El estado de la paz y la evolución de las violencias

8- Violencia de género: desarrollo de la mujer y equidad   La violencia de género es una variante de la violencia cultural. Se define en términos de las estructuras de discriminación que sostienen y perpetúan las desigualdades entre hombres y mujeres sobre la base de una estratificación en la cual las últimas ocupan una posición inferior. La estratificación se establece sobre una base cultural en la cual se diferencian roles ñintra e extradomésticosñ capacidades y funciones en uno y otro caso. Si bien la discriminación suele estudiarse a través del desempeño femenino en muchas esferas (laboral, política, etcétera) en la base de tales comportamientos se encuentra esa dimensión cultural fundamental. Debe señalarse, en primer lugar, que violencia de género en nuestro caso refiere a aquella que se ejerce contra las mujeres, visto que las situaciones de discriminación sexistas hacia los hombres se supone que son prácticamente inexistentes o en todo caso no han sido estudiadas suficientemente. En tal sentido, el análisis de género supone abarcar un conjunto de situaciones, hechos y dinámicas sociales vinculados a la condición femenina en el mundo actual tanto en lo que tiene que ver con el desarrollo social, económico, cultural y político de la mujer en sí mismo como con respecto a los hombres. En segundo lugar, tradicionalmente se ha hecho visible la violencia física directa contra la mujer. Hasta hoy los estudios suelen calificar la violencia de género como aquella que supone el ejercicio de la violencia directa contra el sexo femenino. De acuerdo a nuestra conceptualización, los subtipos que ingresan en esta última dimensión (violencia intradoméstica y sexual, prostitución infantil, acoso sexual, etcétera) forman parte de la violencia societal, que es abordada en forma separada. Como fuera indicado en la introducción de este documento, este es un caso que ejemplifica la superposición de tipos de violencia y los problemas de demarcación de los mismos. Aquí se pretende llamar la atención sobre los procesos de exclusión y de desigual acceso a oportunidades enraizadas en la discriminación que implican consecuencias desfavorables hacia las mujeres. Debe destacarse la existencia en la actualidad de numerosos convenios, a nivel internacional y local, que intentan garantizar la igualdad de oportunidades, de trato y de derechos sin distinción de género, y que han contribuido a la vez a dar visibilidad a este tipo de violencia. Asimismo, las sociedades han ido tomando conciencia del gap vigente entre las realizaciones de hombres y mujeres e identificando fenómenos que impiden que estas últimas puedan participar en la vida económica, cultural y política en igualdad de condiciones. La acción de los movimientos feministas desde comienzos de la década del setenta, de las ONGs que trabajan en la cuestión de género a lo largo y ancho del planeta,1 y las conferencias mundiales de las Naciones Unidas pueden contarse como importantes aportes para dar visibilidad a la violencia de género y a las cuestiones de interés para la mujer, fomentando una conciencia crítica en la comunidad internacional. En particular, estas conferencias se han constituido en momentos cumbres para adoptar posiciones, y encomendar acciones a los gobiernos y actores sociales y políticos de las naciones encaminadas a disminuir o eliminar las diferencias sociales asentadas en la distinción de género. En tal sentido, vale la pena destacar la contribución de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y de la Declaración de Derechos Humanos de Viena de 1993. También la aprobación de la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, constituye el reconocimiento jurídico de la discriminación como un tipo de violencia. En fecha reciente cabe destacar la realización de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, realizada en Beijing del 4 al 15 de septiembre de 1995, a partir de la cual se han instrumentado mecanismos de seguimiento de la situación de las mujeres en los distintos países.2 No obstante las diferentes medidas y acciones que se efectivizan a nivel global, regional y nacional, las mujeres siguen sin compartir en pie de igualdad con los hombres las oportunidades ni los beneficios, verificándose la persistencia de desigualdades que indican que a pesar de no comprobarse la existencia de disímiles potencialidades entre los sexos, las realizaciones no son las mismas para unos y otros. Si se atiende a la situación en América Latina, existen fuertes indicios de que la participación de la mujer en la vida social, económica y política se ha incrementado en las últimas décadas. Así, es posible destacar el aumento en la esperanza de vida de las mujeres latinoamericanas, la mejora en sus niveles educativos, la tendencia a tener menos hijos y su mayor participación en la actividad económica. Entre 1970 y 1995 la esperanza de vida de las mujeres mejoró en ocho años, su tasa global de fecundidad pasó de 5.0 a 3.1 y su vida económicamente activa se amplió en más de nueve años (Arriagada, 1997, Realidades...). Uno de los aspectos más sobresalientes en los cambios de las sociedades latinoamericanas de las últimas tres décadas es la incorporación creciente de las mujeres al mercado de trabajo. La proporción de mujeres que integran la población económicamente activa ha aumentado en forma sostenida, sobresaliendo su participación en las zonas urbanas, donde en trece países alcanzó un 45% en 1995. Si en 1970 las mujeres representaban el 23% del total de la fuerza de trabajo de la región, en 1995 han pasado a ser el 35% (BID, 1999). Las características salientes de estas mujeres que se incorporan con celeridad a la actividad económica son su edad y educación, puesto que la mayoría de aquellas que integran la fuerza laboral tiene entre 25 y 49 años y ha cursado estudios técnicos y universitarios. Por otro lado, es posible indicar los significativos avances que se han producido en los planos políticos y legales. En los últimos años se han adoptado por lo menos ocho planes a nivel regional con el objetivo de obtener una mayor participación de las mujeres en la toma de decisiones y en el poder. Es posible enumerar la realización de múltiples encuentros vinculados a la situación de la mujer en la región, al cumplimiento de los acuerdos obtenidos a nivel planetario, a la incorporación de la perspectiva de género en las agendas temáticas de las naciones así como la presencia pujante de nuevas redes de mujeres a distintos niveles, entre las cuales se incluyen de parlamentarias, políticas y ministras (CEPAL, 1997, Acceso...). Sin embargo, a pesar de los cambios que se han producido la situación de la mujer latinoamericana sigue siendo extremadamente desigualitaria con relación a los hombres. Las disimetrías entre los sexos en el mercado de trabajo no disminuyen significativamente visto que perduran las diferencias de ingresos, se reproduce la histórica segmentación ocupacional, la tasa de desempleo femenina es considerablemente superior a la de los hombres y se registra el crecimiento de las ocupaciones precarias en las mujeres. Las diferencias de ingresos verifican la discriminación salarial en contra de la mujer. Se ha comprobado que en ningún país de la región las mujeres obtienen con igual nivel educativo una remuneración igual a la de los hombres. Las diferencias se mantienen ya sea se considere idénticos grupos etáreos, niveles educativos u ocupaciones. Según estimaciones originadas en una investigación del Banco Mundial para quince países de la región, sólo un 40% de la diferencia de ingresos entre hombres y mujeres es posible de ser imputado a diferencias de capital humano u opciones laborables, el 60% restante no explicado es atribuible a aspectos culturales que segregan el mercado de trabajo en una gama limitada de ocupaciones, de menor remuneración, a ser ocupadas por las mujeres (CEPAL, 1997, Acceso....). A pesar de comprobarse efectivamente las diferencias salariales en perjuicio de las mujeres, no existen explicaciones definitivas sobre sus orígenes y características. Por una parte, determinados estudios enfatizan la participación mayoritaria de las mujeres en empleos de bajos ingresos (BID, 1999), y por otro, se ha argumentado que aun los cambios que se verifican en la incorporación de las mujeres a nuevos puestos de trabajo significan la reconstrucción de la discriminación en puntos diferentes de la estratificación ocupacional (Arriagada, 1997, Latinoamericanas...). (Véase Recuadro anterior.) Otros análisis de mayor complejidad relacionan estas diferencias con la división sexual y la división social del trabajo (Ariza). (Véase Recuadro siguiente.) América Latina también presenta un mercado segmentado en términos horizontal y vertical. El primer tipo es aquel que muestra la concentración, especialmente debido a razones culturales, de las mujeres en un número reducido de ocupaciones definidas como típicamente femeninas. En cambio, la segmentación vertical expresa la presencia abrumadora de las mujeres en los puestos de menor jerarquía de cada ocupación, caracterizados por la baja remuneración y la inestabilidad. Un estudio en zonas urbanas de trece países ha constatado que las mujeres continúan concentrándose en el sector de servicios. Entre 1980 y 1995 los servicios sociales, personales y comunales ocuparon entre un 20 y un 46% de la mano de obra femenina, llegando a duplicar o triplicar, en algunos casos, la proporción de hombres. Comparativamente las mujeres se ocupan mayoritariamente en los sectores profesionales y técnicos, como vendedoras y como empleadas domésticas, en tanto que los hombres como gerentes y obreros (Arriagada, 1997, Realidades...). Si se consideran las ocupaciones de baja productividad, esto es, el trabajo doméstico, el trabajo a domicilio, por cuenta propia y el de familiares no remunerados, y los establecimientos de bajo personal ocupado, se comprueba, en todos los casos, excepto el último, la desmedida presencia de mujeres, especialmente, en el trabajo doméstico (CEPAL, 1998). Las tendencias del mercado de trabajo en la región muestran una expansión del empleo informal, caracterizado por la precariedad en términos de falta de estabilidad temporal; y por la ausencia de regulación con relación a los contratos laborales, las remuneraciones, la jornada de trabajo, los beneficios sociales y las condiciones de higiene. Las mujeres obtienen principalmente empleo en el sector informal, mientras que los hombres por el contrario logran ingresar mayoritariamente en el sector formal de la economía (Arriagada, 1997, Realidades...). Puede afirmarse, entonces, que las mujeres han aumentado su participación en la vida económica de la región debido, fundamentalmente, a su incorporación en los sectores más desprotegidos de la estratificación ocupacional. Se impone también describir una serie de procesos que vienen siendo objeto de estudio y que muestran signos negativos con relación al desarrollo de la mujer, como: el crecimiento del desempleo femenino, especialmente juvenil; el ingreso en ocupaciones rápidamente consideradas como "típicamente femeninas" (y por lo tanto percibiendo menores remuneraciones); los efectos negativos del descenso del empleo en organismos públicos debido a los mayores obstáculos de reincorporación al mercado de trabajo. Es importante tomar nota que las diferencias registradas resultan modificadas a la luz de terceras variables. El análisis del caso nacional oculta la diversidad de situaciones que se encuentra en su interior. Por lo tanto, los nuevos y viejos procesos descritos adquieren un significado distinto según se estudie la situación de las mujeres en el medio urbano-rural o en los distintos niveles educativos u orígenes sociales. La incorporación al mercado de trabajo, por ejemplo, de las mujeres rurales, con bajo capital educativo y de estratos bajos posee rasgos más negativos que la de sus pares del medio urbano con determinada escolaridad y perteneciente a posiciones más favorables de la escala social. A su incorporación secundaria al mundo del trabajo las mujeres suman una escasa representación en la órbita política. A pesar de las diversas instancias en donde se enfatiza la necesidad de procesar una igualación en el acceso al poder político de hombres y mujeres no se detectan cambios sustantivos en los últimos años. En la década del noventa América Latina y el Caribe asistieron a la elección de dos presidentas, cuatro vicepresidentas y una Primer Ministro. En el Poder Legislativo se constata una participación femenina de un 10% en el Senado y una cifra algo superior en la Cámara de Diputados (CEPAL, 1997, Acceso...). Para un conjunto de 17 países de América Latina se constata un promedio de 12,7% de escaños parlamentarios ocupados por mujeres, con un mínimo de 5,9% en Brasil y un máximo de 22,8% en Argentina.3 Se ha registrado además la presencia de mujeres como ministras, llegando en Centroamérica a un 15% y en el Caribe a un 22%. Sin embargo, se constata también aquí la existencia de una división sexual de los ministerios, puesto que las mujeres suelen ocupar las carteras sociales y de justicia, estándoles prácticamente vedada la participación en los lugares de la sociedad en que se procesan y se toman las principales decisiones en materia política y económica (CEPAL, 1997, Acceso...). El universo político parece seguir siendo un bastión inexpugnable a las mujeres, y esto es cierto tanto para los países de nuestra región como para los más desarrollados donde se ha llegado a sostener que la representación política constituiría la "última fortaleza masculina". Con excepción de los países nórdicos de Europa Occidental la subrrepresentación femenina en la esfera política suele ser una constante y los datos en países como Francia, Alemania o Gran Bretaña no son diferentes a los que exhíben las naciones de nuestro continente (Lipovetsky). Asimismo, se ha constatado cierto crecimiento en la participación de las mujeres en organismos locales, sin embargo, se advierte que su representación en estas instancias se relaciona con la escasa presencia en los liderazgos y dependen de la existencia de credenciales profesionales, de antecedentes políticos familiares, la edad y el nivel de ingresos (CEPAL, 1997, Acceso...). (Véase Recuadro siguiente.)   La situación de género en la región   La situación de género en los países de la región muestra desarrollos particulares según los países de que se trate. Cabe resaltar que cuando se intenta captar la condición de la mujer es posible orientarse en dos direcciones disímiles, las cuales se hace necesario distinguir: por una parte, el grado de desarrollo de las mujeres en comparación con los hombres de una misma sociedad nacional, y por otra, con relación a sus pares de otras sociedades. Esta apreciación reviste de la mayor importancia, puesto que es posible, y de hecho constituye una constatación empírica, que en una sociedad de escasos recursos el desarrollo de los sexos sea más igualitario que en otra que posea mayores riquezas, y que, sin embargo, la calidad de vida de las mujeres sea superior en el último caso. También debe señalarse la escasez de indicadores que midan la situación de la mujer latinoamericana, principalmente con relación a los hombres. Existen, en el momento, variadas iniciativas en cada país y en la región considerada en su conjunto, a efectos de construir indicadores confiables, especialmente si se pretende desarrollar políticas sociales hacia grupos vulnerables. En tal sentido, corresponde mencionar la propuesta de "Indicadores de género para el seguimiento y la evaluación del programa de acción regional para las mujeres de América Latina y el Caribe, 1995-2001 y la plataforma de acción de Beijing" elaborada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que constituye un considerable esfuerzo analítico tendiente a la construcción de un sistema de indicadores para el seguimiento de los acuerdos regionales e internacionales dirigidos al mejoramiento de la situación de las mujeres y a la equidad de género. Asimismo, uno de los principales obstáculos evidenciados no es la carencia de información en cada uno de los países sino la falta de ordenamiento y sistematización. Sería factible construir un conjunto importante de medidas simplemente si los distintos registros nacionales se preocuparan por realizar un procesamiento de la información que contemplara la distinción entre hombres y mujeres. Algunas de las tendencias que se observan en la región se apoyan en encuestas nacionales, estudios de casos o investigaciones sub-regionales, no obstante se hace necesaria en forma urgente la creación de datos comparables que permitan saber junto con el diagnóstico de la situación de las mujeres en cada país, cuál es su posicionamiento relativo, en las distintas esferas de la sociedad, con relación a los hombres. Los Informes de Desarrollo Humano que publica anualmente el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) han significado, entre otros aspectos, un esfuerzo encomiable por diagnosticar el lugar que se asigna a las mujeres en las sociedades actuales, su grado de acceso a los diferentes ámbitos de las sociedades civil y política, así como el nivel de equidad de género observado en los distintos países. Para ello, dicho informe viene presentando por una parte, el êndice relativo de género (IDG) que "procura captar el logro en las mismas dimensiones que el IDH ñesperanza de vida, logro educacional e ingresoñ pero ajusta los resultados para captar la desigualdad de género", por otra, el êndice de potenciación de género (IPG), que "capta la desigualdad de género en esferas clave de la participación económica y política y de la adopción de decisiones. De esta manera se centra en las oportunidades de las mujeres más bien que en su capacidad según se mide en el IDG". Más allá de los resultados obtenidos, de por sí valiosos, debe resaltarse que estos dos índices tienen la virtud de reconocer dos aspectos sustanciales en la medición de la problemática de género; por medio del índice relativo es posible saber si los niveles de desarrollo que se alcancen en las sociedades nacionales contemplan la equidad entre hombres y mujeres así como cuál es la situación (capacidad) de estas últimas con relación a sus pares de otros países, mientras que con el índice de potenciación es posible estimar el gap que separa a los hombres y mujeres en cada sociedad en el acceso (las oportunidades) a la economía y a la política.   El análisis de componentes principales en la violencia de género   Este informe se orienta en la cuestión de género en el mismo sentido que el Informe de Desarrollo Humano pero recurre a otros indicadores. De tal modo que se han construido dos medidas que pretenden recoger estas dos dimensiones relativas a la situación de género y al desarrollo relativo de la mujer en las sociedades nacionales. Por una parte, se presenta el Factor de Desarrollo de la Mujer (FDM) compuesto por tres variables: mujeres trabajadoras por cuenta propia y familiares no remunerados en el total de las mujeres ocupadas; alfabetización de mujeres adultas; y mujeres jóvenes con hijos en edades tempranas en zonas urbanas. Estas medidas permiten detectar el acceso que tienen las mujeres en cada sociedad a la educación, como un capital capaz de permitirles nuevas y mayores oportunidades; así como su participación en ocupaciones precarias y su condición de "madre-joven", variables que han demostrado tener un efecto negativo sobre su desarrollo. Debe notarse que la correlación estadística de este factor con el IDG alcanza un valor de 0.83 lo que estaría indicando que con leves diferencias ambas medidas estarían "testeando" similares procesos de desarrollo de la mujer. Y si bien existe una relativa coincidencia en la inclusión en ambas de la variable educativa, en el FDM se miden dimensiones de maternidad a edades tempranas y de acceso al mercado de trabajo, mientras el IDG, como se ha afirmado contempla dimensiones de expectativa de vida y de ingreso. Por otra parte se presenta el Factor de Igualación de la Mujer (FIM) construido a partir de cuatro variables: una política y tres de participación en el mercado de trabajo. Este factor capta la desigualdad en la actividad económica y política de hombres y mujeres o, dicho de otro modo, el grado de equidad de género presente en una sociedad dada. Las variables que lo integran son: el porcentaje de escaños parlamentarios ocupados por mujeres, la proporción de la tasa de actividad femenina con relación a la masculina, la proporción de mujeres sobre hombres en sectores de baja productividad de zonas urbanas y la Cemit4 femenina como porcentaje de la masculina para la población adulta que trabaja más de 20 horas semanales en zonas urbanas. La primera medida capta la participación política diferencial de hombres y mujeres; mientras que las tres restantes registran el gap existente con relación a la esfera económica (actividad, empleo informal y retribuciones salariales). La correlación estadística de este factor con el IPG ha mostrado un resultado de 0.73, expresando que estos constructos estarían midiendo (a pesar de su composición diferente) el grado de aproximación de las mujeres a los hombres en cada sociedad considerada. Resulta pertinente tomar nota sobre la importancia de estas medidas para explorar la situación de género en América Latina cuando como, se ha sostenido, los estudios en la región muestran las formidables distancias que existen aún hoy en la participación en el mercado y en la actividad política de hombres y mujeres, así como en la calidad del empleo y el ingreso económico diferente de unos y otros, siempre con desventaja hacia las últimas. Es verdad que podrían tomarse los índices que se presentan en el Informe de Desarrollo Humano como indicadores de la situación de género. De hecho la alta correlación entre las medidas construidas en ese Informe y las presentadas en este trabajo indican que las mismas estarían midiendo procesos similares. La alternativa que se presenta aquí pone en juego junto con variables educativas y políticas (presentes en ambos estudios) indicadores sobre las características diferenciales de la participación en el mercado de trabajo en hombres y mujeres, y una medida de maternidad temprana. Esta incorporación parece justificada si se repara en la marcadas diferencias existentes en el mercado de trabajo, así como en los fuertes obstáculos que encuentran las mujeres que tienen hijos cuando aún son muy jóvenes. (Cuadro 1. Matriz factorial de dimensiones de género) (Cuadro 2. Situación de la mujer y equidad de género)   El Factor de Igualación de la Mujer (FIM) como se ha dicho capta la disparidad de logros entre hombres y mujeres en lo que respecta al acceso a la esfera política y al mercado de trabajo dentro de cada sociedad nacional. Cabe aclarar que la ubicación de ciertos países en una posición similar del êndice no tiene por origen siempre a los mismos procesos. Por ejemplo, es bastante conocido que la igualación de las mujeres con relación a los hombres en América Latina, en función del desarrollo económico, suele tener un comportamiento en forma de U invertida, esto es, en los países de menor desarrollo ambos sexos presentan guarismos insuficientes en los diversos indicadores, por lo cual la distancia es reducida; a medida que se obtienen determinadas mejoras, éstas benefician inicialmente a los hombres por lo cual las diferencias se ensanchan; y cuando se alcanzan ciertos estándares de calidad de vida la mujer comienza también a beneficiarse por lo cual la disparidad se torna nuevamente menor. En buen romance, dos países con niveles de desarrollo relativo diferente pueden presentar un gap semejante entre hombres y mujeres. La mujer obtiene logros más próximos al hombre en Costa Rica, Argentina y República Dominicana. Los dos primeros casos indican que se trata de países en los cuales el desarrollo económico y social, así como la participación política han logrado comprender a las mujeres. En cambio, el caso de República Dominicana responde más bien a un proceso de igualación de la mujer al hombre con existencia de bajo desarrollo. En una zona intermedia amplia se ubica un conjunto de países que muestra en los extremos a Venezuela y Panamá. El análisis del acceso diferencial a la política y el mercado exigiría un examen particularizado en cada uno de ellos. Cabe señalar la baja posición de Panamá, país que muestra un desarrollo social de la mujer alto en la comparación regional, según se observó en el análisis de las posiciones en el FDM. En el sector inferior del FIM se ubican aquellos países con menor equidad de género en la región. Entre ellos se encuentran países con bajo desarrollo de las mujeres, como Paraguay, Nicaragua y Bolivia, y otros en los cuales éstas han obtenido una posición privilegiada en el contexto latinoamericano pero se encuentran muy lejos aún de acceder a las posiciones que ocupan los hombres. En este último caso se hallan Uruguay, Chile y en menor medida Brasil, llamando la atención la baja participación en estos países de las mujeres en la actividad política. En la investigación pudo observarse la situación de la mujer en cada país considerando conjuntamente su desarrollo relativo con las mujeres de otros países y la equidad de género que obtiene hacia dentro de sus fronteras. Costa Rica y Argentina representan los países donde se verifica un alto desarrollo comparativo de la mujer y una proximidad mayor con respecto al hombre. La equidad de género responde claramente a un modelo de desarrollo social y económico donde se benefician ambos sexos. Se confirma que Uruguay y Chile presentan una fuerte inconsistencia, la mujer ostenta una posición favorable en el contexto regional pero se ubica en una situación profundamente distante al hombre a nivel nacional. Una situación próxima a estos países es observada en Brasil y Panamá. Nicaragua y Bolivia son los países en los cuales la mujer se encuentra peor en toda la región. A su situación desfavorable en términos de desarrollo comparativo se agrega una abismal diferencia con respecto a los hombres.   Pobreza y condición de las mujeres   Diversos estudios en América Latina han constatado una situación más crítica en las mujeres que en los hombres que se ha dado en llamar "feminización de la pobreza". Así, entre los estratos de baja productividad, los asalariados de las microempresas obtienen muy bajos ingresos, y aquí justamente se encuentra una fuerte proporción de mujeres. Asimismo, en las zonas urbanas la incidencia de la pobreza es mayor en las mujeres dedicadas a este tipo de actividades y al servicio doméstico. Alrededor del 40% de los pobres en las zonas urbanas son trabajadores independientes con baja calificación, y allí la proporción de mujeres es altamente significativa (CEPAL, 1997, Desarrollo...). Al empleo precario, rasgo distintivo de la ocupación femenina como se vio anteriormente, y relacionado con índices significativos de pobreza, se suma la cifra elevada de desempleo femenino superior al masculino, y con valores más altos en las más jóvenes. Para América Latina hemos registrado una correlación significativa de 0.75 entre la violencia estructural (con componente fuerte de pobreza) y el desarrollo de las mujeres. Los países más pobres son aquellos donde la mujer presenta una situación menos favorable. En cambio la correlación entre la violencia estructural y el factor de igualación del hombre ha resultado muy bajo. Mientras la equidad de género depende más del modelo o etapa de desarrollo, la pobreza femenina está más ligada a la situación estructural de la sociedad de que se trate. Como ya se ha argumentado, el análisis de la situación de género exhíbe "otras realidades" cuando se consideran las diferencias existentes al interior del espacio nacional. El estudio que se presenta aquí se apoya en el análisis comparativo entre países, por lo que en cierto sentido parte del supuesto de existencia de homogeneidad intranacional. Esto obviamente puede resultar objeto de debate. Las mujeres que habitan las zonas rurales de la región, de estratos inferiores, con escasos recursos educativos y pertenecientes a grupos étnicos largamente postergados son las que se encuentran en una posición menos favorable tanto para acceder al mercado de trabajo como a los ámbitos donde se toman las decisiones y en las que es mayor la incidencia de la pobreza. La mejora en la condición de la mujer se vincula con la ampliación de su ingreso al mercado de trabajo pero no sólo en términos cuantitativos. No basta una incorporación creciente, como la que se ha registrado en las últimas décadas, resulta imprescindible además, que la misma se vincule con una mejoría en el tipo de empleo, tanto en lo que refiere a la estabilidad como al ingreso, que le permita obtener una mejor calidad de vida.     Notas 1. Para esta cuestión, entre otros textos, puede consultarse Arriagada, I. (1997 Latinoamericanas...) 2. El texto completo de la declaración de la Conferencia de Beijing está disponible en internet en la siguiente dirección: <gopher://gopher.un.org/00/conf/fwcw/off/platesp/9520p1.sp.> En el Recuadro correspondiente se recogen apenas algunos tópicos de la misma. 3. Elaboración propia a partir de información estadística procedente del Informe sobre Desarrollo Humano, PNUD, 1999. 4. El Cemit según CEPAL es la "Capaciad Equivalente Mensual de los Ingresos por Trabajo y corresponde al ingreso mensual equivalente según el valor de la hora de trabajo, expresado en líneas de pobreza", Panorama social de América Latina, 1999.     Volver al índice de contenidos Volver a Home Page   .