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Red Internacional de Género y Comercio
Capítulo Latinoamericano
.rancisco Cos-Montiel - Julio Rosado
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La Red Internacional de Género y Comercio (International
Gender and Trade Network), creada en 1999 desarrolla
actividades de investigación, incidencia y alfabetización en
relación a los impactos género de las políticas comerciales
y el comercio internacional en siete regiones (África, Asia,
El Caribe, Europa, América Latina, América del Norte y el
Pacífico).
El Capítulo Latinoamericano de la Red está integrado por
el Equipo de Seguimiento, Investigación y Propuestas de
Política (ESSIP-Argentina); Ser Mulher y la Red Brasileña
por la Integración de los Pueblos (REBRIP - Brasil); la
Alianza Chilena para un Comercio Justo y Responsable
(ACJR- Chile); el Grupo de Educación Popular con
Mujeres (GEM- México) y CIEDUR (Uruguay).
Los documentos que integran esta serie documental
corresponden a la primera fase de investigación de un
proyecto de la Red orientado a brindar un basamento analítico
sólido y fundado para integrar las cuestiones de género al
análisis de las políticas y programas comerciales y de
liberalización, procurando que sus hallazgos permitan incidir
en el terreno de las negociaciones nacionales, regionales y
multilaterales de comercio. Con este propósito se
conformaron equipos de investigación para cada uno de los
países del Capítulo Latinoamericano.
El trabajo fue dirigido y coordinado desde CIEDUR. Su
realización fue posible gracias al apoyo de Moriah Foundation
y Rockefeller Foundation- Estados Unidos.
Diciembre, 2002
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Indice
Introducción ............................................................................................................................3
I. Proceso de liberalización en México.................................................................................11
II. Ajuste estructural, globalización y su impacto diferencial sobre mujeres y hombres .....17
III. Sector maquilador: evolución y tendencias desde una perspectiva de género................21
IV.- El sector agrícola de exportación: un análisis de roles y relaciones género..................26
V.- Conclusiones...................................................................................................................37
Bibliografía ...........................................................................................................................41
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Introducción
En los últimos veinte años, México ha sufrido importantes transformaciones en el orden
económico, político y social. Si durante los años ochenta muchas de estas transformaciones
se identificaron como resultado de las políticas de ajuste estructural recomendadas por el
Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), en los noventa parece que
el lenguaje se ha unificado en torno a un término común: la globalización. Si bien no existe
un consenso sobre el significado exacto de este concepto, pocos estarían en desacuerdo en
que un aspecto de la llamada ‘globalización’ se refiere a un aumento en el flujo de capital,
bienes y servicios entre países (Anderson, 1999). La globalización, una fuerza dominante
en el último decenio del siglo XX, está dando forma a una nueva era de interacción entre
los países, las economías y los pueblos. Está aumentando los contactos entre la gente por
encima de las fronteras nacionales en materia de economía, tecnología, cultura y estructura
de Gobierno. Pero además, está fragmentando los procesos de producción, los mercados de
trabajo, las entidades políticas y las sociedades. De esta manera, si bien la globalización
tiene aspectos positivos, innovadores y dinámicos, tiene también aspectos negativos,
perturbadores y marginantes.
De acuerdo con el Reporte de Desarrollo Mundial 1999 (PNUD, 1999) este fenómeno
beneficia a algunos, pero margina a muchos más. Si bien la globalización ofrece grandes
oportunidades para el adelanto humano, enriqueciendo la vida de la gente, ampliando las
opciones y creando una comunidad que se basa en valores compartidos, se ha permitido que
los mercados dominen el proceso, a costa de esos valores y objetivos comunes, y aún no se
cuenta con información suficiente para medir el impacto sobre aquellos seres humanos que
no cuentan con el conocimiento, ni con los recursos, ni con el acceso a los beneficios de la
globalización. Las mujeres, los niños y los ancianos se encuentran en mayor riesgo de caer
en la exclusión social global, ya que son más vulnerables y tienen menor acceso a los
recursos y activos que permiten adaptarse a un entorno cambiante (Cos-Montiel , 2001 a).
Si bien los efectos negativos que tuvieron las políticas de ajuste estructural sobre los
pobres y vulnerables fueron oportunamente advertidos por publicaciones claves como
Ajuste con un Rostro Humano (Cornia et al, 1987), hoy contamos con diversos estudios que
muestran que las mujeres, niñas y niños recibieron una carga desproporcionada del proceso
de ajuste sobre sus hombros, con el consecuente deterioro de sus condiciones de vida y de
sus perspectivas de desarrollo (Beneria, 1991; Chant, 1992, 1996a, 1997; Elson, 1989,
1991; Kanji, 1995; Moser, 1989, 1992, 1996). A pesar de estos esfuerzos, es necesario
ahondar en el impacto que la globalización está teniendo sobre la calidad de vida, y
específicamente en la forma en que las mujeres experimentan ésta desde una perspectiva de
género.
La perspectiva de género es una de las tantas herramientas que deben emplearse para
investigar, comprender y abordar problemas que están determinados económica, política y
culturalmente (Lamas, 1996). De hecho uno de los principales rasgos de este análisis, es la
insistencia de que no se trata simplemente de “agregar mujeres” a los programas existentes,
sino que se trata de repensar la práctica del desarrollo en su conjunto, a través de unos
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lentes o una perspectiva de género. Reconocer que la globalización y la apertura económica
afectan de manera diferente a hombres y mujeres es fundamental. Parece, por consiguiente,
importante analizar si la globalización, entendida como apertura financiera y comercial
entre países, ha tenido efectos sobre estos grupos sociales.
Así, se presenta aquí una investigación que intenta contribuir al debate sobre los efectos
que la apertura comercial y la globalización han tenido sobre la ocupación sectorial de las
mujeres mexicanas. Para ilustrar acerca de los efectos de la liberalización comercial sobre
la vida de las mujeres se han seleccionado dos sectores: 1) la industria maquiladora y 2) la
agricultura de exportación, dando una visión sobre los aspectos positivos y negativos que la
apertura ha tenido tanto en aspectos de sobrevivencia como de relaciones de género. Se
eligieron estos dos sectores por dos razones prácticas: 1) Porque ambos reflejan muy bien
dos cambios que se dieron durante la apertura económica, como lo fueron: a) la necesidad
de movilizar la mano de obra femenina para complementar el ingreso de los hogares y b) el
aumento en la demanda de mano de obra para producir bienes de exportación y 2) porque
en el caso de la industria maquiladora existen datos cuantitativos suficientes para medir la
dimensión de género del sector y en el caso de la agricultura de exportación hay estudios
participativos para medir el cambio en las relaciones de género ante la globalización.
La globalización, entendida como integración mundial, también está impulsada por el
cambio normativo encaminado a promover la eficiencia económica mediante la liberación y
desregulación de los mercados nacionales y el retiro del Estado de muchas actividades
económicas, incluida una reestructuración del Estado benefactor en el mundo. Las recientes
innovaciones de la tecnología de información y comunicaciones impulsan una integración
aun más acelerada. México no ha sido ajeno a estas tendencias y se requiere realizar un
minucioso análisis para medir los beneficios y la forma en que se han visto afectados la
vida de las mexicanas y mexicanos, especialmente de los más pobres y vulnerables.
Sin lugar a dudas, México es un país que ofrece más oportunidades a la gente que hace 100,
50 o 20 años. La tasa de mortalidad infantil se ha reducido a menos de la mitad desde 1965,
y un niño que nace actualmente, puede esperar vivir un decenio más que un niño nacido en
esa fecha. El número de defunciones por año se ha mantenido prácticamente sin cambios
desde hace diez años. La tasa combinada de matriculación primaria y secundaria ha crecido
de manera importante, y la proporción de niños en la escuela primaria ha aumentado de
menos de la mitad a más de tres cuartos, aunque este acelerado crecimiento haya declinado
desde 1989. La tasa de matriculación en secundaria es aproximadamente un tercio de la de
educación primaria, pese a la obligatoriedad de ambas (en el año 2000 había 14,401,588
estudiantes de primaria y 4,190,190 estudiantes de secundaria). La tasa de alfabetización de
adultos también ha aumentado del 48% en 1970 al 90.5% en el 2000 (Mujeres y Hombres.
INEGI 2002).
Por otro lado, los indicadores macroeconómicos también son un reflejo de la creciente
integración de México con el resto del mundo. Las exportaciones, a noviembre del 2002
ascienden a 147,320 millones de dólares. En la década de los noventa las exportaciones
constituyeron como promedio el 21% del PIB y en 2001 significaron el 24.7%. En 2000, la
inversión extranjera directa fue superior a 12 mil millones de dólares y las corrientes de
cartera y otras corrientes de capital de corto plazo aumentaron sustancialmente,
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ascendiendo en la actualidad a casi tres veces la cifra del decenio de 1980. El número de
turistas que ingresan al país prácticamente se duplicó en la última década, llegando en 2000
a 8,295 millones de dólares gastados por extranjeros que visitaron el país. Las conferencias
de larga distancia, tanto nacionales como internacionales se multiplicaron, al pasar de mil
millones de minutos en 1989 a 7,779 millones en 2000. Los viajes, la Internet y los medios
de comunicación han estimulado un crecimiento exponencial del intercambio de ideas e
información, y la gente actualmente participa más que nunca en asociaciones que atraviesan
las fronteras nacionales, desde redes no estructuradas hasta organizaciones estructuradas.
Además, los avances en materia democrática son evidentes y actualmente el país transita la
senda de la normalidad democrática. A pesar de las dificultades que ha enfrentado, México
es hoy un país más próspero con un ingreso per cápita que ha crecido casi seis veces en la
última década.
Pero, pese a los enormes progresos alcanzados en el siglo XX, esas tendencias disimulan
una gran desigualdad, tanto en los adelantos como en los retrocesos. El México de la
actualidad hace frente a diferencias enormes de privación y desigualdad que se reflejan en
disparidades inmensas dentro de las regiones y las entidades federativas, entre grupos
étnicos y entre hombres y mujeres. Sin lugar a dudas, el problema más grave que enfrenta
México es el de la pobreza. De acuerdo al Panorama Social 2000-2001 de la CEPAL, el
porcentaje de la población mexicana que vive dentro de la definición de pobreza pasó de
34% en 1984 a 38% en 1998. Cifras recientes de la Secretaría de Desarrollo Social estiman
que cerca de 54 millones de mexicanos, es decir alrededor del 55% del total de la población
vive en situación de pobreza. Aún así, México es considerado un“país de desarrollo
humano medio” según los Índices de Desarrollo Humano y la clasificación que presenta el
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en su “Informe Sobre Desarrollo Humano
2002”.
Otro índice que refleja grandes disparidades es el de Desempeño Educativo (IDE),
desarrollado por OXFAM Internacional, en 1999. Al igual que con otros indicadores del
desarrollo humano en México, el IDE refleja agudas diferencias entre la población indígena
y la no-indígena, así como entre las distintas regiones. Para los municipios en que los
indígenas representan más del 70 % de la población, el índice de privación educativo es 20
% más alto que en la Ciudad de México (inclusive dentro de este grupo, las mujeres
enfrentan mayores desventajas que los hombres y esto se ve reflejado en indicadores: sólo
el 56.8% de las mujeres que hablan lengua indígena sabe leer y escribir, mientras que el
76.7% de los hombres pertenecientes a este sector poblacional es alfabeta). Estos
municipios se clasificarían 63 lugares abajo del promedio nacional de acuerdo a la
clasificación de OXFAM. El índice de privación entre los Estados del sureste es 4 veces el
promedio nacional. Estas entidades se clasificarían justo debajo de la línea de privación
extrema, en lugar inferior de los promedios nacionales para países como Bangladesh y
Tanzania, y 53 lugares por debajo del promedio para México, con el Estado de Chiapas
apareciendo justo arriba de Mali.
En México, como en todos los países, las desigualdades refuerzan e interactúan con
inequidades más amplias, socavando los esfuerzos por reducir la pobreza. Aún en los
países industrializados, la pobreza humana y la exclusión están ocultas en las estadísticas
del éxito, y revelan enormes disparidades dentro de los países. Medida por el índice de
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pobreza humana, uno de cada ocho habitantes de los países más ricos del mundo está
afectado por algún aspecto de la pobreza humana: desempleo de largo plazo, una vida
inferior a 60 años, un ingreso inferior al límite de la pobreza nacional o la falta de la
alfabetización necesaria para sobrevivir en la sociedad.
Pero sin lugar a dudas, en cualquier sociedad, las disparidades por género siguen siendo las
más grandes. La evidencia sugiere que la pobreza parece ser desproporcionadamente
femenina (Jackson, 1996; Kabeer, 1994, 2000; Cos-Montiel, 2000, 2001b), a tal grado que
las estrategias para combatir las desigualdades de género necesitan ser centrales a la
reducción exitosa de la pobreza. La diferencia en algunos indicadores de la brecha por sexo
en diferentes regiones, muestra que en México, la tasa de analfabetismo en el año 2000 para
mujeres es de 11.3 %, mientras que para los hombres es de 7.4 %. Sin embargo, los niveles
de analfabetismo se distribuyen desigualmente en las regiones del país. El nivel de
analfabetismo en las áreas rurales (21%) es más del triple del existente en el ámbito urbano
(6.1%), siendo este un problema que recae en mayor medida entre las mujeres, ya que en
las áreas rurales el 24.8% de las mujeres y el 17.1% de los varones son analfabetas. Así, las
mujeres están más expuestas a caer en la pobreza que los hombres por continuar
encontrando discriminación a través de todas las fronteras sociales, en educación y
capacitación, en empleo y ganancias. En general, el vínculo entre empleo y pobreza ha sido
más débil para las mujeres que para los hombres, principalmente por la discriminación y
desventajas que enfrentan las mujeres en los mercados de activos y de trabajo. El
empowerment (o empoderamiento) y el avance de las mujeres en la sociedad dependerá en
gran medida de la disminución del diferencial por sexo en salarios y empleo entre hombres
y mujeres.
Aún así, México ha progresado significativamente, pues ha logrado resolver muchas
desigualdades entre hombres y mujeres que aun constituyen graves problemas en otros
países. Las brechas por sexo en educación no son sustanciales y la tasa de mortalidad
materna ha declinado de manera significativa (de 33.0 en 1992 a 5.2 defunciones por cada
10,000 nacidos vivos registrados en el 2000, tal y como ha sucedido con la tasa de fertilidad
de 4.3 en 1980 a 2.4 en 2000). La fuerza de trabajo también ha atestiguado cambios
importantes en lo que a sexo se refiere. La participación femenina en la fuerza de trabajo en
México registró el mayor crecimiento en América Latina, casi duplicándose entre 1970 y
1990. En 2000, las mujeres representaron el 36.4% de la fuerza de trabajo. De los 39.6
millones de personas que desempeñan actividades económicas cerca de 14 millones son
mujeres. Dentro de estos casi cuarenta millones de personas, 13.2 millones únicamente
realizan trabajo extradoméstico. De ellas, sólo cerca de 800 mil son mujeres, es decir que el
94% de las mujeres que desempeñan actividades económicas combinan el trabajo
extradoméstico con otras actividades. La distribución de las mujeres que combinan el
trabajo extradoméstico con otras actividades es la siguiente: 12.1millones coordinan su
trabajo económico con el trabajo doméstico; 600 mil combinan el trabajo extradoméstico
con el doméstico y el estudio; y 143 mil estudian además de llevar a cabo trabajo
extradoméstico (Diferencias de género en el uso del tiempo, INEGI 2000, Mujeres y
Hombres, INEGI 2002).
En todos los grupos de edad se ha observado un aumento en el empleo femenino. En 1970,
sólo el 25% de las mujeres en el grupo de 20 a 24 años de edad, y el 17% de las mujeres en
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el grupo de 35 a 39 participaban en la fuerza de trabajo. En 1982, la estadística fue de
alrededor del 38 y 28 %, respectivamente. En 2000, los porcentajes son 42.9% y 47.6%
respectivamente. Cabe señalar que para los hombres la tasa de participación económica fue
95.2% para el grupo de 20 a 24 años de edad y de 97.9% en el grupo de edad de 35 a 39
años.
En México la incorporación de las mujeres al trabajo en los últimos 30 años ha dado como
resultado que mientras en la década de los 70 sólo una de cada cinco mujeres participaba en
la actividad económica, en los años 90 una de cada tres se encontraba en el mercado de
trabajo, proporción que se ha mantenido hasta el año 2000. Actualmente, la fuerza de
trabajo femenina se encuentra mayoritariamente en el comercio minorista (21.2%), seguido
de la industria manufacturera (17%), los servicios médicos y educativos (14.8%), los
servicios domésticos (13.1%) y las actividades agropecuarias (10.4%) (INEGI. Encuesta
Nacional de Empleo 2000).
A diferencia del pasado, hoy las mujeres permanecen en sus ocupaciones, no obstante el
matrimonio o que sus hijos sean pequeños. Una de las causas fundamentales es la
declinación del salario en términos reales, que ha obligado a que ahora un mayor número de
miembros de las familias participe en la actividad económica a fin de conservar el ingreso.
Mientras que a finales de los años setenta la mayor participación económica femenina
ocurría entre solteras de los grupos de edad más jóvenes, en 2000, 63% de la población
económicamente activa femenina tenía descendencia.
En términos de la precariedad del empleo, entre 1988 y 1993, antes y después del Tratado
de Libre Comercio de América del Norte (TLC), se registraron cambios en la distribución
entre empleo formal e informal de los hombres y mujeres ocupados en localidades de
100,000 y más habitantes: la proporción de mujeres en el sector informal era más elevada
que la de los hombres –43.5 contra 36.1 en 1988, y 40.5 contra 37.2 en 1993-, si bien la
informalidad entre las primeras ha disminuido y aumentado entre los segundos. Esto puede
explicarse por una reducción en la cantidad relativa de hombres en el sector formal, que
pasó de 68.8 a 65.9 %.
Entre 1993 y 1996, el número de personas ocupadas creció en 2 393 356, para un promedio
anual de 798 000 empleos, casi 100 000 menos que el promedio de todo el periodo. El
mayor crecimiento absoluto, 1 374 206 empleos, ocurrió entre la población femenina:
alrededor de 40% de este aumento se ubicó en los servicios domésticos, 22% en servicios
médicos, educación y esparcimiento y 17% en la industria manufacturera (Cardero, 1999).
Destaca también el hecho de que mientras en 1970 por cada trabajadora en actividades
industriales o agrícolas había más de 12 trabajadores hombres, en 1993 por cada mujer
trabajadora en esas actividades había cinco varones. En 1970, por cada 51 mujeres que
realizaban labores profesionales y técnicas había 100 varones en esas ocupaciones; en 1993
la proporción era de 77 mujeres por cada 100 hombres. En 23 años la población femenina
ocupada en el comercio y las ventas triplicó su participación hasta alcanzar una relación de
una a uno con los hombres que laboran en esas actividades.
En cuanto al ingreso, cerca de la mitad de la población ocupada gana menos de dos salarios
mínimos y es mayor la proporción de mujeres que están en esta categoría (50.9%) que la de
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hombres (41.3%). En las actividades donde las mujeres encuentran la mayor cantidad de
empleos, el porcentaje de ellas que ganan menos de dos salarios mínimos es superior al de
los hombres. En el caso del sector agropecuario, si bien la proporción que percibe menos de
dos salarios mínimos es de 26.1%, esto es así porque 70.5% de las mujeres que en él
laboran lo hacen sin recibir ingresos. En la industria manufacturera, 71% de las mujeres
trabajan por menos de dos salarios mínimos; en el comercio dicho porcentaje es de 56; de
63 en la hotelería y restaurantes, y en otros servicios es de 61 % (Encuesta Nacional de
Empleo 2002).
El género sigue siendo una variable clave en el desarrollo económico y social en México
(Correia y Katz, 2001; Cunningham y Cos-Montiel, 2002; Banco Mundial, 2001). En
educación, por ejemplo, aunque las brechas entre los sexos no son significativas en las
estadísticas globales, las diferencias regionales en todo el país persisten. Como ya se
mencionó, la educación de las niñas aún va a la zaga de la de los niños en las áreas
indígenas. Adicionalmente, las brechas en alfabetismo son evidentes en los estratos de
mayor edad; por ejemplo, hombres y mujeres representan el 38 y 62 % de la población total
analfabeta respectivamente, pero el 65 % sobrepasan los 40 años de edad. Las diferencias
entre hombres y mujeres son evidentes cuando se examina el desempeño educativo. Los
niños tienen niveles de reprobación más altos, mientras que las niñas tienen mayores
niveles de deserción, y las razones de desempeño insatisfactorio varían de acuerdo al sexo
(Parker y Pederzini, 2001).
Los roles de género que se asignan a hombres y mujeres, también significa que la pobreza
les afecta de manera distinta (Salles y Tuirán, 1999) . El rezago en el acceso a los servicios
de salud y a la planificación familiar afecta el tamaño de los hogares e incrementa la carga
de trabajo doméstico, el cual casi invariablemente llevan a cabo las mujeres. Asimismo,
dado que el trabajo doméstico es tradicionalmente asignado a las mujeres, como lo
muestran datos anteriores, son ellas quienes más resienten los rezagos en sanidad,
electrificación y agua entubada (Chant, 1991, 1992, 1996a, 1996b, 1997; Moser, 1989,
1992, 1993, 1996, 1997; Elson, 1989, 1991; Beneria, 1991; Gonzalez de la Rocha, 1995).
Dada la magnitud de la carga de trabajo de las mujeres, la insuficiente infraestructura de
servicios públicos tiende a limitar la participación femenina en las actividades productivas,
así como en la mayoría de las actividades públicas, como la participación política o el
liderazgo. Particularmente, a nivel doméstico las diferencias por sexo son importantes. De
22.6 millones de hogares mexicanos en el año 2000 solo 4.7 millones están encabezados
por una mujer, es decir que por cada 5 hogares a cargo de un hombre sólo hay uno dirigido
por una mujer. Los hogares encabezados por varones -los cuales son, de hecho, hogares
conyugales- tienden a enfrentar menores limitaciones económicas que los hogares
encabezados por mujeres (INEGI, Hombres y Mujeres 2002). En el caso de los segundos, el
hogar se sostiene por un solo salario y las actividades domésticas no se pueden compartir
con otros miembros adultos de la familia. Como resultado, estos hogares típicamente gastan
una mayor proporción de recursos para acceder a bienes y servicios. También, y debido a
la doble carga de trabajo de los papeles productivo y reproductivo, las madres solteras
tienden a dedicar menos horas al trabajo remunerado, y buscan trabajos que ofrezcan
mayor flexibilidad aunque no necesariamente buenos salarios, beneficios y oportunidades
de ascenso y desarrollo profesional (Cunningham, 2001).
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Sin lugar a dudas, la evidencia apunta a que es en los hogares más pobres donde la mujer es
la única fuente de ingreso. Sin embargo, es muy importante hacer distinciones en este
punto, ya que la evidencia de la jefatura femenina varía según el contexto, la medición de la
pobreza, y la definición de hogar con jefatura femenina. Actualmente los hogares
encabezados por mujeres pueden asumir tantas variantes que parece difícil incluso
definirlos. El caso de México merece analizarlo con mayor detalle, pues parece ser que
existe una gran diversidad de hogares encabezados por mujeres y no necesariamente todos
se encuentran en condiciones de pobreza o vulnerabilidad. Por ejemplo, aquellos hogares
que se han quedado al frente de una mujer cuando el marido migra, pero que recibe remesas
en efectivo o especie, pueden no solo estar en mejores condiciones respecto a otros hogares
de la misma comunidad, sino que incluso puede tener mayor bienestar que cuando vivía el
varón en el hogar (Chant, 1997). Sin embargo, también se ha detectado que los hogares
donde la mujer es la única fuente de ingresos, son más frágiles ante los cambios en el
ingreso o tienen ingresos precarios o irregulares, y en definitiva, son más vulnerables y esto
está relacionado con que un mayor número de niños trabajen.
Así ciertamente, un gran número de hogares encabezados por mujeres se encuentran en las
más grandes condiciones de precariedad, por lo que su atención es esencial si se desea
combatir la pobreza. Sin embargo, es importante distinguir que no todos los hogares
encabezados por mujeres son pobres, sino mucho tiene que ver con la forma en que se mida
la pobreza (Chant, 1997; Jackson, 1996; Cos-Montiel; 2000).
Como Sen (1987) memorablemente nos recuerda, frecuentemente existen discrepancias
entre las percepciones subjetivas de bienestar y el bienestar medido a través de indicadores
“objetivos”. Es claro que el ingreso no es el único elemento de bienestar y se puede
concluir que las líneas de pobreza lo subestiman. La experiencia de la pobreza es
profundamente diferente para los hombres y las mujeres y esta distinción no se puede pasar
por alto. Un problema al medir a los hombres y a las mujeres con la “misma vara” de
pobreza, ya sea en alimentación, ingreso, derechos o percepciones locales de privación, es
que por un lado exagera la pobreza de las mujeres en algunas direcciones y por el otro la
oculta. Un ejemplo de esto es la medición de la riqueza a través de la propiedad, que
muchas veces es utilizada para indicar la prosperidad como si fuera neutral al género en sus
patrones. La mayoría de los índices de propiedad no son relevantes para medir la pobreza
de las mujeres, pues se basan en bienes que típicamente poseen los hombres. El problema
va más allá de la desagregación por sexo de la propiedad y requiere revaluar qué
indicadores usar. Es decir, al medir la pobreza se cuentan aquellos activos que poseen los
hombres, como tierra, maquinaria, etc.., pero no los de las mujeres, como podrían ser
joyería, animales, etcétera. Por tal motivo, hablar del proceso de empobrecimiento de las
mujeres en el marco de la globalización implica conceptualizar a la pobreza como un
aspecto multidimensional en el que las mujeres entran, transitan o salen por procesos
distintos a los de los hombres (Kabeer, 1994, 1998, 2000; Beall, 1996, 1997; Moser, 1989,
1993; Jackson, 1996). Por eso, para entender la problemática de género y pobreza es
necesario abordar los procesos más amplios que han tenido impacto en la vida de las
mujeres y los hombres.
Para abordar estas cuestiones, esta investigación está dividida en varias secciones. La
primera repasa brevemente el proceso de apertura económica mexicana. En la segunda
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sección se examina, el impacto diferenciado de género de los ajustes estructurales y las
implicaciones que tuvo en las estrategias de sobrevivencia de las mujeres mexicanas y en
sus roles y relaciones de género. En la tercera sección se estudia el cambio que se ha dado
en la industria maquiladora en México, sector en el que la apertura económica ha tenido un
fuerte impacto y en el que tradicionalmente la fuerza de trabajo femenina ha sido
dominante. El cuarto apartado analiza el impacto de la apertura económica sobre las
mujeres que trabajan en el sector agrícola de exportación. Finalmente, se presenta un
apartado con las conclusiones de esta investigación.
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I. Proceso de liberalización en México
En los años posteriores a la segunda guerra mundial, México adoptó un modelo económico
en el que el Gobierno tenía un papel interventor como inversionista, productor directo y
regulador, y se desempeñaba como actor central en la promoción del desarrollo y el
bienestar (Cardero, 2002). A partir de esos años, el Estado empezó a crear empresas
públicas con la finalidad de apoyar el proceso de sustitución de importaciones (ISI),
extendió sus actividades a sectores que consideraba de suma importancia –petroquímica e
industria eléctrica- y a otros sectores que no eran rentables para los inversionistas privados
–ferrocarriles. El Estado tenía la idea de ser el único proveedor de todo, sin tener en cuenta
las iniciativas y creatividad de los individuos y la sociedad civil (Méndez, 1998).
El desempeño a nivel macroeconómico fue destacado hasta principios de los años setenta:
hubo un crecimiento del PIB a una tasa anual promedio de 7%, el ingreso per cápita se
recuperó, aumentó significativamente la participación del sector industrial en el producto,
el desarrollo se financió a través del ahorro interno, y la inflación anual promedio se
mantuvo en sólo 3.8%. A finales de la década, comenzaron a darse una cierta serie de
desequilibrios que ponían en evidencia el agotamiento del modelo. El gran tamaño del
Estado, significó la reducción de su eficiencia para responder a las necesidades sociales y
finalmente terminó debilitándolo. Aún cuando la actividad productiva del sector público
aumentó, la atención a problemas como salud, inversiones agrícolas, medio ambiente y
justicia se deterioraron rápidamente. Con la finalidad de contrarrestar los efectos negativos
que afectaban el modelo, el Gobierno decidió fortalecerlo, utilizando la inversión pública
como motor primario del desarrollo. De 1970 a 1982 hubo un aumento significativo en el
número de empresas públicas (de 471 a 1155) y la participación en la inversión bruta pasó
de un 19% a un 30%. El éxito del mercado petrolero permitió al Gobierno abandonar los
procesos de liberalización iniciados en 1977 y posponer indefinidamente la adhesión de
México al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT).
En esta etapa los resultados económicos no fueron tan destacados: aún cuando el PIB
continuó registrando tasas de crecimiento elevadas, el déficit fiscal y el endeudamiento
externo se agravaron aceleradamente. Como lo muestra la tabla 1, la inflación fue en
ascenso y en 1982 se recurrió a devaluaciones abruptas, al control generalizado de cambios
y de importaciones y a la estabilización bancaria, que hicieron imposible mantener el
sistema de desarrollo anterior.
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Cuadro 1. Tasa de Inflación y Crecimiento del PIB (1978-1991)
Años
Inflación
Crecimiento del PIB
1978-81
23.6
8.4
1982
98.8
-0.6
1983
80.8
-5.2
1984
59.2
3.6
1985
63.7
2.7
1986
105.7
-3.5
1987
159.2
1.7
1988
51.6
1.3
1989
19.7
3.1
1990
29.9
4.4
1991
18.8
3.6
Fuente: Banco de México, Indicadores Económicos.
Una de las causas de la crisis de 1982 fue el creciente déficit fiscal, que en los años setenta
y ochenta aumentó, debido a que se financió a partir de endeudamiento con el exterior.
Cuando México se declaró en suspensión de pagos esta opción dejó de existir. La caída de
los precios del petróleo, en 1986, afectó severamente al país, lo que condujo a una serie de
ajustes con la finalidad de abatir los altos niveles de inflación. Desequilibrios
fundamentales en las finanzas públicas y en la cuenta corriente, combinados con la
suspensión de los flujos de ahorro externo, al igual que el deterioro de los términos de
intercambio y la devaluación, marcaron el comienzo de un periodo de elevada inflación y
estancamiento económico.
Cuadro 2. Balanza de pagos (millones de dólares).
Años
Cuenta
corriente
Cuenta de
capital
Errores y
omisiones
Cambio en
reservas
1980
-10739
11442
98
1018
1981
-16052
26357
-9030
1012
1982
-6221
9753
-6832
-3185
1983
5418
-1416
-884
3101
1984
4238
39
-924
3201
1985
1236
-1526
-2133
-2328
1986
-1672
1837
438
985
1987
3966
-576
2709
6924
1988
-2442
-1448
-2842
-7127
1989
-6004
3037
3362
271
1990
-6349
9706
-125
3414
1991
-13789
24134
-2208
7821
Fuente: Banco de México, Indicadores Económicos
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Para abatir la inflación, de 1983 a 1987 el Gobierno llevó a cabo dos programas de
estabilización que buscaban superar los problemas fiscales y de Balanza de Pagos que se
aceleraron con la caída de los precios del petróleo en 1986. La disminución en la demanda
de hidrocarburos y la subsiguiente caída en los precios disminuyeron el ingreso del sector
público en casi 9 mil millones de dólares en 1986. El Gobierno redujo sus gastos y aumentó
sus ingresos por medio de un aumento a las tasas impositivas y ajustes en los precios y
tarifas públicos; también se renegoció la deuda externa.
A partir de 1983, el sistema financiero estuvo sujeto a una excesiva y desigual regulación
que obstaculizó la intermediación eficiente y el apoyo a las inversiones privadas. Con la
estatización de la banca se uniformó a los bancos dentro de un sistema único, se limitaron
sus áreas de operación y en 1984 sólo se autorizó la participación minoritaria del sector
privado en el capital social. Debido a estas limitaciones, la banca quedó en situación de
desventaja frente a las casas de bolsa, las cuáles se convirtieron en efectivos competidores.
Las casas de bolsa ante la inestabilidad macroeconómica ampliaron sus operaciones ya que
lograron ofrecer instrumentos atractivos frente a los instrumentos a tasas fijas ofrecidos por
el Gobierno. Las reformas en el sector bancario fueron graduales y tuvieron como primer
objetivo la liberalización de las operaciones bancarias. A partir de la década del ochenta, la
reforma comercial buscó apoyar la recuperación económica y financiera de México,
impulsando el comercio exterior y dando paso a un mercado de competencia. Entre 1983 y
1984 se redujo el número de tasas arancelarias y los requisitos en las importaciones.
En 1986 se implantó un acelerado programa de reducción de aranceles, que culminaría con
una tarifa máxima del 30% en 1988, año en el que México se adhirió al GATT. En ese año
empezó el desmantelamiento de los precios oficiales que eran utilizados como mecanismos
de protección y se eliminaron los requisitos de permiso previo a las importaciones en 92%
de las fracciones. De 1985 a 1987 el arancel promedio ponderado descendió de 13.3% a
5.6% y desapareció el impuesto adicional de 5% a las importaciones.
Cuadro 3. Estructura arancelaria
1982
1986
1989
1990
1991
Número de fracciones
arancelarias
8008
8206
11838
11817
11812
Arancel promedio
27%
22.60%
13.10%
13.10%
13.10%
Arancel promedio ponderado
16.40%
13.10%
9.70%
10.50%
11.10%
Número de tasas
16
11
5
5
5
Arancel máximo
100%
100%
20%
20%
20%
Fuente: Secretaría de Economía
Los resultados de los primeros programas no fueron alentadores: entre 1982 y 1987, el
salario mínimo general sufrió una reducción de 44.6%, en términos reales, mientras que los
salarios contractuales, incluyendo prestaciones, descendieron 40.5%. En 1987 se inició un
tercer programa de estabilización llamado Pacto de Solidaridad Económica (PSE), con el
objetivo de reducir la inflación y lograr tasas comparables a las de los países
industrializados.
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El cambio del modelo económico y las reformas comerciales han sido notorios. De 1985 a
1991, el comercio exterior no petrolero ascendió de 10.9% a 20.1% del PIB y el valor de las
exportaciones no petroleras aumentó más de tres veces, al tiempo que la participación de
las exportaciones petroleras en el total exportado descendió más de 38 puntos porcentuales.
La apertura comercial propició también una cultura empresarial basada en metas de
productividad más que en expectativas de subsidios gubernamentales (Banco de
Información Económica, INEGI ).
Cuadro 4. Balanza comercial (millones de dólares)
Años
Exportaciones
petroleras
Exportaciones
no petroleras
Importaciones
del sector
Importaciones
del sector
1982
16447
4752
9036
5400
1983
16017
6295
4244
4306
1984
16601
7594
6464
4789
1985
14776
6897
8825
4386
1986
6307
9723
8089
3343
1987
8629
12026
9443
2780
1988
6709
13854
15346
3552
1989
7876
1240
21667
3771
1990
10104
16847
26843
4246
1991
8166
18688
35264
2920
Fuente: Banco de México, Indicadores Económicos
Como parte de la nueva estrategia económica, se redefine el papel del Estado en la
economía, evitando intervenir en sectores que no resultan estratégicos, ampliando la
participación del sector privado y adecuando los mecanismos de regulación permitiendo
así, un eficaz funcionamiento de los mercados. Cuando Carlos Salinas de Gortari inició su
periodo de Gobierno el 1° de diciembre de 1988, las políticas de ajuste económico habían
sido aplicadas por seis años. Un mes después de que el Presidente Salinas iniciara su
mandato, el PSE cambió su nombre por el de Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento
Económico (PECE) cuya finalidad ahora se centraba en la tarea gubernamental de restaurar
el crecimiento económico. Salinas se dedicó a consolidar las reformas, enfatizando el
cambio estructural en la economía a partir de procesos de liberalización, privatización de
las empresas estatales y reforma fiscal, aunados a una política fiscal y monetaria rígida.
En la década de los noventa se continuó la tendencia iniciada en los ochenta hacia la
apertura comercial, financiera y de inversión, logrando consolidarse, con perspectivas
promisorias de crecimiento económico y comercial. El PECE estuvo vigente de enero de
1989 a octubre de 1992, cuando cambió su nombre al de Pacto para la Estabilidad, la
Competitividad y el Empleo, cuyo nombre reflejaba que el objetivo principal sería el de
crear empleos y fortalecer la eficiencia de la economía para hacer frente a la competencia
de los Estados Unidos y Canadá en vías de iniciar un tratado de libre comercio.
México, Estados Unidos y Canadá, inician a finales de los ochenta las pláticas para la
formación de un área de libre comercio en América del Norte que culmina con el inicio del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) en 1994. México es el principal
mercado de Estados Unidos en América Latina, ya que adquiere más de la mitad de las
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exportaciones Estadounidenses a la región. El cambio en el modelo económico generó una
nueva forma de vinculación con el exterior, con la apertura se logró la reinserción de
México en la economía mundial.
En la década de los noventa, México intensificó la firma de acuerdos de libre comercio, de
complementación económica y plurilaterales con la finalidad de reafirmar su voto por la
apertura y la expansión de las exportaciones como elemento fundamental para el
crecimiento. Los acuerdos de complementación económica (ACE) son aquellos firmados en
el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), con Uruguay,
Argentina, Perú, Costa Rica, Guatemala, Cuba, Honduras, Nicaragua, Panamá y El
Salvador. Además, México ha firmado otros tratados de libre comercio compatibles con la
ALADI; ACE de tercera generación, con Chile, Bolivia y Colombia-Venezuela.
Adicionalmente tiene otros acuerdos plurilaterales con la ALADI en su conjunto y con la
Asociación de Estados del Caribe. A lo anterior, se suman los acuerdos con el Triángulo del
Norte (El Salvador, Guatemala, Honduras). En 1997, la Unión Europea (UE) firmó con
México un Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación, que
entró en vigencia en el 2000. El acuerdo ha permitido constituir la primera zona de libre
comercio entre la UE y un país de América Latina. Asimismo, está en puerta la posible
firma de acuerdos con Japón, Panamá, Ecuador y Perú, y desde luego la firma del ALCA.
Sin embargo, en esta nueva forma de vinculación no se llevaron a cabo análisis sobre la
forma en que distintos sectores serían afectados. En la etapa de negociaciones y firma del
TLCAN, no se realizó este análisis, mucho menos desde un punto vista de género, ya que la
perspectiva de género no había tomado el peso que adquirió después de la Cuarta
Conferencia Internacional de la Mujer celebrada en Beijing, China en 1995. No obstante,
hoy existe evidencia suficiente que demuestra por qué la perspectiva de género tiene
implicaciones importantes en el crecimiento económico de un país (Elson, et al, 1995,
1995b, 2000; Banco Mundial, 2001; Correia y Katz, 2001). De acuerdo a Fontana, Joekes y
Masika (1998), la necesidad de incorporar la perspectiva de género en los acuerdos
comerciales se basa en al menos dos fundamentos: el de la eficiencia y el de los efectos
diferenciales del comercio. Con relación al primero, se trata de contribuir a la comprensión
acerca de la incapacidad de los países, sectores o regiones para capitalizar sus
oportunidades potenciales de comercio, lo cual se relaciona en parte, con rigideces y
distorsiones de los mercados, incluyendo las vinculadas con el género. Respecto al
segundo, se considera que los beneficios de la expansión comercial pueden ser diferentes
para hombres y mujeres, tanto como para diferentes grupos de mujeres, lo cual tiene
implicaciones para la equidad de género así como para los objetivos de reducción de la
pobreza (Espino y Staveren, 2001).
Por ese motivo, no obstante que en el caso de México los indicadores macro parecen
apuntar a una relativa mejoría en el país durante la década de los noventa, existe evidencia
para afirmar que al nivel micro, los ajustes se llevaron a cabo de manera muy desigual tanto
a lo largo de la frontera social como entre hombres y mujeres. Sin lugar a duda, los hogares
que se encontraban entre los más pobres y vulnerables resintieron los severos efectos del
ajuste estructural de los años ochenta y noventa y al interior de los hogares, las mujeres
cargaron sobre sus hombros un desproporcionado peso del ajuste por el cambio de la
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orientación exportadora del país y los recortes a los servicios sociales que tradicionalmente
proveía el Estado.
La siguiente sección examina el impacto, así como los ajustes que llevaron a cabo los
hogares mexicanos durante los años que duró el proceso de apertura comercial y económica
en México. Dichos ajustes no fueron neutrales al género y en él se observa que las mujeres
sufrieron más en este proceso. Sin embargo, como lo muestra el análisis, los efectos de los
ajustes son contradictorios e impusieron tanto impactos positivos como negativos sobre los
roles y relaciones de género.
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II. Ajuste estructural, globalización y su impacto diferencial sobre mujeres y hombres
Como ya se analizó en la sección anterior, como consecuencia de los shocks de los precios
del petróleo y los altos intereses de la deuda externa a finales de los setenta y a principios
de los ochenta, en 1983 se llevó a cabo la implementación de una serie de medidas de
estabilización y ajuste estructural bajo los auspicios del Programa de Austeridad del
Presidente de la Madrid. La reestructuración y apertura de mercados que data de ese
periodo y que continuó en los noventa en los gobiernos de los presidentes Salinas y Zedillo,
han incluido entre otras cosas, la reestructuración del sector público. Así, las políticas de
ajuste estructural que se insertan dentro del proceso de globalización, han tenido un
profundo efecto en el panorama económico, financiero, comercial y social de México. A
principios de los noventa, la recuperación económica se estaba llevando a cabo, e incluso
México fue clasificado por el Banco Mundial como uno de los países en proceso de ajuste
con mayor éxito. Así, Martín Feldstein resaltó en una conferencia sobre reestructuración
económica mundial que... “los actuales cambios en México son parte de un proceso de
reestructuración económica que modificará y moldeará al mundo entero”... (Feldstein,
1987). Aún así, la pobreza se exacerbó por la presión a la baja ejercida en el ingreso con
salarios congelados y los precios en constante aumento.
Por tal motivo, el gobierno del presidente Salinas no tardó en darse cuenta de que la
apertura económica no podría seguir adelante sin la creación de una red mínima de
protección social, ya que de continuar el proceso de empobrecimiento de la población,
podría existir el riesgo de estallido social. En diciembre de 1988, se creó el programa
“Mujeres en Solidaridad”, como parte del Programa Nacional de Solidaridad, con el único
objetivo de mejorar las condiciones de vida de las mujeres en situación de pobreza en los
ámbitos urbano y rural. Este programa significó un esfuerzo importante del Gobierno
mexicano para atender los efectos adversos que el proceso de Ajuste estructural tuvo
sobre los pobres, pero aparentemente fue insuficiente para implementar una red de
seguridad para los grupos más vulnerables. Sin embargo, a pesar de este programa, los
cambios estructurales han sido implementados a un alto costo y con consecuencias
importantes para una gran proporción de la población mexicana. En muchos hogares, su
sobrevivencia dependió de agrupar el ingreso de los miembros de la familia. (Beneria,
1991; Chant, 1996a, 1996b; González de la Rocha, 1994). A pesar de que antes de las crisis
de los ochenta y de 1995 ya existían severos problemas, todos los indicadores parecen
sugerir que la redistribución de recursos generada por las crisis y las políticas de ajuste han
intensificado las desigualdades.
Al analizar las respuestas que tuvieron los hogares en México a los procesos de ajuste, es
posible ver que las soluciones particulares de las mujeres difieren en naturaleza y magnitud
dependiendo de dos factores principales: 1) El contexto económico en que los programas de
ajuste tuvieron lugar y; 2) La amplia gama de roles y relaciones de género particulares a
distintas regiones. Adicionalmente, es relevante revisar la vulnerabilidad de los hogares, ya
que es útil para entender los procesos a través de los cuales algunos de ellos o en la mayoría
de los casos los hombres, sufren menos los duros efectos de la pobreza. La vulnerabilidad
de acuerdo a Moser (1992) es la “inseguridad en el bienestar de los individuos, hogares o
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comunidades a la luz de un entorno cambiante”. Entre más activos posea la gente, menos
vulnerable se vuelve. Estos activos de acuerdo a la clasificación de Moser son: trabajo,
capital humano, activos productivos (como vivienda), relaciones intrafamiliares y capital
social. La cantidad y calidad de estos activos puede jugar un papel significativo no sólo en
estrategias de sobrevivencia, sino en las relaciones de género.
Ante la redefinición de un Estado de bienestar y de esfuerzos colectivos para asegurar la
sobrevivencia diaria, fue al nivel del hogar donde se libraron las batallas más cruentas. La
mayoría de los hogares estaban sobreviviendo, incluso a un costo muy alto. Entonces surge
la pregunta, ¿Qué clase de arreglos llevaron a cabo para sortear la crisis? Beneria (1991)
clasifica los diferentes mecanismos bajo tres categorías básicas: (a) ajustes en el mercado
de trabajo.- Aumento en el número de los miembros del hogar participando en el mercado
de trabajo, para contribuir al ingreso familiar. (b) cambios en el presupuesto del hogar y (c)
la reestructuración de la vida diaria.- Lo que básicamente significa cambios en los hábitos
de compra, (comida de menor contenido proteínico, menor atención a la salud, etc.) .
Analizar los efectos de la pobreza en las relaciones de género respecto al trabajo es
fundamental, ya que el trabajo es el activo más importante con que cuentan los pobres. Una
respuesta frecuente de los hogares pobres cuando el ingreso empieza a disminuir es
movilizar fuerza de trabajo adicional, principalmente la de las mujeres, pero en los hogares
más pobres, incluso la de los niños. Al mismo tiempo, el tiempo no pagado de las mujeres
al nivel doméstico y de la comunidad aumenta para compensar los recortes en el gasto
público, así como para asegurar un mínimo de consumo doméstico a la luz de los
presupuestos socabados. En términos de efectividad, la estrategia de movilizar la capacidad
de obtener ingreso de las mujeres (y otros miembros del hogar) durante los años de crisis
parece haber sido razonablemente exitosa en términos de mantener el nivel del ingreso
doméstico a niveles de subsistencia. Pero, más que nunca, las mujeres tuvieron menor
estabilidad en el empleo, ya que son más fácilmente expulsadas del empleo formal que los
hombres, pues es común la creencia de que “las mujeres no tienen familia que mantener”.
El gran amortiguador de las caídas del empleo ha sido la ocupación informal, que ha
presionado incesantemente los salarios a la baja, como mecanismo de ajuste, ya que en ese
sector la flexibilidad salarial a la baja es más acentuada. En algunos momentos, también fue
importante como medio de contención del desempleo urbano la posibilidad de retorno a las
zonas rurales, aunque evidentemente esto ya no sucede en la actualidad, porque a su vez la
caída del empleo en la agricultura se compensa con mayor ocupación en el comercio y en el
sector informal, con más empleo sin pago y con mayor migración hacia Estados Unidos.
Entre 1988 y 1993 se registraron cambios en la distribución entre empleo formal e informal
de los hombres y mujeres ocupados en localidades de 100,000 y más habitantes: la
proporción de mujeres en el sector informal era más elevada que la de los hombres –43.5
contra 36.1 en 1988, y 40.5 contra 37.2 en 1993-, si bien la informalidad entre las primeras
ha disminuido y aumentado entre los segundos. Esto puede explicarse por una reducción de
la cantidad relativa de hombres en el sector formal, que pasó de 68.8 a 65.9 % (UNIFEM,
1999).
La literatura general se refiere al extenso triple rol de las mujeres, comparado con las
actividades mucho más estrechas que llevan a cabo los hombres (principalmente la
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19
generación del ingreso). Este modelo se aplica en muchos aspectos a México. Tal y como
lo identificó Moser “el triple rol” alude a (1989, 1992) es:
1.
Reproducción del hogar (trabajo doméstico y cuidado infantil).
2.
Producción (actividades generadoras de ingreso).
3.
Mantenimiento de la comunidad (por servicios no proporcionados por el Estado).
Aunque al combinar el triple rol, las mujeres enfrentaron una carga que es injusta, se
observaron algunos cambios positivos en relación al papel reproductivo, aunque esto varíe
de acuerdo al nivel de educación y la clase.
Es también muy importante remarcar el papel que jugó la familia mexicana como una
estrategia de sobrevivencia. Las familias mexicanas, tradicionalmente han jugado papeles
importantes en las relaciones sociales, y la crisis ha intensificado las fuerzas contradictorias
al interior de la familia. Por un lado, es la única fuente de protección para todos sus
miembros. La familia es esencial para la sobrevivencia, para la actividad social, el cobijo, el
amor, la protección y la diversión (Beneria, 1991). Por el otro, esta cooperación se da en un
contexto de “unidad forzada” e incrementa las tensiones existentes (González de la Rocha,
1990). Como resultado de la crisis, muchas familias nucleares se extendieron, y en ellas, la
delegación/participación del trabajo reproductivo de otros miembros, permitió a las jefas de
familia o a las esposas, mayor flexibilidad en el uso de su tiempo. Las segundas incluso
tuvieron oportunidad de ganar fuentes independientes de ingreso, las cuales de otra manera
les hubieran Estado negadas. Adicionalmente, el hecho de que las unidades domésticas se
extendieran y/o los cambios en las estrategias para obtener ingresos múltiples, parecieron
estar asociadas (al menos en México) con la democratización en la toma de decisiones del
gasto al nivel doméstico. Esto es positivo tanto para las mujeres como para los infantes de
los hogares encabezados por varones, ya que tienden a disfrutar de una mayor proporción
del ingreso familiar comparado con los encabezados por mujeres (Chant, 1991). Incluso,
donde las fuentes de ingreso domésticos no se extendieron con este blanco en mente, el
hecho es que las familias extensas están caracterizadas por un mayor número de miembros
con ingreso, mayores niveles de responsabilidades compartidas y una distribución más
equitativa de los ingresos o beneficios entre los miembros dependientes. Se ha observado
que las mujeres que obtienen su propio ingreso tienen mayor poder de negociación en la
repartición del ingreso familiar y tienen mayor posibilidad de usarlo en beneficio de todos
los miembros del hogar.
Finalmente, es importante notar que las presiones de la crisis económica pueden ejercer
fuerzas opuestas al capital social (las redes de confianza, normas y reciprocidad alojadas en
la organización social (Moser, 1989)) tanto reforzándolo en la medida en que las redes de
reciprocidad son puestas a prueba, y erosionándolo, en tanto la habilidad de los hogares
para abastecerse se termina y la confianza de la comunidad se viene abajo. En México, las
mujeres, que tradicionalmente son medulares a las redes intracomunitarias de amigos,
familias y vecinos, también trabajan mucho más duro para mantener o intensificar los lazos
que perciben como fuentes vitales de abrigo, comida, apoyo económico, información
laboral y demás (de Barbieri y de Oliveira, 1989). La evidencia sugiere que los hogares
más vulnerables no pudieron beneficiarse del capital social y de ahí que enfrentaran los
efectos más severos del ajuste.
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Globalización y su impacto en género
Los estudios de la globalización y sus efectos sobre la gente se concentran en el ingreso, el
empleo, la educación y otras oportunidades. Menos visibles, y con frecuencia descuidados,
son los efectos sobre el trabajo de atención y cuidado, la tarea de atender a los
dependientes, los niños, los enfermos, los ancianos, y al resto de la población, agotados por
las exigencias de la vida diaria. El desarrollo humano es nutrido no sólo por el aumento del
ingreso, la escolaridad, la salud, la potenciación y un medio ambiente limpio, sino además
por la atención (PNUD, 1999). Y la esencia de la atención se halla en los lazos humanos
que crea y suministra.
La atención, a veces designada como la reproducción social, es también esencial para la
sustentabilidad económica. La globalización está sometiendo “a tensión” el trabajo de
atención y cuidado. Los cambios de la forma en que los hombres y las mujeres usan su
tiempo someten “a tensión” el tiempo disponible para la atención. Las presiones fiscales
sobre el Estado someten “a tensión” los recursos destinados al gasto público para los
servicios de atención. Y la diferencia salarial entre los sectores comerciables y no
comerciables somete “a tensión” los incentivos para prestar servicios de atención y cuidado
en el mercado. El género es un factor importante en todos esos efectos, por cuanto son las
mujeres del mundo quienes cargan con la responsabilidad principal de esas actividades, y
con la mayor parte de su peso.
La globalización lleva a la feminización de la mano de obra, pero el resultado es mixto.<