Los pocos programas que destinaban recursos a financiar los proyectos productivos y
comunitarios de las mujeres pobres en zonas rurales y urbanas, como "Mujeres en Solidaridad",
han desaparecido y son pocas las instituciones que dedican recursos a este fin.
En ninguno de los programas sectoriales que podrían "favorecer la participación de las
mujeres para alcanzar el desarrollo sostenible" existe un plan que permita coordinar acciones
institucionales para dar respuesta a las necesidades básicas de hombres y mujeres de las zonas
más pobres del país, para lograr un equilibrio entre el uso de los recursos y la satisfacción de
las necesidades humanas. La Secretaría de Salud, la de Desarrollo Social, de la Reforma
Agraria, de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca e instituciones relacionadas con las
zonas indígenas siguen impulsando sus programas sin una coordinación y, por supuesto, sin
plantearse un trabajo específico hacia las mujeres o con una perspectiva de género.
Esto es particularmente grave; se ubica en el contexto de profundización de la crisis -
sobre todo a partir de los "errores de diciembre"- , cuyas consecuencias han agudizado el
desempleo, la pérdida del poder adquisitivo del salario, la casi desaparición de las políticas
sociales de apoyo a las mujeres (servicios de salud, guarderías, despensas alimentarias, etc.), la
pérdida de la soberanía y la caída de la producción alimentaria, principalmente de granos
básicos.
Las reformas al artículo 27 constitucional y otras, referidas a la pesca, el sector forestal,
y el agua, han corrido un sentido inverso a lo estipulado en la Agenda 21 y la Plataforma de
Acción de Pekín. Como efecto de tales reformas las mujeres enfrentan ahora mayores
dificultades para acceder a la tierra, a los recursos forestales y al agua. Las tendencias
privatizadoras están propiciando que los recursos tiendan a concentrarse en los propietarios de
los capitales y el dinero o, en otro extremo, a que se abandonen las tierras, lagunas, ríos y zonas
costeras que no son "rentables" y que están sufriendo cada vez mayor degradación ya sea por
uso intensivo o por contaminación.
La profundización de las tendencias migratorias de los campesinos hacia otras regiones
del país (el norte) o hacia los Estados Unidos, han dejado en manos de las mujeres de los
estados más pobres de México, la producción alimentaria sin que ellas puedan acceder al
crédito, la capacitación, los insumos, etc. Las mujeres no son sujetas de crédito, carecen de
estructuras legalmente reconocidas y tampoco cuentan con un piso social y organizativo para
superar estas deficiencias.
En muchos casos, la estrategia para sortear la crisis ha sido la incorporación de las
mujeres a las actividades económicas en algún eslabón de la cadena productiva. Por ejemplo,
en el sector de la pesca ribereña, es ahora común que las mujeres salgan a pescar con sus
maridos para compensar la caída de las capturas o que se dediquen a la comercialización al
menudeo de pescados y mariscos, junto con niños y niñas. En el sector forestal, ha proliferado
la producción femenina de artesanías con subproductos del bosque y el bordado de ropas.
Todas estas acciones están repercutiendo en diferentes formas tanto en la calidad de
vida de la población como en el uso y conservación de los recursos naturales. La SEMARNAP
y las instituciones afines en los gobiernos estatales y municipales no están considerando estos
aspectos en su planeación y el destino de su gasto social. En cambio, sí hay preocupación por
promover e incentivar la inversión extranjera en mega-proyectos que también están
repercutiendo en la vida de hombres y mujeres, no siempre favorablemente.
Por sólo mencionar un caso, diremos que las grandes plantaciones forestales de
eucalipto que se están desarrollando en el sureste del país, no sólo involucran aspectos
ambientales -actualmente en debate-, sino sobre todo sociales que poco se han visualizado. En