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Desarrollo sostenible, pobreza y genero. Am ica Latina y el Caribe: medidas hacia el a 2000
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Distr.
LIMITADA
LC/L.1064(CRM.7/5)
26 de septiembre de 1997
ORIGINAL: ESPAÑOL
NACIONES UNIDAS
COMISIÓN ECONÓMICA
PARA AMÉRICA LATINA
Y EL CARIBE - CEPAL
Séptima Conferencia Regional sobre la Integración
de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social
de América Latina y el Caribe
Santiago de Chile, 19 al 21 de noviembre de 1997
DESARROLLO SOSTENIBLE, POBREZA Y GÉNERO
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE:
MEDIDAS HACIA EL AÑO 2000
97-9-760
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iii
ÍNDICE
Página
RESUMEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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I.
ANTECEDENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
II.
OBJETIVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
III.
MARCO TEÓRICO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
IV.
DIAGNÓSTICO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
V.
GÉNERO Y POBREZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
VI.
TRABAJO Y GÉNERO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
VII.
ACCESO A LOS PROGRAMAS SOCIALES Y GÉNERO . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
VIII.
GRUPOS Y TEMAS ESPECIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
IX.
ACCESO A LA TOMA DE DECISIONES, EJERCICIO DEL
PODER Y POBREZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29
X.
PROPUESTAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31
Notas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33
ANEXO:
Bibliografía seleccionada sobre mujer y desarrollo en
América Latina y el Caribe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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RESUMEN
Este documento ha sido preparado como un aporte a los debates de los representantes de los países miembros
de la CEPAL durante la séptima Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo
Económico y Social de América Latina y el Caribe, en conjunto con el documento, Acceso al poder y
participación en la toma de decisiones. América Latina y el Caribe: políticas de equidad de género hacia el año
2000.
En el documento se recoge información disponible, especialmente dada a conocer desde 1995 a la fecha,
sobre la pobreza que afecta a las mujeres en la región y las medidas que se toman para erradicarla, lograr la
equidad de género, y avanzar hacia una sociedad más equitativa y un desarrollo más sostenible. El período
posterior a la celebración de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer se caracteriza más por la
“rendición de cuentas” (accountability) que por las denuncias.
Si bien la visibilidad, la sensibilización con respecto a la perspectiva de género y la pobreza siguen
siendo tareas importantes, lo que hoy se requiere para acelerar los cambios son nuevas maneras de abordar el
tema y nuevas herramientas. Es necesario entender que la superación de la pobreza de las mujeres va muchos
más allá de la ejecución de pequeños proyectos, puesto que exige políticas públicas y programas nacionales
de formación de recursos humanos calificados, de programas de empleo productivo, cambios en los programas
educacionales, modificaciones legales y la incorporación de la perspectiva de género en la seguridad social. Es,
además, una tarea de fortalecimiento ciudadano. Las mujeres pobres, pese al fundamental papel desempeñado
en las luchas reivindicativas y en defensa de los derechos humanos, así como en la aplicación de estrategias
de supervivencia, siguen enfrentando barreras que dificultan su participación en la toma de decisiones. Superar
esas barreras es también una forma de mejorar sus opciones de superar la pobreza.
En el presente documento se proponen diez medidas concretas que podrían conducir al logro de ambos
objetivos. No se las considera únicas ni son excluyentes, pero en ellas se otorga primordial importancia a la
interrelación entre acceso al poder y a los recursos, dos dimensiones esenciales para una democracia con
equidad de género.
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I. ANTECEDENTES
Este documento, preparado para la séptima Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer en el
Desarrollo Económico y Social de América Latina y el Caribe, en conjunto con Acceso al poder y participación
en la toma de decisiones. América Latina y el Caribe: políticas de equidad de género hacia el año 2000,
constituyen los aportes de la Secretaría de la CEPAL al debate entre las representantes de sus Estados
miembros. La Mesa Directiva de la Conferencia eligió estos dos temas conforme a las prioridades establecidas
1
por los países a nivel internacional en la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer y las
2
regionales emanadas del Programa de Acción Regional para las Mujeres de América Latina y el Caribe, 1995-
2001. El índice temático de ambos documentos es el producto de iniciativas concertadas, y fue elaborado en
conjunto por la Secretaría de la CEPAL y la Mesa Directiva.
Por lo tanto, no se repetirán ideas que en sentido estricto deberían exponerse en ambos estudios.
Simplemente se recuerda, que la anterior conferencia regional se centró en los preparativos regionales para la
Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y que en ella se aprobó el programa de acción mencionado.
3
El último trienio se ha caracterizado por una intensa actividad en ese contexto y una gran difusión de
los temas que interesan a la mujer en la sociedad. La conferencia mundial inicia un período en el que
probablemente no tengan tanta repercusión en el ámbito público, pero en el que deberán realizarse las tareas
sobre las que se han adquirido compromisos. La realización en el día a día de las actividades necesarias para
erradicar la pobreza de las mujeres en América Latina y el Caribe, lograr la equidad de género, y avanzar hacia
una sociedad más equitativa y un desarrollo más sostenible no recibirá seguramente tanta atención como las
denuncias y discursos. Pero probablemente sea una tarea mucho más importante y más eficaz. La "rendición
de cuentas", término acuñado en las últimas décadas, exige en el caso de las mujeres en situación de pobreza
urgentes medidas de fortalecimiento de la ciudadanía.
Dos importantes eventos preceden esta conferencia y enmarcan las actividades en torno a la superación
de la pobreza de las mujeres en América Latina y el Caribe: la Reunión Ministerial del Caribe sobre la
Erradicación de la Pobreza (28 de octubre al 1
de noviembre de 1996) y la primera Conferencia Regional de
Seguimiento de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social (São Paulo, 6 al 9 de abril de 1997). En la primera
reunión, los ministros del Caribe adoptaron el Plan de Acción para la Erradicación de la Pobreza en el Caribe
y acordaron reunirse dentro de los dos años siguientes para evaluar los progresos alcanzados. El Plan de
Acción, emanado de seis grupos dedicados al análisis de diversos temas, contiene recomendaciones estratégicas
para las mujeres jefas de hogar, las madres adolescentes y las niñas explotadas sexualmente. La estrategia
económica y social contemplada se basa en un enfoque integral de la erradicación de la pobreza y en el análisis
de género. Al referirse a los instrumentos y mecanismos de monitoreo y evaluación, los países del Caribe
recomiendan la clasificación de los datos estadísticos por sexo.
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Durante la primera Conferencia Regional de Seguimiento de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social
se constató con inquietud que en los países había habido escasos avances e incluso retrocesos en las áreas del
empleo, la pobreza y la integración social. El patrón de crecimiento no generaba suficientes puestos de trabajo
productivo, y el rezago y la heterogeneidad productiva eran un obstáculo a la equidad. Los países aprobaron
el Consenso de São Paulo, en el que expresan que, pese a los avances en términos de gasto social y de reformas,
"la región aún carece de logros significativos en materia de equidad... Son más las mujeres que los hombres
en situación de pobreza absoluta, y para las primeras los riesgos de caer en la pobreza son mucho mayores..."
Los países recomiendan medidas que tengan como objetivo primordial el logro de la equidad.
4
Las dos conferencias demuestran que, si bien hay que procurar que se siga prestando atención en el
ámbito público a la perspectiva de género y pobreza, el debate pasa hoy a otras instancias y exige nuevas
herramientas. Debe dejarse de pensar en la superación de la pobreza de las mujeres en términos de ejecución
de pequeños proyectos. Hay que incorporar el tema a las políticas y los programas nacionales: la formación
de recursos humanos calificados, los programas de empleo productivo, los análisis de programas de estudio
y de los efectos de los cambios en el mercado de empleo para las mujeres, las enmiendas de la legislación
laboral, la seguridad social y la integración social. Más que defensa de sus intereses se necesitan actividades
concretas, sistemáticas y especializadas.
En este documento se examinan sintéticamente los diez puntos incluidos en el índice. En el caso de varios
de ellos fue muy difícil conseguir información y la presentación de otros tal vez podría haberse estructurado
de otra manera. Es difícil ajustarse exactamente en un estudio a un índice fijado de antemano. Sin embargo,
se optó por mantener la misma pauta para facilitar los debates y porque sirve para destacar las áreas en que
se requiere más información o la construcción de indicadores más precisos.
Al igual que en el documento anterior, se ha procurado aprovechar al máximo la información disponible.
Se han utilizado estudios cualitativos, estudios de casos e información oficial. Dado que se prefirieron estudios
que combinaran variables sobre pobreza y acceso al poder y tomando en cuenta la inmensa variedad de material
publicado en los últimos años, se optó por preparar una sola bibliografía seleccionada, que se presenta como
anexo a los dos documentos. Se considera de utilidad que los países dispongan de este listado que contiene
información útil para sus actividades proveniente de los países de la región, centros académicos, organizaciones
no gubernamentales y organismos especializados de las Naciones Unidas. Se examinaron además los resultados
de otras conferencias mundiales realizadas después de la de Beijing, en especial la reunión de seguimiento
regional de la Cumbre Social y el Consenso de São Paulo.
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II. OBJETIVO
El objetivo de este informe es proporcionar a los países miembros de la CEPAL información sobre las
condiciones en que viven en la región las mujeres afectadas por la pobreza, los diferentes efectos que tiene la
pobreza para mujeres y hombres, y el obstáculo que ésta representa para el ejercicio de la ciudadanía de las
mujeres, particularmente en cuanto a la activa participación en la toma de decisiones y el poder.
Se presenta, además, información sobre algunas actividades en curso con las que se espera erradicar la
pobreza, como único medio de asegurar la igualdad de oportunidades entre las mujeres y los hombres. Lo que
se requiere es acelerar el proceso de instrumentación de la Plataforma de Acción y del Programa de Acción
Regional, realizar un análisis transversal de los temas, y comprender los obstáculos que dificultan la
formulación e implementación de políticas para poner fin a la pobreza.
Se describe, además, la heterogeneidad de situaciones que enfrentan las mujeres pobres en América
Latina y el Caribe y las múltiples actividades que se han estado llevando a cabo para mejorar su condición.
Asimismo, se destaca la discontinuidad de esas actividades, su deficiente focalización y la falta de coordinación
de las medidas, que han limitado la eficacia de muchos programas y proyectos y provocado una gran
frustración en sus destinatarios.
Las políticas para erradicar la pobreza con equidad de género requieren de claras prioridades, de
enfoques integrados y complejos, pero fundamentalmente de continuidad. La formación, la capacitación y el
aprendizaje de nuevas técnicas productivas, de gestión, de participación y del ejercicio de los propios derechos
son procesos largos, que exige una acción simultánea de múltiples actores.
Se procurará identificar los obstáculos que enfrentan tanto las mujeres como los gobiernos para
implementar políticas que combinen el mejoramiento de la calidad de vida de la población, especialmente las
mujeres, con la equidad de género.
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III. MARCO TEÓRICO
El debate sobre posibles medidas para erradicar la pobreza que afecta a las mujeres se enmarca en la propuesta
de la CEPAL sobre transformación productiva con equidad. Esta propuesta debe complementarse con un
enfoque integrado, que suponga una concepción unificada de las políticas económicas y sociales, y una reforma
de los marcos reguladores e institucionales que permitan avanzar simultáneamente en términos de
transformación productiva y equidad. La superación de la pobreza, la integración social y la gobernabilidad
democrática no dependen exclusivamente de la generación de empleo ni del mejoramiento de la aplicación de
las políticas sociales. La pobreza que afecta a las mujeres tiene, además, características propias debidas al
género, que deben ser consideradas en los lineamientos globales.
La pobreza tiene muchas dimensiones y se han desarrollado a lo largo de los años numerosos indicadores
para medirla mejor o con mayor precisión, pero esto no ha contribuido a erradicarla. Desde discusiones
sofisticadas de la definición de pobreza en cada cultura hasta mediciones de la necesidad de consumo de energía
y proteínas para definir las "canastas básicas" para programas de asistencia destinados a sectores cuyos
ingresos están por debajo de la línea de la pobreza, la gama es amplia.
5
Los dos criterios que se utilizan más comúnmente para medir la pobreza son los siguientes:
i) criterio basado en el ingreso: se considera pobres a quienes tienen un ingreso inferior a la línea de
pobreza, definida como una determinada cantidad de alimentos;
ii) criterio basado en las necesidades básicas: además del ingreso se toman en consideración factores
tales como las condiciones de vivienda (tipo, grado de hacinamiento) e infraestructura (disponibilidad de agua
potable, eliminación de residuos), el acceso a servicios de educación y la jefatura del hogar;
iii) criterio basado en la capacidad de los integrantes del hogar, es decir en las posibilidades de funcionar
adecuadamente en la sociedad.
Tal vez la dimensión más visible de la pobreza sea la desigualdad. La pobreza no es un fenómeno aislado
y también se define por comparación. En los países desarrollados, el ingreso per cápita del 20% más rico de
la población es ocho veces mayor que el ingreso del 20% más pobre. En América Latina y el Caribe, es
diecinueve veces mayor.
El tema de la pobreza se plantea hoy en un marco más amplio que incluye los temas de la equidad y de
exclusión social, como quedó en evidencia en los debates de la Conferencia Regional de Seguimiento de la
Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social y en el Consenso de São Paulo.
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Por ello, en este documento se toman constantemente en cuenta los dos aspectos esenciales que inciden
en la falta de equidad de las mujeres y los hombres en las sociedades de la región: la limitación del acceso a
los recursos de la sociedad necesarios para satisfacer sus necesidades, en comparación con los recursos de que
disponen otros grupos, y el obstáculo que supone para la participación en la toma de decisiones, es decir el
ejercicio de la ciudadanía.
El logro de la equidad de género en una sociedad no es una consecuencia automática de la erradicación
de la pobreza. Datos provenientes de diferentes países demuestran que, si bien la desigualdad de género está
estrechamente relacionada con la pobreza, no siempre se asocia con la falta de ingresos y, como ha quedado
en evidencia en distintos casos, una sociedad puede ser pobre pero distribuir sus recursos con equidad.
6
La erradicación de la pobreza que afecta a las mujeres pasa por mejorar su acceso al mercado laboral
y al empleo. Para las mujeres muchas veces eso exige, además, una mejor capacidad de organización, mayor
capacitación, la existencia de empleos productivos a los que puedan acceder, reformas políticas y legales que
impidan la discriminación en función del género y el establecimiento de mecanismos que ayuden a poner fin
a la división del trabajo entre hombres y mujeres, que no responda exclusivamente a las capacidades efectivas
de las personas. Las condiciones de pobreza de las mujeres se cruzan además con su necesidad de emancipación
de la subordinación, y con la búsqueda de igualdad, equidad y poder. Erradicar la pobreza es salir del mundo
de las carencias, pero también es llegar a tener cierto control sobre los recursos, y cierto poder de decisión en
el hogar, la sociedad y en el Estado.
Hay aspectos de la pobreza que son nuevos y que convendría conocer mejor. Las transformaciones
económicas que ha vivido la región han traído aparejados nuevos cambios y se vive nuevamente una etapa de
transición en la que se requieren medidas especiales y más complejas. Los cambios culturales que enfrentan
hoy las mujeres y los hombres por haber dejado de ser campesinas y campesinos para convertirse en
asalariadas y asalariados rurales y obreras y obreros del sector de la maquila son importantes. Para grandes
contingentes de mujeres que dejan por primera vez de trabajar con la familia para emplearse significa
enfrentarse a una disciplina horaria, nuevas formas de obediencia, nuevas subversiones, un desarraigo
sociocultural, los viejos miedos de las mujeres que salen a trabajar al "¿qué dirán?" y a la violencia, a la
autonomía que da el ingreso monetario propio y a la socialización entre pares. Como dicen las mujeres jóvenes
en uno de los estudios de casos, es el precio de "andar por el mundo libres".
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IV. DIAGNÓSTICO
Como se ha señalado en el documento sobre acceso al poder y participación en la toma de decisiones
(LC/L.1063(CRM.7/4)), tres años son muy poco tiempo para presentar diagnósticos sociales nuevos. Por ello,
además de lo indicado en ese documento, y sobre la base de los últimos estudios de la CEPAL, sólo se han
7
seleccionado algunos datos que sirven para ilustrar globalmente la situación de la región y de las mujeres
pobres.
* Con variaciones porcentuales mínimas de un bienio a otro en los años noventa, en América Latina y
el Caribe aproximadamente el 40% de los hogares son pobres y el número de personas pobres asciende a los
210 millones. La pobreza muestra marcadas diferencias entre los países, en cuanto a magnitud: hay dos países
con menos de un 15% de hogares pobres, mientras en otros superan el 50%.
* En 1995 el salario mínimo real en 13 de 17 países fue inferior al de 1980. La diferencia entre el ingreso
de los profesionales y técnicos y de los trabajadores de sectores con baja productividad aumentó de 1990 a
1994 entre 40% y 60%.
* La mayor parte del empleo generado corresponde al sector informal y el 56% del total de ocupados
pertenecen a este sector.
* La acentuación de la pobreza dificulta aun más la integración social. Las expectativas de consumo,
estimuladas por los medios de comunicación, se ven frustradas en vastos contingentes de población. Los
jóvenes, con una educación superior a la de la generación anterior, son los más afectados por el desempleo.
* El gasto social aumenta, especialmente en educación y seguridad social. En educación la inversión se
orienta no sólo a ampliar la cobertura, sino también al mejoramiento de la calidad. En seguridad social, la
mayoría de los recursos se destinan a reajustes de las jubilaciones, pensiones, amortización de pasivos
jubilatorios y también a la ampliación de la cobertura. Sin embargo, así como la CEPAL estima necesario un
crecimiento de un 6% para superar los rezagos sociales, considera que la aplicación de que una estrategia
educacional como la que requiere la región, sólo para los niveles preescolar y escolar, absorbería el 3.9% del
producto interno bruto.
* Desempleo abierto. La reducción del desempleo abierto es esencial para reducir la pobreza, pero éste
sigue siendo alto en la región, y mucho más en el caso de las mujeres.
* La pobreza también afecta a los empleados públicos y de empresas privadas medianas y grandes. En
más de la mitad de los países de la región, entre 30% y 50% de los asalariados privados viven en hogares
pobres, y el porcentaje fluctúa entre menos de 10% en Argentina y Uruguay y más de 60% en Honduras. En
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algunos países la proporción de asalariados pobres es incluso mayor entre los trabajadores independientes no
calificados.
* En los estratos de baja productividad, la insuficiencia de ingresos es más notable entre los asalariados
de las microempresas, categoría integrada por un gran número de mujeres. Éstos, junto con las personas que
prestan servicios domésticos, registran la más alta incidencia de pobreza urbana. En la mayoría de los países,
suman entre 25% y 40% del total de ocupados pobres. Ello ocurre también, aunque en menor medida, en países
con una alta proporción de trabajadores por cuenta propia, como Bolivia y Honduras. En esos casos, alrededor
del 40% de los pobres urbanos son trabajadores independientes poco calificados, en gran parte mujeres. Los
asalariados de microempresas perciben un ingreso mensual equivalente a sólo 2.5 veces la línea de pobreza,
monto que constituye un umbral mínimo para acceder al bienestar y tener probabilidades de mantenerse fuera
de la pobreza.
* Los empleados domésticos, que representan 6% de los trabajadores urbanos perciben un ingreso
promedio de 1.4 líneas de pobreza. Uno de cada diez ocupados pobres pertenece a esta categoría de empleo.
Por otra parte, las y los empleados domésticos registran una elevada incidencia de pobreza aunque su
participación en el total del empleo rural es muy baja, entre 2% y 4% en la mayoría de los países.
* La pobreza rural se diferencia de la urbana por la elevada influencia de los siguientes factores: la no
posesión de tierras; variables demográficas, especialmente la fecundidad; falta de educación y alta tasa de
analfabetismo funcional; aislamiento geográfico y comunicacional; la mínima provisión de servicios públicos,
privados y sociales, e impacto directo del deterioro ambiental en la base productiva.
Según proyecciones del Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE), la población rural seguirá
creciendo en 12 de 20 países latinoamericanos, entre 1995 y 2000, y en 5 países, incluidos los más pobres, la
tasa superará el 1% anual.
Entre los ocupados en áreas rurales, los mayores niveles de pobreza se registran entre los trabajadores
por cuenta propia no profesionales ni técnicos (50% a 80%), que representan entre un tercio y la mitad del total
en esas áreas. Los asalariados del sector privado no profesionales ni técnicos que trabajan en establecimientos
con un máximo de cinco empleados presentan similares niveles de pobreza y representan entre un quinto y un
tercio del total de ocupados pobres rurales.
* La discriminación étnica ha significado mayor pobreza rural entre los pueblos indígenas, que están en
situación de gran desventaja, en cuanto al acceso a la tierra y la satisfacción de necesidades básicas.
* Las reformas económicas de los últimos años han tenido distintos efectos para los hombres y las
mujeres pobres. Las personas sin capacitación profesional e insuficiente educación escolar han sufrido más el
impacto de los recortes del gasto social. La globalización acentúa las diferencias sociales, discrimina a las
personas con menor movilidad y flexibilidad, a las menos preparadas, a las que reciben menores salarios y a
las de regiones más aisladas, todo lo cual agrava la situación de las mujeres que ya sufren de discriminación
salarial.
* Para analizar la relación entre el ingreso de las mujeres y la pobreza de los hogares, se realizó un
ejercicio de simulación para establecer cuánto crecería la pobreza si las mujeres no aportaran dinero al hogar.
Los resultados son reveladores: sin el ingreso de las cónyuges, los hogares pobres aumentarían entre 10% y
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20%. En el conjunto de los hogares las cónyuges que estaban ocupadas en el año 1994 aportaron entre 28%
y 38% del ingreso total del hogar.
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* La segmentación ocupacional es un factor que explica en gran parte la desigualdad entre hombres y
mujeres en lo que respecta al ingreso. A comienzos de los años noventa, en América Latina los salarios de las
mujeres correspondían en promedio al 72% de los salarios de los hombres. Esa diferencia era mayor en el caso
de los ocupados urbanos, puesto que los ingresos de las mujeres representaban sólo las dos terceras partes del
ingreso de los hombres. El aumento del nivel educacional de las mujeres trae aparejados incrementos salariales
mayores que en el caso de los hombres sólo hasta el nivel de educación media completa; los estudios
postsecundarios redundan en más beneficios para los hombres, que ocupan cargos más altos y mejor
remunerados.
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V. GÉNERO Y POBREZA
La CEPAL plantea la necesidad de aplicar un enfoque integrado, que vincule políticas sociales y económicas,
para el logro de la equidad. Además, el desarrollo sostenible, exige la integración explícita de la de la
perspectiva de género. Aun cuando no se explicite, todos los planes, programas y políticas tienen una
determinada perspectiva de género. Asumen cuáles son los roles de las personas en la sociedad y, lo que es más
importante, deciden en qué deben consistir. El desarrollo que se procura es para ciudadanos concretos y la
pobreza de las mujeres, tal vez más que en ningún otro tema, impone la necesidad de un enfoque
interdisciplinario. El fortalecimiento de la ciudadanía de las mujeres pasa por lo económico, por lo social, por
lo cultural y por lo político; pasa porque se las considere en las políticas como ciudadanas.
Como ya se ha indicado, la pobreza afecta de distinta manera a las mujeres y a los hombres. Dada la
magnitud de la pobreza en América Latina y el Caribe no tiene mucho sentido cuestionar quién o quiénes son
los más pobres entre los pobres; habría que abocarse más bien a analizar qué medidas son las más eficaces para
superar la pobreza de las mujeres y qué factores impiden que reciban los beneficios de las políticas. En esta
sección se destacan cuatro aspectos fundamentales que deben abordarse para enfrentar adecuadamente la
pobreza de las mujeres.
a) En la recopilación de información sobre la situación de las mujeres se observa un importante sesgo
de genéro que afecta predominantemente a las mujeres pobres. A pesar de todo lo que se ha insistido y aún
reconociendo la importancia de la actividad económica de las mujeres, aún no se clasifican sistemáticamente
por sexo los datos estadísticos disponibles ni tampoco se ha logrado que los análisis incorporen la perspectiva
de género. En un estudio reciente de la CEPAL, se demuestra que con los instrumentos actuales se puede llegar
a construir indicadores mucho más refinados de participación de las mujeres. Ésta sigue apareciendo como muy
inferior a la real, lo que influye en las políticas que se adoptan que contribuyen a la falta de equidad. Aunque
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la necesidad de terminar con la invisibilidad de las mujeres en las estadísticas fue reconocida ya en las
Estrategias de Nairobi, aún sigue siendo una tarea pendiente.
b) Otro elemento que ilustra la influencia del sesgo de género en las medidas destinadas a las mujeres
pobres son las modalidades para superarla que han sido aprobadas o aplicadas en la región en las últimas
décadas. La mayoría de las medidas para erradicar la pobreza de las mujeres han sido predominantemente de
carácter asistencial, pequeños proyectos de generación de ingreso —que evidentemente nunca produjeron
mucho más que frustraciones—, fondos rotatorios en su mayoría insuficientes para emprender actividades de
mayor envergadura económica, concesión de pequeños créditos en el marco de procesos económicos
marginados de las áreas productivas y exitosas del mercado y muchas otras que no llegaron a ser sostenibles,
no se enmarcaron en las políticas de desarrollo, no se vincularon al mercado ni tampoco contaron con capital
adecuado para subsistir. Los proyectos, que durante las décadas de 1950 y 1960 fueron netamente
asistenciales, pasaron a llamarse "de desarrollo", pero siguieron siendo de alcance limitado. La mayoría
tampoco funcionó desde el punto de vista de la gestión. Por ser excesivamente participativos, se volvieron
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ineficientes, tenían demasiados objetivos simultáneos y en muchos casos estaban a cargo de voluntarias bien
intencionadas, pero con escasos conocimientos de gestión económica. No existe una sistematización ni una
evaluación seria de todos estos proyectos, aunque se han hecho serios intentos y se podría decir que las grandes
inversiones realizadas en ellos no mejoraron las condiciones de vida de las mujeres pobres.
10
c) La mayoría de los fondos de inversión social para paliar la pobreza surgen en la región en la década
de 1980; sólo Costa Rica tenía un fondo de inversión social desde 1975. Concebidos en un inicio como
programas de emergencia, finalmente se incorporaron en las políticas de mediano y largo plazo de los países.
Hoy existen en 15 países, y en Chile, Panamá y Venezuela tienen carácter permanente. Estos fondos canalizan
la cooperación internacional para el desarrollo, dan apoyo a los procesos de descentralización, y permiten hacer
frente al problema de la insuficiencia de los recursos y a la dificultad para llegar a los sectores más pobres.
Desde el punto de vista del género, su principal sesgo ha sido que los recursos destinados a los hombres se
traducen en empleos y los destinados a las mujeres, en asistencia y apoyo social. Sólo en los últimos años el
Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS) (Chile) ha centrado su atención en las mujeres en su rol
productivo, pero los programas aún no han sido evaluados. Si bien no pueden sustituir a las políticas, estos
fondos podrían llegar a ser un complemento interesante de programas destinados a mejorar las condiciones de
vida de las mujeres.
Se ha observado que en varias ocasiones, especialmente en el período de la crisis, los programas de
emergencia de algunos países, concebidos para los hombres fueron ejecutados de hecho por mujeres.
Otro aspecto de estos fondos es que muchas veces se formulan los programas en respuesta a las
demandas de la población. La idea de que las "políticas para las mujeres de bajos ingresos en el tercer mundo
deben basarse en sus propios intereses", se ha convertido en un eslogan, pero no debe olvidarse que, para que
las demandas puedan articularse adecuadamente, es necesario que la población necesitada esté bien informada
y conozca las opciones posibles.
d) Otro sesgo relacionado con la pobreza y el género se da en el empleo, puesto que se constata que el
crecimiento del desempleo afecta más a las mujeres, que siguen estando en los "bolsones" más precarios de la
economía, sufren de discriminación salarial y no tienen las mismas posibilidades de formación profesional que
los hombres.
Aunque se reconoce cada vez más la necesidad de incorporar la perspectiva de género en las políticas
para erradicar la pobreza y lograr la equidad, se considera que esto responde simplemente al sentido común
y que no responde a un análisis especializado. Ello se agrava por el hecho de que el conocimiento sobre la
perspectiva de género sigue estando muy encapsulado en los medios académicos y no se ha logrado una
adecuada vinculación con los encargados de la formulación de las políticas públicas. Persisten, además, el
desconocimiento, la inflexibilidad y las resistencias burocráticas, que dificultan los cambios en el ámbito
público.
Las actividades de lucha contra la pobreza de las mujeres, que justificaban la ejecución de programas
especiales, se basaron en un principio en un "enfoque antipobreza", según el cual la equidad se lograría
aumentando la productividad de las mujeres pobres. Posteriormente, de acuerdo con un "enfoque de eficiencia",
se consideró que el desarrollo sería más eficiente con la contribución de las mujeres. En realidad, más que un
enfoque, esta perspectiva surgió a partir de la crisis de los años ochenta, que tuvo un alto costo social para las
mujeres, entre otras cosas debido a la prolongación de sus jornadas de trabajo y el deterioro de las condiciones
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de vida. Actualmente la vinculación entre pobreza y género ha adoptado una nueva dimensión: el acceso a la
toma de decisiones y el ejercicio de la ciudadanía.
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VI. TRABAJO Y GÉNERO
Tal como se señala en la sección anterior, pese a la importancia de medir la participación de trabajadoras y
trabajadores en la economía, aún no se logra una clasificación sistemática por sexo ni la incorporación de la
perspectiva de género en los indicadores. Esto dificulta tanto los análisis más precisos como el
perfeccionamiento de las políticas.
Las mujeres siguen ampliando su participación económica en la región y en la actualidad constituyen
un tercio de la fuerza de trabajo. Este promedio oculta grandes diferencias entre los países, puesto que fluctúa
entre más de un 60% en Jamaica o Barbados y alrededor del 20% en Guatemala, República Dominicana y
Colombia. Es importante observar también que en la región se registran tasas importantes de participación
laboral de niñas entre los 10 y los 19 años, y en esto destaca Haití con un 29%.
Si se observan las estadísticas, las mujeres pobres aparecen con una participación económica menor que
la de las demás, con excepción de las jefas de hogar; además, en la mayoría de los países estudiados las mujeres
pobres tienen una participación económica mayor que las indigentes. Ello probablemente se deba a la forma
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en que se vinculan al mercado laboral, en actividades que no se reflejan adecuadamente en las cifras.
Por lo tanto, más que tratar de dimensionar la participación efectiva de las mujeres pobres en la actividad
económica, en esta sección se procurará mostrar lo que está ocurriendo en la región en los años noventa con
los empleos eventuales a los que tienen acceso las mujeres y determinar las posibles tendencias futuras al
respecto.
El mercado laboral de América Latina y el Caribe está claramente segmentado en ocupaciones
"destinadas" a las mujeres y a los hombres pobres, que los marcan como asalariados o como trabajadores
independientes. Al interior de los lugares de trabajo, por razones ajenas a la capacidad y las características
biológicas de los trabajadores y las trabajadoras, sigue habiendo una división del trabajo en función del sexo.
Las mujeres y los hombres trabajan en los mismos lugares, en la industria, en la maquila, en la agroindustria,
pero el trabajo que realizan es diferente. Es difícil descubrir las razones de la división de tareas existente,
porque si bien se suele discriminar a las mujeres en términos salariales, de participación y de jerarquía, muchas
veces no aparecen claras las razones para clasificar las diversas tareas ejecutadas como más o menos
importantes.
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Las transformaciones de la última década aparentemente han abierto nuevas opciones para las mujeres
al ampliar las fuentes de empleo. Sin embargo, la inserción de las mujeres en las nuevas estructuras productivas
se ha dado en condiciones muy específicas: el empleo para las mujeres tiende a concentrarse en empresas
pequeñas y medianas de los sectores más tradicionales de la economía que entran en un sistema de
subcontratación con las grandes empresas. En muchos casos, el empleo adopta la modalidad de trabajo a
domicilio, que es otra forma de empleo precario.
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La falta de opciones concentra a las mujeres pobres en la prestación de servicios, especialmente en el
servicio doméstico y el comercio y, en menor medida, en la agroindustria.
Aproximadamente el 16% de las mujeres trabaja en la industria, el 46% de ellas en el sector textil y el
24% en la producción de alimentos, tabaco y bebidas. Más del 30% de las microempresas en Chile, Colombia,
Costa Rica y Jamaica está en manos de mujeres. Estas microempresas se concentran en sectores que tienen
pocas barreras de entrada y pagan bajos salarios, se dedican principalmente a actividades de comercio,
servicios y manufactura liviana, y son las más pequeñas, con un promedio de menos de cinco empleados. Sus
dueñas tienen relativamente poca experiencia previa de trabajo, usan tecnologías tradicionales; y la mayoría
de los empleados son familiares. A menudo funcionan en el mismo hogar y las tareas empresariales de las
mujeres se ven afectadas por las labores domésticas. En general, las dueñas de este tipo de microempresas
tienen un bajo nivel de educación.
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Hay un cambio que probablemente aún no se ha reflejado con suficiente claridad en las estadísticas y
que se expresa en cambios en el mercado de empleo que aún no son captados plenamente. Se podría hablar
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de una transición de lo que se ha entendido hasta ahora por mercado de empleo hacia un mecanismo diferente.
Se comienza a hablar de empleos "atípicos", que de hecho corresponden a nuevas formas de empleo, en las que
están inmersos grandes contingentes de población y que exigirán la adopción de nuevos enfoques. Sus
características principales son i) la incertidumbre: la "movilidad" supone para el trabajador un riesgo de perder
el trabajo en cualquier momento, que pone fin a la percepción o la expectativa de un "trabajo para toda la
vida"; ii) la flexibilización de los contratos, que crea diferencias entre trabajadores de una misma empresa, ya
que algunos son permanentes y otros son temporeros, lo que se traduce en distintos salarios y sistemas de
seguridad e influye en la capacidad o posibilidad de organización de estos últimos, iii) la prolongación de la
jornada por razones de productividad.
Esta modalidad exigirá una legislación laboral diferente, otros mecanismos de previsión social y sistemas
de apoyo flexibles. Afectará, probablemente con un sesgo de género, a los hombres en la pesca y en la minería
y a las mujeres dedicadas a la fruticultura.
Se han seleccionado, por considerarlos ilustrativos de las nuevas modalidades, algunos casos registrados
en investigaciones en el terreno. Por ejemplo, en la recolección y procesamiento de castañas en Brasil, los
hombres trabajan como recolectores y las mujeres trabajan en la fábrica. Las relaciones de trabajo son rígidas
y autoritarias, incluso violentas en algunos casos, la remuneración es baja, y parte de los trabajadores son
migrantes.
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Los cortadores de caña de azúcar, los bóias-frías, constituyen un mundo de trabajadores nómadas y
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desarraigados. Las trabajadoras viven solas en un 50%, en muchos casos se les exige un certificado de
esterilización, sus salarios son bajos y variables y son víctimas de situaciones de violencia.
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En el envasado de fruta en algunas zonas de Chile el 50% de los temporeros son mujeres, que no son
discriminadas desde el punto de vista económico; la mayoría tiene entre 25 y 44 años, y lo que las diferencia
de los hombres son los períodos de cesantía más prolongados. Las mujeres trabajan solamente seis meses al
año, y sólo un 13% son migrantes; el pago líquido por hora las favorece y el salario es competitivo con el de
los obreros, superior al de los temporeros y, dentro de todo, estables. Las mujeres mantienen una relación
directa con la empresa y disponen libremente de su salario.
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Otro caso interesante es el de las mujeres de Alto Valle del Río Negro y Neuquén, en Argentina, donde
existen pequeños y medianos productores independientes y donde se emplean en el servicio doméstico, como
trabajadoras del agro y en la agroindustria. En estas últimas dos áreas, siempre han trabajado muchas mujeres
en actividades de selección y empaque. Gracias a la acción gremial, los salarios y la seguridad en el trabajo
han sido asegurados por el Estado. Las mujeres migraron "antes" y ahora se consideran del lugar. El 75% de
ellas lleva más de 10 años trabajando en lo mismo, aunque para la mayoría el trabajo es estacional; tienen un
promedio de 40 años de edad y 3 de cada 10 han tomado cursos de capacitación. Además, en etapas de
modernización y expansión se las ha recalificado. En la última década, la modernización no se tradujo en una
expansión, lo que está produciendo incertidumbre y llevando a las mujeres a organizarse ante el temor a la
reducción de puestos.
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En las empresas de aguacate y mango en México, las jóvenes tienen un nivel de escolaridad mayor que
el promedio de la región, un salario promedio superior al mínimo pero más bajo que el de los hombres, a menos
que tengan más experiencia y especialización.
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En las productoras de flores, en México, se dan importantes diferencias en cuanto al salario y las
condiciones laborales entre las empresas pequeñas y las grandes; estas últimas se caracterizan por mejores
salarios y mayor especialización. Las mujeres, que tienen entre 13 y 22 años, plantan, cortan, clasifican y
empacan; los hombres riegan, fumigan y mantienen los invernaderos. Llama la atención el nivel de escolaridad:
el 22% tiene primaria incompleta, el 37% primaria completa, el 22% secundaria completa y un 15% tiene
estudios de secretariado o computación.
Se presentan estos ejemplos para ilustrar la perpetuación de la división del trabajo con criterios sexistas,
y la existencia de jerarquías que reflejan la desigualdad de oportunidades aunque no supongan tareas de mayor
complejidad, si bien las tareas asignadas a las mujeres tienden a ser más rutinarias. Sin embargo, estos empleos
ofrecen, a falta de mejores opciones, alternativas al servicio doméstico. Las mujeres que trabajan en estos
sectores conocen gente, se relacionan, se divierten, ganan plata y salen solas, lo que contribuye a darles
autonomía.
El mercado de trabajo latinoamericano muestra signos inquietantes y aún más para las mujeres. Se
observa un crecimiento insuficiente del empleo, concentrado en trabajos de baja calidad, un aumento del
desempleo, una disminución de los empleos en el sector público que se suma al hecho de que parte de los
ocupados en ese sector son pobres, un aumento de la importancia de las pequeñas empresas y del sector
informal, y una reducción de la protección social.
Otra situación inquietante para las mujeres es la que se da en el caso de la maquila, que ha sido la única
opción para muchas mujeres en los últimos años y donde la innovación tecnológica o cambios de otro signo
provocan una paulatina sustitución de las mujeres por hombres. Estudios puntuales realizados entre 1990 y
1995 demuestran que cuando aparecen nuevas tecnologías y se requiere mano de obra más preparada, se
recalifica a hombres.
El empleo es un medio que permite a las mujeres un aprendizaje de la participación y del ejercicio de la
autonomía, pero es difícil predecir si las nuevas modalidades de trabajo precario y trabajo a domicilio serán
una nueva barrera que limitarán aún más sus escasas posibilidades de participación o crearán nuevos espacios
para la articulación de demandas.
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VII. ACCESO A LOS PROGRAMAS SOCIALES Y GÉNERO
La red de servicios sociales de la región está destinada principalmente al sector urbano, asalariado y educado.
Ésta es la primera división que se da en América Latina y el Caribe en cuanto al acceso a los servicios de salud,
educación y previsionales.
a)
Seguridad social
Con diferentes grados, la cobertura del seguro social es insuficiente y deja al margen a los integrantes
del sector informal que tienen empleos inestables o temporales o trabajan por cuenta propia; forman parte de
este sector un gran número de mujeres pobres, especialmente de las zonas rurales.
La incorporación de las mujeres al sistema de seguridad social se produce en la región por dos vías: la
dependencia de la pareja y el trabajo independiente. En el primer caso, las mujeres tienen, al menos en teoría,
derecho a atención médica durante el embarazo y el parto, como concubina o esposa, y a la pensión de viudez.
Por lo tanto, cuando se separan las mujeres pierden el derecho a atención médica.
En tanto trabajadora, su cobertura, al igual que la del hombre, depende de su inserción en el mercado
laboral. Es ahí donde surgen las principales diferencias entre las mujeres y los hombres. Las mujeres pobres
trabajan principalmente en el sector servicios (servicio doméstico), el comercio (vendedoras ambulantes,
pequeñas empresarias) y la industria (especialmente el sector manufacturero, la maquila y la agroindustria).
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Ninguna de las tres categorías supone la incorporación automática de las trabajadoras al seguro social.
En el caso del seguro de trabajo, la desigualdad obedece esencialmente al tipo de cobertura. De hecho,
se limita fundamentalmente a los accidentes, más comunes en el caso de los hombres, aunque las mujeres, por
el tipo de tareas que se les asignan, corren el riesgo de contraer enfermedades producidas por las malas
condiciones laborales, no contempladas en los seguros.
b)
Educación
Existe consenso sobre la necesidad de adaptar los programas de estudio a los cambios en el mundo del
trabajo y en la cultura, mejorar la pertinencia de la educación, racionalizar los gastos y la administración,
modernizar la gestión y la organización, y realizar actividades especiales para los grupos de más bajo
rendimiento.
Pese a la existencia de políticas y programas y de voluntad política, el acceso a la educación sigue siendo
poco equitativo. La educación en los sectores pobres no ha mejorado en cuanto a calidad, no se ha logrado una
igualdad de oportunidades para hombres y mujeres ni se han eliminado los estereotipos sobre el papel de unos
y otras.
Utilizando un indicador de la relación entre educación y bienestar social, definido como el número de
años de educación necesarios para tener un 90% o más de posibilidades de no caer en la pobreza, según un
estudio de la CEPAL, en las áreas urbanas éste corresponde a 10-11 años de estudio y, cada vez más, a
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estudios secundarios completos. Esto significa que en la mitad de los países de la región se necesitan de 10 a
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11 años de estudio para contar con mejores posibilidades de no caer en la pobreza y en la otra mitad se
necesitan de 12 a 14 años. En realidad, en América Latina y el Caribe hoy en día hay que tener educación
media completa para conseguir un empleo más productivo y mejor remunerado. En el caso de las mujeres,
además, las cifras demuestran que una alta escolaridad incide en la reducción de la mortalidad y la morbilidad
infantiles, el mejoramiento de las condiciones de salud y nutrición familiares, y una disminución de las tasas
de fecundidad.
c)
Salud
En un estudio recientemente actualizado sobre la salud de las mujeres en la región, se destaca el hecho
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de que se encuentran en una posición de desventaja en cuanto al control de los recursos que necesitan para la
protección de la salud.
Las cifras sobre acceso a los servicios indican que la cobertura de éstos es alta en la mayoría de los
países de la región en los años noventa. En un tercio de los países, excede el 95% y en tres cuartas partes de
ellos llega a un 60%. Los con menor cobertura son Bolivia (34%), Perú (44%), Honduras (46%) y Haití (50%).
Es evidente la escasez y la precariedad de los servicios de salud para las trabajadoras rurales.
Gran parte de la morbilidad y mortalidad en la región obedece a la pobreza y la falta de equidad social.
Las mujeres pobres son las que tienen mayores dificultades de acceso a los servicios de salud debido a su forma
de inserción en el mercado, ya que gran parte de los seguros de salud están vinculados al empleo.
El análisis de la fecundidad es importante cuando se procura mejorar las condiciones de vida y
participación de las mujeres. La fecundidad ha registrado un descenso muy acelerado en América Latina,
especialmente a partir de la década de 1950, aunque esta tendencia presenta grandes variaciones entre un país
y otro. Mientras el rango de variación de la tasa global de fecundidad en 1950-1955 era de 2.7 a 7.5 hijos por
mujer (Uruguay y Honduras), actualmente es de 1.6 a 4.9 hijos (Cuba y Honduras).
La tasa de fecundidad de las adolescentes ha disminuido en un 20% desde los años cincuenta, pero es
la que ha descendido menos, por lo que su peso relativo en la fecundidad total aumentó de un 8.5% (1950-
1955) a un 13.3% (1990-1995). Hay una mayor concentración en las edades intermedias y de menor riesgo.
Las mujeres siguen teniendo más hijos de los que dicen desear; el promedio regional es de tres hijos, la tasa más
baja 2.4 (Cuba) y la más alta 3.9 (Paraguay).
Según proyecciones del CELADE, la esperanza de vida promedio de la región ha seguido aumentando,
en un año por quinquenio a partir de la década de 1980, ya que antes el aumento era ligeramente superior. En
promedio, entre 1990 y 1995 la esperanza de vida era de 70.10; las tasa más bajas se registran en Haití (58.40)
y Bolivia (61.44). La esperanza de vida de las mujeres supera a la de los hombres.
24
En materia de salud, las mujeres pobres que trabajan como temporeras tienen enfermedades provocadas
por el manejo de productos agroquímicos y sustancias tóxicas sin protección ni capacitación adecuadas.
Además tienen problemas posturales, y las llamadas "enfermedades de la cesantía" (dolores de cabeza,
angustia, soledad, aislamiento), problemas a la vista, debidos al uso de fungicidas y herbicidas y al trabajo
intensivo con inadecuada iluminación. En algunos sectores, aumentan los abortos espontáneos y el número
25
de hijos muertos por malas condiciones de trabajo y agotamiento.
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Han surgido en la región canales alternativos de información sobre la salud de las mujeres, creados por
redes de organizaciones no gubernamentales, que están contribuyendo a un conocimiento más masivo de los
métodos anticonceptivos y los riesgos del SIDA, y que realizan campañas contra la violencia intrafamiliar y
de protección de la salud de las mujeres.
Si bien los derechos de las mujeres y de las parejas para decidir el número de hijos y su espaciamiento
han sido plenamente reconocidos, en los hechos las mujeres pobres no tienen acceso a información sobre estos
temas ni a métodos anticonceptivos seguros, normalmente debido a su alto precio. Además, tienen dificultades
para incorporarse al mercado laboral, dado que en algunos sectores con frecuencia les exigen certificados de
no embarazo e incluso de esterilización. Por lo tanto, no se reconocen sus derechos reproductivos, que
actualmente son ejercidos por las mujeres de todos los demás sectores, como lo demuestra el descenso de los
nacimientos.
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VIII. GRUPOS Y TEMAS ESPECIALES
Mujeres jefas de hogar
El número de hogares encabezados por mujeres ha seguido aumentando en las zonas urbanas. Aunque
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no todos estos hogares son pobres, cuando lo son su vulnerabilidad es mayor dado que en su mayoría
corresponden a mujeres sin conviviente, con o sin hijos, solteras, separadas, divorciadas o viudas, que deben
cumplir simultáneamente funciones domésticas y económicas. Muchos de esos hogares caen bajo la línea de
pobreza e indigencia.
Los hogares pobres encabezados por mujeres tienen más dificultades para superarla que los demás. Estas
dificultades se deben a que, en general, sus integrantes tienen un nivel educativo más bajo, menores
posibilidades de trabajar en términos de horas debido a las tareas familiares y sus salarios son más bajos.
Las mujeres que pertenecen a esta categoría suelen ser definidas como "mujeres víctimas", conforme a
un estereotipo que supone que han sido abandonadas y que no han tenido opciones, lo que no las favorece en
términos de las políticas de apoyo que se les ofrecen. Aunque sean pobres, son sujetos sociales con una
autonomía bastante mayor que la de muchas mujeres del mismo sector con pareja y elaboran estrategias de
supervivencia que deben ser analizadas cuidadosamente para que las políticas focalizadas hacia ellas sean
efectivas. Necesitan fundamentalmente recibir capacitación para trabajar en sectores que ofrezcan empleos bien
remunerados. La existencia de numerosos programas de capacitación en técnicas inútiles para el empleo ha
agravado los problemas de estas mujeres en numerosos casos, en lugar de resolverlos.
Las mujeres migrantes
En general, la migración dentro de la región es reducida de acuerdo a las estimaciones hechas por el
CELADE hasta el año 2025, pero no hay información detallada ni clasificada por sexo sobre la migración de
las mujeres pobres, puesto que en muchos casos ésta es ilegal y no se registra.
Las migrantes suelen provenir de los países más pobres y también de países de desarrollo más avanzado
pero desequilibrado y su pobreza es lo que las impulsa a trasladarse.
Se sabe que la migración de mujeres del campo a la ciudad supera a la de los hombres, excepto en países
con graves conflictos armados y migración internacional masculina. En el caso de las mujeres jóvenes pobres,
la educación cumple un papel de vía de escape, creando esperanzas de empleo asalariado en actividades fuera
del campo.
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En la actualidad existe la migración no sólo por razones económicas y sociales, sino que también es
posible distinguir la categoría de migrantes por motivos ecológicos. En esta condición se encuentran, por
ejemplo, los habitantes de zonas rurales de secano con suelos empobrecidos y erosionados, cuyas unidades
económicas no pueden sostener a todos los miembros de la familia y, en general, los habitantes de ecosistemas
frágiles. Este hecho deja en evidencia que los esquemas de desarrollo rural no han sido capaces de crear
oportunidades de trabajo menos dependientes de los recursos naturales. Además, debido a esta migración, la
población de muchas ciudades de la región ha aumentado a un ritmo que ha saturado la capacidad de la
infraestructura y de creación de empleo.
Habría que incorporar el análisis de género a los estudios de los movimientos migratorios, en vista de
que las cifras muestran una participación cada vez más significativa de las mujeres, y de factores tales como
las particulares características que le imponen a este fenómeno, las desigualdades que enfrentan en
comparación con los varones en las ciudades de acogida y el hecho de que la migración de los hombres en
numerosas comunidades hace depender la subsistencia de los hogares y del manejo de los recursos
principalmente de las mujeres.
En este contexto, conviene identificar y caracterizar también la migración internacional y fenómenos
emergentes como el de los temporeros, y el traslado dentro de las ciudades o de una ciudad a otra, que han
adquirido en las últimas décadas una importancia creciente.
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Género y medio ambiente
El mapa de la pobreza coincide con las áreas que han sufrido deterioro ambiental, que se combinan en
el Caribe con los desastres naturales y en Centroamérica con los conflictos armados.
La división del trabajo en función del género convierte a las mujeres de las zonas rurales en importantes
colaboradoras en la agricultura; en las responsables de las etapas decisivas de la producción y elaboración de
alimentos, y de la atención y el cuidado de los huertos y del ganado doméstico, y a menudo en las únicas
encargadas de la recolección de leña, agua y forraje.
El acceso al capital y a los recursos naturales, entre ellos la tierra, son factores indicativos del grado de
equidad existente en una sociedad y de su control. La determinación de quién tiene acceso a los recursos y
ejerce control sobre éstos permite, además de su uso, delimitar las responsabilidades sobre el deterioro del
entorno, adoptar prácticas sustentables y determinar la dirección del desarrollo. Las restricciones legales o
debidas a las costumbres han afectado negativamente a las mujeres con respecto a la herencia de la tierra o el
respeto de sus derechos en los diferentes procesos agrarios.
El limitado acceso de las agricultoras al crédito dificulta la iniciación de actividades realmente
sustentables. Eso, unido a la inseguridad con respecto a la propiedad de la tierra, las hace menos propensas
a invertir en nuevas tecnologías.
El deterioro ambiental en los barrios también afecta a las mujeres, sobre todo a las más pobres, debido
a la insuficiencia de los servicios, la infraestructura y recursos como el agua potable y las dificultades de
acceso a éstos.
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En los movimientos migratorios que se dan en la región inciden actualmente la degradación del medio
ambiente, los desastres naturales y la falta de infraestructura básica, servicios y oportunidades en las zonas
rurales. Los problemas ambientales que surgen en las zonas urbanas debido a la presión demográfica que
ejercen los migrantes se suma a la incapacidad de las ciudades de satisfacer equitativamente las necesidades
de infraestructura y servicios de toda la población.
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Familia, género y pobreza
Tal como se señala en el documento sobre acceso al poder y participación en la toma de decisiones, los
cambios demográficos registrados en la región han influido en las familias, y las tendencias se manifiestan en
la reducción del tamaño de la unidad familiar; el descenso y retraso de la nupcialidad; las rupturas
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conyugales; y en la aparición de hogares monoparentales, unipersonales y de las familias reconstituidas.
Dada la velocidad de los cambios, hoy en día pueden coexistir dentro de una misma familia varias
"generaciones", que tienen opciones y expectativas diferentes. Este fenómeno cruza los distintos estratos
socioeconómicos, con diferente intensidad, pero similar signo y pocas excepciones.
Las familias pobres de la región se enfrentan a transformaciones que acentúan los conflictos internos
debido principalmente a la pobreza. La incorporación de las mujeres al mercado laboral, que se traduce en
largas jornadas de trabajo fuera o dentro de la casa, produce prematuros desgastes y agotamientos que son
evidentes.
Actualmente la mayoría de las familias latinoamericanas urbanas son nucleares; de hecho, éstas
representan entre el 55% (Paraguay) y el 71% (Bolivia, Brasil, México) de los hogares urbanos.
La proporción de familias extensas fluctúa entre 13% (Argentina) y 31% (Venezuela). Las familias
compuestas (hogares nucleares o extendidos, integrados no sólo por parientes) constituyen una categoría poco
común, salvo en Paraguay, fenómeno probablemente ligado a las aceleradas migraciones internas. Aunque no
hay información detallada sobre las características actuales de las familias extensas, podrían responder a
estrategias de supervivencia adoptadas para hacer frente a la pobreza.
Los hogares monoparentales en general y encabezados por mujeres en especial, tanto nucleares como
compuestos y extendidos, han ido aumentando y son mucho más comunes en los países del Caribe, donde
representan entre un 30% y un 40% del total aproximadamente.
Las familias pasan por diferentes etapas de acuerdo al número de hijos y sus edades. Para que la
formulación de políticas para la familia sea adecuada hay que tomar en cuenta dichas etapas, puesto que las
necesidades de apoyo son mayores cuando los hijos son pequeños que cuando empiezan a ingresar al mercado
laboral.
La crisis de los años ochenta condujo a la adopción de estrategias familiares de enfrentamiento de la
pobreza en un proceso que se denominó "ajuste invisible". Las formas de aumentar ("allegamiento") o disminuir
("familias expulsoras") el tamaño del hogar con parientes y no parientes obedeció a claras estrategias de
sobrevivencia, que no se expresaron en indicadores económicos, ya que las respuestas sociales a estos procesos
de crisis y ajuste se produjeron al interior del hogar en forma privada. Un análisis de las familias pobres
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muestra que la pobreza es mayor cuando hay más dependientes y que la probabilidad de caer en la pobreza es
mayor en hogares donde los integrantes de la pareja tienen menos educación.
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Uno de los problemas más evidentes que afectan a las mujeres dentro del hogar es la violencia doméstica,
fenómeno común a todos los estratos sociales pero que se acentúa en las familias pobres sobre todo en lo que
respecta a la violencia física.
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