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Mujeres
rurales: Visibilizadas a medias
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En
esta sección analizamos los mensajes, acciones y políticas del Gobierno
que afectan a las mujeres. Explicamos el alcance y las consecuencias de
estas medidas para las mujeres, planteamos alternativas y visibilizamos
acciones de incidencia política del movimiento de mujeres. Asimismo,
monitoreamos el cumplimiento de compromisos que el Gobierno asume de cara
a las mujeres.
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De
cada 10 mujeres nicaragüenses, 4 viven en el campo y trabajan de
sol a sol. Sin embargo, durante muchos años, a los Gobiernos de
turno ni les pasaba por la cabeza que las mujeres rurales también
son productoras. Cuando se pensaba en reformas agrarias, planes de
producción o políticas de gobierno, sólo se tomaban en cuenta los
intereses de campesinos varones.
La situación empezó a cambiar a partir de la década
de los 80, cuando unas 3 mil 800 mujeres se integraron a las
cooperativas de producción, aunque de cada 10 cooperativistas,
apenas una era mujer. |
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Unas 2 mil campesinas
recibieron tierra de manera individual, pero eran muy pocas en comparación
con el número de hombres que obtuvieron el mismo beneficio. Eso ocurría
porque la gente estaba acostumbrada a creer que las mujeres no somos
productoras y por eso, no necesitamos ser propietarias. El derecho de las
campesinas a la tierra todavía no está plenamente reconocido, a pesar de
que actualmente alrededor de la mitad de los ingresos de los hogares
campesinos en América Central proviene del trabajo de las mujeres.
Es justo, necesario y urgente que esta labor sea
valorada y apoyada por el Estado. Pero ¿realmente existe este
reconocimiento y apoyo? |
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Estamos muy lejos de la
equidad de género
De 1992 al 2000, sólo 3
mil 788 mujeres obtuvieron títulos de manera individual. Desde
mediados de 1997 hasta el 2000, 3 mil 548 mujeres recibieron títulos
mancomunados (para la mujer y su pareja: esposo o compañero en unión
de hecho estable).
En total, 20 mil 12
mujeres han sido beneficiadas con alguna clase de títulos agrarios
(individuales, mancomunados, colectivos y de cooperativa).Patricia
Hernández, de la Oficina de Titulación Rural (OTR), comparte con
La Boletina sus reflexiones: |
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Desde el 93 la OTR
empezó a entregar a mujeres títulos individuales por mandato
presidencial de doña Violeta. Después la Ley de Estabilidad de la
Propiedad (Ley 209), aprobada en el 95, estableció que “por el solo
ministerio de la presente Ley, los Títulos de Reforma Agraria extendidos
a nombre del jefe de familia se entenderán extendidos también a nombre
del cónyuge o compañera en unión de hecho estable”. Esta misma
disposición fue recogida en el artículo 49 de la Ley sobre la Propiedad
Reformada Urbana y Agraria (Ley 278), aprobada en 1997. Todavía no está
reglamentada pero todos los títulos se extienden a la pareja, incluso
cuando el hombre dice que no está de acuerdo.
La Constitución en su artículo 73 reconoce la unión
de hecho. Por lo tanto, en caso de separación, a la mujer le corresponde
la mitad de las tierras, pero por miedo a la violencia de parte del ex
compañero, muchas mujeres no reclaman su parte y se quedan sin nada. No
conocen las leyes, y además, se les complica defender sus derechos por lo
alejado de las zonas donde ellas viven. |
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Para las campesinas es muy difícil obtener el
título individual. Únicamente las mujeres solas jefas de hogar
tienen la oportunidad de conseguirlo. En titulación individual, el
techo para la gran mayoría de las mujeres es de 5 a 10 manzanas,
mientras que los hombres reciben de 20 a 30. Eso no está
determinado por ninguna ley, se hace porque todavía se cree que las
mujeres no son productoras. Muchas de las beneficiarias reciben
tierra de la peor calidad. |
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| Cuando al inicio de este año se estaba
discutiendo el anteproyecto de Ley de Igualdad de Oportunidades, la Comisión
Interinstitucional de Mujer y Desarrollo Rural propuso a la diputada Dora
Zeledón que la nueva ley diga con toda claridad que es obligatorio
otorgar a las mujeres títulos individuales. Lamentablemente, la propuesta
no ha sido tomada en cuenta. Ninguna ley obliga a las instituciones del
Estado a priorizar los intereses de las mujeres rurales. |
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Acceso a la asistencia
técnica
Otro problema de las
campesinas es la falta de acceso a la tecnología que les permita mejorar
sus cosechas y elevar su nivel de vida. Antes, casi toda la capacitación
tecnológica de las mujeres en el campo corría por cuenta de las
organizaciones no gubernamentales. En los últimos 5 años el Gobierno está
brindando más asistencia técnica a las campesinas, aunque todavía no
logra cubrir la demanda.
Actualmente de cada 10
personas atendidas por el Instituto de Tecnología Agropecuaria (INTA), 3
son mujeres (en 1995, no llegaban siquiera a 1 de cada 10). El INTA ha
venido identificando las necesidades de las productoras y dando respuesta
a estas necesidades a través de la difusión de tecnologías que se
aplican en la producción de patio: la introducción de aves y cerdos
mejorados, siembra de hortalizas, frutales injertos, cocinas ahorradoras
de leña y otras. |
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Asimismo, las mujeres han
recibido asistencia técnica y capacitación en las labores en las
que ellas tienen mayor participación como productoras. Por ejemplo,
mujeres de la zona de San Ramón, Matagalpa, han sido capacitadas en
el recuento de plagas y enfermedades del café, manejo de viveros y
manejo agronómico del maíz.
Sin embargo, las
funcionarias del INTA consideran que en su institución todavía se
asignan pocos recursos para promover el enfoque de género en el
trabajo de los técnicos que atienden a la gente en el campo.
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Políticas ya existen,
falta aplicarlas
En 1993, como resultado del esfuerzo de mujeres de
varios organismos no gubernamentales, instituciones del Gobierno y
proyectos de desarrollo que trabajaban con mujeres rurales, se creó
la Comisión Interinstitucional de Mujer y Desarrollo Rural (CMYDR).
El 14 de octubre de 1997 el Gobierno reconoció esta comisión a
través del Decreto Presidencial No. 57-97, inscrito en La Gaceta
No. 198. La CMYDR es una instancia de coordinación, intercambio de
experiencias y ejecución de acciones, cuyo objetivo es “incidir
de mejor forma en la transformación de las condiciones de vida de
la población rural, especialmente de las mujeres rurales”. Es
coordinada por el INIM.
A excepción del
Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR), todas las instituciones
del sector público agropecuario y ambiental ya cuentan con sus
respectivas políticas de equidad de género, cuya finalidad es
garantizar que las mujeres tengan las mismas oportunidades que los
varones. |
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Integrantes
de la Comisión Interinstitucional de Mujer
y Desarrollo Rural (CMYDR)
Instituto Nicaragüense de
la Mujer (INIM)
Ministerio Agropecuario y
Forestal (MAGFOR)
Instituto Nicaragüense de
Tecnología Agropecuaria (INTA)
Oficina de Titulación
Rural (OTR)
Instituto de Desarrollo
Rural (IDR)
Ministerio de Ambiente y
Recursos Naturales (MARENA)
Centro para la Promoción,
la Investigación y el Desarrollo Rural y Social (CIPRES)
Federación de Mujeres Productoras del Campo de
Nicaragua (FEMUPROCAN) |
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El Ministerio de Ambiente
y Recursos Naturales (MARENA) elaboró su política en 1999 y las demás instituciones presentaron sus políticas
este año.La Comisión Interinstitucional de Mujer y Desarrollo Rural ha
participado muy activamente en la elaboración de estas políticas de
equidad de género.
Irma Ortega Sequeira, del
Centro para la Promoción, la Investigación y el Desarrollo Rural y
Social (CIPRES), nos dijo al respecto: “Se supone que las políticas
tienen fuerza de ley, aunque de eso a la aplicación de las mismas hay un
trecho enorme; pero, por lo menos, ya están formuladas y podemos
apoyarnos en ellas cuando hacemos propuestas para beneficiar a las mujeres
rurales”.
Avances y retos
El Instituto Nicaragüense de la Mujer (INIM) también
está trabajando con las campesinas. Ha creado el Programa Mujer y
Desarrollo Rural, publicó el libro titulado “Igualdad de oportunidades
para las mujeres rurales” y coordina la Comisión Interinstitucional
Mujer y Desarrollo Rural. El movimiento de mujeres considera que esta
comisión “trabaja con muchas ganas”, pero cree que para que la CMYDR
tenga más fuerza, es prioritario que la sociedad civil tenga mayor
representatividad en esta comisión y que se asigne financiamiento
gubernamental para su labor. |
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Además, las mujeres opinan que para sacar
adelante los programas que atienden a las mujeres rurales, falta
voluntad política del Gobierno Central, dinero y poder de decisión
de las Unidades de Género de las instituciones del sector público
que trabajan con el agro.
A menudo las mujeres no tienen confianza en que
el Gobierno realmente tome en consideración sus criterios. Por
ejemplo, cuando a fines de 1999 el INIM y el Instituto Nicaragüense
de Estadísticas y Censos (INEC) convocaron al movimiento de mujeres
para incorporar el enfoque de género en la boleta para el Tercer
Censo Nacional Agropecuario (CENAGRO), varias mujeres preguntaron si
sus aportes realmente iban a ser tomados en cuenta o sólo se estaba
llenando un requisito. |
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En el 2000 INEC e INIM
volvieron a convocar a las organizaciones que trabajan con mujeres
rurales, pero asistieron muy pocas personas. Irma Ortega, de CIPRES, que
tomó parte en las dos convocatorias, opina al respecto: “Hay espacios
de participación que a veces no aprovechamos pero en parte es porque
existe desconfianza en que el Gobierno tome en cuenta nuestros aportes”.
Algunas propuestas de las mujeres para la boleta del
CENAGRO fueron aceptadas por el INEC. Por ejemplo, incluyeron en la boleta
aspectos de la agricultura ecológica, visibilizaron a las productoras y
no sólo a los productores, indicando en cada ocasión si se trata de una
mujer o de un varón. Los expertos del INEC dijeron que reconocían la
importancia del trabajo de las mujeres en los cultivos de patio, pero no
incorporaron este elemento a la boleta del censo, alegando que eso
dificultaría el procesamiento de los datos. Entonces, las campesinas
quedaron visibilizadas a medias, porque es precisamente en los patios
donde ellas hacen una buena parte de su trabajo y porque estos cultivos de
patio hacen un importante aporte a la economía familiar y también a la
nacional, ya que muchos alimentos que consumimos provienen de los patios. |
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Instancias
de coordinación que trabajan
con mujeres rurales
Comité
de Enlace de la Mujer Rural
Es una instancia de coordinación con una fuerte
participación gremial —FEMUPROCAN, ATC, UNAG—, en la que también
participan dos organismos no gubernamentales: CESADE y CIPRES. Tiene
como objetivo facilitar y fortalecer las capacidades de las
organizaciones de mujeres rurales para emprender procesos de
incidencia organizada que contribuyan a potenciar el derecho de las
mujeres a la propiedad de la tierra. Este comité es coordinado por
FEMUPROCAN. Actualmente el Comité de Enlace, con el apoyo de la
Fundación Arias, está ejecutando el Proyecto de Acceso de Mujeres
a la Tierra, que se denomina Sembrando Cambios en Centroamérica:
Mujeres, Propiedad de la Tierra e Incidencia Organizada. |
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Grupo
Interinstitucional de Género y Agricultura (GIIGA)
Conformado desde 1998, agrupa una diversidad de ONGs
nacionales y regionales, programas internacionales y universidades; de
parte del Estado participan el INIM y el MAGFOR. El objetivo de este grupo
es contribuir al fortalecimiento de las capacidades individuales, grupales
e institucionales de sus integrantes para que puedan desarrollar su
trabajo dirigido a la agricultura con enfoque de género. Actualmente
GIIGA está haciendo una investigación conjunta sobre la participación
de las mujeres en la producción de alimentos para sus familias y para
consumo local. |
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Plan Nacional de las
Mujeres Rurales
El Comité de Enlace de la
Mujer Rural presentó a diferentes organizaciones que trabajan con mujeres
en el sector rural, una propuesta de Plan Nacional de las Mujeres Rurales
(PLANAMUR). Su principal objetivo es incidir en las iniciativas de leyes
que faciliten el acceso de las mujeres rurales a la tierra y favorezcan
relaciones más equitativas entre mujeres y hombres. La idea es que
PLANAMUR sea enriquecido
y asumido por las mujeres del campo y apoyado por el
movimiento amplio de mujeres. |
| María Teresa Fernández, de FEMUPROCAN,
Coordinadora Ejecutiva del Comité de Enlace de la Mujer Rural,
relata a La Boletina:
Hemos identificado, entre otros, los
siguientes problemas con los que se enfrentan las mujeres rurales:
- Gran
desorden en la tenencia de la tierra, en los registros de las
personas y de la propiedad.
- Indefensión
de las personas que han sido beneficiadas por la Reforma
Agraria.
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- Ausencia de mujeres en el Consejo
nacional de Reforma Agraria, que está compuesto en su mayoría por
altos funcionarios del Gobierno y defiende los intereses de las
mujeres rurales.
- Las mujeres estamos invisibilizadas
en las leyes de la propiedad.
Trabajamos por lograr
políticas públicas que tomen en cuenta a las mujeres rurales. Hemos
invitado a nuestras actividades a diputadas y diputados nacionales, con el
fin de plantearles nuestras propuestas e inquietudes, y constatamos que
las mujeres rurales no están incluidas en la agenda parlamentaria.
Estamos luchando por llenar vacíos legales, por hacer cumplir leyes ya
existentes y por proponer nuevas leyes que reconozcan a mujeres como
productoras y propietarias de la tierra. |
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Como parte de las actividades de incidencia, junto
con otras compañeras que trabajamos con mujeres del sector rural,
propusimos incorporar la perspectiva de género al Proyecto de
Administración de Tierra impulsado por el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público. Para eso presentamos nuestra propuesta en el
Taller de Políticas de Tierras, organizado por el MAGFOR en marzo
de este año e introdujimos el enfoque de género en la matriz
definida para el proyecto. |
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| A finales de marzo realizamos
un Taller de Incidencia Política con el fin de dotarnos de
herramientas para una búsqueda más eficaz de alternativas para la
consecución de nuestros objetivos en pro de las mujeres rurales. Hemos
identificado espacios donde las mujeres del campo pueden hacer incidencia
para lograr beneficios, y algunas técnicas para negociar propuestas con
diferentes organismos del Gobierno. |
Algunas
de las propuestas de PLANAMUR son:
- Aprobar lo más pronto posible la Ley
sobre la Propiedad Reformada Urbana y Agraria (Ley 278).
- Promover la iniciativa de revisión
del Código Civil y Penal desde la perspectiva de género,
especialmente en los artículos que hablan de los derechos de la
herencia y del reclamo de propiedades.
- Sensibilizar a ala sociedad acerca del
derecho de las mujeres rurales a ser propietarias de la tierra.
- Fomentar la creación de una cartera
de compra de tierras en condiciones que permitan a las mujeres acceder
a préstamos para adquirir la tierra.
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Podés encontrar mucha
información valiosa sobre el aporte de las mujeres rurales a la
economía en el libro de Sonia Agurto y Alejandra Guido:
"Mujeres: Pilares fundamentales de la economía
nicaragüense". |
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