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2do INFORME NACIONAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA SOBRE LA IMPLEMENTACION DE LA CONVENCION DE LUCHA CONTRA LA
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REPUBLICA DOMINICANA
Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales
2do INFORME NACIONAL
DE LA REPUBLICA DOMINICANA
SOBRE LA IMPLEMENTACION
DE LA CONVENCION DE LUCHA CONTRA LA
DESERTIFICACION Y LA SEQUIA
COORDINACION NACIONAL
SUBSECRETARIA DE SUELOS Y AGUAS
GRUPO TECNICO INTERINSTITUCIONAL
SANTO DOMINGO, D.N.
ABRIL 24, 2002
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Contenido
Resumen Ejecutivo
3
Introducción
5
1. Reorientación del sector medio ambiente y recursos naturales
5
2. Protección y calidad del medio ambiente
13
3. Reordenamiento de la gestió de los recursos naturales y el medio ambiente 16
4. Participación de los actores en la definición de las prioridades nacionales
18
5. Apoyo eficaz de las contrapartes internacionales para la cooperación
19
6. Implementación de las recomendaciones del comité de ciencia y tecnología 19
7. Coherencia y funcionabilidad del marco legal y regulatorio
20
8. Cuerpos nacionales coordinadores establecidos y funcionales y papel de los
puntos focales nacionales
21
9. Planes y estrategias nacionales disponibles en otras áreas sociales y
económicas 22
10. Planes y estrategias nacionales desarrollados en el campo de la desertificación
previo a la UNDC
24
Listado de participantes al Taller Nacional de Validación
28
2
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Resumen Ejecutivo
El proceso de degradación de los recursos naturales que afecta áreas
importantes del territorio nacional debido al manejo incorrecto de los suelos,
prácticas agrícolas inadecuadas, deforestación, agricultura migratoria,
sobrepastoreo y uso inapropiado del agua, ha impacta negativamente en el medio
ambiente, llegándose a tal extremo que el 69% del territorio dominicano se
encuentra ubicado dentro de una de las tres categorías consideradas dentro de la
escala de desertificación, como son: zonas áridas, semiáridas y/o húmedas secas.
Esta situación incide sobre la producción agropecuaria y por ende en las
poblaciones residentes en las áreas afectadas, consideradas zonas de tendencia
árida o de desertificación.
El rápido crecimiento poblacional del país, conlleva una creciente demanda de
alimentos y un uso intensivo del suelo, aspectos que aumentan el riesgo de
acelerar la degradación de los ecosistemas.
La escasa disponibilidad de agua para el abastecimiento doméstico y las altas
necesidades de riego para la agropecuaria son indicadores determinantes para
aunar esfuerzos en torno a buscar soluciones urgentes a los fines de frenar esta
difícil y costosa situación.
El presente informe contiene parte de los esfuerzos e iniciativas asumidas en
los últimos dos años frente al quehacer en la lucha para mitigar el proceso de
desertificación y la sequía en el país dominicano.
Considerando que los recursos naturales del país constituyen un conjunto de
bienes comunes y esenciales para la sociedad, es deber y responsabilidad del
Estado y de sus Instituciones, incluyendo los Gobiernos Municipales, y a cada
ciudadano cuidar de que no se agoten o deterioren, para que puedan ser
aprovechados racionalmente y disfrutados por las generaciones presentes y
futuras y que el medio ambiente le sea habitable en el tiempo, se hace necesario
establecer los mecanismos de rigor para mantener la armonía entre el ser
humano y el entorno donde habita a los fines de impedir, subsanar, corregir o
eliminar las situaciones que perjudican los recursos naturales y la biosfera,
entendiéndose de vital importancia la protección, conservación y el uso racional
de dichos recursos, especialmente el suelo y el agua, mediante los cuales es
posible mantener y sostener los variados ecosistemas que conforman el
patrimonio natural y cultural de la nación dominicana, que incluyen la flora y
fauna, nativa, endémica y migratoria.
A los fines de fortalecer y sustentar los esfuerzos relacionados en torno a la
lucha contra la desertificación y la sequía, se crea la Secretaría de Estado de
Medio Ambiente y Recursos Naturales, amparada por la ley 64-00, que tiene por
objeto establecer las normas para la conservación, protección, mejoramiento y
restauración del medio ambiente y los recursos naturales, declarando de interés
nacional la protección, restauración y el uso racional de los recursos naturales y
los bienes que conforman el patrimonio natural y cultural.
Para la realización de las diferentes actividades que desarrolla el país en torno
a la lucha contra la desertificación y la sequía, se cuenta con las siguientes
organizaciones:
3
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Comité Operativo del Comité Nacional de lucha contra la desertificación y la
sequía.
• Consejos de Desarrollo Provinciales.
• Organizaciones no gubernamentales (ONG’s).
Con la participación de estas organizaciones se ha implementado una
campaña nacional de divulgación y Concientización sobre la convención mediante
charlas y talleres, y ya se han realizados en Santo Domingo, Mao-Valverde,
Barahona, La Romana, Cabral y Montecristi.
El Gobierno Dominicano soporta el apoyo de la contraparte internacional
financiando la parte que corresponde al país en lo referente a la elaboración del
Plan de Accion Fronterizo y Plan de Accion Nacional, los cuales actualmente se
encuentran en su fase final.
En cuanto a la implementacion de las recomendaciones del Comité de Ciencia
y Tecnología, aun no se han implementado cabalmente sus recomendaciones ni
se han definido indicadores que permitan evaluar los progresos alcanzados en
materia de desertificacion y sequia. Hay retraso en el establecimiento del sistema
de alerta temprana.
La Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales (64-00) incorporó
aspectos consagrados en la Convención de Desertificacion y Sequia e involucró la
activa participación de las comunidades en la toma de decisiones relativas a los
planes ambientales.
El informe reseña acciones implementadas en los últimos dos años que
refuerzan la intención del Estado para combatir aspectos colaterales de lucha
contra la desertificación, como son el Plan Social del Gobierno Dominicano, el
Programa Nacional Comunidad Digna, El Plan Nacional de Alimentación y
Nutricion y el Plan Nacional de Desarrollo de la Educación. Tambien incluye
planes y estrategias nacionales relacionados con el Programa 21 Nacional, el
Programa Nacional de Cambio Climático, la Estrategia Nacional y el Plan de
Accion para la Conservación de la Biodiversidad, el Programa de Pequeños
Subsidos del Fondo para el Medio Ambiente Mundial , el Programa Nacional para
la Reducción de Sustancias que Agotan la Capa de Ozono, el Programa Nacional
de Reforestacion y el Programa Nacional de Gestion Ambiental y de Recursos
Naturales.
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INTRODUCCIÓN
Dentro de los procesos de degradación del medio ambiente que se producen
en la República Dominicana, la desertificación es uno de los más importantes. El
69% del territorio dominicano se encuentra ubicado dentro de una de las tres
categorías consideradas dentro del proceso de desertificación (zona árida, semi-
árida y/o húmeda seca). El manejo incorrecto de los suelos, las prácticas
agrícolas inadecuadas, la deforestación, el sobrepastoreo y el uso inapropiado del
agua para el riego en los predios agrícolas favorece la continuación del aumento
de este porcentaje.
La situación es grave. El impacto de la sequía sobre las poblaciones y la
producción agropecuaria es cada vez mayor, pero carecemos de los recursos
requeridos y la información comparativa que nos permita cuantificar el fenómeno.
La reducción de la disponibilidad de agua dulce para el abastecimiento doméstico
afecta a mayor número de personas. La desertificación está interfiriendo con los
esfuerzos para el combate de la pobreza y la marginalidad social, los cuales son
cada vez mayores, más costosos y sus resultados menos perceptibles. La falta de
conciencia, el desconocimiento de las técnicas conservacionistas para la
producción agropecuaria y la carencia de recursos para enfrentar el problema
complican el escenario.
Con una población que crece rápidamente, los dominicanos observamos una
creciente demanda de alimentos y uso intensivo del suelo, que aumentan
geométricamente. Paralelamente, también crece el riesgo de acelerar la
degradación de los ecosistemas.
Frenar esta situación es difícil y costosa; sin embargo, la República
Dominicana está dando los pasos pertinentes para enfrentarla. El presente
informe presenta algunos de los esfuerzos e iniciativas tomadas en los últimos
dos años para enfrentar el proceso de desertificación y dar respuesta a algunas
de las preocupaciones citadas anteriormente.
Dentro de los pasos más importantes en esta lucha encontramos la
promulgación de la Ley General Sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales (Ley
64-00), la cual crea la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, reordena los organismos del sector ambiental y sienta las bases para
la gestión sustentable de los recursos naturales y el medio ambiente.
1. REORIENTACIÓN DEL SECTOR MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES
1.1. Ley sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales (64-00)
En el ámbito del medio ambiente y los recursos naturales, la promulgación de
esta Ley es el acontecimiento más importante de los últimos dos años. Este
instrumento legal crea por primera vez en la República Dominicana la Secretaría
de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, reordena y reagrupa todas
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las instituciones y organismos Estatales relacionados con el Medio Ambiente y los
Recursos Naturales, crea el Consejo Nacional de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, la Procuraduría para la Defensa del Medio Ambiente, el Sistema
Nacional para la Gestión del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, el Sistema
Nacional de Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Información de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, establece los instrumentos para la Gestión
Ambiental y el Ordenamiento Territorial y crea los incentivos ambientales.
1.2. Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Ha sido creada la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos
Naturales como organismo rector de la gestión del medio ambiente, de los
ecosistemas y de los recursos naturales, para que cumpla con las atribuciones
que de conformidad con la legislación ambiental en general, corresponden al
Estado, con el fin de alcanzar el desarrollo sostenible.
A esta Secretaría se le han asignado como funciones la elaboración de la
política nacional sobre medio ambiente y recursos naturales del país, así como la
ejecución y fiscalización de la política nacional sobre medio ambiente y recursos
naturales. Debe velar por la preservación, protección y uso sostenible del medio
ambiente y los recursos naturales.
La Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales quedó
estructurada atendiendo a sus áreas de competencia y funciones, organizándose
en cinco subsecretarías de Estado: a) la Subsecretaría de Gestión ambiental; b) la
Subsecretaría de Suelos y aguas; c) la Subsecretaría de Recursos forestales; d) la
Subsecretaría de Áreas protegidas y biodiversidad; y e) la Subsecretaría de
Recursos costeros y marinos.
1.3. Consejo Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Se creó el Consejo Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales, como
enlace entre el Sistema Nacional de Planificación Económica, Social y
Administrativa, el sector productivo nacional, la sociedad civil y las entidades de
la administración pública centralizadas y descentralizadas pertenecientes al
sector medio ambiente y recursos naturales, y como órgano responsable de
programar y evaluar las políticas, así como establecer la estrategia nacional de
conservación de la biodiversidad. El Consejo Nacional de Medio Ambiente y
Recursos Naturales está integrado por: el Secretario de Estado de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, quien lo preside; el Secretario de Estado Técnico
de la Presidencia; el Secretario de Estado de Agricultura y Ganadería; el
Secretario de Estado de Salud Pública y Asistencia Social; el Secretario de Estado
de Educación; el Secretario de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones; el
Secretario de Estado de las Fuerzas Armadas; el Secretario de Estado de Turismo;
el Secretario de Estado de Industria y Comercio; el Secretario de Estado de
Relaciones Exteriores; el Secretario de Estado de Trabajo; el Secretario General de
la Liga Municipal Dominicana; y el Director del Instituto Nacional de Recursos
Hidráulicos.
Además, en la conformación de este Consejo se dispuso que debe integrarse
un representante de las regiones Norte, Sur, Este y Oeste del país; un
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representante de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG’S) del área de
medio ambiente y recursos naturales; un representante de una organización
campesina; dos representantes de las universidades (pública y privada); y un
representante del sector empresarial, de ternas presentadas por sus respectivas
organizaciones al Secretario de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales y
designado por decreto del Poder Ejecutivo.
1.4. Reordenamiento de los organismos públicos pertenecientes al sector
medio ambiente y recursos naturales
Se ha transferido, y en consecuencia, dependen de la Secretaría de Estado de
Medio Ambiente y Recursos Naturales, bajo su nueva estructura, la Subsecretaría
de Estado de Recursos Naturales de la Secretaría de Estado de Agricultura, la
Dirección Nacional de Parques, el Departamento de Medio Ambiente de la Oficina
Nacional de Planificación, el Instituto Nacional de Recursos Forestales, el
Instituto Nacional de Protección Ambiental y la Oficina para la Protección de la
Corteza Terrestre, de la Secretaría de Estado de Obras Públicas.
Se derogó el decreto No. 216, del 5 de junio de 1998, que creó el Instituto de
Protección Ambiental (INPRA) y la ley 118-99 y su reglamento, del Instituto
Nacional de Recursos Forestales (INAREF) y sus atribuciones pasaron a la
Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Se dispuso que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales se
hiciera cargo de todas las edificaciones, mobiliarios, equipos, materiales, y de los
recursos físicos, cualquiera que sea su clase, en poder de los organismos que
le fueron transferidos y de los que son suprimidos por la ley 64-00.
Quedó establecido que la Dirección General de Minería, de la Secretaría de
Estado de Industria y Comercio, debe coordinar con la Secretaría de Estado de
Medio Ambiente y Recursos Naturales la formulación de la política minera
nacional, así como su aplicación, la cual debe estar sujeta a la política nacional
sobre medio ambiente y recursos naturales adoptada por el Poder Ejecutivo.
Se adscribieron y, por tanto, dependen de la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, el Jardín Botánico Nacional “Dr. Rafael M.
Moscoso”, el Parque Zoológico Nacional “Arq. Manuel Valverde Podestá”, el
Acuario Nacional, el Museo Nacional de Historia Natural y el Instituto Nacional de
Recursos Hidráulicos (INDRHI).
Se crearon los Consejos Directivos del Parque Zoológico Nacional, del Jardín
Botánico Nacional, del Acuario Nacional, del Museo Nacional de Historia Natural
y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos como órganos de control
administrativo y financiero, los cuales pasaron a ser presididos por el Secretario
de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales y conformados y
reglamentados mediante decreto del Poder Ejecutivo.
Las instituciones que se mencionan aquí conservan su autonomía funcional,
jurisdiccional y financiera, así como su patrimonio y personalidad jurídica propia.
Quedó establecido que el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos deberá
someter a la aprobación de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos
Naturales los planes, programas, proyectos y actividades que esta institución
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vaya a ejecutar en las cuencas hidrográficas, dentro de las competencias
asignadas por la ley a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos
Naturales. También, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI)
coordinará con la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales
todo lo relativo al uso y aprovechamiento de los recursos hídricos del país.
1.5. Sistema Nacional de Gestión del Medio Ambiente y Recursos Naturales
Para garantizar el diseño y eficaz ejecución de las políticas, planes,
programas y proyectos relativos al medio ambiente y los recursos naturales, se ha
creado un sistema con funciones de formulación, orientación y coordinación
denominado Sistema Nacional de Gestión Ambiental y de Recursos Naturales.
El Sistema Nacional de Gestión Ambiental y Recursos Naturales constituye el
conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, proyectos, programas e
instituciones que hacen posible la aplicación, ejecución, implantación y puesta en
marcha de los principios, políticas, estrategias, y disposiciones adoptados por los
poderes públicos relativos al medio ambiente y los recursos naturales.
1.6. Políticas Nacionales de Medio Ambiente y Recursos Naturales
El Gobierno de la República Dominicana, a través de la Secretaria de Estado
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con un préstamo de Aprendizaje e
Innovación del Banco Mundial, ejecuta el Proyecto Reforma de las Políticas
Nacionales de Medio Ambiente.
El objetivo general del proyecto de Política Ambiental y de Recursos Naturales
es “Fortalecer la capacidad de la sociedad dominicana para proteger, manejar e
incrementar su capital ambiental y de recursos naturales para beneficio de las
generaciones presentes y futuras“.
1.7. Instrumentos para la Gestión Ambiental
Se estableció que los instrumentos para la gestión del medio ambiente y los
recursos naturales son los siguientes: a) La planificación ambiental; b) La Ley
General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, las leyes especiales y
sectoriales, los convenios y tratados internacionales, y demás disposiciones
legales destinadas a proteger el medio ambiente y los recursos naturales,
incluidas las normas técnicas en materia de protección ambiental; c) El
ordenamiento territorial; d) El sistema nacional de áreas protegidas; e) Los
permisos y licencias ambientales; f) La evaluación de impacto ambiental
estratégica; g) El sistema nacional de información ambiental y recursos naturales;
h) La vigilancia e inspección ambientales; i) La educación y divulgación
ambientales; j) El desarrollo científico y tecnológico; k) Los incentivos
ambientales; y l) El fondo nacional para el medio ambiente y los recursos
naturales.
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1.8. Ordenamiento Territorial
Se declaró de alto interés nacional el diseño, formulación y ejecución de
un plan nacional de ordenamiento del territorio que incorpore las variables
ambientales.
El Secretariado Técnico de la Presidencia, en coordinación con la Secretaría de
Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales y demás órganos competentes
del Estado, están desarrollando las acciones encaminadas a dar cumplimiento a
la elaboración del Plan Nacional de Ordenamiento Territorial en un plazo no
mayor de tres (3) años.
1.9. Sistema Nacional de Áreas Protegidas
Se creó el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que comprende todas las
áreas de ese carácter, existentes y que se creen en el futuro, públicas o privadas.
Se transfirió las responsabilidades de la Dirección Nacional de Parques a la
Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
1.10. La Evaluación Ambiental
Con la finalidad de prevenir, controlar y mitigar los posibles impactos sobre el
medio ambiente y los recursos naturales ocasionados por obras, proyectos y
actividades, se estableció el Proceso de Evaluación Ambiental con los siguientes
instrumentos: a) La declaración de impacto ambiental (DIA); b) La evaluación
ambiental estratégica; c) El estudio de impacto ambiental; d) El informe
ambiental; e) La licencia ambiental; f) El permiso ambiental; g) Las auditorias
ambientales; y h) La consulta pública.
Las políticas, planes y programas de la administración pública, deberán ser
evaluados en sus efectos ambientales, seleccionando la alternativa de menor
impacto negativo. Se deberá realizar un análisis de consistencia con la política
nacional sobre medio ambiente y recursos naturales. Cada institución hará sus
propias evaluaciones ambientales estratégicas. La Secretaría de Estado de Medio
Ambiente y Recursos Naturales emitirá las directrices para las evaluaciones,
aprobará y supervisará el cumplimiento de sus recomendaciones.
En lo adelante, todo proyecto, obra de infraestructura, industria, o cualquier
otra actividad que por sus características pueda afectar, de una u otra manera, el
medio ambiente y los recursos naturales, deberá obtener de la Secretaría de
Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, previo a su ejecución, el
permiso ambiental o la licencia ambiental, según la magnitud de los efectos que
pueda causar.
1.11. Sistema Nacional de Información de Medio Ambiente y Recursos
Naturales
Se estableció el Sistema Nacional de Información de Medio Ambiente y
Recursos Naturales bajo la responsabilidad de la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente y Recursos Naturales. Dicho sistema está integrado por los organismos
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e instituciones públicas y privadas dedicadas a generar información técnica y
científica sobre el estado del medio ambiente y los recursos naturales.
Los datos del Sistema Nacional de Información Ambiental serán de libre
acceso y se procurará su periódica difusión, salvo los restringidos por las leyes
específicas y el reglamento correspondiente.
Quedó establecido que sin perjuicio de los derechos de propiedad intelectual,
todo aquel que realice una investigación o trabajo sobre el medio ambiente y los
recursos naturales, debe entregará un ejemplar de la investigación o estudio a
la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
La Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales elaborará y
publicará, cada dos años, un informe del estado del medio ambiente y los
recursos naturales, de acuerdo con el formato y contenido que al efecto
establezca el reglamento de administración y acceso al sistema, tomando como
base las Unidades de Gerencia Ambientales.
1.12. La Educación Ambiental
La ley sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales estableció que la Secretaría
de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con la
Secretaría de Estado de Educación, llevará a cabo programas de educación
ambiental -formal y no formal- con la participación de instituciones públicas y
privadas que realizan actividades educativas.
Actualmente, la Secretaría de Estado de Educación ha incorporado como eje
transversal, la educación ambiental con enfoque Interdisciplinario y carácter
obligatorio en los planes y programas de todos los grados, niveles, ciclos y
modalidades de enseñanza del sistema educativo, así como en los institutos
técnicos, de formación, capacitación, y actualización docente, de acuerdo con la
política establecida por el Estado para el sector.
El Consejo Nacional de Educación Superior, en coordinación con la Secretaría
de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, también garantizará la
incorporación de la dimensión ambiental en los planes de estudios de pre y
postgrado, curriculares y extracurriculares, dirigidos a la formación y el
perfeccionamiento de los profesionales de todas las ramas, en la perspectiva de
contribuir al uso sostenible de los recursos naturales y la protección y
mejoramiento del medio ambiente.
Mediante acuerdo interinstitucional entre las Secretarías de Estado de
Agricultura y la de Medio Ambiente y Recursos Naturales se ha iniciado la
capacitación de todos los técnicos agropecuarios en el uso de prácticas
conservacionistas en la gestion y manejo de los suelos y las aguas. En estos
momentos han sido capacitados más del 40% de los técnicos agropecuarios.
1.13. La Investigación Científica y Tecnológica
El Estado Dominicano promoverá e incentivará la investigación científica y
tecnológica aplicada en el área del medio ambiente y los recursos naturales para
el desarrollo sostenible.
10
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La Ley sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales estableció que dentro del
año de su promulgación, la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, en coordinación con los organismos e instituciones pertinentes, debía
proceder a elaborar y poner en ejecución el programa permanente de
investigación científica y tecnológica ambiental para el desarrollo sostenible.
La Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales promoverá
una política de investigación y extensión, acerca del estado general y las
potencialidades del medio ambiente y de los recursos naturales; así mismo,
estimulará a las instituciones de educación superior y a los centros de
investigación para que ejecuten programas de formación de especialistas e
impulsen la investigación científica y tecnológica sobre la materia.
Las personas naturales o jurídicas que se dediquen a actividades de
investigación sobre el medio ambiente y los recursos naturales, cuyos resultados
sirvan de base para el mejoramiento de la calidad ambiental y el uso sostenible
de los recursos naturales, podrán recibir incentivos de acuerdo con el reglamento
que se elabora para tal fin.
1.14. Incentivos por Servicios Ambientales
El Estado reconoce los servicios ambientales que ofrecen los distintos
recursos naturales y está desarrollando un procedimiento para incluir en las
cuentas nacionales los valores establecidos.
En caso de recursos naturales propiedad de la nación, el valor de los servicios
ambientales que éstos ofrecen serán destinados a asegurar su calidad y cantidad
por medio de medidas de conservación y uso sostenible.
La Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales está
creando los mecanismos necesarios, y emitiendo las normas para el
reconocimiento de los servicios ambientales. Cuando estos servicios procedan de
recursos patrimonio de la Nación, los beneficios generados deberán reinvertirse
en mejorar la calidad del ambiente y en reducir la vulnerabilidad del territorio de
donde provengan.
Las inversiones para proteger o mejorar el medio ambiente y hacer un uso
sostenible de los recursos naturales, serán objeto de incentivos que consistirán
en exoneración, parcial o total, de impuestos y tasas de importación, impuestos
al valor agregado, y períodos más cortos de depreciación, de acuerdo con el
reglamento que se elabora.
La Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales calificará y
certificará las inversiones tendentes a proteger o mejorar el medio ambiente y
hacer un uso sostenible de los recursos naturales, según el reglamento
correspondiente, elaborado por la Secretaría de Estado de Finanzas y aprobado
por el Poder Ejecutivo.
Se ha establecido el Premio Nacional Ambiental, que será otorgado
periódicamente por el Poder Ejecutivo, como reconocimiento a las personas
naturales o jurídicas y a instituciones que se hayan destacado en la
protección del medio ambiente y manejo sostenible de los recursos naturales, o
en la ejecución de procesos ambientalmente sanos en el país.
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Las empresas que implanten el sistema de gestión ambiental dentro de los
principios de las normas ISO-14000 ó cualquier otro sistema extra de protección
y garantía ambiental, serán beneficiadas de acuerdo al reglamento elaborado para
tales fines.
Los medios de comunicación social que concedan gratuitamente tiempo
o espacios a la divulgación de campañas de educación ambiental debidamente
autorizadas, podrán gozar de incentivos fiscales, conforme a los reglamentos.
El Estado fomenta las inversiones para el reciclaje de desechos domésticos y
comerciales, para su industrialización y reutilización, acorde con los
procedimientos técnicos y sanitarios que apruebe la Secretaría de Estado de
Medio Ambiente y Recursos Naturales.
La Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en
coordinación con la Secretaría de Estado de Finanzas, prepara una metodología
y los procedimientos pertinentes para el pago de tasas por usos, emisiones de
vertidos y contaminantes en cuerpos receptores, dentro de los parámetros y
niveles establecidos en las normas de calidad ambiental.
1.15. El Fondo Nacional para el Medio Ambiente y los Recursos Naturales
Se creó el Fondo Nacional para el Medio Ambiente y Recursos Naturales, para
desarrollar y financiar programas y proyectos de protección, conservación,
investigación, educación, restauración y uso sostenible, con personería jurídica,
patrimonio independiente y administración propia, y con jurisdicción en todo el
territorio nacional.
La dirección y administración del Fondo Nacional para el Medio Ambiente y
Recursos Naturales está a cargo de un consejo, compuesto por el Secretario de
Estado de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, o su
representante, quien lo preside; el Secretario de Estado de Finanzas, o su
representante; el director de la Oficina Nacional de Planificación, o su
representante; el Secretario General de la Liga Municipal Dominicana, o su
representante; un director ejecutivo, quien actúa de secretario, nombrado por
decreto del Poder Ejecutivo, con voz, pero sin derecho a voto; dos representantes
de universidades (pública y privada); un representante del sector empresarial;
cuatro representantes de organizaciones comunitarias que trabajen en el área de
medio ambiente y recursos naturales, representando las regiones norte, sur, este
y oeste, de ternas presentadas por sus respectivas organizaciones al Secretario de
Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y designados mediante decreto
del Poder Ejecutivo.
La Contraloría General de la República fiscalizará el manejo de los recursos
del Fondo Nacional para el Medio Ambiente y Recursos Naturales.
1.16. Emergencias Ambientales y Declaración de Áreas Bajo Riego Ambiental
La ley sobre Medio Ambiente ha establecido que las consecuencias de los
desastres ambientales originados por negligencia serán responsabilidad exclusiva
de las personas o entidades causantes de los mismos, las cuales deberán
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reponer o restaurar las áreas o recursos destruidos o afectados, si ello fuese
posible, y responder penal y civilmente por los daños causados.
Todos los organismos del Estado y las instituciones privadas desarrollarán
acciones de capacitación para su personal acerca de los planes de contingencia
que se adoptarán en caso de desastre ambiental, para lo cual se establecerá la
debida coordinación institucional, especialmente con la Defensa Civil.
1.17. Procuraduría para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos
Naturales
Se creó la Procuraduría para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos
Naturales, como rama especializada de la Procuraduría General de a República.
La Procuraduría para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales
ejercerá la representación y defensa de los intereses del Estado y la sociedad en
esta materia.
1.18. El Delito Ambiental
Por primera vez en la historia dominicana, quedó establecido el delito
ambiental. En lo adelante todo el que culposa o dolosamente, por acción u
omisión, transgreda o viole la ley ambiental y demás disposiciones que la
complementen, incurre en delito contra el medio ambiente y los recursos
naturales y, por tanto, responderá de conformidad a las mismas. Así, de toda
agresión o delito contra el medio ambiente y los recursos naturales nace una
acción contra el culpable o responsable.
2. PROTECCIÓN Y CALIDAD DEL MEDIO AMBIENTE
A raíz de la creación de la Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos
Naturales ( Ley 64-00 ), de agosto del año 2000, se crean las condiciones para el
establecimiento de normas, reglamentos, proyectos y propuestas de leyes
sectoriales, que apoyan una gestión eficiente del medio y ambiente y los recursos
naturales en la República Dominicana, que indudablemente coadyuvarán a
fortalecer los Planes de Acción para el Combate de la Desertificación en el país.
A continuación se exponen las principales normas, reglamentos y proyectos de
ley, elaborados hasta la fecha, como parte del proceso de consolidación de las
instituciones que integran el sector medio ambiente y recursos naturales en la
República Dominicana.
2.1. Normas Ambientales
Concebidas para facilitar la gestión ambiental, como instrumentos técnicos
que sirven de parámetros en la toma de decisión para regular las acciones del ser
humano en su incursión sobre el medio ambiente:
13
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a. Normas sobre la calidad del agua y control de descarga: Los objetivos
principales de esta norma son proteger, preservar, conservar y mejorar la calidad
de las fuentes de suministro de agua a la población, la propagación y
mantenimiento de la vida acuática, tanto en los cuerpos naturales como
artificiales, así sean superficiales, subterráneos o costeros.
b. Normas sobre la calidad del aire y control de emisiones atmosféricas: Esta
norma establece los valores máximos permisibles de concentración de
contaminantes, con el propósito de proteger la salud de la población en general y
los grupos de mayor susceptibilidad en particular.
c. Normas sobre residuos sólidos y desechos radioactivos: Los objetivos son
proteger la salud humana y la calidad de vida de la población, así como promover
la preservación y protección del medio ambiente y establecer responsabilidades
legales y requisitos técnicos esenciales y procedimientos administrativos, relativos
a todas las etapas de gestión de desechos radiactivos en la República
Dominicana, para garantizar la seguridad del hombre y el medio ambiente.
d. Normas Ambientales sobre la protección contra ruidos: Establece los niveles
máximos permitidos y los requisitos generales para la protección contra el ruido
ambiental, producidos por fuentes fijas y móviles, que han de regir en todos los
lugares del ámbito nacional.
2.2. Normas Forestales
Estas normas tienen el objetivo de regular todo lo concerniente al manejo,
uso, aprovechamiento, protección y conservación de los recursos forestales del
país, las cuales servirán de instrumentos técnicos de soporte para apoyar una
eficiente Administración forestal en la República Dominicana.
a. Normas técnicas para planes de manejo forestal: Estas normas contienen
los principios, criterios e indicadores para el manejo forestal sostenible y exige un
documento técnico básico, que contiene el conjunto de acciones y procedimientos
que tiene por objeto el ordenamiento de un predio para el logro del manejo
sustentable, que incluye las actividades de cultivo, protección, conservación,
restauración y aprovechamiento de los recursos de tal manera que se respete la
integridad funcional y la capacidad de carga de los ecosistemas de los que forma
parte.
b.
Normas
técnicas
para
el
establecimiento
y
certificación
de
plantaciones forestales: Tienen por objeto regular los procedimientos técnicos y
administrativos a seguir en el establecimiento de plantaciones forestales con
derecho al corte y donde el propietario se compromete a ejecutar un plan de
manejo y a observar varios requisitos que garanticen la sostenibilidad del
desarrollo forestal del país.
c. Reglamento para el funcionamiento de la industria forestal que procesa madera
en la República Dominicana: El objetivo es contribuir al desarrollo sostenible del
bosque natural y plantado así como también al fomento de la reforestación
comercial y con fines de protección en la República Dominicana, regulando el
desarrollo de la industria de aserrío, para propiciar una mayor eficiencia y control
en el aprovechamiento del recurso forestal.
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d. Normas y procedimientos para los permisos forestales: EL propósito es
desconcentrar el otorgamiento de permisos forestales para corte de árboles y
limpieza de terrenos, para un servicio más eficiente, que asegure el cumplimiento
de las leyes, reglamentos y demás disposiciones de la Secretaría de Estado de
Medio Ambiente y Recursos Naturales.
e. Ruta nacional de transporte de productos forestales: EL objetivo es garantizar
el control y supervisión del transporte de productos provenientes de los
aprovechamientos forestales, para establecer mecanismos, necesarios para tener
más transparencia en el manejo de los recursos forestales en la República
Dominicana.
2.3. Normas de uso de suelos y aguas
Tienen como fin fundamental, proteger, conservar y mejorar los suelos, en
gestión integrada y sostenible con los demás recursos naturales, mediante la
planificación ambiental adecuada.
a. Normas sobre uso, manejo y conservación de suelo: los objetivos de estos
reglamentos son los siguientes: a) Impulsar el manejo, así como la conservación y
recuperación de los suelos en forma sostenida e integrada con los demás recursos
naturales. b) Facilitar los mecanismos para la acción integrada y coordinada de
las instituciones relacionadas con el sector conservación de suelos. c) Promover la
planificación por medio de inventarios ambientales, para el aprovechamiento
balanceado entre la capacidad de uso y el potencial productivo, mejorando con
ello las condiciones de vida de la población. d) Fomentar la participación activa de
las comunidades y los productores, en la generación de las decisiones sobre el
manejo y conservación de los suelos. e) Impulsar la implementación y el control
de prácticas mejoradas, en los sistemas de uso, que eviten la erosión u otras
formas de degradación del recurso suelo. f) Fomentar la agroecología como forma
de lograr convergencia entre los objetivos de la producción agrícola y la
conservación de los recursos de suelos y agua.
b. Proyecto de ley de aguas. Se elaboró un anteproyecto de ley de aguas,
actualmente se encuentra en proceso de consenso
2.4. Biodiversidad
Proyecto de Ley sobre la Biodiversidad: En este proyecto se contempla que la
política sectorial para el manejo de la Biodiversidad en el país, se debe concebir a
largo plazo (20 años), por la necesidad de tener una visión integradora en el
manejo de la misma, que contemple tanto los recursos naturales, como los
factores socioeconómicos y culturales, como aspectos que influyen en la
preservación de la Diversidad Biológica.
Este proyecto cuenta con varios componentes, que son instrumentos
fundamentales para un manejo sustentable de Biodiversidad: a. Conservación de
hábitats; b. Recursos genéticos; c. Conservación de especies amenazadas; d. Usos
de la biodiversidad; y e. Control de especies exóticas.
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2.5. Reglamentaciones sobre las Cuevas, Cavernas y el Ambiente subterráneo
La Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales en su artículo
160, declara como patrimonio natural de la nación las cuevas, cavernas y demás
cavidades subterráneas naturales del territorio nacional. Así también, prohibe
toda alteración física de sus características naturales y culturales, así como la
extracción de sus formaciones secundarias, materiales paleontológicos,
arqueológicos, o de cualquier clase, naturales o culturales de su interior, y la
introducción de desechos y objetos de cualquier tipo, que puedan alterar las
condiciones del equilibrio ecológico existente.
2.6. Reglamentaciones sobre los Recursos Mineros
La Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales estipula que en el
aprovechamiento de los recursos mineros, incluyendo la extracción,
concentración, beneficio y refinación, los concesionarios estarán obligados a la
disposición o eliminación adecuada de los materiales de desecho, tóxicos o no, de
acuerdo con el plan operacional y cierre del proyecto, además, rehabilitar las
áreas degradadas por su actividad y los ecosistemas vinculados a éstas que
puedan resultar dañados. Así mismo, se indica que los concesionarios deberán
rendir los informes correspondientes sobre la marcha de los trabajos y la
Secretaría de Medio Ambiente confrontará los mismos con los resultados de las
supervisiones y monitoreos realizados por la misma.
3. REORDENAMIENTO DE LA GESTION DE LOS RECURSOS NATURALES Y
EL MEDIO AMBIENTE
Se ha producido el reordenamiento de la gestión de los recursos naturales
y el medio ambiente en todo el territorio nacional. Con tal fin se han dado
inicio a un proceso de creación de los siguientes mecanismos:
3.1. Las Gerencias Ambientales
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en cumplimiento a
lo señalado por la Ley Sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales (ley 64-
00), ha zonificado el territorio nacional en unidades de Gerencia Ambientales,
las cuales funcionarán como representantes de la Secretaria en las regiones.
En cada Gerencia se designará un Encargado (o Gerente), quien será el
representante de la Secretaría de Medio Ambiente en la región.
La organización de las Gerencias a nivel nacional es la siguiente:
a. Gerencia Central, comprende las provincias de Santo Domingo, Baní, San
Cristóbal y Monte plata.
b. Gerencia Yaque del Norte, que comprende las zonas de Santiago, San
Ignacio de Sabaneta, Valverde Mao, Dajabón y Montecristi.
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c. Gerencia Yuna-Camú, con las zonas de Concepción de la Vega, Bonao,
Salcedo, Cotuí, Nagua y Samaná.
d. Gerencia Costa Atlántica, comprende las zonas de Puerto plata y Gaspar
Hernández.
e. Gerencia Sur, comprende la zona de Barahona, Azua, Pedernales, Neyba y
Jimaní.
f. Gerencia Suroeste, comprende la zona de: San Juan de la Maguana y Elías
Piña.
g. Gerencia Este, comprende a La Romana, San Pedro de Macorís, Hato
Mayor, El Seibo e Higuey.
3.2. Red Nacional de Manejo de Cuencas
La Red Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas es un organismo de
cooperación técnica, formada por instituciones públicas, privadas,
organizaciones no gubernamentales (ONG’s) organizaciones comunitarias y
personas ligadas al manejo de los recursos naturales.
Tiene como objetivo promover y apoyar la gestión operativa del manejo
integral de las cuencas hidrográficas en el país a través de un marco de
trabajo interinstitucional y multidisciplinario.
El Comité Coordinador está conformado por la Secretaría de Estado de
Medio Ambiente y Recursos Naturales a través de la Subsecretaría de Suelos y
Aguas, quien funge como Coordinadora, el Instituto Nacional de Recursos
Hidráulicos (INDHRI), que desempeña las funciones de Secretaría Ejecutiva,
un (una) encargado(a) de actas, un tesorero, un encargado de relaciones
públicas y dos vocales.
3.3. La Autoridad de Cuenca
La Autoridad de Cuenca, o Administración de Cuenca, la conforman la
Administración Oficial, Civil o los moradores del área de la cuenca, que
funciona como un instrumento administrativo de las cuencas hidrográficas.
Las funciones de la administración oficial de las cuencas hidrográficas
son: 1. La identificar la estructura de la tenencia de la tierra. 2. Diseñar y
proponer estudios, planes y proyectos. 3. Supervisar los proyectos que se
ejecutan bajo su área de influencia. 4. Velar por el buen manejo y uso de los
recursos naturales en las cuencas hidrográficas. 5. Velar para que los
habitantes de las cuencas hidrográficas cumplan con los reglamentos y las
normas que rigen el manejo y uso de los recursos naturales renovables.
Su objetivo es poner en manos de la sociedad dominicana el derecho a
disfrutar de un medio ambiente sano, mediante la participación de las
comunidades y sus habitantes, integrándose en la gestión para la conservación,
preservación, manejo y uso racional de los recursos naturales.
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4. PARTICIPACION DE LOS ACTORES EN LA DEFINICION DE LAS
PRIORIDADES NACIONALES
En el país se ha implementando una Campaña Nacional de Concientización y
Difusión de la Convención, a pesar de que aún no existe una estrategia de
conciencia pública y continua que permita un involucramiento contínuo de las
poblaciones locales. La Campaña Nacional desarrollada, fue financiada por
UNSO con el aporte de US$10,000.00 y la misma contó con una amplia
participación de las organizaciones que habitan en las zonas afectadas por
Desertificación y Sequía. Esta Campaña fue desarrollada por el Comité
Operativo del Comité Nacional de Desertificación y Sequía y dentro de la misma
se desarrollaron 7 talleres, los cuales estuvieron distribuidos de la manera
siguiente: 2 en Santo Domingo, 1 en Mao-Valverde, 1 en Barahona, 1 en La
Romana, 1 en Cabral-Barahona y 1 en Montecristi.
Los grupos metas seleccionados para la realización de estos talleres fueron
los Consejos de Desarrollo Provinciales, por considerarse éstos, como las
instituciones más participativas que existen en las provincias, ya que están
integrados por las autoridades provinciales, municipales y por representantes de
las fuerzas sociales y congresionales de las provincias y con una estructura
multidisciplinaria y multisectorial, que estratégicamente permite desarrollar un
trabajo mejor coordinado y más efectivo para la aplicación de la Convención.
Además de seleccionar a los Consejos de Desarrollo para la campaña se invitaba
a participar también a todas las ONG’s existentes en la zona, aunque las mismas
estaban integradas a los Consejos, esto permitía que todas las instituciones
pudieran beneficiarse de la concientización pública.
En los talleres se distribuían diferentes documentos relativos a la
Convención, incluyendo el texto de la misma y se abordaban temas sobre el
contenido e implementación de ésta, la situación del país frente a la
desertificación y la sequía, la importancia de la participación de las comunidades
y organizaciones, y la visión de género como eje transversal en la implementación
de la Convención, entre otros.
El desarrollo de la campaña involucró significativamente un gran porcentaje
de mujeres, ya que en las invitaciones se ponía énfasis en la participación
igualitaria de las mujeres frente a los hombre; esto se mantuvo en toda la jornada
de concientización. Además, se realizó un taller sobre Género dentro de la
campaña, éste de desarrolló en el suroeste, que es la zona más afectada por
Desertificación y Sequía.
En el Plan Social que desarrolla el Gobierno Dominicano se ha dado atención
especial a los problemas de género y se ha contemplado un conjunto de metas
dirigidas a promover la equidad y la participación igualitaria de la mujer en
todos los niveles de la sociedad dominicana.
Existe una página Web, (www.desertificacion.8m.com) donde están
disponibles algunos resultados de los talleres realizados; la misma permite
informar (tanto a nivel nacional como internacional) sobre las actividades que se
realizan en el país en torno a la implementación de la Convención.
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5. APOYO EFICAZ DE LAS CONTRAPARTES INTERNACIONALES PARA LA
COOPERACION
El Gobierno Dominicano ha impulsado el apoyo de las contrapartes
internacionales a través del sometimiento de propuestas de proyectos para ser
financiados. En este sentido sometió los Lineamientos para el Plan de Acción
Nacional (PAN) y el Proyecto de Diagnóstico Binacional de la Zona Fronteriza.
Con relación al primero en el mes de marzo del 2001 se recibió una mínima
cooperación con el financiamiento de una Consultoría Nacional para apoyar el
PAN, pero aún no se han asignado recursos económicos para la formulación del
PAN. En cuanto al Diagnóstico Binacional, se decidió que éste sea realizado por
separadamente por cada uno de los países (Haití-República Dominicana) y se
asignó la suma de US$50,000.00 para al formulación del PAN Fronterizo. En
los momentos actuales el país se encuentra en la fase diagnóstica final, y está
procediendo a realizar las consultas locales para finalmente formular el Plan de
Acción Fronterizo y el Plan de Acción Nacional.
El apoyo que ha recibo el país de las contrapartes internacionales ha sido
limitado, especialmente a nivel de recursos económicos y asistencia técnica. Los
recursos económicos recibidos han sido los siguientes:
• US$8,000.00 para la realización de la Primera Jornada Nacional de
Concientización de la Convención.
• US$5,000.00 para la Elaboración del Primer Informe Nacional.
• US$10,000.00, para la realización de la Primera Jornada Nacional de
Concientización y Difusión sobre la Convención.
• US$ 50,000.00 para el Plan de Acción Fronterizo.
• US$5,000.00 para la Elaboración del Segundo Informe Nacional.
Por otro lado, debido a que en el país aun no se ha formulado un Plan de
Acción Nacional (PAN), no se ha alcanzado un seguimiento efectivo de las
actividades y las contrapartes internacionales no han estado presentes en el
proceso de financiamiento y seguimiento de las actividades desarrolladas.
6. IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DEL COMITÉ DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Aún no se han implementado las recomendaciones del Comité de Ciencia y
Tecnología, ni se han definido indicadores que permitan evaluar los progresos
alcanzados en materia de desertificación y sequía. Tampoco se ha desarrollado
un sistema de alerta temprana, ni se han realizado estudios que permitan
identificar lugares para proyectos pilotos.
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Sobre el sistema de alerta temprana, existe una gran entusiasmo en la Oficina
Nacional de Meteorología por iniciar proyecto en este sentido, ya que hay muchas
comunidades en el país donde ni siquiera se está midiendo la precipitación, que
es fundamental para establecer un sistema de alerta temprana. La asistencia
técnica y económica es vital para implementar este proyecto.
Conjuntamente con Haití y Cuba, el país formuló una propuesta para
trabajar en un proyecto subregional; el mismo fue sometido por Cuba ante el
Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF) sin que hasta la fecha se hayan
obtenido recursos para el inicio del mismo.
La República Dominicana elaboró su lista de expertos y la remitió a la
Secretaría de la Convención a través de la Secretaria de Estado de Relaciones
Exteriores, pero esa lista fue devuelta al país y aún no se ha vuelto a enviar, por
tanto no se le ha dado ningún tipo de uso a la misma. Esta lista debe revisarse y
ampliarse.
7. COHERENCIA Y FUNCIONABILIDAD DEL MARCO LEGAL Y REGULATORIO
En los momentos actuales, a través de un acuerdo entre la Oficina Nacional
de Planificación (ONAPLAN) y la Carta de la Tierra, se proyecta análizar la
legislación ambiental nacional, para evaluar en qué medida ésta cumple con los
acuerdos que en materia ambiental ha firmado la República Dominicana y
proponer medidas complementarias para introducir reformas en la legislación
nacional. Esta evaluación se realizará en los próximos meses y la misma
aportará los elementos necesarios para poder introducir cambios en las leyes
sectoriales, las cuales se encuentran en estos momentos en un proceso de
reforma.
Es importante destacar que en la Ley General de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (64-00) se tomaron en cuenta algunos aspectos consagrados en la
Convención de Desertificación y Sequía, sobre todo en lo relativo al manejo de los
suelos, además de que esta Ley involucra de forma activa la participación de la
sociedad civil y las comunidades locales en el manejo de los recursos naturales y
el ambiente.
En materia de participación local el país está impulsando un proceso de
descentralización. A través del decreto 685-00 se han creado estructuras locales
como son: los Consejos de Desarrollo Sectoriales, Regionales, Provinciales y
Municipales. Estas estructuras son los entes responsables de coordinar las
acciones a nivel local y actualmente están en proceso de conformación.
Otras estructura existentes a nivel local son las unidades de cuencas,
establecidas por la Ley 64-00 las cuales están en proceso de conformación. En
ellas participa un alto porcentaje de las organizaciones locales, tanto a nivel
gubernamental como no gubernamental, con responsabilidades concretas en el
manejo de las cuencas.
Con la creación de estas estructuras (Consejos y Unidades de Cuencas) a nivel
local se reforzará la participación de las poblaciones locales y se impulsará el
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proceso de fortalecimiento de las capacidades para la participación activa en la
lucha contra la Desertificación y la Sequía.
8. CUERPOS NACIONALES COORDINADORES ESTABLECIDOS Y
FUNCIONALES Y PAPEL DE LOS PUNTOS FOCALES NACIONALES
Existe un Comité Nacional de Lucha contra la Desertificación y la Sequía el
cual fue creado en septiembre de 1996. El mismo estuvo integrado en su inicio
por 28 instituciones de las cuales 14 son gubernamentales y 14 no
gubernamentales. Este comité estuvo conformado por instituciones estatales,
ONG’s, universidades, empresariado, asociaciones de profesionales, asociaciones
de productores, organizaciones de mujeres y la prensa nacional. El comité fue
creado en la Primera Jornada Nacional de Concientización de la Convención, por
la Oficina Nacional de Planificación (ONAPLAN), que en ese momento era el Punto
Focal Nacional, el cual ha pasado en la actualidad a la Secretaria de Estado de
Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Debido a que la mayor parte de las instituciones que conformaban el Comité
Nacional estaban localizadas en el interior del país y a que muchas de las
instituciones que formaban parte del mismo fueron reorganizadas dentro la
estructura de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, además de
que el punto focal nacional no disponía de recursos económicos para movilizar a
dicho comité, surgió la necesidad de conformar dentro del Comité Nacional un
Comité Operativo, que pudiera dar respuesta inmediata a los trabajos de la
Convención. En ese sentido se conformó un pequeño Comité, conformado por las
instituciones siguientes: Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, Oficina Nacional de Planificación (ONAPLAN), Secretaria de Estado de
Agricultura, Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), Oficina
Nacional de Meteorología, Grupo Jaragua y Fondo Pro Naturaleza (PRONATURA).
Este Comité Operativo no ha sustituido en lo absoluto al Comité Nacional
anterior, sino que su conformación se hizo con la finalidad de agilizar los
trabajos de la Convención. Es importante para nosotros mantener el comité
ampliado, ya que en él están representados todos los sectores que tienen una
fuerte incidencia en la lucha contra la Desertificación y la Sequía.
El Comité Nacional es intersectorial y multidisciplinario y cuenta con los
recursos humanos que internamente tienen las instituciones, es decir que los
miembros del comité son empleados de las instituciones con sus
responsabilidades asignada, constituyendo la pertenencia al mismo una
responsabilidad más en sus funciones, sin recibir ninguna compensación
adicional. Los miembros del Comité son seleccionados por los funcionarios de las
instituciones y aún no existe ninguna reglamentación relativa a la selección y
permanencia de éstos dentro del mismo, lo que retrasa actividades y provoca que
haya cambios constantes de los miembros ante el Comité.
La Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales es quien
coordina al Comité Nacional, pero hasta la fecha no se han definido las
funciones que tienen las instituciones que lo conforman, sin embargo los/as
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miembros del Comité han asumido de hecho que tienen la responsabilidad de
responder de forma conjunta a todos los trabajos que exija la Secretaría de la
Convención.
En cuanto a los recursos económicos, el Comité no cuenta con autonomía
financiera u otro tipo de recursos (sólo humanos) que le permitan desarrollar con
eficiencia su trabajo. Tampoco cuenta éste con un sistema de comunicación
permanente que posibilite el intercambio de informaciones a través de una red
computacional.
En la actualidad existe la necesidad de fortalecer el Comité Nacional y
mantener vínculos de comunicación permanente entre sus miembros, pero para
lograrlo es importante disponer de la asignación de algunos recursos
económicos.
9. PLANES Y ESTRATEGIAS NACIONALES DISPONIBLES EN OTRAS AREAS
SOCIALES Y ECONOMICAS
En la República Dominicana se han formulado y se están implementando un
conjuntos de planes, programas y estrategias en las áreas económicas y sociales,
en los cuales no ha sido tomado en cuenta el combate a la desertificación y la
sequía. Sin embargo, por ser las zonas con problemas de desertificación y sequía
las más pobre del país, éstas han sido focalizadas para una mayor inversión por
parte del Gobierno Dominicano. Los planes y programas que se han formulado
no guardan ninguna relación con el combate a la desertificación debido a la
inexistencia de un Plan de Acción Nacional que permita coordinar los planes
nacionales con el plan de lucha contra la Desertificación y la Sequía.
9.1. Plan Social
Este plan se elaboró en el 2002 y es el instrumento básico para dar respuesta
a los compromisos asumidos en la Cumbre del Milenio y constituye una
reafirmación del Gobierno Dominicano de mejorar la salud, la educación, el
saneamiento básico, el acceso a agua potable, la seguridad alimenticia, el trabajo
y la posibilidad de tener una vivienda para todos los dominicanos. En el mismo
están inmersas un conjunto de acciones, programas y proyectos dirigidos
fundamentalmente a la reducción de la pobreza.
Los objetivos del Plan Social del Gobierno guardan coherencia con los
principios y objetivos de desarrollo social establecidos en la Declaración del
Milenio y los propósitos de desarrollo social que son incluidos con metas hasta el
año 2015 son los siguientes: redu