El papel de las mujeres en Africa subsahariana se ha ampliado debido al impacto de las reformas económicas, las guerras y las crisis. Además de ser consumidoras, ellas contribuyen al crecimiento del producto interno bruto como integrantes de la fuerza de trabajo, productoras y generadoras de ingresos para el hogar. También son proveedoras de servicios sociales al actuar como cuidadoras de niños y ancianos, y como organizadoras de la comunidad. Los diferentes efectos del ajuste económico sobre hombres y mujeres fueron ampliamente documentados por varios estudios (Elson y McGee, 1995).

Las relaciones de género son parte esencial de la reestructuración económica. Las políticas macroeconómicas son diseñadas para generar ingresos mediante la manipulación de mecanismos de mercado y el impacto costo-beneficio sobre diferentes agentes económicos, sean instituciones o individuos, hombres o mujeres. No obstante, se ha prestado escasa atención al análisis de género en el diseño y la aplicación de políticas macroeconómicas (Elson and McGee, 1995; Fall, 1996). Muchos investigadores del Norte y el Sur destacaron la necesidad de vincular reformas económicas sensibles al género con los derechos de la mujer y el desarrollo humano sustentable, ya que tanto hombres como mujeres deben gozar de sus derechos humanos universales.

Las reformas macroeconómicas en curso han sido criticadas por promover el enfoque "exportar para crecer", por el cual supuestamente la riqueza se revierte de a poco a los pobres. Estas reformas no consideran como objetivos prioritarios la eliminación de la pobreza ni la igualdad de género (Fall, 1996). Las fuerzas de mercado tales como las tasas de interés, las condiciones y la demanda de crédito, el tipo de cambio, los ingresos por exportaciones, etc., son manipuladas para que se ajusten a los requerimientos de la economía global. Los mecanismos instrumentados para facilitar la actividad del sector privado (en particular de los inversionistas privados) en general perjudican a las pequeñas empresas de la economía informal, tales como feriantes, trabajadoras domésticas o pequeños comerciantes. Estos "absorbentes de choques" son agentes económicos clave en el mantenimiento de la economía doméstica (Stewards, 1992).

Dado que la prioridad de las actuales reformas económicas es el equilibrio de los presupuestos y la liberalización de los mercados para promover el crecimiento, quienes formulan las políticas no se preocupan demasiado por eliminar los desequilibrios de género en el acceso a los recursos y el control sobre ellos. Resulta obvio que existe un potencial conflicto entre los objetivos del crecimiento orientado a la exportación y los objetivos sociales y de distribución. Los diseñadores de políticas macroeconómicas no otorgan a la pobreza y los problemas de género la consideración que se merecen.

Senegal

La composición del gasto público de Senegal no está de acuerdo con las necesidades del país. La inversión social no está ni cerca de la cantidad mínima necesaria, mientras los sectores de la salud y la educación, esenciales para la generación y el mantenimiento de recursos humanos, se vieron seriamente afectados.

La consigna "educación para todos" no es una realidad, especialmente para mujeres y niñas. El 60 por ciento de los niños están inscritos en escuelas, y de ellos 64 por ciento son varones. En cuanto a capacitación técnica, las adolescentes representan 23,8 por ciento de la población estudiantil y los varones 76,2 por ciento. Las adolescentes no sólo están subrepresentadas en las escuelas técnicas, sino que no se las estimula para estudiar en áreas científicas y tecnológicas. Su presencia en esos institutos se limita a sectores tradicionalmente considerados femeninos, como economía doméstica, secretariado, etc. A nivel universitario, en 1985 estudiaban uno por ciento de las mujeres frente a cuatro por ciento de los hombres.

La reforma universitaria de fines de los 90 se reflejará en una caída adicional del estudiantado femenino. Además, la intención del gobierno de equiparar la asistencia de niñas y niños a las escuelas y reducir la tasa de deserción no está de acuerdo con la asignación presupuestaria al sector de la educación (Plan d’Action de la Femme Senegalaise: 1997-2001).

Por otra parte, la proporción por habitante del presupuesto para la salud y la educación continúa en disminución. Esto es causa de la degradación de la formación de capital humano a expensas de las mujeres, las niñas y los pobres. La proporción de recursos nacionales destinados a la salud cayó en términos reales durante los años 80 y 90 como consecuencia de las medidas de estabilización. El presupuesto de salud representó nueve por ciento del presupuesto nacional en 1968-69, 7,5 por ciento en 1975, seis por ciento en 1982, 5,2 por ciento en 1991 y menos de cinco por ciento en 1994. Estas cifras son alarmantes para un país con uno de los crecimientos de la población más rápidos de Africa, que invierte 50 por ciento de sus ingresos en el pago de los intereses de la deuda externa. La Organización Mundial de la Salud recomienda que se destine al menos nueve por ciento del presupuesto nacional al sector de la salud.

La frecuencia de las visitas a centros de salud también ha disminuido. Cuando las mujeres pobres se enteran de que tienen que pagar para que las atienda un médico y luego éste les receta un medicamento que ellas no pueden comprar, ya no van más al hospital. Esta situación representa un grave riesgo sanitario, en particular a la luz del rápido crecimiento de la población y la igualmente rápida proliferación del virus del sida en la población femenina.

También se produjo en Senegal una intensificación del trabajo infantil debido a la necesidad de suplementar los ingresos familiares cuando los padres pierden su empleo en aras del equilibrio presupuestario. Más y más niñas son privadas de su derecho fundamental a la educación y enviadas a trabajar largas horas bajo pésimas condiciones como empleadas domésticas. Esas niñas son objeto de todo tipo de abusos, incluso sexuales (Fall, Child Labour in Senegal, 1992).

Sierra Leona

El cuadro adjunto ilustra la tendencia de asignación de recursos y la prioridad otorgada a cada sector por el gobierno de Sierra Leona. El gasto público en educación, salud y agricultura representa respectivamente 14,3, 5,5 y 3,8 por ciento del presupuesto. Más de 50 por ciento de éste se destina al pago de los intereses de la deuda externa.

Este tipo de asignación presupuestal es un ejemplo de la escasa atención que se le brinda a los factores sociales y de género. Los grupos más desfavorecidos, como mujeres y niños, son los más descuidados. La actual situación de pobreza y privación social en Sierra Leona no sólo es consecuencia de la guerra civil, sino también de este enfoque despersonalizado de la política macroeconómica.

El Informe sobre Desarrollo Humano 1995 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), así como estadísticas de Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Organización Mundial de la Salud, confirmaron una mortalidad materna e infantil "inaceptablemente alta" en Sierra Leona, la decadencia de la infraestructura para la educación y el deterioro de la calidad de ésta. El costo de la atención de los partos contribuyó al incremento de la mortalidad femenina debido a los nacimientos domésticos. En esta situación de decreciente gasto público en educación, traducida en un bajo gasto por habitante, el nivel de asistencia a las escuelas disminuyó y la tasa de deserción estudiantil aumentó. En tales condiciones, el apoyo a la educación de las niñas parece un sueño distante.

La carga de la deuda

La deuda total de Africa subsahariana creció a un ritmo increíblemente rápido. En septiembre de 1996, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) lanzaron la iniciativa para Países Pobres Altamente Endeudados (PPAE), con el fin de resolver el problema de la deuda de un grupo selecto de naciones en desarrollo. Esta propuesta fue presentada como la solución para los países pobres incapaces de reembolsar su deuda externa y satisfacer a la vez los requerimientos mínimos de bienestar social de sus poblaciones. También constituyó una respuesta tranquilizadora a los pedidos de gobiernos deudores, organismos internacionales y ONGs. La iniciativa es presentada como un nuevo mecanismo para que los acreedores se hagan cargo de la deuda en forma solidaria.

En Africa subsahariana se encuentran la mayor parte de los países involucrados en la iniciativa para los PPAE: Angola, Benín, Birmania, Bolivia, Burkina Faso, Burundi, Camerún, República Centroafricana, Congo, Costa de Marfil, Chad, Etiopía, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Guyana, Honduras, Kenia, Laos, Liberia, Madagascar, Mali, Mauritania, Mozambique, Nicaragua, Níger, Nigeria, Ruanda, Santo Tomé y Príncipe, Senegal y Sierra Leona.

La historia parece repetirse. Nos enfrentamos nuevamente a una situación en la que los más pobres de los países en desarrollo están atrapados en un círculo vicioso por la carga de su deuda y dispuestos a hacer lo necesario para obtener préstamos de ajuste. Por la misma razón, esos gobiernos hacen pasar a sus pueblos por cualquier tipo de sacrificio.

Muchos analistas creen que la iniciativa sólo sirve a los intereses de los organismos multilaterales de crédito. En realidad, la propuesta PPAE aumenta el poder del Banco Mundial y el FMI, porque:

* Ganan más control sobre las decisiones políticas de los países pobres.

* Fijan condiciones de variables económicas como prioridad.

* Los países industrializados utilizan el criterio de estas instituciones para otorgar ayuda bilateral a naciones pobres.

* El Banco y el FMI pueden hacer a estos países competir entre sí y reclamar el mejor cumplimiento de las reformas.

* Colocan a las naciones "beneficiadas" por la iniciativa en una situación difícil de evadir.

* Tienen la autoridad para juzgar lo que es un ajuste satisfactorio.

* No se comprometen a nada pero retienen la facultad de rechazar la elegibilidad de un país aun luego de que sus ciudadanos realizaron enormes sacrificios.

El problema de la deuda es un problema de justicia económica, porque el gasto en el pago de intereses pone en peligro el derecho de las mujeres al desarrollo humano. Se destinan muchos más recursos al pago de la deuda que a los servicios sociales, en un momento en que el continente debe luchar contra el sida, la pobreza y el analfabetismo.

Las mujeres africanas deben obtener respuestas claras a estas cuestiones e involucrarse activamente en la evaluación del proceso de la iniciativa PPAE, que implica una variedad de reformas y plantea temas críticos de género y política social. El desarrollo humano sustentable debería ser el objetivo último del desarrollo y el derecho inalienable de hombres y mujeres.

Perspectivas

La gran mayoría de las mujeres africanas tienen ingresos muy bajos y enfrentan graves problemas humanitarios. La transferencia de recursos del gasto público es esencial para su supervivencia, aunque esto no resuelva todos sus problemas. La dependencia de las economías africanas respecto de las instituciones de Bretton Woods es crónica, y la esencia de las condiciones de ajuste niega a las mujeres el derecho a participar en la formulación de políticas económicas y a identificar los modelos económicos que más las beneficien. Las instituciones financieras multilaterales contribuyen activamente a hipotecar el bienestar de las mujeres.

El desarrollo sustentable no se hará realidad si el país no desarrolla prioridades políticas que promuevan la potenciación humana, la seguridad alimentaria y una fuerte cultura ambiental que coloque los programas de forestación y la lucha contra las sequías sobre los objetivos de estabilización. Es esencial que las mujeres ejerzan su derecho a desempeñar un papel central en la evaluación de costos y beneficios de las decisiones políticas en todos los sectores de la economía. Sus derechos deben promoverse mediante la corrección de prejuicios de género y el desarrollo de la capacidad de llevar una vida digna.

Es hora de lanzar un movimiento femenino africano que vaya más allá del control de los compromisos del Banco Mundial con las mujeres y demande la protección y promoción de sus derechos económicos. Al hacerlo, debemos recordar que las instituciones de Bretton Woods -el Banco Mundial, el FMI y el GATT, actual OMC-, fundadas en 1944, son agencias de las Naciones Unidas. Por esa razón, debemos responsabilizarlas por los derechos económicos de la mujer, aunque, a diferencia de la Asamblea General, no funcionen sobre el principio de "un país, un voto", sino el de "un dólar, un voto".

Yassine Fall es secretaria ejecutiva de la Asociación de Mujeres Africanas para la Investigación y el Desarrollo.

Este artículo fue publicado por Network Women in Development Europe en WIDE Bulletin (9 de febrero de 1998), y se reproduce con el permiso de sus editores.