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mos sectoriales han diseñado planes de prevención y atención de la violencia que incluyen a
organismos judiciales, policiales, de salud y educación, incluyendo una reciente preocupación en
los espacios municipales y una cada vez más amplia participación de nuevas especialidades que han
descubierto la conexión entre violencia contra la mujer y distintos aspectos del desarrollo.
Desde el enfoque de derechos humanos, ha sido posible que el problema ingrese como
preocupación en muchos ámbitos. Entendido como problema de salud pública, se lo ha conectado
como un componente de la salud física y psíquica a la que las personas tienen derecho. Entendido
como un problema legal, se ha conectado con los esfuerzos de modernización de la justicia, los
códigos penales y las instituciones encargadas de protegerlos. Entendido como problema vinculado
a la pobreza, se lo ha asociado como parte de los nuevos enfoques de lucha contra la pobreza que
ven su erradicación como un esfuerzo imprescindible para dotar a las personas de las capacidades
mínimas para llevar a cabo una vida decente: la violencia es un componente de la pobreza y puede
ser un agravante de ésta.
En armonía con los paradigmas de desarrollo donde el lenguaje económico impregna
ampliamente el diseño de las políticas públicas, la violencia también se ha estudiado desde la
perspectiva de sus consecuencias económicas sobre el gasto público y el costo adicional que
implicaría a los servicios de salud, o los beneficios que su erradicación reportaría a la atención de
otros males que aquejan nuestra sociedad. La violencia contra la mujer aparece también como
preocupación dentro de las políticas de seguridad ciudadana y se analizan sus relaciones con
preocupaciones más amplias por la seguridad de las personas.
La violencia vista como producto de los pactos patriarcales que sustentan la discriminación
hacia las mujeres ha sido estudiada también como fenómeno cultural cuyas dimensiones simbólicas
condicionan los comportamientos humanos - requiriendo por lo tanto políticas preventivas que
eviten su perpetración a través de acciones educativas y de cambios culturales y simbólicos. Los
aún más recientes estudios sobre masculinidad también la abordan, configurándose un escenario de
amplio debate, nuevos conocimientos y evaluaciones conducentes a nuevas preguntas que permitan
respuestas más precisas desde la política pública.
En este mismo proceso, el lenguaje, las estrategias y las modalidades institucionales creadas
para atender la violencia contra la mujer se han extendido a la lucha contra otras formas de
violencia - como la violencia contra la infancia, las personas de la tercera edad, los discapacitados -
lo cual en muchos países ha sido sustituido por una general preocupación por la violencia familiar.
Sin embargo, esta disolución del sujeto mujer en favor de un sujeto más colectivo como la familia
no está exenta de debate y evaluaciones controvertidas. En este contexto, el presente documento se
mantiene en el marco de los límites conceptuales, jurídicos e institucionales vigentes, y no pretende
abarcar el conjunto de las formas de violencia que afectan a la familia.
A nivel de producción de conocimiento, son varios los organismos académicos que han
contribuido con investigaciones y nuevos conocimientos. Además, los organismos especializados
de cooperación han apoyado acciones y programas de prevención y atención, campañas de
sensibilización y diálogos interdisciplinarios que dan respuesta al problema de la violencia como
un problema multidimensional. Cómo se verá en el capítulo respectivo, la preocupación por la
violencia ha ingresado también al ámbito de las estadísticas y se ha convertido en un campo de
preocupación en el que se expresan las necesidades de nueva información y mayores conocimientos
que permitan mejorar la calidad de las políticas públicas.