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DESARROLLO SUSTENTABLE CON EQUIDAD DE GÉNERO EN MÉXICO.
SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS1
Laura E. Ruiz Meza
Coordinación Nacional de Mujeres de
Organizaciones Civiles
por un Milenio Feminista
Introducción
Desde hace ya varios
lustros la sociedad global enfrenta las consecuencias del agotamiento
de un proyecto de desarrollo caracterizado por generar un creciente
desgaste del sistema ecológico a nivel planetario junto a un aumento
alarmante de la pobreza. Desde la perspectiva del desarrollo, esta realidad
llevó a reconocer que la estrecha interrelación de los fenómenos económicos,
sociales, culturales y ambientales debe ser considerada tanto en la
definición como en las acciones orientadas a la construcción de un nuevo
proyecto civilizatorio.
A quince años del Informe
Brundtland y a diez del Programa 21 mucho se ha debatido sobre el desarrollo
sustentable. Incluso el término mismo esta de nuevo en tela de juicio
ante el agravamiento de la crisis ambiental y social. El eje del debate
ha girado en torno a la necesidad de abordar y transformar las relaciones
de la sociedad con la naturaleza. El doble desafío de preservar los
recursos naturales y a la vez generar los satisfactores para el incremento
de la calidad de vida de la población, ha puesto en el centro de la
discusión a los seres humanos. Así, en repetidas ocasiones se ha mencionado
que la sustentabilidad en el desarrollo supone la transformación de
las condiciones de injusticia social que están en la base de la crisis
ambiental y social, tales como las desigualdades entre sectores sociales,
culturas, géneros y generaciones.
Las mujeres, entre otros
sectores sociales, hemos expresado que un pre-requisito para que los
seres humanos podamos vivir en armonía con la naturaleza es la adopción
de nuevo modelo de relaciones humanas
que incluya la democratización en los ámbitos político, social, comunitario,
familiar y personal. En este ejercicio de balance del Programa 21, debemos
reconocer que las dimensiones sociales, humanas, de la sustentabilidad
están escasamente consideradas frente a otras de carácter ambiental
y económico, y que aún falta mucho por hacerse para construir nuevos
procesos de desarrollo basados en la justicia social.
Después de un breve apartado
de antecedentes, el presente documento revisa
el progreso en el cumplimiento del Programa 21, en especial su Capítulo
24 relativo a las Medidas a favor de la Mujer para lograr un Desarrollo
Sostenible y Equitativo, emanada de la Conferencia de Naciones Unidas
sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD) realizada en 1992 en Río
de Janeiro. Asimismo, retoma los acuerdos relativos a la Mujer y el
Medio Ambiente, Sección K del Capítulo IV de la Plataforma de Acción
(PAM), aprobada en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Pekín
en 1995. Los obstáculos y desafíos son abordados posteriormente, para
concluir con una exposición de algunos de los retos que habría que enfrentar
para avanzar en la construcción de procesos de desarrollo basados en
principios de justicia social y equidad de género.
La preocupación por incorporar
la dimensión ambiental en la agenda de desarrollo de Naciones Unidas
tiene sus antecedentes en 1972. Desde entonces, la discusión se ha centrado
en torno a la necesidad de construir esquemas de desarrollo que armonicen la preservación de los ecosistemas naturales
del planeta con la satisfacción de las necesidades humanas. El informe
de la Comisión Brundtland, demostró, hace ya 15 años, la imperiosa necesidad
de transformar el modelo de desarrollo basado en los patrones de producción
y consumo de las sociedades industrializadas que amenaza la destrucción
del planeta.
De manera paralela, en
1975, la primera Conferencia Internacional sobre la Mujer estableció
como prioridad la transformación de la condición de las mujeres tanto en la vida pública como en la privada.
En Nairobi, en 1985 se evaluaron los logros del Decenio de las Naciones
Unidas para la Mujer, en cuyas estrategias de avance el tema de medio
ambiente fue incorporado a la discusión, al tomar en cuenta las mutuas
relaciones entre las mujeres y el ambiente en el ámbito del desarrollo.
Desde entonces, la influencia de los movimientos sociales ha estado
presente.
Se pueden contar ya tres
décadas de debate en torno al tema. En él, las organizaciones de la
sociedad civil han participado para exponer problemáticas, realizar
propuestas y establecer alianzas a fin de influir en el diseño de las
políticas globales. La constante
y propositiva participación de las organizaciones de la sociedad civil
y en especial del movimiento feminista y de mujeres, ha sido un factor
decisivo para que los organismos internacionales y los gobiernos incorporen
sus preocupaciones y propuestas. Es hasta 1992 cuando se establece un
espacio de participación civil mediante la realización del Foro Global
de ONG, en el que las voces de las mujeres se hicieron escuchar.
Producto de ello, en
la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo realizada en Río, tanto en su Declaración
como en el Programa 21, se acepta que es imprescindible contar con la
plena participación de las mujeres para lograr el desarrollo sostenible.
Las organizaciones de mujeres, por su parte, firmaron dos tratados en
el Foro Global: el Tratado Global de las mujeres para las ONG que buscan
un planeta justo y sano y el Tratado de ONG en materia de población,
ambiente y desarrollo. En estos se expresa la necesidad de impulsar
una visión de equidad de género en la agenda ambiental, así como el
incluir la perspectiva ambiental en las demandas de mujeres. A partir
de entonces esta doble estrategia ha sido incorporada en los espacios
de debate y construcción de propuestas a nivel nacional e internacional.
A la Cumbre
de Río le siguen una serie de conferencias que dan la oportunidad de
continuar el debate en torno al tema. Así, en 1993, en la Conferencia
Mundial de Derechos Humanos, la Declaración y Programa de Acción de
Viena subraya la importancia de la participación de la mujer como agente
y beneficiaria en el proceso de desarrollo, y reitera los objetivos
fijados sobre la adopción de medidas globales a favor de la mujer con
miras a lograr el desarrollo sostenible y equitativo previsto en el
Programa 21.
En 1994,
en la Conferencia sobre Población y Desarrollo realizada en El Cairo
se debatió la relación entre la dinámica poblacional, el medio ambiente
y el desarrollo, y se establecen medidas a favor de la salud y derechos
reproductivos para todos y todas.
Un año
más tarde, en 1995, la Cumbre Global en Desarrollo Social realizada
en Copenhague propone acciones específicas para lograr la igualdad entre
hombres y mujeres, luchar contra la discriminación y violencia hacia
las mujeres, evitar las cargas de trabajo extras para ellas, así como
promover su participación equitativa en los distintos ámbitos del desarrollo
social.
En la Cuarta Conferencia sobre la Mujer, efectuada en Pekín en 1995, se consideró de manera especial la relación entre las inequidades de género, el medio ambiente y el desarrollo quedando plasmada en la Sección K del Capítulo IV. Un año después, en 1996 se realizó en Estambul la Conferencia sobre Asentamientos Humanos, en la cual se abordan consideraciones específicas respecto a la igualdad en la participación de hombres y mujeres en el desarrollo sustentable. Ese mismo año, en Roma, la Cumbre Mundial sobre Alimentación reconoce la importante participación de las mujeres en la lucha contra el hambre.
Los ejercicios de revisión
conocidos como Río + 5 y Pekín +
5 concluyeron que a pesar de los avances logrados, mucho quedaba por
hacerse para alcanzar las metas de justicia social y equidad de género.
Hoy, a diez años de la CNUMAD, nos proponemos efectuar un balance de
lo realizado a partir del Programa 21, documento que ha orientado las
acciones en torno al desarrollo sustentable.
Avances y Oportunidades
En la línea del recuento
de los avances, uno de los primeros que se pueden identificar en la
década pasada, es el reconocimiento de que la pobreza
y la degradación ambiental están estrechamente vinculadas y que las
mujeres se ven particularmente afectadas por la degradación ambiental
debido a su posición social. Asimismo, se acepta que ellas han desempeñado
un rol de liderazgo en la gestión y uso de recursos naturales para satisfacer
necesidades familiares y comunitarias, además de realizar contribuciones
importantes en el manejo de recursos, poco reconocidas y valoradas.
Sin embargo, continúa siendo muy limitado su acceso a la capacitación,
la tierra, los recursos naturales y productivos, así como su participación
en el proceso de formulación de políticas y adopción de decisiones en
materia de ordenación, protección y rehabilitación del ambiente y los
recursos naturales.
El Capítulo 24 del Programa
21 manifiesta su propósito por fomentar la participación de la mujeres
en la ordenación nacional de los ecosistemas y la lucha contra la degradación
del medio ambiente. Entre las acciones que se propone realizar se encuentran:
a) Aumentar el número de mujeres
en los puestos de toma de decisiones en las esferas del medio ambiente
y desarrollo.
b) Formular políticas y estrategias para lograr la igualdad entre hombres y mujeres.
c) Incrementar el acceso de las mujeres al crédito, tierra, recursos naturales y productivos, agua.
d) Promover la reducción de las cargas de trabajo de las mujeres, mediante la redistribución del trabajo doméstico, la creación de guarderías y el suministro de servicios.
e) Evaluar las consecuencias para la mujer de las políticas y programas de medio ambiente y desarrollo y velar que se beneficie de ellos.
f) Garantizar el libre ejercicio de los derechos reproductivos de las mujeres.
g) Eliminar todas las
formas de violencia hacia las mujeres.
Por su parte, la Sección K, del Capítulo IV de la Plataforma de Acción de Pekín, asume compromisos en términos de:
A partir de estos compromisos,
en nuestro país tuvo lugar un proceso de debate, movilización e incidencia en política pública con la participación de distintos
actores civil, académico y gubernamental tanto para dar contenido
teórico a las vinculaciones entre el género, ambiente y desarrollo,
como para orientar las acciones encaminadas al cumplimiento de aquellos
acuerdos emanados de las conferencias mundiales.
Diversos han sido los
foros, seminarios, talleres, reuniones e investigaciones que han enriquecido
la discusión, proporcionado información y facilitado la construcción
de propuestas en torno al tema que
nos ocupa. Los productos de este esfuerzo colectivo ahora nos permiten
realizar un recuento de los logros alcanzados y de las oportunidades
que se nos presentan para dar continuidad a nuestras acciones a favor
del desarrollo sustentable con equidad de género. Para efectos de exposición,
se realiza inicialmente una breve reseña de los avances en materia de
política gubernamental, para concluir este apartado con las acciones
realizadas por las organizaciones civiles, aunque unos y otras han estado
estrechamente vinculados.
Políticas
gubernamentales
Como resultado de los
compromisos asumidos por el gobierno mexicano en la Conferencia de Pekín,
se instrumenta el Programa Nacional de la Mujer (PRONAM) y en 1998 se
estableció la Coordinación General de la Comisión
Nacional de la Mujer (CONMUJER) como órgano desconcentrado de la Secretaría
de Gobernación. Este primer organismo se propuso combatir los rezagos
de las mujeres en los ámbitos económico, político y social, y realizó
las primeras gestiones por incorporar el enfoque de género en el quehacer
público. Por su parte, el sector ambiental aún no incluía una perspectiva
de género en sus programas, a pesar de que el Art. 25 de la Ley
General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente señala que
las mujeres cumplen una importante función en la protección, preservación
y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y en el desarrollo.
Su completa participación es esencial para lograr el desarrollo sustentable.
Las primeras acciones
para fomentar la equidad de género
en las políticas públicas fue impulsado a partir de 1997 por la Red
de Género y Medio Ambiente (RGMA)2, instituciones académicas, investigadoras
y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN),
quienes junto a la CONMUJER y la entonces Secretaría de Medio Ambiente
Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP), abrieron espacios para promover
la equidad de género en la políticas del sector ambiental y social.
Los primeros productos
de este proceso fueron la Declaración para la Equidad de Género de la
SEMARNAP en 1999 y la inclusión de un Addendum
sobre Género y Ambiente en el Programa Nacional de la Mujer en el año
20003. En su Declaración, la SEMARNAP se compromete a cumplir los acuerdos
nacionales e internacionales que favorezcan la equidad de género, adopta
la transversalidad de la perspectiva de género en todas sus áreas y
programas y asume la tarea de diseñar e instrumentar un plan de trabajo
que contenga las medidas institucionales para alcanzar sus propósitos,
en coordinación con la sociedad civil4.
De la misma manera, en
el Addendum se establece el reto
prioritario de transformar las relaciones entre hombres y mujeres en
las formas sociales de acceso, conservación y aprovechamiento de los
recursos naturales y del medio ambiente, para lograr la equidad y la
sustentabilidad del desarrollo para todos 5. Entre sus acciones prioritarias
están las de impulsar la participación de las mujeres en condiciones
de equidad en proyectos de aprovechamiento de recursos naturales, en
el diseño de políticas y toma de decisiones y en otros relativos al
manejo de recursos naturales.
El haber iniciado un
proceso de interlocución entre distintos actores civiles y gubernamentales para incluir el enfoque de género en las
políticas ambientales y la dimensión ambiental en la agenda de las mujeres,
ha sido uno de los logros más importantes de una primera etapa de gestión
que concluyó en el año 2000.
Los alcances de esta
interlocución entre sociedad civil
y gobierno se refleja también en la actual administración. Tanto el
Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, como el Programa de Medio Ambiente
y Recursos Naturales 2001-2006 de la actual SEMARNAT, contemplan la
equidad de género entre sus principios.
En el sentido de dar
continuidad a las acciones y avances anteriormente realizados en materia
de política pública, en enero de 2001 se crea el Instituto Nacional
de las Mujeres, cuyo Plan Nacional para la Igualdad de Oportunidades
y No Discriminación contra las Mujeres
2001-2006, busca crear las condiciones, tanto en la administración
pública como en todas y cada una de las acciones de Estado, para la
potenciación del papel de las mujeres en la sociedad, propiciar su adelanto
y eliminar los obstáculos que dificultan su participación, en un plano
de igualdad, en el proceso de adopción de decisiones en todas las esferas
de la vida pública y privada... 6.
Este Plan trata de inscribirse
y avanzar en el enfoque de Género en el Desarrollo
para incluirlo de manera transversal en todo el sistema de gobierno,
con el fin de evitar la reducción a programas y proyectos aislados para
mujeres. Entre sus ejes estratégicos está el de la Disminución de la
pobreza y promoción del desarrollo sustentable, incorporando en él
la perspectiva social, económica, política y ecológica.
De igual manera, recientemente
la SEMARNAT, a través de la Unidad Coordinadora de Participación Social
y Transparencia y la Dirección de Área de Equidad de Género, ha diseñado
el Programa Equidad de Género, Medio Ambiente y Sustentabilidad 2002-2006.
Dicho programa se propone incorporar la perspectiva de género en la
política ambiental, ampliando y consolidando los mecanismos de participación
pública que promuevan la equidad entre las mujeres y los hombres en
relación al acceso, uso, manejo, conservación y aprovechamiento sustentable
de los recursos naturales7.
Sus diversas acciones
se enmarcan en cuatro líneas estratégicas para el logro de sus objetivos:
1) Institucionalización y transversalidad de la perspectiva de género,
2) Coordinación Intra e Interinstitucional y Cooperación Internacional,
3) Corresponsabilidad y Participación
pública y, 4) Procesos de Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable
con Equidad de Género.
Entre las acciones a destacar de dicho programa se encuentran:
Avances
en el movimiento de mujeres
Las distintas formas de vinculación a nivel nacional e internacional ha permitido al movimiento de mujeres y feminista el establecimiento de mecanismos de legitimación de su agenda política, por medio de un proceso de diálogo y negociación. Ello ha significado ejercer su derecho a participar en la adopción de decisiones públicas. Su movilización a lo largo de 10 años constituyó una punta de lanza para dar sentido al debate y a los avances institucionales ya descritos. En las acciones del movimiento de mujeres que se destacan aquí, se ha buscado incluir la dimensión ambiental en la agenda feminista y el enfoque de género en la agenda del desarrollo sustentable. En este apartado se mencionarán algunos de los más relevantes esfuerzos realizados.
En nuestro país, los
antecedentes de la participación
de las organizaciones de mujeres en torno al tema sobre ambiente y desarrollo
tuvo su primera experiencia en 1992, cuando se realizó el Primer Encuentro
de Mujeres y Medio Ambiente para realizar propuestas en la Cumbre de
la Tierra. Con el fin de incidir en la Conferencia de Pekín, el Espacio
de Mujer y Medio Ambiente (hoy RGMA) llevó a cabo en 1995 diversos talleres
regionales, estatales y nacional con la participación de más de 300
mujeres urbanas y rurales de 18 entidades del país para enriquecer con
la perspectiva ambiental la agenda de las mujeres. Los resultados dieron
lugar a La Agenda Verde de las Mujeres.
En ella se destaca que la equidad de género no será posible si no existe
una participación política de las mujeres en todo los espacios de toma
de decisiones. Además contiene un somero diagnóstico de los múltiples
y agudos problemas ambientales y su relación con otros aspectos sociales
tales como salud, alimentación, vivienda, etc. que son abordados por
las organizaciones sociales en sus proyectos8.
En ese año las mujeres
ya denunciaban que la propuesta
de desarrollo impuesta por el gobierno tendiente hacia la globalización
nos ofrece perspectivas preocupantes de deterioro de la calidad de nuestras
vidas; sin embargo, la visión de globalidad es inexistente para las
mujeres que nos encontramos agobiadas por el trabajo local. Nuestro
interés por participar en las instancias de gestión y toma de decisiones
compite con nuestra necesidad inmediata de sobrevivencia. (López, 2000:192).
De manera paralela, el
Comité Nacional de Mujeres de Organizaciones No Gubernamentales Mexicanas
hacia Pekín 959, constituido en 1993 para participar en la Conferencia
de la CEPAL y en el Foro de ONG de América Latina y el Caribe, así como
en el Foro de ONG en Huairou, China, desarrolló el tema de Mujer, Hábitat
y Medio Ambiente. Las demandas y propuestas presentadas buscaban
garantizar la participación plena de las mujeres en la formulación de
políticas y en el diseño, y ejecución de programas específicos que reconozcan
las desigualdades y opresiones que enfrentan.
Entre los ejercicios
de monitoreo y evaluación destacan los siguientes:
La Campaña El Banco
Mundial en la Mira de Las Mujeres, es una red latinoamericana que inició
sus acciones a partir de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer
con el propósito de asegurar que
el Banco Mundial (BM) cumpliera con los compromisos señalados en la
Plataforma de Acción10. Diversos han sido los esfuerzos que la Campaña
ha realizado para incidir en las políticas del BM, entre las que destacan
el ejercicio de análisis y monitoreo de las políticas económicas y sociales
diseñadas por esta multilateral en 10 países de la región latinoamericana.
En el caso de México, se efectuó una evaluación social del Programa
de Educación, Salud y Alimentación (PROGRESA) en 1999, a cargo de la
Red Nacional de Promotoras y Asesoras Rurales (RNPAR), y del Programa
de Manejo Ambiental y Descentralización (PROMAD) bajo la responsabilidad
de Espacio Autónomo, A.C.
En las Conferencias de
Río+ 5, pero en especial de Pekín+ 5, diversas redes de mujeres, entre
las que destacan la RGMA y Milenio Feminista, elaboraron un informe
alternativo sobre Mujer y Medio Ambiente, como parte de un esfuerzo
latinoamericano a favor de la paz, la equidad y justicia de género para
el Siglo XXI. En este informe se exponen ampliamente los esfuerzos realizados
por ambas redes, así como los avances alcanzados en materia de política
ambiental con enfoque de género hasta el año 2000. Entre sus propuestas
tienen peso aquellas relacionadas precisamente con la profundización
e institucionalización del enfoque de género en la política ambiental11.
Muchos han sido los esfuerzos
de incidencia en política pública a nivel local, regional y nacional,
en los cuales una veintena de redes de mujeres y de feministas han participado12. En ellos estuvo presente una visión integradora
de la problemática del desarrollo sustentable. Por razones de espacio
se mencionarán aquellos de carácter nacional que han tenido cierta influencia
en la formulación de políticas.
En coordinación con la
Red Mexicana de Esfuerzos contra
la Desertificación (RIOD), la RGMA promovió la inclusión de la
perspectiva de género en el Programa de Acción Nacional para dar cumplimiento
de los acuerdos en la Lucha contra la Desertificación.
La RNPAR desarrolló a
partir de 1999, la Campaña Nacional
por la Alimentación, cuya Plataforma de Acción destaca el importante
papel que las mujeres rurales desempeñan en la producción de alimentos
y cuestiona las políticas neoliberales que están amenazando la soberanía
y seguridad alimentaria de nuestro país13.
El Congreso Nacional
de Mujeres hacia la Reforma del Estado con Equidad de Género, fue realizado
en septiembre del 2000 con la participación de cientos de mujeres interesadas
en incidir en la consolidación de la vida democrática de
nuestro país en la coyuntura de la transición de poderes federales.
La Mesa de Mujeres de
las Mesas de Diálogo entre las organizaciones de la Sociedad Civil y
el Equipo de Transición (2000), fue otro de los eventos en el que el
movimiento feminista participó ejerciendo
su derecho ciudadano de contribuir en las decisiones nacionales y en
el establecimiento de nuevas formas de relación con las instituciones
gubernamentales para avanzar hacia una sociedad más justa y democrática
desde la perspectiva de la equidad social y de género.
El Seminario Definición
de Lineamientos Metodológicos Básicos para la Aplicación del Enfoque
de Género en las Políticas Públicas, se efectuó en el 2000 con la participación
de BM, BID, CONMUJER, SHCP, SER y la Secretaría cabeza de sector de
acuerdo al tema de la sesión correspondiente:
Mercados Laborales, Educación, Salud y Desarrollo Rural, Pobreza y Desarrollo
Sustentable. Los cuatro seminarios contribuyeron a realizar un diálogo
tripartita con el fin de incidir en las políticas macroeconómicas, presupuestarias
y de desarrollo.
El Foro Nacional de Consulta
para el Programa Nacional de Igualdad de Oportunidades y No Discriminación
contra las Mujeres, realizado en 2001, convocó de nuevo al movimiento
feminista para incluir su agenda y demandar el cumplimiento
de los acuerdos internacionales.
El Foro Global Financiación
por el Derecho al Desarrollo Sustentable con Equidad y la Conferencia
sobre Financiación al Desarrollo, de marzo de 2002. Entre otros, hay
que destacar el logro de ubicar en el debate el tema
de la pobreza de las mujeres y su justa participación en la toma de
decisiones económicas en la agenda financiera global. Con ello se avanza
en trascender a los llamados temas o ámbitos duros de la agenda del
desarrollo14.
Todas estas acciones han fortalecido los esfuerzos de las redes de mujeres por gestionar su agenda feminista. Las ha convertido en interlocutoras privilegiadas de las principales instituciones públicas del país, y con ello se ha influido de alguna manera en la toma de decisiones dentro del quehacer público en torno al desarrollo. A pesar de este relevante progreso político, no podemos decir que hemos alcanzado nuestros propósitos, apenas en todo caso se han establecido algunas bases institucionales para continuar construyendo procesos participativos más democráticos y equitativos.
Como una forma de avanzar en el debate y análisis sobre este nuevo campo de investigación y contribuir a la formulación de políticas, se realizaron diversas actividades a nivel local, regional y nacional. Algunas de las más destacadas fueron:
En estos espacios de
formación e investigación se ha buscado estimular la producción teórica
y metodológica en torno al tema, con el fin de desarrollar capacidades
para orientar el quehacer académico hacia la instrumentación de acciones
que promuevan la construcción de
procesos de sustentabilidad en todas sus dimensiones: social, económica
y ecológica, desde un enfoque de género. La participación de un gran
número de investigadoras y asesoras y promotoras de organismos civiles
de acompañamiento a organizaciones de base, ha facilitado la realización
de sistematizaciones de experiencias de desarrollo con enfoque de género
e investigaciones regionales y locales con el fin de abordar las vinculaciones
entre cambio ambiental y las relaciones de género.
De igual manera
se ha seguido de cerca la evolución del debate teórico internacional
y nacional sobre las cuestiones de género, ambiente y desarrollo sustentable15, lo cual contribuyó a enriquecer las posiciones
colectivas. Se fomentó además un importante diálogo con especialistas
interesados en los temas del salud reproductiva y desarrollo sustentable,
a fin de identificar sus interacciones16. La posición de las redes de
mujeres no admite aquellas posturas que identifican al crecimiento demográfico
como el causante del deterioro ambiental y que justifican el control
natal mediante acciones violatorias de los derechos reproductivos de
las mujeres para atender los problemas ecológicos, visión ampliamente
difundida también en nuestro país. En cambio, exige garantizar el derecho
de las mujeres a decidir libremente sobre su maternidad y a ejercer
un control sobre su vida y su cuerpo.
El tema de las relaciones
entre Población y Medio Ambiente ha sido, en efecto, un foco de debates.
Otro espacio que posibilitó el diálogo
en torno al tema fueron los talleres realizados en 1997 por Pronatura
Chiapas, que involucró a organismos civiles de mujeres, ambientalistas,
conservacionistas, académicos y agencias de financiamiento para el intercambio
de ideas, experiencias y construcción de propuestas metodológicas para
incorporar el enfoque de género en acciones de uso sustentable de recursos
naturales.
En el mismo sentido se han realizado actividades de capacitación y de incidencia para incorporar el enfoque de equidad de género en algunos instrumentos de política ambiental. En ellos han participado funcionarios y técnicos involucrados en el manejo de Áreas Naturales Protegidas, personal de la SEMARNAT, redes de educación ambiental y organizaciones civiles involucradas en tareas de conservación, en varios estados del sur del país.
Las actividades arriba
mencionadas han tenido como punto de partida las múltiples y diversas
iniciativas locales y regionales llevadas a cabo por numerosas organizaciones de mujeres indígenas y campesinas a
lo largo y ancho del país. La lista es muy larga y sólo se puede mencionar
aquí que se trata de experiencias locales en las que se realizan actividades
de investigación y acción participativa para impulsar propuestas de
participación equitativa de las mujeres en el manejo alternativo de
los recursos naturales. Las acciones giran en torno a la producción
alimentaria, saneamiento ambiental, tecnologías apropiadas, agricultura
orgánica, capacitación en derechos humanos y derechos reproductivos,
impulso a proyectos y empresas productivas de mujeres, proyectos de
ecoturismo, entre muchas otras iniciativas.
Obstáculos y Desafíos
A pesar de los avances
experimentados en México ya señalados, tanto en materia de política pública, como en la construcción de capacidades
y fortalecimiento del liderazgo de las organizaciones de mujeres como
legítimas interlocutoras, se identifican algunos de los mayores obstáculos
para el cumplimiento de los acuerdos establecidos en el Capítulo
24 del Programa 21 y otros compromisos asumidos relacionados con la
equidad de género:
Prioridades y Propuestas
A partir del balance
realizado, se pueden identificar algunos aspectos relevantes a enfrentar
para dar impulso al cumplimiento del Programa 21, y que actualmente
se encuentran en el centro de los debates. Muchas de las propuestas
incluidas ya se han mencionado en foros realizados anteriormente y expresado
por un gran número de organizaciones civiles y sociales en nuestro país.
Ambiente
y desarrollo sustentable
El creciente deterioro
del medio ambiente y de los recursos naturales es un grave problema
nacional que afecta la calidad de vida de la población. Los cambios
ambientales se expresan con mayor profundidad en zonas de extrema pobreza,
urbanas y rurales, al restringir o anular el acceso a los recursos naturales
necesarios para la producción y reproducción social. En este contexto,
las mujeres son el grupo de población más afectado.
Las políticas sociales
y ambientales continúan subordinadas a los objetivos macroeconómicos.
Por su parte, las políticas públicas de desarrollo económico no integran
los aspectos ambientales o la hacen de manera ineficaz. De igual manera,
las acciones encaminadas a detener el deterioro ambiental se realizan
sin contemplar los aspectos sociales, culturales, económicos y políticos,
a pesar de estar estrechamente vinculados. El diseño de una política
ambiental no se puede concebir al margen de los objetivos de justicia
y equidad que deben orientar las políticas del desarrollo nacional.
El enfoque de género
es escasamente conocido en las instituciones
públicas y, más aún, prevalece una actitud que lo descalifica y minimiza,
y no se concibe como un elemento indispensable para el desarrollo sustentable.
La adopción transversal del enfoque de género requiere de un esfuerzo
amplio y decidido de sensibilización y capacitación a todos los niveles
y en todos los programas. Aunado a ello, las formas de asignación presupuestal
no establecen explícitamente una partida destinada a promover la inclusión
de las mujeres de forma equitativa. Hace falta información desagregada
por sexo que considere las diferencias de género, así como esquemas
y mecanismos de seguimiento y evaluación, que además de internos, deben
estar sujetos al monitoreo de la sociedad civil.
Propuestas:
Acceso,
control y propiedad de los recursos naturales y productivos
No obstante el amplio
reconocimiento del papel fundamental que tienen las mujeres en la gestión
y aprovechamiento de los recursos naturales
y de sus amplias responsabilidades para garantizar la sobrevivencia
familiar, aún no se realizan suficientes esfuerzos para lograr su participación
equitativa en la ordenación nacional de ecosistemas y la lucha contra
la degradación del ambiente. Si bien las mujeres han accedido a la tierra
respecto a años anteriores, según datos del PROCEDE, por lo general
el usufructo de la tierra lo ejercen sus hijos varones. Aún son numerosos
los obstáculos constitucionales, jurídicos, administrativos, culturales,
sociales y económicos que impiden su acceso, control y derechos de propiedad
sobre los recursos naturales y materiales, así como sobre la obtención
de ingresos y beneficios. Ello tiende a profundizar su situación de
discriminación, subordinación, aislamiento y pobreza extrema.
El severo deterioro de
los ecosistemas y sus impactos diferenciados por región, grupo social,
género, etnia y edad para orientar programas específicos a las problemáticas
socioambientales, es un reto a resolver, insuficientemente abordado por las instituciones abocadas a revertirlo,
sean estatales, federales o internacionales. Asimismo, hace falta un
abordaje más profundo de aquellos aspectos que impiden el establecimiento
de relaciones más equitativas entre hombres y mujeres en la toma de
decisiones ambientales y sociales: la complejidad de relaciones socioculturales
que estructuran la división de responsabilidades y derechos de propiedad
y que dictan las formas de aprovechamiento y acceso de los recursos
naturales y materiales, la obtención de ingresos y beneficios, el destino
de los programas de apoyo, de capacitación, de asistencia técnica, de
servicios, de reconocimiento social, entre otros.
Esta problemática está en la base de la escasa participación equitativa de las mujeres en la formulación de políticas, programas y proyectos a ellas dirigidos y en la toma de decisiones sobre el aprovechamiento adecuado de los ecosistemas.
Propuestas:
Participación
política de las mujeres
Presente en la agenda
feminista y en todos los compromisos internacionales, la participación
ciudadana y política de las mujeres en los ámbitos del poder y en los
espacios de adopción de decisiones, es considerada un aspecto central
para hacer realidad las metas de mejoría en su condición y posición.
En la última década ha tenido lugar una relativamente creciente incorporación
de mujeres a cargos públicos en el gobierno federal, estatal y municipal
y a órganos legislativos, entre otras razones por el decidido interés
de las mujeres por incluirse en espacios de la política formal a través
de una serie de acciones positivas, campañas y negociaciones con los
partidos políticos e instituciones públicas para ganar espacios. No
obstante, la presencia de las mujeres en los cargos de representación
sigue siendo marginal en comparación con la de los varones.
En el sector rural la
participación política de las mujeres se encuentra, más que en los espacios
de poder formal, en las organizaciones y movimientos sociales. De igual
manera, los últimos años han mostrado
una destacada participación ciudadana de las mujeres del campo, particularmente
de las mujeres indígenas, quienes están interviniendo activamente en
ámbitos de la vida social antes cerrados para ellas. El reconocimiento
de sus derechos humanos y civiles, y su creciente búsqueda de mejoría
en su calidad de vida, las ha motivado a ejercer su derecho al voto,
fomentado su involucramiento en espacios fuera del ámbito doméstico
y fortalecido sus capacidades de liderazgo. Sin embargo, todavía no
acceden a espacios de toma de decisiones políticas, muy pocas son autoridades
ejidales o municipales y su participación parece limitarse a grupos
organizados a nivel comunitario.
De esta forma, las mujeres
continúan sin ejercer un poder real en los órganos y espacios de adopción
de decisiones políticas, económicas y sociales sobre los aspectos que
afectan sus vidas. Es impostergable la necesidad de impulsar su participación
equitativa en la formulación e instrumentación de las políticas y programas
sobre desarrollo sustentable y en la transformación
de las relaciones sociales orientadas a construir una sociedad sensible
a la justicia de género.
Propuestas:
Biodiversidad
y soberanía alimentaria
La estrecha vinculación
entre la riqueza biológica y la riqueza cultural que caracteriza a nuestro
país es uno de los pilares básicos del desarrollo sustentable. Mujeres
y hombres campesinos y agricultores de pequeña escala, pescadores y
artesanos, los pueblos indígenas, son quienes históricamente han creado,
conservado y manejado la biodiversidad que poseemos. México, como centro
de origen y diversidad del maíz, actualmente cuenta con alrededor de
300 variedades criollas y tiene la responsabilidad de proteger esa riqueza
biológica, fundamental para garantizar su seguridad alimentaria.
Actualmente esta riqueza
genética está sufriendo una grave amenaza de los organismos genéticamente
modificados (OGM) o transgénicos, a partir de su introducción a nuestro
territorio mediante la siembra experimental y comercial de granos y
oleaginosas y la importación de maíz de los Estados Unidos. Millones
de toneladas de este grano básico ingresan cada año, entre las que se
incluyen variedades transgénicas, las cuales son distribuidas en miles
de comunidades del país.
Diversos organismos civiles
y sociales han manifestado su alarma
por los efectos que ello puede acarrear en la soberanía alimentaria,
la salud de la población, el ambiente rural y la economía campesina.
Desde septiembre de 2001 se hizo público que maíces nativos de Oaxaca
y Puebla están contaminados con ADN transgénico, y hasta ahora las entidades
públicas responsables de atender el problema no han tomado medidas para
resolverlo. La aplicación del principio precautorio consagrado por las
Naciones Unidas hace que deba considerase inviable el cultivo masivo
de OGM.
Aunado a ello, la sustitución
de la producción nacional de alimentos por la importada, el encarecimiento
de los alimentos al consumidor y los proyectos de biopiratería y patentes
sobre seres vivos, están poniendo en riesgo nuestra salud
y soberanía y seguridad alimentaria. En este contexto, las mujeres como
productoras de una gran cantidad de alimentos y conocedoras y usuarias
de múltiples especies alimenticias, ven seriamente vulnerada su participación
y posición privilegiada en la producción de alimentos.
Propuestas:
Educación,
salud y combate a la pobreza
En México los niveles
de calidad de vida de la población han disminuido de manera dramática
y más de la mitad de los hogares mexicanos se encuentra bajo la línea
de la pobreza. El sector más afectado es el constituido por las mujeres,
quienes de manera particular carecen de un sinnúmero de satisfactores.
Las políticas de educación,
salud y de combate a la pobreza han estado subordinadas a las de carácter
económico, y son amortiguadoras de
los efectos de éstas últimas. Es fundamental partir de una concepción
integral del desarrollo sustentable, bajo un enfoque de derechos humanos
y equidad de género, que esté presente en el diseño, ejecución, seguimiento
y evaluación de las políticas públicas, con la plena participación de
la ciudadanía. Los programas sociales de ninguna manera deben fomentar
prácticas tutelares, clientelares y corporativistas. La misión de las
políticas del desarrollo social debe ser la construcción de capacidades
individuales y colectivas, que permitan a todas las personas ser partícipes
plenos en las decisiones y beneficios del desarrollo.
No obstante el avance
de las metas gubernamentales en salud, prevalecen profundas desigualdades
que se manifiestan en altas tasas
de enfermedades infecto-contagiosas y padecimientos vinculados a la
desnutrición. Es importante hacer mención que los altos índices
de mortalidad materna se concentran en los estados de mayor marginación
y obedecen al deterioro de las condiciones socioeconómicas y a las inequidades
de género. Junto al cáncer cérvico-uterino y mamario, provoca los mayores
niveles de defunción en las mujeres. Continúan presentándose casos en
los que se violan sus derechos humanos y reproductivos al someterlas
a la esterilización forzada. Si bien en las últimas dos décadas se ha
registrado un incremento de la cobertura de la enseñanza básica, existen
diferencias regionales en detrimento de los estados con mayor población
rural, y el rezago educativo continúa siendo mayor entre las mujeres,
así como el analfabetismo.
Propuestas:
La concepción de desarrollo
sustentable ampliamente debatida y dotada de contenido por las organizaciones
de mujeres a lo largo de estas tres décadas parece diluirse y usarse
de manera discursiva. Para que el paradigma del desarrollo sustentable
realmente cambie es necesario un marco institucional para implementarlo.
Se requieren instituciones fuertes a nivel global y también a nivel
nacional que tengan la capacidad, la autoridad y los recursos para vincular
los sectores económico, social y ambiental bajo principios de justicia
social y de género.
La erradicación de la
pobreza y la defensa de los derechos de las mujeres se encuentran íntimamente
relacionados. El FMI, el BM y la OMC son instituciones clave en la globalización
de la pobreza. Dos décadas de ajuste nos ha demostrado que la globalización
lleva a una mayor marginalización de un número creciente de países y
personas. La privatización de los bienes y servicios, la lógica del
mercado y el crecimiento económico no han garantizado el bienestar de
la población, y en especial las mujeres están siendo notablemente perjudicadas
por las políticas de ajuste estructural.
Propuestas:
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DESARROLLO SUSTENTABLE CON EQUIDAD DE GÉNERO EN MÉXICO.
SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS1
Laura E. Ruiz Meza
Coordinación Nacional de Mujeres de
Organizaciones Civiles
por un Milenio Feminista
Introducción
Desde hace ya varios
lustros la sociedad global enfrenta las consecuencias del agotamiento
de un proyecto de desarrollo caracterizado por generar un creciente
desgaste del sistema ecológico a nivel planetario junto a un aumento
alarmante de la pobreza. Desde la perspectiva del desarrollo, esta realidad
llevó a reconocer que la estrecha interrelación de los fenómenos económicos,
sociales, culturales y ambientales debe ser considerada tanto en la
definición como en las acciones orientadas a la construcción de un nuevo
proyecto civilizatorio.
A quince años del Informe
Brundtland y a diez del Programa 21 mucho se ha debatido sobre el desarrollo
sustentable. Incluso el término mismo esta de nuevo en tela de juicio
ante el agravamiento de la crisis ambiental y social. El eje del debate
ha girado en torno a la necesidad de abordar y transformar las relaciones
de la sociedad con la naturaleza. El doble desafío de preservar los
recursos naturales y a la vez generar los satisfactores para el incremento
de la calidad de vida de la población, ha puesto en el centro de la
discusión a los seres humanos. Así, en repetidas ocasiones se ha mencionado
que la sustentabilidad en el desarrollo supone la transformación de
las condiciones de injusticia social que están en la base de la crisis
ambiental y social, tales como las desigualdades entre sectores sociales,
culturas, géneros y generaciones.
Las mujeres, entre otros
sectores sociales, hemos expresado que un pre-requisito para que los
seres humanos podamos vivir en armonía con la naturaleza es la adopción
de nuevo modelo de relaciones humanas
que incluya la democratización en los ámbitos político, social, comunitario,
familiar y personal. En este ejercicio de balance del Programa 21, debemos
reconocer que las dimensiones sociales, humanas, de la sustentabilidad
están escasamente consideradas frente a otras de carácter ambiental
y económico, y que aún falta mucho por hacerse para construir nuevos
procesos de desarrollo basados en la justicia social.
Después de un breve apartado
de antecedentes, el presente documento revisa
el progreso en el cumplimiento del Programa 21, en especial su Capítulo
24 relativo a las Medidas a favor de la Mujer para lograr un Desarrollo
Sostenible y Equitativo, emanada de la Conferencia de Naciones Unidas
sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD) realizada en 1992 en Río
de Janeiro. Asimismo, retoma los acuerdos relativos a la Mujer y el
Medio Ambiente, Sección K del Capítulo IV de la Plataforma de Acción
(PAM), aprobada en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Pekín
en 1995. Los obstáculos y desafíos son abordados posteriormente, para
concluir con una exposición de algunos de los retos que habría que enfrentar
para avanzar en la construcción de procesos de desarrollo basados en
principios de justicia social y equidad de género.
La preocupación por incorporar
la dimensión ambiental en la agenda de desarrollo de Naciones Unidas
tiene sus antecedentes en 1972. Desde entonces, la discusión se ha centrado
en torno a la necesidad de construir esquemas de desarrollo que armonicen la preservación de los ecosistemas naturales
del planeta con la satisfacción de las necesidades humanas. El informe
de la Comisión Brundtland, demostró, hace ya 15 años, la imperiosa necesidad
de transformar el modelo de desarrollo basado en los patrones de producción
y consumo de las sociedades industrializadas que amenaza la destrucción
del planeta.
De manera paralela, en
1975, la primera Conferencia Internacional sobre la Mujer estableció
como prioridad la transformación de la condición de las mujeres tanto en la vida pública como en la privada.
En Nairobi, en 1985 se evaluaron los logros del Decenio de las Naciones
Unidas para la Mujer, en cuyas estrategias de avance el tema de medio
ambiente fue incorporado a la discusión, al tomar en cuenta las mutuas
relaciones entre las mujeres y el ambiente en el ámbito del desarrollo.
Desde entonces, la influencia de los movimientos sociales ha estado
presente.
Se pueden contar ya tres
décadas de debate en torno al tema. En él, las organizaciones de la
sociedad civil han participado para exponer problemáticas, realizar
propuestas y establecer alianzas a fin de influir en el diseño de las
políticas globales. La constante
y propositiva participación de las organizaciones de la sociedad civil
y en especial del movimiento feminista y de mujeres, ha sido un factor
decisivo para que los organismos internacionales y los gobiernos incorporen
sus preocupaciones y propuestas. Es hasta 1992 cuando se establece un
espacio de participación civil mediante la realización del Foro Global
de ONG, en el que las voces de las mujeres se hicieron escuchar.
Producto de ello, en
la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo realizada en Río, tanto en su Declaración
como en el Programa 21, se acepta que es imprescindible contar con la
plena participación de las mujeres para lograr el desarrollo sostenible.
Las organizaciones de mujeres, por su parte, firmaron dos tratados en
el Foro Global: el Tratado Global de las mujeres para las ONG que buscan
un planeta justo y sano y el Tratado de ONG en materia de población,
ambiente y desarrollo. En estos se expresa la necesidad de impulsar
una visión de equidad de género en la agenda ambiental, así como el
incluir la perspectiva ambiental en las demandas de mujeres. A partir
de entonces esta doble estrategia ha sido incorporada en los espacios
de debate y construcción de propuestas a nivel nacional e internacional.
A la Cumbre
de Río le siguen una serie de conferencias que dan la oportunidad de
continuar el debate en torno al tema. Así, en 1993, en la Conferencia
Mundial de Derechos Humanos, la Declaración y Programa de Acción de
Viena subraya la importancia de la participación de la mujer como agente
y beneficiaria en el proceso de desarrollo, y reitera los objetivos
fijados sobre la adopción de medidas globales a favor de la mujer con
miras a lograr el desarrollo sostenible y equitativo previsto en el
Programa 21.
En 1994,
en la Conferencia sobre Población y Desarrollo realizada en El Cairo
se debatió la relación entre la dinámica poblacional, el medio ambiente
y el desarrollo, y se establecen medidas a favor de la salud y derechos
reproductivos para todos y todas.
Un año
más tarde, en 1995, la Cumbre Global en Desarrollo Social realizada
en Copenhague propone acciones específicas para lograr la igualdad entre
hombres y mujeres, luchar contra la discriminación y violencia hacia
las mujeres, evitar las cargas de trabajo extras para ellas, así como
promover su participación equitativa en los distintos ámbitos del desarrollo
social.
En la Cuarta Conferencia sobre la Mujer, efectuada en Pekín en 1995, se consideró de manera especial la relación entre las inequidades de género, el medio ambiente y el desarrollo quedando plasmada en la Sección K del Capítulo IV. Un año después, en 1996 se realizó en Estambul la Conferencia sobre Asentamientos Humanos, en la cual se abordan consideraciones específicas respecto a la igualdad en la participación de hombres y mujeres en el desarrollo sustentable. Ese mismo año, en Roma, la Cumbre Mundial sobre Alimentación reconoce la importante participación de las mujeres en la lucha contra el hambre.
Los ejercicios de revisión
conocidos como Río + 5 y Pekín +
5 concluyeron que a pesar de los avances logrados, mucho quedaba por
hacerse para alcanzar las metas de justicia social y equidad de género.
Hoy, a diez años de la CNUMAD, nos proponemos efectuar un balance de
lo realizado a partir del Programa 21, documento que ha orientado las
acciones en torno al desarrollo sustentable.
Avances y Oportunidades
En la línea del recuento
de los avances, uno de los primeros que se pueden identificar en la
década pasada, es el reconocimiento de que la pobreza
y la degradación ambiental están estrechamente vinculadas y que las
mujeres se ven particularmente afectadas por la degradación ambiental
debido a su posición social. Asimismo, se acepta que ellas han desempeñado
un rol de liderazgo en la gestión y uso de recursos naturales para satisfacer
necesidades familiares y comunitarias, además de realizar contribuciones
importantes en el manejo de recursos, poco reconocidas y valoradas.
Sin embargo, continúa siendo muy limitado su acceso a la capacitación,
la tierra, los recursos naturales y productivos, así como su participación
en el proceso de formulación de políticas y adopción de decisiones en
materia de ordenación, protección y rehabilitación del ambiente y los
recursos naturales.
El Capítulo 24 del Programa
21 manifiesta su propósito por fomentar la participación de la mujeres
en la ordenación nacional de los ecosistemas y la lucha contra la degradación
del medio ambiente. Entre las acciones que se propone realizar se encuentran:
a) Aumentar el número de mujeres
en los puestos de toma de decisiones en las esferas del medio ambiente
y desarrollo.
b) Formular políticas y estrategias para lograr la igualdad entre hombres y mujeres.
c) Incrementar el acceso de las mujeres al crédito, tierra, recursos naturales y productivos, agua.
d) Promover la reducción de las cargas de trabajo de las mujeres, mediante la redistribución del trabajo doméstico, la creación de guarderías y el suministro de servicios.
e) Evaluar las consecuencias para la mujer de las políticas y programas de medio ambiente y desarrollo y velar que se beneficie de ellos.
f) Garantizar el libre ejercicio de los derechos reproductivos de las mujeres.
g) Eliminar todas las
formas de violencia hacia las mujeres.
Por su parte, la Sección K, del Capítulo IV de la Plataforma de Acción de Pekín, asume compromisos en términos de:
A partir de estos compromisos,
en nuestro país tuvo lugar un proceso de debate, movilización e incidencia en política pública con la participación de distintos
actores civil, académico y gubernamental tanto para dar contenido
teórico a las vinculaciones entre el género, ambiente y desarrollo,
como para orientar las acciones encaminadas al cumplimiento de aquellos
acuerdos emanados de las conferencias mundiales.
Diversos han sido los
foros, seminarios, talleres, reuniones e investigaciones que han enriquecido
la discusión, proporcionado información y facilitado la construcción
de propuestas en torno al tema que
nos ocupa. Los productos de este esfuerzo colectivo ahora nos permiten
realizar un recuento de los logros alcanzados y de las oportunidades
que se nos presentan para dar continuidad a nuestras acciones a favor
del desarrollo sustentable con equidad de género. Para efectos de exposición,
se realiza inicialmente una breve reseña de los avances en materia de
política gubernamental, para concluir este apartado con las acciones
realizadas por las organizaciones civiles, aunque unos y otras han estado
estrechamente vinculados.
Políticas
gubernamentales
Como resultado de los
compromisos asumidos por el gobierno mexicano en la Conferencia de Pekín,
se instrumenta el Programa Nacional de la Mujer (PRONAM) y en 1998 se
estableció la Coordinación General de la Comisión
Nacional de la Mujer (CONMUJER) como órgano desconcentrado de la Secretaría
de Gobernación. Este primer organismo se propuso combatir los rezagos
de las mujeres en los ámbitos económico, político y social, y realizó
las primeras gestiones por incorporar el enfoque de género en el quehacer
público. Por su parte, el sector ambiental aún no incluía una perspectiva
de género en sus programas, a pesar de que el Art. 25 de la Ley
General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente señala que
las mujeres cumplen una importante función en la protección, preservación
y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y en el desarrollo.
Su completa participación es esencial para lograr el desarrollo sustentable.
Las primeras acciones
para fomentar la equidad de género
en las políticas públicas fue impulsado a partir de 1997 por la Red
de Género y Medio Ambiente (RGMA)2, instituciones académicas, investigadoras
y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN),
quienes junto a la CONMUJER y la entonces Secretaría de Medio Ambiente
Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP), abrieron espacios para promover
la equidad de género en la políticas del sector ambiental y social.
Los primeros productos
de este proceso fueron la Declaración para la Equidad de Género de la
SEMARNAP en 1999 y la inclusión de un Addendum
sobre Género y Ambiente en el Programa Nacional de la Mujer en el año
20003. En su Declaración, la SEMARNAP se compromete a cumplir los acuerdos
nacionales e internacionales que favorezcan la equidad de género, adopta
la transversalidad de la perspectiva de género en todas sus áreas y
programas y asume la tarea de diseñar e instrumentar un plan de trabajo
que contenga las medidas institucionales para alcanzar sus propósitos,
en coordinación con la sociedad civil4.
De la misma manera, en
el Addendum se establece el reto
prioritario de transformar las relaciones entre hombres y mujeres en
las formas sociales de acceso, conservación y aprovechamiento de los
recursos naturales y del medio ambiente, para lograr la equidad y la
sustentabilidad del desarrollo para todos 5. Entre sus acciones prioritarias
están las de impulsar la participación de las mujeres en condiciones
de equidad en proyectos de aprovechamiento de recursos naturales, en
el diseño de políticas y toma de decisiones y en otros relativos al
manejo de recursos naturales.
El haber iniciado un
proceso de interlocución entre distintos actores civiles y gubernamentales para incluir el enfoque de género en las
políticas ambientales y la dimensión ambiental en la agenda de las mujeres,
ha sido uno de los logros más importantes de una primera etapa de gestión
que concluyó en el año 2000.
Los alcances de esta
interlocución entre sociedad civil
y gobierno se refleja también en la actual administración. Tanto el
Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, como el Programa de Medio Ambiente
y Recursos Naturales 2001-2006 de la actual SEMARNAT, contemplan la
equidad de género entre sus principios.
En el sentido de dar
continuidad a las acciones y avances anteriormente realizados en materia
de política pública, en enero de 2001 se crea el Instituto Nacional
de las Mujeres, cuyo Plan Nacional para la Igualdad de Oportunidades
y No Discriminación contra las Mujeres
2001-2006, busca crear las condiciones, tanto en la administración
pública como en todas y cada una de las acciones de Estado, para la
potenciación del papel de las mujeres en la sociedad, propiciar su adelanto
y eliminar los obstáculos que dificultan su participación, en un plano
de igualdad, en el proceso de adopción de decisiones en todas las esferas
de la vida pública y privada... 6.
Este Plan trata de inscribirse
y avanzar en el enfoque de Género en el Desarrollo
para incluirlo de manera transversal en todo el sistema de gobierno,
con el fin de evitar la reducción a programas y proyectos aislados para
mujeres. Entre sus ejes estratégicos está el de la Disminución de la
pobreza y promoción del desarrollo sustentable, incorporando en él
la perspectiva social, económica, política y ecológica.
De igual manera, recientemente
la SEMARNAT, a través de la Unidad Coordinadora de Participación Social
y Transparencia y la Dirección de Área de Equidad de Género, ha diseñado
el Programa Equidad de Género, Medio Ambiente y Sustentabilidad 2002-2006.
Dicho programa se propone incorporar la perspectiva de género en la
política ambiental, ampliando y consolidando los mecanismos de participación
pública que promuevan la equidad entre las mujeres y los hombres en
relación al acceso, uso, manejo, conservación y aprovechamiento sustentable
de los recursos naturales7.
Sus diversas acciones
se enmarcan en cuatro líneas estratégicas para el logro de sus objetivos:
1) Institucionalización y transversalidad de la perspectiva de género,
2) Coordinación Intra e Interinstitucional y Cooperación Internacional,
3) Corresponsabilidad y Participación
pública y, 4) Procesos de Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable
con Equidad de Género.
Entre las acciones a destacar de dicho programa se encuentran:
Avances
en el movimiento de mujeres
Las distintas formas
de vinculación a nivel nacional e internacional ha permitido al movimiento
de mujeres y feminista el establecimiento de mecanismos de legitimación
de su agenda política, por medio de un proceso de diálogo y negociación.
Ello ha significado ejercer su derecho a participar en la adopción de
decisiones públicas. Su movilización a lo largo de 10 años constituyó
una punta de lanza para dar sentido al debate y a los avances institucionales
ya descritos. En las acciones del movimiento de mujeres que se destacan
aquí, se ha buscado incluir la dimensión ambiental en la agenda feminista
y el enfoque de género en la agenda del desarrollo sustentable. En este
apartado se mencionarán algunos de los más relevantes esfuerzos realizados.
En nuestro país, los
antecedentes de la participación
de las organizaciones de mujeres en torno al tema sobre ambiente y desarrollo
tuvo su primera experiencia en 1992, cuando se realizó el Primer Encuentro
de Mujeres y Medio Ambiente para realizar propuestas en la Cumbre de
la Tierra. Con el fin de incidir en la Conferencia de Pekín, el Espacio
de Mujer y Medio Ambiente (hoy RGMA) llevó a cabo en 1995 diversos talleres
regionales, estatales y nacional con la participación de más de 300
mujeres urbanas y rurales de 18 entidades del país para enriquecer con
la perspectiva ambiental la agenda de las mujeres. Los resultados dieron
lugar a La Agenda Verde de las Mujeres.
En ella se destaca que la equidad de género no será posible si no existe
una participación política de las mujeres en todo los espacios de toma
de decisiones. Además contiene un somero diagnóstico de los múltiples
y agudos problemas ambientales y su relación con otros aspectos sociales
tales como salud, alimentación, vivienda, etc. que son abordados por
las organizaciones sociales en sus proyectos8.
En ese año las mujeres
ya denunciaban que la propuesta
de desarrollo impuesta por el gobierno tendiente hacia la globalización
nos ofrece perspectivas preocupantes de deterioro de la calidad de nuestras
vidas; sin embargo, la visión de globalidad es inexistente para las
mujeres que nos encontramos agobiadas por el trabajo local. Nuestro
interés por participar en las instancias de gestión y toma de decisiones
compite con nuestra necesidad inmediata de sobrevivencia. (López, 2000:192).
De manera paralela, el
Comité Nacional de Mujeres de Organizaciones No Gubernamentales Mexicanas
hacia Pekín 959, constituido en 1993 para participar en la Conferencia
de la CEPAL y en el Foro de ONG de América Latina y el Caribe, así como
en el Foro de ONG en Huairou, China, desarrolló el tema de Mujer, Hábitat
y Medio Ambiente. Las demandas y propuestas presentadas buscaban
garantizar la participación plena de las mujeres en la formulación de
políticas y en el diseño, y ejecución de programas específicos que reconozcan
las desigualdades y opresiones que enfrentan.
Entre los ejercicios
de monitoreo y evaluación destacan los siguientes:
La Campaña El Banco
Mundial en la Mira de Las Mujeres, es una red latinoamericana que inició
sus acciones a partir de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer
con el propósito de asegurar que
el Banco Mundial (BM) cumpliera con los compromisos señalados en la
Plataforma de Acción10. Diversos han sido los esfuerzos que la Campaña
ha realizado para incidir en las políticas del BM, entre las que destacan
el ejercicio de análisis y monitoreo de las políticas económicas y sociales
diseñadas por esta multilateral en 10 países de la región latinoamericana.
En el caso de México, se efectuó una evaluación social del Programa
de Educación, Salud y Alimentación (PROGRESA) en 1999, a cargo de la
Red Nacional de Promotoras y Asesoras Rurales (RNPAR), y del Programa
de Manejo Ambiental y Descentralización (PROMAD) bajo la responsabilidad
de Espacio Autónomo, A.C.
En las Conferencias de
Río+ 5, pero en especial de Pekín+ 5, diversas redes de mujeres, entre
las que destacan la RGMA y Milenio Feminista, elaboraron un informe
alternativo sobre Mujer y Medio Ambiente, como parte de un esfuerzo
latinoamericano a favor de la paz, la equidad y justicia de género para
el Siglo XXI. En este informe se exponen ampliamente los esfuerzos realizados
por ambas redes, así como los avances alcanzados en materia de política
ambiental con enfoque de género hasta el año 2000. Entre sus propuestas
tienen peso aquellas relacionadas precisamente con la profundización
e institucionalización del enfoque de género en la política ambiental11.
Muchos han sido los esfuerzos
de incidencia en política pública a nivel local, regional y nacional,
en los cuales una veintena de redes de mujeres y de feministas han participado12. En ellos estuvo presente una visión integradora
de la problemática del desarrollo sustentable. Por razones de espacio
se mencionarán aquellos de carácter nacional que han tenido cierta influencia
en la formulación de políticas.
En coordinación con la
Red Mexicana de Esfuerzos contra
la Desertificación (RIOD), la RGMA promovió la inclusión de la
perspectiva de género en el Programa de Acción Nacional para dar cumplimiento
de los acuerdos en la Lucha contra la Desertificación.
La RNPAR desarrolló a
partir de 1999, la Campaña Nacional
por la Alimentación, cuya Plataforma de Acción destaca el importante
papel que las mujeres rurales desempeñan en la producción de alimentos
y cuestiona las políticas neoliberales que están amenazando la soberanía
y seguridad alimentaria de nuestro país13.
El Congreso Nacional
de Mujeres hacia la Reforma del Estado con Equidad de Género, fue realizado
en septiembre del 2000 con la participación de cientos de mujeres interesadas
en incidir en la consolidación de la vida democrática de
nuestro país en la coyuntura de la transición de poderes federales.
La Mesa de Mujeres de
las Mesas de Diálogo entre las organizaciones de la Sociedad Civil y
el Equipo de Transición (2000), fue otro de los eventos en el que el
movimiento feminista participó ejerciendo
su derecho ciudadano de contribuir en las decisiones nacionales y en
el establecimiento de nuevas formas de relación con las instituciones
gubernamentales para avanzar hacia una sociedad más justa y democrática
desde la perspectiva de la equidad social y de género.
El Seminario Definición
de Lineamientos Metodológicos Básicos para la Aplicación del Enfoque
de Género en las Políticas Públicas, se efectuó en el 2000 con la participación
de BM, BID, CONMUJER, SHCP, SER y la Secretaría cabeza de sector de
acuerdo al tema de la sesión correspondiente:
Mercados Laborales, Educación, Salud y Desarrollo Rural, Pobreza y Desarrollo
Sustentable. Los cuatro seminarios contribuyeron a realizar un diálogo
tripartita con el fin de incidir en las políticas macroeconómicas, presupuestarias
y de desarrollo.
El Foro Nacional de Consulta
para el Programa Nacional de Igualdad de Oportunidades y No Discriminación
contra las Mujeres, realizado en 2001, convocó de nuevo al movimiento
feminista para incluir su agenda y demandar el cumplimiento
de los acuerdos internacionales.
El Foro Global Financiación
por el Derecho al Desarrollo Sustentable con Equidad y la Conferencia
sobre Financiación al Desarrollo, de marzo de 2002. Entre otros, hay
que destacar el logro de ubicar en el debate el tema
de la pobreza de las mujeres y su justa participación en la toma de
decisiones económicas en la agenda financiera global. Con ello se avanza
en trascender a los llamados temas o ámbitos duros de la agenda del
desarrollo14.
Todas estas acciones
han fortalecido los esfuerzos de
las redes de mujeres por gestionar su agenda feminista. Las ha convertido
en interlocutoras privilegiadas de las principales instituciones públicas
del país, y con ello se ha influido de alguna manera en la toma de decisiones
dentro del quehacer público en torno al desarrollo. A pesar de este
relevante progreso político, no podemos decir que hemos alcanzado nuestros
propósitos, apenas en todo caso se han establecido algunas bases institucionales
para continuar construyendo procesos participativos más democráticos
y equitativos.
Como una forma de avanzar en el debate y análisis sobre este nuevo campo de investigación y contribuir a la formulación de políticas, se realizaron diversas actividades a nivel local, regional y nacional. Algunas de las más destacadas fueron:
En estos espacios de
formación e investigación se ha buscado estimular la producción teórica
y metodológica en torno al tema, con el fin de desarrollar capacidades
para orientar el quehacer académico hacia la instrumentación de acciones
que promuevan la construcción de
procesos de sustentabilidad en todas sus dimensiones: social, económica
y ecológica, desde un enfoque de género. La participación de un gran
número de investigadoras y asesoras y promotoras de organismos civiles
de acompañamiento a organizaciones de base, ha facilitado la realización
de sistematizaciones de experiencias de desarrollo con enfoque de género
e investigaciones regionales y locales con el fin de abordar las vinculaciones
entre cambio ambiental y las relaciones de género.
De igual manera
se ha seguido de cerca la evolución del debate teórico internacional
y nacional sobre las cuestiones de género, ambiente y desarrollo sustentable15, lo cual contribuyó a enriquecer las posiciones
colectivas. Se fomentó además un importante diálogo con especialistas
interesados en los temas del salud reproductiva y desarrollo sustentable,
a fin de identificar sus interacciones16. La posición de las redes de
mujeres no admite aquellas posturas que identifican al crecimiento demográfico
como el causante del deterioro ambiental y que justifican el control
natal mediante acciones violatorias de los derechos reproductivos de
las mujeres para atender los problemas ecológicos, visión ampliamente
difundida también en nuestro país. En cambio, exige garantizar el derecho
de las mujeres a decidir libremente sobre su maternidad y a ejercer
un control sobre su vida y su cuerpo.
El tema de las relaciones
entre Población y Medio Ambiente ha sido, en efecto, un foco de debates.
Otro espacio que posibilitó el diálogo
en torno al tema fueron los talleres realizados en 1997 por Pronatura
Chiapas, que involucró a organismos civiles de mujeres, ambientalistas,
conservacionistas, académicos y agencias de financiamiento para el intercambio
de ideas, experiencias y construcción de propuestas metodológicas para
incorporar el enfoque de género en acciones de uso sustentable de recursos
naturales.
En el mismo sentido se
han realizado actividades de capacitación y de incidencia para incorporar
el enfoque de equidad de género en
algunos instrumentos de política ambiental. En ellos han participado
funcionarios y técnicos involucrados en el manejo de Áreas Naturales
Protegidas, personal de la SEMARNAT, redes de educación ambiental y
organizaciones civiles involucradas en tareas de conservación, en varios
estados del sur del país.
Las actividades arriba
mencionadas han tenido como punto de partida las múltiples y diversas
iniciativas locales y regionales llevadas a cabo por numerosas organizaciones de mujeres indígenas y campesinas a
lo largo y ancho del país. La lista es muy larga y sólo se puede mencionar
aquí que se trata de experiencias locales en las que se realizan actividades
de investigación y acción participativa para impulsar propuestas de
participación equitativa de las mujeres en el manejo alternativo de
los recursos naturales. Las acciones giran en torno a la producción
alimentaria, saneamiento ambiental, tecnologías apropiadas, agricultura
orgánica, capacitación en derechos humanos y derechos reproductivos,
impulso a proyectos y empresas productivas de mujeres, proyectos de
ecoturismo, entre muchas otras iniciativas.
Obstáculos y Desafíos
A pesar de los avances
experimentados en México ya señalados, tanto en materia de política pública, como en la construcción de capacidades
y fortalecimiento del liderazgo de las organizaciones de mujeres como
legítimas interlocutoras, se identifican algunos de los mayores obstáculos
para el cumplimiento de los acuerdos establecidos en el Capítulo
24 del Programa 21 y otros compromisos asumidos relacionados con la
equidad de género:
Prioridades y Propuestas
A partir del balance
realizado, se pueden identificar algunos aspectos relevantes a enfrentar
para dar impulso al cumplimiento del Programa 21, y que actualmente
se encuentran en el centro de los debates. Muchas de las propuestas
incluidas ya se han mencionado en foros realizados anteriormente y expresado
por un gran número de organizaciones civiles y sociales en nuestro país.
Ambiente
y desarrollo sustentable
El creciente deterioro
del medio ambiente y de los recursos naturales es un grave problema
nacional que afecta la calidad de vida de la población. Los cambios
ambientales se expresan con mayor profundidad en zonas de extrema pobreza,
urbanas y rurales, al restringir o anular el acceso a los recursos naturales
necesarios para la producción y reproducción social. En este contexto,
las mujeres son el grupo de población más afectado.
Las políticas sociales
y ambientales continúan subordinadas a los objetivos macroeconómicos.
Por su parte, las políticas públicas de desarrollo económico no integran
los aspectos ambientales o la hacen de manera ineficaz. De igual manera,
las acciones encaminadas a detener el deterioro ambiental se realizan
sin contemplar los aspectos sociales, culturales, económicos y políticos,
a pesar de estar estrechamente vinculados. El diseño de una política
ambiental no se puede concebir al margen de los objetivos de justicia
y equidad que deben orientar las políticas del desarrollo nacional.
El enfoque de género
es escasamente conocido en las instituciones
públicas y, más aún, prevalece una actitud que lo descalifica y minimiza,
y no se concibe como un elemento indispensable para el desarrollo sustentable.
La adopción transversal del enfoque de género requiere de un esfuerzo
amplio y decidido de sensibilización y capacitación a todos los niveles
y en todos los programas. Aunado a ello, las formas de asignación presupuestal
no establecen explícitamente una partida destinada a promover la inclusión
de las mujeres de forma equitativa. Hace falta información desagregada
por sexo que considere las diferencias de género, así como esquemas
y mecanismos de seguimiento y evaluación, que además de internos, deben
estar sujetos al monitoreo de la sociedad civil.
Propuestas:
Acceso,
control y propiedad de los recursos naturales y productivos
No obstante el amplio
reconocimiento del papel fundamental que tienen las mujeres en la gestión
y aprovechamiento de los recursos naturales
y de sus amplias responsabilidades para garantizar la sobrevivencia
familiar, aún no se realizan suficientes esfuerzos para lograr su participación
equitativa en la ordenación nacional de ecosistemas y la lucha contra
la degradación del ambiente. Si bien las mujeres han accedido a la tierra
respecto a años anteriores, según datos del PROCEDE, por lo general
el usufructo de la tierra lo ejercen sus hijos varones. Aún son numerosos
los obstáculos constitucionales, jurídicos, administrativos, culturales,
sociales y económicos que impiden su acceso, control y derechos de propiedad
sobre los recursos naturales y materiales, así como sobre la obtención
de ingresos y beneficios. Ello tiende a profundizar su situación de
discriminación, subordinación, aislamiento y pobreza extrema.
El severo deterioro de
los ecosistemas y sus impactos diferenciados por región, grupo social,
género, etnia y edad para orientar programas específicos a las problemáticas
socioambientales, es un reto a resolver, insuficientemente abordado por las instituciones abocadas a revertirlo,
sean estatales, federales o internacionales. Asimismo, hace falta un
abordaje más profundo de aquellos aspectos que impiden el establecimiento
de relaciones más equitativas entre hombres y mujeres en la toma de
decisiones ambientales y sociales: la complejidad de relaciones socioculturales
que estructuran la división de responsabilidades y derechos de propiedad
y que dictan las formas de aprovechamiento y acceso de los recursos
naturales y materiales, la obtención de ingresos y beneficios, el destino
de los programas de apoyo, de capacitación, de asistencia técnica, de
servicios, de reconocimiento social, entre otros.
Esta problemática está en la base de la escasa participación equitativa de las mujeres en la formulación de políticas, programas y proyectos a ellas dirigidos y en la toma de decisiones sobre el aprovechamiento adecuado de los ecosistemas.
Propuestas:
Participación
política de las mujeres
Presente en la agenda feminista y en todos los compromisos internacionales, la participación ciudadana y política de las mujeres en los ámbitos del poder y en los espacios de adopción de decisiones, es considerada un aspecto central para hacer realidad las metas de mejoría en su condición y posición. En la última década ha tenido lugar una relativamente creciente incorporación de mujeres a cargos públicos en el gobierno federal, estatal y municipal y a órganos legislativos, entre otras razones por el decidido interés de las mujeres por incluirse en espacios de la política formal a través de una serie de acciones positivas, campañas y negociaciones con los partidos pol