IV. ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN: PRIORIDADES HORIZONTALES

Lucha contra la pobreza.

El fenómeno de la pobreza no se define únicamente por la falta de ingresos y recursos económicos, sino que también incluye la noción de vulnerabilidad y factores como la imposibilidad de acceder a una alimentación adecuada, a la educación y a la sanidad, a los recursos naturales y al agua potable, a la tierra, al trabajo y al crédito, a la información y a la participación política, a los servicios y a las infraestructuras. Todos estos elementos son necesarios para que las poblaciones desfavorecidas puedan controlar su desarrollo, disfrutar de la igualdad de oportunidades y vivir en un entorno más seguro. Por eso la política de desarrollo tiene que apoyar estrategias de reducción de la pobreza que integren estas dimensiones diferentes y que se orienten a consolidar los procesos democráticos, la paz y la prevención de conflictos, el desarrollo de las políticas sociales, la integración de objetivos sociales y de medio ambiente en los programas de reformas macroeconómicas, la inclusión de la igualdad entre mujeres y hombres, la reforma o el establecimiento de un marco institucional apropiado, el refuerzo de las capacidades de los agentes públicos y privados y la preparación frente a las catástrofes naturales.

La Ley de Cooperación, en sus artículos 1, 3 y 7, otorga a la lucha contra la pobreza el carácter de objetivo último de la cooperación española. Coincide en esto con las estrategias de la Unión Europea, de los organismos de Bretton Woods y de la propia Comunidad Internacional en su conjunto, expresados en los objetivos de desarrollo internacionalmente establecidos por la OCDE que representan otros tantos indicadores del objetivo de reducir la pobreza:

• La reducción de la proporción de personas que viven en condiciones de extrema pobreza en un 50% para el año 2015.

• La consecución de la escolarización básica universal para el 2015.

• La eliminación de cualquier forma de discriminación, especialmente por razón de sexo, en el derecho de igualdad de acceso a una enseñanza primaria y secundaria de calidad para el año 2005.

• La reducción de la mortandad infantil en dos tercios y de la mortandad materna en tres cuartos para el año 2015.

• Acceso universal a servicios de salud reproductiva a través del sistema de sanidad básica para el 2015.

• Inversión de las tendencias de degradación del medio ambiente (bosques, agua potable, clima, suelo, biodiversidad, capa de ozono) para antes del 2015.

El establecimiento de estos objetivos presupone que el problema de la pobreza afecta tanto a los países que la padecen como a los países desarrollados, involucrando para su erradicación un crecimiento económico sostenido, servicios sociales básicos y ayuda asistencial para los más desfavorecidos. Así mismo presupone que la definición de la pobreza ha trascendido el marco conceptual ligado a la medición de los niveles de renta y de consumo y que la pobreza ha dejado de ser únicamente la consecuencia de la falta de desarrollo para ser, además, causa de ésta, adquiriendo elementos multidimensionales y cualitativos: instituciones de participación inadecuadas; distorsiones económicas estructurales en el contexto de economías rígidas, no diversificadas y dependientes; inestabilidad política y deficiencias en materia de corrupción y buen gobierno; marginación social y económica de grupos de población y falta de acceso a la salud y a la educación; y desigualdad entre mujeres y hombres, entre otros elementos.

El problema de la lucha contra la pobreza no está ligado únicamente al suministro de crédito a los países en desarrollo, sino también a la demanda de crédito por parte de los sectores más desfavorecidos, doblemente perjudicados por su posición extramuros del desarrollo interno y por las carencias sistémicas de las instituciones de intermediación financiera y de crédito de estos países. Esa es la razón que ha impulsado al Gobierno a establecer el Fondo para la Concesión de Microcréditos: la atención a las reformas de política y gestión económica no debe suponer la marginación del crédito de los más desfavorecidos. O dicho de otra forma: la lucha contra la pobreza no puede excluir a los pobres. Se trata de generar los recursos suficientes para permitir la incorporación de los pobres a los sectores formales de la economía, rompiendo una dinámica perversa en cuya virtud los más desfavorecidos se ven obligados a realizar actividades paraeconómicas o a no realizar actividad económica alguna. Ese esfuerzo debe implicar al crédito privado de manera central. Precisamente, en el ámbito de la banca privada se gestó originalmente este instrumento, que integra ambas fuentes de recursos de manera ya generalizada.

Una estrategia integrada de lucha contra la pobreza debería incorporar tres líneas de actuación: crecimiento económico sostenido, suministro de servicios sociales básicos para los pobres y apoyo asistencial para quienes no se beneficien del crecimiento de forma inmediata. Con estas condiciones: la inversión en el capital humano, el aumento de las vías de participación de los pobres y la mejora de las condiciones para la inversión privada.

La no discriminación por razón de sexo y la participación en condiciones de igualdad de la mujer es uno de los principios de la cooperación española para el desarrollo establecidos en el artículo 2 de la Ley de Cooperación que en su artículo 7 dispone que la participación y la integración social de las mujeres y la igualdad de oportunidades es una de las prioridades sectoriales de aquélla.

En tanto que principio informador de la cooperación española en su conjunto, la igualdad entre mujeres y hombres demanda el establecimiento de vínculos pertinentes entre esta prioridad y las demás estrategias de la cooperación española, por lo que los aspectos relativos al enfoque de género deben ser integrados en la formulación, programación, ejecución y evaluación de todos los programas y proyectos, en los programas sectoriales y geográficos y en los de las ONGD.

La instrumentación de la integración de la perspectiva de género en las actuaciones de la cooperación española se efectuará a través de la realización de análisis e investigaciones sobre los efectos de las políticas de desarrollo en las mujeres, la incorporación de indicadores de impacto y la obtención de datos desagregados por sexo, así como en la formulación y ejecución de proyectos específicos para la eliminación de la discriminación y para la integración y la participación de la mujer en los procesos de desarrollo.

La igualdad de mujeres y hombres es parte integral de la prioridad sectorial específica asociada a la participación social, desarrollo institucional y buen gobierno.

Con frecuencia, los países en desarrollo cuestionan la lógica de los compromisos internacionales que imponen la conservación del medio ambiente como una exigencia añadida a sus propios procesos de desarrollo, soslayando que la precaria situación de ese bien público global es resultado de la acumulación durante dos siglos de los procesos de crecimiento del mundo occidental. La sostenibilidad del medio ambiente debe implicar más a los países desarrollados, que pueden hacer elecciones, que a los países en desarrollo, cuyas opciones son mucho más limitadas. Son los países donantes los que tienen la responsabilidad primordial de hacer coherentes sus estrategias de ayuda con las exigencias de desarrollo de los países pobres y con el medio ambiente global. Son los países en desarrollo los que deben correr con la responsabilidad política y financiera de esas políticas.

El contexto internacional viene dado por los diferentes compromisos adoptados en la Conferencia de Río. La llamada Agenda 21 establece un marco integral para la acción mundial en todas las esferas del desarrollo sostenible que permita satisfacer las necesidades básicas y promover unos modelos de producción y de consumo más eficientes y ecológicamente sostenibles para las generaciones presentes y futuras. La Declaración de Río define los derechos y deberes de los estados en materia de medio ambiente. La Convención sobre el Cambio Climático establece el compromiso de mitigar el calentamiento global del planeta. El Convenio de Diversidad Biológica elabora un marco de acuerdo para preservar la diversidad de las especies en el planeta. Por fin, el Convenio de Lucha contra la Desertificación busca prevenir la extensión y degradación de las tierras áridas.

La Ley de Cooperación, por su parte, otorga a la sostenibilidad y regeneración del medio ambiente el carácter de objetivo teleológico de la cooperación española en su artículo 1. El medio ambiente también se constituye en objeto de programas y proyectos específicos con carácter de prioridad sectorial.

En cuanto que elemento informador de la cooperación española, los aspectos relativos al medio ambiente deben ser integrados en la formulación, programación, ejecución y evaluación de los proyectos. Específicamente, en su formulación, los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) deberán integrarse en toda formulación de programas y proyectos, conforme a lo establecido en las recomendaciones del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE de 1985 y de acuerdo con la propia lógica de la Ley de Cooperación.

Las acciones de carácter horizontal, como las descritas, se acompañan de un programa sectorial de defensa del medio ambiente.