE-NO REEMBORSABLE
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
RMB
16.910
41.477
53.805
86.982
94.926
80.021
35.292
41.184
33.022
31.989
NO RMB
15.814
23.142
25.261
25.614
24.003
35.169
66.255
72.924
79.793
95.781
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25
2
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
1993
1994
1995
1996
1997
1998
El Gobierno ha aumentado la condonación de Deuda Externa de los
países pobres en un 190 %.
- España ha condonado en los últimos tres años 49.330 millones de deuda externa.
- Entre 1993 y 1995 se condonaron sólo 16.986 millones.
- Se ha producido un incremento de 32.344 millones. Que supone un aumento del 190 %
con relación a la anterior legislatura.
- La iniciativa española de conversión de deuda por desarrollo (condicionar las operaciones