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Género, Salud y Derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en el contexto de la reforma
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Las problemáticas que existen en Chile en
materia de sexualidad y reproducción están
condicionadas no sólo por carencia de infor-
mación. Tienen que ver, predominantemen-
te, con la construcción cultural de roles
sexuales femenino y masculino, lo que otor-
ga desigual poder a mujeres y hombres para
tomar decisiones sobre su sexualidad, su vida
reproductiva y su cuerpo, que es el lugar en
que ambas se realizan. Esta brecha entre mu-
jeres y hombres se expresa a través de dife-
rencias en sus perfiles epidemiológicos, cuyo
ejemplo más evidente es la violencia sexual.
Numerosas investigaciones realizadas en los
últimos años coinciden en que se han pro-
ducido cambios en las prácticas sexuales y
comportamientos reproductivos de la pobla-
ción chilena, que impactan con mayor fuer-
za a adolescentes y jóvenes.
Se ha constatado un descenso de la edad de
iniciación sexual en hombres y mujeres, ma-
yor aceptación de las relaciones sexuales
prematrimoniales, así como la validación del pla-
cer sexual por parte de las mujeres. Estos cam-
bios varían según estratos socioeconómicos y
pertenencia generacional. Por ejemplo, la tasa
global de fecundidad ha descendido a 2.2
1
,
pero se ha acrecentado en el caso específico
de mujeres de 15 a 19 años, lo que se traduce
en aumento del porcentaje de nacimientos
en mujeres adolescentes.
Género, Salud y Derechos sexuales y
reproductivos de las mujeres en el
contexto de la reforma
Documento preparado por la doctora María Isabel
Matamala Vivaldi, Consultora de la Organización Paname-
ricana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/
OMS), Representación en Chile. Fue enriquecido con el
aporte de protagonistas de las Jornadas Participativas que
impulsó en regiones del país el Proyecto Equidad, Género
y Reforma de la Salud en Chile, de la misma Organización,
durante el año 2001.
La sociedad chilena ha asignado a las muje-
res la responsabilidad de la anticoncepción,
y las acciones del sector salud se han orien-
tado hacia mujeres en edad fértil. Las cifras
parciales existentes señalan que 55.6% de
mujeres urbanas y 53.6% de mujeres rurales
son usuarias de métodos anticonceptivos
2
.
Llama la atención que en tres décadas la ofer-
ta de métodos anticonceptivos del Ministe-
rio de Salud prácticamente no varió y estu-
vo reducida a dispositivos intrauterinos
(67.1%) y anticonceptivos hormonales ora-
les (29.9%)
3
. En el año 2001, se agregaron
progestágenos e inyectables. La esteriliza-
ción femenina estuvo muy restringida y re-
gulada hasta diciembre del 2000, año en el
que se abrió una mayor posibilidad de acce-
so, pero cuya implementación ha sido lenta.
A diferencia de otros países de la región, la
anticoncepción masculina no se ha incorpo-
rado a los programas, lo cual constituye un
ostensible sesgo de género.
Ante controversias ligadas a la regulación de
la fecundidad, como el cambio normativo de
la esterilización quirúrgica y la solicitud para
comercializar la anticoncepción de emergen-
cia («píldora del día después»), las encues-
tas de opinión efectuadas por los medios
demuestran un deseo de autodeterminación
por parte de las personas, así como mayores
libertades públicas.
1 INE,;1999.
2 CERC-APROFA; 1989-1990.
3 SERNAM-INE. Mujeres chilenas. Estadísticas para el nuevo siglo. Santiago, Chile; 2001.
1
Antecedentes generales
4_

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Género, salud y derechos sexuales y reproductivos
de las mujeres en el contexto de la reforma
2
sexual cada 26 minutos).
El 80% de las víctimas son mujeres y el 65%,
menores de 15 años. Los victimarios perte-
necen en un 35.5% al grupo familiar y en un
36% al entorno de relaciones inmediato
5
.
Un estudio reciente
6
revela que 11% de las
mujeres ha vivido situaciones de violencia
sexual y un tercio de aquellas que sufren epi-
sodios de violencia física dentro de la pareja
son luego agredidas sexualmente.
A pesar de las campañas de difusión y de la
aparente sensibilización de la sociedad, pre-
ocupa que aún existan casos en que se pone
en duda la palabra de las víctimas, o se las
culpabiliza.
Además, la legislación, los procedimientos
jurídicos y los servicios de acogida y recupe-
ración para las víctimas todavía tienen insu-
ficiencias que impiden una adecuada repa-
ración. No se ha avanzado con la celeridad
que requiere la gravedad del problema.
• ETS
Casi 60% de las enfermedades de transmi-
sión sexual (ETS) notificadas corresponde a
mujeres, principalmente trabajadoras sexua-
les y dueñas de casa. La mayoría son muje-
res en edad fértil y una de cada tres es me-
nor de 25 años, situación preocupante debi-
do a las secuelas de infertilidad, cáncer de
cuello uterino y malestar pélvico crónico que
acarrean estas enfermedades. En la década
recién pasada, la tendencia a la disminución
del número de casos notificados de ETS ha
sido mayor en los hombres. Mientras para
éstos el descenso fue de 89.3%, en las muje-
res sólo alcanzó a 70.3%
7
.
Si bien se enfatiza que la anatomía y la fisio-
logía uterina favorecerían la intromisión de
agentes infecciosos, en el caso de las muje-
res existe una vulnerabilidad cultural de gé-
nero que incide epidemiológicamente.
A pesar que está comprobado que el condón
masculino de látex es el método de barrera
más protector contra las ETS
8
, que los hom-
bres chilenos están informados y pueden ac-
4 Fundación Futuro. Encuesta de opinión pública. La vida sexual de los chilenos. Santiago, Chile; 2000.
5 SERNAM-INE. Mujeres chilenas. Estadísticas para el nuevo siglo. Santiago, Chile; 2001.
6 SERNAM. Detección y análisis. Prevalencia de la violencia intrafamiliar. Doc. de trabajo. Santiago, Chile; agosto 2001.
7 SERNAM-INE. Mujeres chilenas. Estadísticas para el nuevo siglo. Santiago, Chile; 2001.
8 Family Health International. El condón protege contra las ITS. Network en español, Vol 20, Nº 4, E.U.A.; 2001.
Un estudio de la Fundación Futuro
4
revela
insuficiente acceso a la información sobre
sexualidad y reproducción. El 82.3% de las
personas dice estar desinformado o media-
namente informado, sin incluir en esta insu-
ficiencia el desconocimiento de sus derechos
sexuales y reproductivos.
Viejos y nuevos temas y problemas de salud
sexual y reproductiva
En los diferentes momentos del ciclo de vida
ocurre una amplia gama de sucesos y proble-
mas sexuales y reproductivos determinados
por factores culturales, psicosociales,
biomédicos, medioambientales, económicos y
políticos. Las relaciones de poder asimétricas
entre mujeres y hombres; el desconocimien-
to de la población chilena respecto de sus de-
rechos humanos y, en particular, de sus derechos
sexuales y reproductivos; la insuficiente volun-
tad estatal para modificar intersectorialmente
este injusto contexto cultural a través de políti-
cas públicas planificadas con enfoque de gé-
nero; la injerencia ideológica de poderes
fácticos en materias de salud que no son de su
competencia; la insuficiente asignación pre-
supuestaria a las políticas públicas referidas a
sexualidad y reproducción; la medicalización
de los cuerpos y las vidas de las personas como
resultado del modelo médico vigente y de las
presiones de la industria farmacéutica; la
mercantilización y deshumanización de la
atención de salud; la soledad creciente en que
se desenvuelven las personas, en especial
aquellas de edades avanzadas; todo ello ge-
nera y mantiene problemas sexuales y
reproductivos que en la actualidad se pueden
prevenir.
• Violencia sexual
Las cifras de denuncias de violencia de géne-
ro visibilizan progresivamente el problema,
aun cuando aproximadamente 80% del to-
tal de las agresiones permanece silenciado.
Según el Centro de Atención a Víctimas de
Atentados Sexuales (CAVAS), se producen a
diario 50 delitos sexuales (una agresión

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3
ceder al método, éstos no han modificado
su comportamiento tradicional y tienden a
no usarlo o a hacerlo en raras ocasiones
9
. No
obstante, es probable que más amplios sec-
tores de hombres lo estén usando en forma
discontinua, ya que CONASIDA registra un
incremento en la venta de condones.
• VIH/SIDA
La epidemia de VIH/SIDA ha sido calificada
de incipiente en el país, porque la
seroprevalencia sería baja en comparación
con otros países. Existen ONGs que discre-
pan de estas afirmaciones.
Según CONASIDA, en casi 92% de los casos
la transmisión ha sido por vía sexual. El 70%
de las mujeres reconoce haberse infectado
mediante relaciones heterosexuales
10
. El
50% de las mujeres contagiadas correspon-
de a dueñas de casa, porcentaje muy supe-
rior al de las trabajadoras sexuales (12%)
11
.
Si bien 90% de las personas que vive en Chi-
le con el virus son hombres, la cantidad de
varones enfermos aumentó en 3.1 veces en-
tre 1990 y 1999, mientras el aumento en
mujeres fue de 15.2 veces
12
. Esto evidencia la
feminización de la epidemia, en lo que inci-
den el desconocimiento de los derechos
sexuales de la mujer, la imposibilidad de de-
cidir sobre su cuerpo y sexualidad, falta de
poder para negociar con su pareja relacio-
nes sexuales protegidas y sin riesgo para la
salud integral, entre otras barreras.
La educación sexual y la promoción del uso
de condón desde las instituciones correspon-
dientes, han enfrentado campañas conser-
vadoras que dificultan las acciones estatales
de prevención y protección frente a la epi-
demia.
En los últimos años, el MINSAL ha
enfatizado el acceso a las terapias anti-
retrovirales, pero aún no se ha logrado una
cobertura total con triterapia.
• La sexualidad, los embarazos y la materni-
dad-paternidad en adolescentes
La mayoría de las abuelas y bisabuelas de hoy
iniciaron sus relaciones sexuales en la ado-
lescencia, algo que en aquellos tiempos no
constituía problema. Sin embargo, lo que a
lo largo de la historia formó parte de la vida
de la sociedad, se ha convertido en algo in-
deseable. En la actualidad, la realidad eco-
nómica y social exige alargar la preparación
educacional para la vida adulta, así como el
período de dependencia económica de la
población joven, lo cual se contrapone con
la posibilidad de contraer compromisos
sexuales y reproductivos.
Eso demuestra que las razones de fondo de
esta problemática emergente son sociales,
económicas y culturales. Presiones políticas
y religiosas, más la carencia de un enfoque
de género intersectorial, han impedido in-
corporar en las políticas públicas la sexuali-
dad de mujeres y hombres adolescentes, en
todas sus dimensiones.
Mientras las mujeres mayores de 20 años
han disminuido progresivamente el núme-
ro de sus hijos desde la década del 60, la fe-
cundidad de las mujeres menores se man-
tiene o tiende a aumentar, sobre todo en la
última década.
Un aspecto crucial del problema es que la
mayoría (83.2%) de los nacimientos en mu-
jeres adolescentes ocurre al margen de unio-
nes legales
13
. Aunque no debiera serlo, esto
se convierte en un problema porque existe
un contexto de desprotección social que di-
ficulta vivir la monoparentalidad. Entre
otros riesgos, está la interrupción de los es-
tudios de las adolescentes embarazadas y
madres. Se ha logrado proteger legalmente
la continuidad de la enseñanza, pero no está
asegurada la compatibilidad de los estudios
con el ejercicio cotidiano de la maternidad,
especialmente en los sectores pobres.
9 Olavarría J, et al. Masculinidades populares.Varones adultos jóvenes de Santiago. FLACSO, Santiago, Chile; 1998.
10 CONASIDA, cifras de 1999.
11 MINSAL.Campaña comunicacional de televisión. Chile; 1994.
12 SERNAM - MINSAL; 2001.
13 SERNAM-INE. Mujeres chilenas. Estadísticas para el nuevo siglo. Santiago, Chile; 2001.
Género, salud y derechos sexuales y reproductivos
de las mujeres en el contexto de la reforma

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Otro aspecto a tomar en cuenta es la caren-
cia de servicios de salud sexual y reproductiva
exclusivos para adolescentes de ambos sexos,
con información, educación y regulación de
la fecundidad suficientemente financiadas.
• La mortalidad materna (MM)
En Chile, la cifra absoluta de 60 muertes y la
tasa de 2.0 por cada 10.000 nacidos vivos se
ubican entre las mejores de América Latina
y el Caribe. Sin embargo, estas cifras son 10
veces mayores que las de los países ricos. A
pesar que se han alcanzado altas coberturas
de control de embarazo y de atención profe-
sional del parto (próxima al 100%)
14
, es ne-
cesario evaluar la orientación y contenido de
éstas para mejorar los resultados.
Es preciso recalcar que toda muerte mater-
na es un exceso, tanto porque los embara-
zos, partos y puerperios no son en sí fenó-
menos patológicos, como porque en la ac-
tualidad las dificultades que pueden presen-
tarse son suceptibles de ser superadas me-
diante los avances de la tecnociencia y la
humanización de la atención. El leve aumen-
to de muertes post parto observado última-
mente y la persistencia de las muertes
intrahospitalarias por aborto complicado se
pueden evitar modificando normativas
obsoletas y mejorando la calidad de los ser-
vicios, lo que incluye el enfoque de género
en la práctica diaria. En esa línea, cabe resal-
tar la medicalización y la deshumanización
que conlleva la atención del parto en pabe-
llones quirúrgicos fríos y aislados, que sepa-
ran a la mujer de su familia y entorno du-
rante un hito vital tan importante como es
el nacimiento de un hijo. Esta soledad
afectiva disminuye las sanadoras energías
que los seres humanos ponen en juego para
promover y preservar su salud.
Son valorables los esfuerzos que desarrolla
el sistema público de salud para incorporar a
la pareja de la mujer en el pre parto y parto.
Según SERNAM-INE, sólo 10% de los hospi-
tales ha asumido este desafío
15
que contri-
buye a modificar los rígidos roles de género
que excluyen a los hombres de las responsa-
bilidades cotidianas implicadas en la crian-
za. Por su parte, el Departamento Programa
de las Personas del MINSAL entrega en su
resumen estadístico de diciembre 2001, un
porcentaje de 19.9% de partos con presen-
cia de padre, en el país.
Aunque en nuestro país la mortalidad por
aborto ha descendido en la última década,
continúa incidiendo en cerca de 10% en la
mortalidad materna
16
. La prevención de es-
tas muertes aliviaría el costo social, y dismi-
nuiría la brecha entre la MM de Chile y la de
los países ricos.
Detrás de la mortalidad por aborto está el
ambiente de clandestinidad e inseguridad en
que éste se realiza. Es difícil saber exacta-
mente cuál es la realidad de este problema
de salud pública en Chile, debido a la extre-
ma penalización existente. Eso dificulta su
abordaje desde el sector salud.
14 SERNAM-INE. Mujeres chilenas. Estadísticas para el nuevo siglo. Santiago, Chile; 2001.
15 Ibídem.
16 Ibídem.
Género, salud y derechos sexuales y reproductivos
de las mujeres en el contexto de la reforma

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5
Según cifras disponibles, cada año ocurren
en Chile entre 150.000
17
y 160.000 abortos
18
.
La mayoría se efectúa en condiciones de in-
seguridad, con enormes costos económicos
para las involucradas y riesgos considerables
de complicaciones y secuelas, que se eviden-
cian en las abultadas cifras de egresos por
aborto que registran los hospitales. En 1996,
éstos fueron 36.709
19
, lo que permite afirmar
que una importante proporción de mujeres
debe acudir a un hospital debido a complica-
ciones graves
20
que las obligan a arriesgarse
a una eventual denuncia y penalización.
En el grupo de 10-14 años se ha registrado
un aumento en los egresos hospitalarios por
aborto complicado. Esto tiene doble relevan-
cia, si se considera que los embarazos y abor-
tos en ese grupo de edad pueden estar indi-
cando violencia sexual.
Las complicaciones del aborto demandan 15
millones de dólares anuales del presupuesto
de salud
21
. Cabe preguntarse el impacto que
tendría utilizar esos recursos en la preven-
ción del aborto.
Aunque Chile es uno de los seis países del
mundo con legislaciones más punitivas en
relación con el aborto, es al mismo tiempo
uno de los que ostenta las tasas más altas en
América Latina. El 35% de los embarazos
termina en aborto y ocurren 4.5 abortos por
cada 100 mujeres de 15 a 49 años
22
, lo que
evidencia la inutilidad de una legislación re-
presiva para enfrentar el problema.
A lo anterior se agrega la penalización a priori
en hospitales que denuncian a la policía a las
mujeres que demandan atención por la com-
plicación de un aborto. Esta paradoja
impacta negativamente la salud de las afec-
tadas y a sus familias, debilita la ética del sis-
tema de salud y vulnera los consensos en
materia de atención de aborto complicado,
suscritos por Chile en la CIPD El Cairo’94 y
en la IV Conferencia Mundial de la Mujer,
Beijing ’95.
Hay que destacar algunos sesgos de género
en relación con la MM:
* Las políticas, programas y servicios de re-
gulación de la fecundidad no proporcionan
información y educación adecuada, debido
a que no incorporan la noción de derechos
sexuales y reproductivos y, además, porque
trabajan sin perspectiva de género. Desde esa
mirada, la procreación siempre se vincula a
la unión, se ejercen estrictos controles sobre
la sexualidad femenina y se considera que la
sexualidad es inseparable de la reproduc-
ción
23
. Esto impide que los servicios ayuden
a las mujeres a apropiarse de sus decisiones
reproductivas. Por el contrario, se fomenta
la dependencia de éstas respecto de las pres-
cripciones de prestadores/as de servicios
(matronas, asitentes sociales, enfermeras,
médicos/as).
* Los servicios de anticoncepción no asegu-
ran una oferta amplia de anticonceptivos
modernos y verdaderamente accesibles, lo
cual dificulta alcanzar coberturas efectivas
en adolescentes y adultas. Así, miles de mu-
jeres se ven enfrentadas a embarazos no pla-
nificados y obligadas a regular su fecundi-
dad por medio del aborto, como recurso lí-
mite, aunque las normativas afirmen que el
aborto no es un método anticonceptivo. En-
tre otros aspectos, es preciso revisar los cri-
terios con que se define la cantidad de con-
17 The Alan Guttmacher Institute. Aborto clandestino York, E.U.A.; 1994.
18 APROFA; 2000.
19 SERNAM-INE. Mujeres chilenas. Estadísticas para el nuevo siglo. Santiago, Chile; 2001.
20 Strickler J; 2001.
21 Lavín P, et al. Informe preliminar sobre la caracterización de los casos y costos del tratamiento del aborto hospitalizado en
Santiago de Chile. Presentación al Encuentro de Investigadores sobre Aborto Inducido en América Latina y el Caribe, Universidad
Externado de Colombia, Bogotá; 1994.
22. Proyecto de Ley Marco sobre Derechos Sexuales y Reproductivos. En trámite. Santiago, Chile; 2000.
23 Contreras J.M., Hakkert R. La sexualidad y la formación de uniones. En: Diagnóstico Salud Sexual y Reproductiva de
Adolescentes en América latina y el Caribe.EAT-FNUAP, México; 2001.
Género, salud y derechos sexuales y reproductivos
de las mujeres en el contexto de la reforma

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dones que se entrega a los/as jóvenes que
los solicitan y preguntarse si disponen de recur-
sos económicos para suplir las insuficiencias.
* Al no incorporar un enfoque de género, la
calidad de atención en los servicios de
preparto, parto y atención de aborto com-
plicado, refuerza desigualdades basadas en
los roles asignados socialmente. En forma ex-
plícita o implícita se castiga la sexualidad de
las mujeres.
* La formación de recursos humanos directi-
vos, profesionales, técnicos y auxiliares tie-
ne que ver con lo señalado. En general, no
han incorporado conocimientos ni desarro-
llado procesos que les permitan aplicar en su
práctica análisis y planificación de género.
• Cáncer del aparato reproductivo
La detección precoz del cáncer cérvico ute-
rino y de mama ayuda a reducir la mortali-
dad por esas causas. En la última década se
aprecia un descenso de 10% en la mortali-
dad por cáncer cérvico uterino, lo que puede
atribuirse al aumento de los exámenes de
detección (Papanicolau), que alcanzaron una
cobertura de 63.1%
24
. Aunque ésta aún no
es plenamente satisfactoria, si consideramos
la baja en la mortalidad se comprueba lo acer-
tado de las estrategias orientadas a detectar
el cáncer en etapas tempranas, tratando
oportunamente de impedir su avance.
El problema reside en los tiempos de espera
para acceder a tratamiento especializado
después de la detección precoz, la
deshumanización de la atención y la escasez
de consentimiento informado.
Aunque el MINSAL también cuenta con un
Programa de Pesquisa y Control del Cáncer
de Mama orientado a descubrir la enferme-
dad en sus primeras etapas, el resultado es
inverso al obtenido con el cáncer cérvico ute-
rino. La mortalidad aumentó en 10% duran-
te la última década. Es posible que esto se
relacione con el uso de anticonceptivos ora-
les hormonales combinados, de dosis alta -
utilizados hasta 1975-, según informa un es-
tudio reciente de la Clínica Mayo y la Uni-
versidad de Minnessota, E.U.A.
25
. Si bien esos
anticonceptivos fueron reemplazados por
otros de dosis baja, las generaciones que los
usaron pueden seguir teniendo mayor ries-
go de cáncer de mama.
Durante muchos años, la industria farmacéu-
tica y los investigadores decidieron sobre la
salud reproductiva y los cuerpos de las mu-
jeres, al afirmar que los anticonceptivos hor-
monales que ofrecían eran inocuos -a pesar
que no podían garantizarlo- y al no investi-
gar o proponer el uso de anticonceptivos
hormonales masculinos. Así, descargaron la
responsabilidad y los riesgos de la
anticoncepción exclusivamente sobre las
mujeres, reforzando inequidades de género
e impactando los perfiles epidemiológicos.
• Menopausia
Las mujeres mayores de 45 años suman
aproximadamente 2.000.000
26
en nuestro
país. Las chilenas tienen una esperanza de
vida al nacer de 78.3 años
27
-más de 20 años
que hace medio siglo- y viven efectivamen-
te un promedio de 6 años más que los hom-
bres. Estas cifras avalan la necesidad de pre-
ocuparse por los problemas de las mujeres
que dejan atrás su edad fértil. Con mayor
razón, si se toma en cuenta que este grupo
de edad seguirá creciendo, y que las
inequidades de género, estrato social, etnia
y origen territorial se superponen con ma-
yor dramatismo en esa etapa de la vida.
Ante esta realidad, surge el desafío de ven-
cer miedos y ansiedades que resultan de la
forma en que individual y socialmente se
valora la menopausia y el envejecimiento.
También supone enfrentar incertidumbres y
angustias que provoca vivir esta etapa en un
país con escasa protección social, sobre todo
24 MIDEPLAN; 1998.
25. FHI. Anticonceptivos orales y el riesgo de cáncer mamario.Network en español, Vol 20, N° 4, E.U.A.; 2001.
26 SERNAM-INE. Mujeres chilenas. Estadísticas para el nuevo siglo. Santiago, Chile; 2001.
27 FNUAP. 6 mil millones. Es hora de optar. Estado de la población mundial 1999, Nueva York, E.U.A.; 1999.
Género, salud y derechos sexuales y reproductivos
de las mujeres en el contexto de la reforma

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para las mujeres que, en su mayoría, no han
integrado la fuerza de trabajo o forman par-
te de los más pobres entre los pobres.
A lo anterior se agrega la discriminación,
mucho más marcada en las mujeres que en
los varones de igual edad. En general, los
hombres mayores de 50 años son valorados
como inteligentes, experimentados, y con
posibilidades de proyectarse laboral y
sexualmente. En cambio, a las mujeres se las
valora negativamente, debido al valor extre-
mo que la publicidad y los medios asignan a
la juventud, y al rol totalizante de
reproductoras biológicas y sociales que asig-
na a las mujeres el sistema de géneros. El
término de su capacidad reproductiva tien-
de a identificarse con el fin de su actividad
sexual
28
.
En relación con la medicalización del cuerpo
y la salud de las mujeres, investigadores y la
industria farmacéutica han establecido como
norma la terapia hormonal denominada «de
reemplazo». Esta puede ser beneficiosa para
muchas mujeres, pero en ningún caso para
todas e, incluso, para muchas es un serio ries-
go.
Quienes trabajan en salud de las mujeres con
enfoque de género destacan positivamente-
además de la inserción social y laboral, acti-
vidad física, nutrición y terapias alternativas,
incluyendo fitoestrógenos- la importancia
del desarrollo personal, la autoestima y la
reelaboración de los roles aprendidos, por
medio de grupos de autoayuda. Ellas acce-
den a un conocimiento más profundo sobre
sus derechos, sus cuerpos y sus cambios bio-
lógicos, al mismo tiempo que previenen sín-
tomas desagradables y mejoran su calidad de
vida. Se ha demostrado que las mujeres sa-
tisfechas y con poder de decisión sobre sí
mismas viven mejor su menopausia
29
.
28 Matamala, MI. Mujeres, menopausia y larga vida. Necesidad de una nueva ética occidental. En: La revolución de las canas.
Cuadernos de Salud Nº 4, RSMLAC, ed. Adriana Gómez, Santiago, Chile; 2000.
29 Araujo, MJ. Vivir la menopausia. En: La revolución de las canas. Reflexiones y experiencias sobre el envejecer de las mujeres.
Cuadernos de Salud N° 4, RSMLAC, ed. Adriana Gómez, Santiago, Chile; 2000.
Género, salud y derechos sexuales y reproductivos
de las mujeres en el contexto de la reforma
El impuesto a la salud reproductiva de
las mujeres en ISAPRES
Dado que este problema se aborda en otro
documento de este dossier, sólo señalaremos
que las ISAPRES han introducido una nueva
forma de desigualdad de género. Esto es, co-
brar un impuesto a las mujeres por el hecho
de tener la capacidad reproductiva de gestar
un nuevo ser humano. Tal discriminación con-
traviene los derechos humanos y la noción
de salud previsional. Un estudio efectuado
por Sernam el 2001 en seis ISAPRES muestra
que en las distintas etapas de la vida, hasta
los 70 años, las mujeres pagan más de 100%
que los hombres por sus planes de salud, con
un máximo de 310% en el grupo de 30 a 35
años.
La calidad de la atención en salud sexual
y reproductiva
Diversos estudios revelan insatisfacción de las
usuarias por el trato que reciben cuando con-
sultan en los servicios de salud sexual y
reproductiva. La percepción de mal trato se
refiere a las relaciones interpersonales -espe-
cialmente con el personal administrativo y
paramédico-; indiferencia ante sus preocu-

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paciones; subvaloración de su cultura y sub-
jetividad; atención deshumanizada del par-
to; tiempos de espera y falta de privacidad.
En general, las expectativas de las usuarias
son más bien bajas -porque su ejercicio de
ciudadanía y su autoestima son escasas- y
pasan por alto la no satisfacción de necesi-
dades de salud o la vulneración de derechos,
en particular, los sexuales y reproductivos
30
.
Entre otros ejemplos, existe escasa oferta de
Métodos anticonceptivos; carencia de espa-
cios de información y apoyo a las usuarias;
infantilización de éstas; invisibilización de
su sexualidad
31
; irrespeto del consentimien-
to informado; abusos médico-quirúrgicos
(exceso de cesáreas); promoción de relacio-
nes sumisas por parte de las mujeres, y no
potenciación de su empoderamiento y au-
todeterminación sexual y reproductiva.
Con mirada de género, se considera una aten-
ción de buena calidad la que provee máximo
bienestar a la usuaria, desde el punto de vis-
ta de sus necesidades, expectativas, derechos
humanos y empoderamiento, esto es, la
apropiación de sus decisiones sexuales y
reproductivas.
Mejorar la calidad desde ese enfoque impli-
ca impactar diversos ámbitos:
* sistema de salud en general, incluyendo
políticas, normativas y recursos;
* personas prestadoras de salud, 70% de las
cuales son mujeres;
* mujeres usuarias, que acuden a los servi-
cios más como madres y mediadoras que
como ciudadanas autónomas con derechos.
A su vez, evaluar la calidad de atención con
enfoque de género supone:
* indagar si la atención de salud refuerza o
debilita los roles y el poder desigual de mu-
jeres y hombres respecto de sus cuerpos,
sexualidad y reproducción;
* comparar la atención entre mujeres y hom-
bres en circunstancias similares, visibilizando
diferencias
32
, inequidades y desigualdades;
* comparar la atención que brindan
prestadoras/es según el sexo de pertenencia,
identificando la puesta en juego de sesgos
de género.
Intersectorialidad
La intersectorialidad es requisito básico e
imprescindible de un abordaje integral para
garantizar un verdadero proceso de reforma
que dé cuenta del máximo de variables que
determinan la salud.
MINSAL y SERNAM
Estos deben ser los ministerios líderes en la
adecuación del contexto jurídico legal y en
los cambios político programáticos
intersectoriales referidos a salud sexual y
reproductiva. Deben asegurar la incorpora-
ción del análisis y la planificación de género,
el marco ético de derechos humanos y la
noción de salud integral, que incluye proce-
sos de participación ciudadana.
MINEDUC
Debe cumplir un papel central en la promo-
ción de la salud y derechos sexuales y
reproductivos, mediante la puesta en mar-
cha de un currículo que favorezca el
empoderamiento de las niñas y jóvenes de
sexo femenino, y que elimine las desigual-
dades de género. La desaparición del sexismo
en la educación formal es uno de los aspec-
tos protectores más importantes en salud
sexual y reproductiva.
CONAMA, ministerios del Trabajo, Minería
y Agricultura.
Las políticas de Reforma de Salud requieren
interactuar con estas instancias para asegu-
rar a la población un medio ambiente de tra-
bajo y vivienda libre de agentes químicos
30 Matamala M.I., Berlagoscky F.y col. Calidad de la atención, género ¿salud reproductiva de las mujeres? COMUSAMS.
Santiago, Chile; 1995.
31 ICMER/FONDECYT. Evaluación y mejoramiento de la calidad de atención en servicios de planificación familiar. Santiago,
Chile; 1997.
32 Pittman P. Género y calidad de atención. El caso de hipertensión y diabetes en Avellaneda, provincia de Buenos Aires,
Argentina. OPS/OMS, División de Salud y Desarrollo Humano, Programa Mujer, Salud y Desarrollo, Washington, D.C., E.U.A.;
1999.
8
Género, salud y derechos sexuales y reproductivos
de las mujeres en el contexto de la reforma

Page 9
carcinógenos y teratogénicos, especialmen-
te aquellos ligados a la producción minera y
agroindustrial con evidente impacto negativo en
la reproducción humana (ej. plaguicidas).
MINVU
Las políticas y planes del MINVU necesitan
relacionar vivienda y entorno con ejercicio
de la sexualidad. Así podrán cumplir un pa-
pel mediador entre la noción de derechos
sexuales y reproductivos, y la posibilidad real
que la población ejerza cotidianamente su
sexualidad en forma privada y placentera.
Ministerio de Hacienda
La salud sexual y reproductiva de la pobla-
ción no se puede promover y sostener si este
ministerio no asigna los recursos necesarios.
Es preciso asegurar infraestructura, tecno-
logía, equipos, medicamentos, procesos de
participación, así como personal de salud que
disponga de condiciones de trabajo compa-
tibles con sus derechos y condición huma-
na.
ejercicio pleno de los derechos enunciados
en la Ley Marco.
1.4. La Ley de Regulación del Sistema
ISAPRES debe asegurar el término del im-
puesto a la reproducción que se impone a las
mujeres a través del sobreprecio de los pla-
nes de salud. Hay que hacer hincapié en la
solidaridad al interior de las ISAPRES para
distribuir equitativamente los costos de la re-
producción entre todos los usuarios, de am-
bos sexos.
1.5. Es preciso terminar con la norma que
impone un tope en el grado 10 en la carrera
funcionaria de las profesiones no médicas.
Como en estas profesiones predominan las
altamente feminizadas (enfermería,
matronería), la restricción constituye una
desigualdad de género que afecta a una ma-
yoría de profesionales que trabajan en los
servicios de salud sexual y reproductiva.
• 2. Operacionalizar el Plan de Igualdad de
Oportunidades en las políticas de Reforma
de Salud, enfatizando aspectos de salud
sexual y reproductiva
En lo político programático:
2.1.
Asegurar la participación ciudadana de
la sociedad civil, en especial de las mujeres
organizadas con perspectiva de género y
adolescentes de ambos sexos, mediante ins-
tancias válidas que les permitan incidir en el
diseño, seguimiento y evaluación de las po-
líticas, programas y planes referidos a sexua-
lidad y reproducción. Es importante facilitar
monitoreos de la sociedad civil con
indicadores de género, como los que se rea-
lizan desde la Red de Salud de las Mujeres
Latinoamericanas y del Caribe (sobre dere-
chos sexuales y reproductivos, de acuerdo
con los consensos de la CIPD Cairo 94) y des-
de el Grupo Iniciativa (seguimiento de la Pla-
taforma de Beijing ’95).
Propuestas desde una perspectiva de género
para incorporar en las políticas de Reforma
de Salud
• 1. Contexto jurídico legal a asegurar desde
el proceso reforma:
1.1. Impulsar la aprobación del proyecto de
Ley Marco sobre Derechos Sexuales y
Reproductivos, a partir de su reconocimien-
to como una de las legislaciones indispensa-
bles para la Reforma de Salud.
1.2. Eliminar las disposiciones jurídicas y nor-
mativas institucionales que no sean coheren-
tes con la Ley Marco.
1.3. Explicitar la necesidad de contar en el
más breve plazo con las secciones Defensoría
de Derechos de la Mujer y Derecho a la Sa-
lud, integradas a la Defensoría de Derechos
de la Ciudadanía, que deberán resguardar el
9
Género, salud y derechos sexuales y reproductivos
de las mujeres en el contexto de la reforma

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Se requiere crear a nivel nacional y regional
instancias participativas para auditar la mor-
talidad materna, al estilo de las existentes
en Brasil (Comites de Morte Materna), en
las que se incorporen, al menos, la
institucionalidad de salud, la academia, mu-
jeres organizadas con trabajo en género y
salud, instituciones que trabajan en bioética
y colegios profesionales.
Es necesario que el MINSAL haga realidad
el Consejo Intersectorial de Salud de la Mu-
jer que propuso en el Programa Salud de la
Mujer en 1997.
2.2. Impulso y mantención de una amplia
política comunicacional que difunda los de-
rechos sexuales y reproductivos, así como las
condiciones sociales indispensables para su
ejercicio. Esta política debe constituir uno
de los esfuerzos prioritarios en Atención Pri-
maria.
2.3.
Programa integral de prevención, te-
rapia y reparación de la violencia sexual, par-
ticularmente hacia la niñez y adolescencia.
Llámese plan de salud garantizado, plan bá-
sico o canasta básica, el sistema institucional
de cuidado de la salud debe incluir esta pro-
blemática y coordinarse con las ONGs con
experiencia y aportes desde enfoque de gé-
nero.
2.4. Programas y servicios de salud inte-
gral para adolescentes de ambos sexos, que
incorporen prioritariamente información,
educación y servicios sobre sexualidad y re-
producción, que respeten la
confidencialidad, y aseguren la participación
y el control social.
2.5. Promover la responsabilidad compar-
tida entre hombres y mujeres en
anticoncepción y crianza de hijos/as,
operacionalizando servicios y acciones
como:
*Acceso efectivo a una amplia gama de
anticonceptivos masculinos y femeninos
(mínimo 8), incluida la anticoncepción de
emergencia:
* Facilitar a los hombres el acceso a la
vasectomía, una intervención de menor ries-
go, envergadura y costo financiero que la
esterilización femenina.
* Incorporación de los hombres a la atención
del preparto, parto y puerperio en todos los
servicios de salud del país.
2.6. Humanizar la atención del preparto y
parto, acercándolo a la comunidad y a sus
patrones culturales, mediante Casas de Par-
to Natural que den a la mujer la posibilidad
de elegir el tipo de parto, una vez diagnosti-
cada la ausencia de riesgo. Esta iniciativa
permitiría generalizar el trabajo
psicoprofiláctico y asumir que la mayoría de
los partos son normales, sacándolos de los
pabellones hospitalarios y situándolos en
forma adosada a consultorios. También ha-
ría posible redistribuir la dotación de matro-
nas y médicos/as, así como reducir los cos-
tos de la atención.
2.7. Programas y servicios para personas
adultas mayores, que provean información,
educación y servicios integrales sobre meno-
pausia, más allá de las exclusivas terapias
hormonales de reemplazo.
2.8. Acceso de mujeres y hombres a la pre-
vención, detección precoz y tratamiento
efectivo y oportuno de cánceres del aparato
reproductivo. Además de plantearse metas
cuantitativas respecto de la detección pre-
coz, se deben fijar metas respecto de la co-
rrespondencia entre detección precoz y tra-
tamiento adecuado, y en relación con la re-
ducción de la mortalidad.
2.9. Programas de prevención del aborto
inseguro y de la mortalidad por aborto com-
plicado, que incorporen estándares de cali-
dad de atención en todos los hospitales pú-
blicos y privados del país, en cumplimiento
de los acuerdos internacionales vigentes.
Esto implica privilegiar una intervención
menos agresiva (AMEU), atención humani-
zada y confidencial, además de eliminar el
10
Género, salud y derechos sexuales y reproductivos
de las mujeres en el contexto de la reforma

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rol policial de los hospitales, en concordan-
cia con los compromisos de nuestro país ante
la comunidad internacional.
2.10. Asegurar la prevención y la terapia mo-
derna y efectiva del VIH/SIDA (triterapia),
enfatizando acciones comunicacionales y
participativas hacia ambos sexos orientadas
a impedir el avance de la epidemia en las
mujeres.
2.11. Desarrollar programas efectivos de pre-
vención y tratamiento de las ETS tanto en
hombres como en mujeres, que superen la
simple cobertura cautiva.
En aspectos de gestión:
2.12. La calidad de la atención requiere ase-
gurar un abordaje integral de la salud sexual
y reproductiva, lo que supone integrar enfo-
que de género y derechos. La evaluación de
calidad debe incorporar, como indicadores,
el empoderamiento de las mujeres respecto
de su cuerpo y decisiones, como también la
erradicación de inequidades y desigualdades
de género identificadas como predominan-
tes en la práctica cotidiana.
En esa línea, se deben priorizar aspectos
bioéticos en la práctica diaria, como:
* Erradicar juicios y expresiones peyorativas
acerca de la sexualidad de las mujeres en aten-
ciones de salud (ETS, anticoncepción, parto),
que retroalimentan condicionamientos de
género perjudiciales para la salud.
* Incorporar el consentimiento informado en
la práctica cotidiana, elaborando los instru-
mentos correspondientes.
* Erradicar el abuso de procedimientos mé-
dico quirúrgicos (cesáreas, histerectomías),
en especial en las ISAPRES.
*Promover y practicar la privacidad y la
confidencialidad en la atención de salud
sexual y reproductiva.
Para evaluar la calidad de la atención, el pro-
ceso de Reforma de Salud requiere, por una
parte, consensuar indicadores con enfoque
de género y, por otra, modificar el significa-
do de eficiencia y productividad, asignando
preeminencia a los resultados que se tradu-
cen en bienestar integral por sobre los resul-
tados medidos en términos financieros. La
atención debe promover y movilizar cambios
culturales determinantes en materia de sa-
lud sexual y reproductiva. Para eso se requie-
re contar con suficiente tiempo de atención
y con capacidad técnica-humana. Habrá que
reorganizar recursos humanos y reasignar
tareas, asumiendo la importancia central de
las matronas.
• 3. Producción de indicadores
Es indispensable avanzar en la producción de
indicadores que incorporen perspectiva de
género para evaluar y monitorear el ejerci-
cio real de los derechos sexuales y
reproductivos a partir de las políticas de sa-
lud formuladas en el proceso de reforma.
Tanto la sociedad civil como la
institucionalidad de gobierno deben elabo-
rar sus respectivas matrices de indicadores
desde el comienzo del proceso de formula-
ción de políticas y aprobación de leyes.
• 4. Formación de recursos humanos
Para que la práctica cotidiana de los servi-
cios de salud sexual y reproductiva incorpo-
re enfoque de género es imprescindible con-
tar con recursos humanos capaces de movi-
lizar el cambio. Por consiguiente, es requisi-
to formar en esta materia a todos/as quie-
nes trabajan en salud sexual y reproductiva.
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Género, salud y derechos sexuales y reproductivos
de las mujeres en el contexto de la reforma

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• 5. Investigaciones
Las investigaciones en salud sexual y reproductiva, especialmente las referidas a
anticoncepción, deberán regirse por los consensos internacionales suscritos por Chile. Por
lo tanto, evitarán los sesgos de género que históricamente las han centrado en los cuerpos
de las mujeres, sin respetar su consentimiento informado ni sus derechos humanos y expo-
niéndolas muchas veces a riesgos innecesarios (ej. investigación de esterilización química a
base de quinacrina).
SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER