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I CONGRESO NACIONAL SOBRE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.
COMUNICADO
GIJÓN
La violencia que se ejerce por los hombres contra las mujeres ha
sido una constante histórica que ha tenido y tiene por objeto su sumisión
a los dictados de una sociedad patriarcal que ha generado una situación
real de desigualdad que necesita ser mantenida mediante el uso de la
violencia.
Todas las mujeres nos vemos por ello obligadas a llevar, durante
toda nuestra vida; este burka ideológico.
La violencia contra las Mujeres constituye una violación de sus
derechos fundamentales y libertades públicas y por ello, todas las
conductas en que se manifiesta, han de ser consideradas como delito. Los
Estados tienen la obligación de proteger a la ciudadanía de todo tipo
de abusos sobre sus derechos y en consecuencia promover las condiciones
necesarias y suficientes para prevenir, perseguir y sancionar el
maltrato a las mujeres protegiendo eficazmente a las víctimas y
reparando sus perjuicios. La Administración de Justicia ha dado la
espalda a las mujeres al negar a su palabra el valor de prueba para
condenar a sus agresores. Jueces/as, fiscales/As y abogados/as, médicos
forenses y equipos psicosociales de juzgados y tribunales, deberían
aportar y valorar las pruebas indiciarias que pueden darse en los
delitos en que se concreta la violencia de género: historia clínica,
informes económicos, sociales, psicológicos, policiales y laborales.
La teoría feminista debería de ser incluida en los planes de
formación de los operadores jurídicos.
La
violencia de género es un factor desencadenante de conductas
suicidas. Si se quiere conocer la
magnitud de este problema de España, la investigación judicial de las
muertes ocurridas entre mujeres, sean aparentemente suicidas o
accidentales, debe incluir un estudio psicosocial del entorno en que
sucede, el mismo criterio debería aplicarse en el seguimiento medico-forense,
de aquellas lesiones referidas como accidentales, que por sus características
hagan pensar en una agresión o una tentativa suicida.
La violencia
masculina hacia las mujeres en cualitativa y cuantitativamente de tal
gravedad que hace imprescindible un Pacto de Estado, para elaborar una
ley Integral que permita combatir con eficacia la violencia de género.
La ley integral,
que ha de centrarse en garantizar el derecho de las mujeres a vivir sin
violencia de género, ha de cumplir los siguientes objetivos:
-
Dar protección inmediata y efectiva a las víctimas,
mujeres e hijos, dando prioridad a las medidas cautelares
preventivas.
-
Contribuir a la erradicación de dicha violencia
desde el ámbito legislativo y judicial.
-
Elaborar la normativa que coordine los recursos
sociales, institucionales o privados.
La violencia masculina
contra las mujeres hay que abordarla desde una perspectiva feminista y
tratar a sus víctimas de forma integral, ya que es toda la mujer como
persona, y sus hijos e hijas los afectados por esta violencia;
facilitando a través de la intervención la internalización de los
valores de igualdad y derecho de mujeres y hombres con el fin de
prevenir la transmisión generacional de la violencia de género.
Las mujeres maltratadas y sus hijas-hijos acuden a los servicios
sanitarios, a los centros asesores de la mujer y a los servicios
sociales. En numerosos casos las mujeres no reconocen que son víctimas
de violencia de género y sin embargo recurren repetidamente a la
demanda de ayuda por los profesionales sanitarios, abogados/as y
trabajadoras/es sociales. La pasividad o falta de implicación de
algunos/as profesionales conforma también una determinada forma de
maltrato. Se están tratando de forma adecuada a las mujeres víctimas
de violencia de género, o de forma inadecuada, dependiendo
exclusivamente de la sensibilidad y correcta formación del profesional,
equipo o institución al que acuden las mujeres. Es importante eliminar
este factor aleatorio y lograr que todos los profesionales responsables
de la salud, atención de la defensa jurídica y de la ayuda en el
acceso a los servicios sociales sean sensibilizados y formados en sus
respectivas facultades. La atención a las mujeres víctimas de la
violencia de género debe de ser integral: sanitaria, jurídica, psicológica
y educativa-preventiva; y todo ello desde una perspectiva de género.
La violencia hacia la mujer es un acto delictivo y potencialmente
muy dañino. Una intervención médica adecuada y una correcta derivación
puede salvar una vida, evitando la muerte física o la destrucción
emocional de una persona.
La
educación sexista es el caldo de cultivo de la violencia contra las
mujeres.
El actual modelo amoroso educa para ejercer y
soportar la violencia por amor. Las adolescentes, al iniciar una relación,
tienden a sacrificar las otras facetas de su vida por dicha relación y
esto puede suponer el inicio de la dependencia y el sometimiento.
Todos los maltratadores han pasado por la
escuela. Eso quiere decir, que en ella se reproducen los roles sexistas.
Deben buscarse soluciones preventivas desde el ámbito educativo.
La coeducación no puede ser un mero transitar
por espacios antes reservados a los varones. Debe planificarse un
proyecto coeducativo transversal que haga surgir nuevos modelos amorosos
y eróticos y que suponga un cambio en las relaciones entre los sexos
para que dejen de estar basadas en la violencia y la dominación.
Debe tratarse de un modelo educativo global que trabaje los aspectos corporales,
cognitivos y emocionales, un proyecto que interrelacione la escuela, la
familia y la ciudad, que tenga en cuenta el autoconcepto, las creencias,
los deseos y las expectativas.
Los varones adultos tienen una gran
responsabilidad en mostrar a niños y adolescentes que existen otras
formas de masculinidad no asociadas a la violencia sino al amor, la
ternura y el cuidado. Es fundamental ofrecer modelos alternativos de
masculinidad a los más jóvenes.
La sociedad ha de reconocer el saber acumulado
de las mujeres como motor de cambio. Silenciar a la mitad de la población,
robarle la historia, desautorizar su palabra, sus acciones, es una forma
básica de violencia contra todo el colectivo de las mujeres.
Los medios de comunicación convencionales y masivos proponen un
tratamiento de la violencia contra la mujer desde un punto de vista
morboso, sin analizar las causas de la misma, sin definición editorial,
sin seguimiento del problema ni aportación de opinión que permita
vislumbrar soluciones y alternativas preventivas. Por el contrario
proponen una gran aportación de noticias que producen un efecto narcótico
en la audiencia.
Las dos vías señaladas como alternativas al actual discurso
comunicativo son, por una parte, que las organizaciones de mujeres que
están trabajando en violencia de género sean consultadas y se
conviertan en fuentes informativas de primer orden; por otra, se hace
indispensable potenciar e impulsar redes informativas propias y medios
de comunicación alternativos en los que en la dirección, diseño
y planificación esté representada la mujer en condiciones de
paridad, situación que no se produce en la actual prensa generalista ni
siquiera en la llamada femenina.
Se debe introducir la perspectiva de género en la formación de
profesionales periodistas tanto en las facultades de comunicación como
en las plantillas de trabajadores de los medios de comunicación de
masas.
Los medios de comunicación audiovisual a través de sus
organismos de representación proponen la violencia como un ingrediente
incuestionable de la narración y como un principio de su aspiración
espectacular y por este
motivo la violencia contra las mujeres aparece trivializada y
minimizada, proponiéndose en la mayoría de ocasiones una visión
placentera de la misma, totalmente inadmisible.
Es imprescindible proponer la enseñanza de los lenguajes
audiovisuales dentro de los programas de prevención, así como en los
curriculums educativos.
La atención a mujeres víctimas de malos tratos en el ámbito
policial debe ser integral e interdisciplinar; debe de contemplar todas
las necesidades de la víctima: atención de emergencia, recepción de
denuncias, apoyo psicosocial, asesoramiento jurídico legal y protección
policial.
Todos los sectores profesionales implicados deben participar
activamente en la elaboración y desarrollo de los programas de atención.
Los ayuntamientos como administraciones mas próximas a los
ciudadanos son los que concretan las medidas que erradican la violencia
y los mas preparados para ofrecer respuestas específicas. El municipio
además cuenta con las competencias suficientes para el diseño,
desarrollo y ejecución de las políticas que mejoren el bienestar de
las personas que viven en él.
El ámbito municipal, es por ello el mas adecuado y eficaz para
desarrollar políticas dirigidas a luchar contra la violencia sobre las
mujeres y que garanticen a las víctimas una atención de calidad.
La atención que merece este fenómeno social exigen que los
ayuntamientos contemplen en sus presupuestos acciones dirigidas a
erradicar este problema.
Las políticas de discriminación positivas son la vía mas rápida
de consolidar cambios y esto exige la puesta en marcha de planes
municipales de igualdad de oportunidades.
Todas las conclusiones anteriormente expuestas son esenciales
para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres.
Han de ser asumidas por todos los sectores de la sociedad puesto que el
problema afecta a toda la humanidad.
Programa
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