El reciente tratado que limita que los ciudadanos estadounidenses detenidos en Colombia por violaciones a los DDHH sean juzgados por la Corte Penal Internacional, deja la puerta abierta para que los crímenes de guerra que se cometen contra las mujeres queden en la impunidad.

(Mujereshoy) El pasado 18 de septiembre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos llegaron a un acuerdo para restringir la posibilidad de que ciudadanos y ciudadanas del país del norte sean llevados a la Corte Penal Internacional (CPI), estableciendo que el país latinoamericano podrá enviar estadounidenses a la CPI sólo con el aval de Washington.

El tratado, que facilitará el desembolso de 130 millones de dólares en ayuda militar norteamericana a Colombia durante este año, determina que el tribunal internacional no tendrá durante los próximos siete años competencia sobre los crímenes de guerra que se puedan cometer en el convulsionado país.

Dicha resolución podría dejar en la impunidad los delitos basados en la violencia de género que se cometen en el actual conflicto armado colombiano. Los crímenes y el atropello a los derechos de las mujeres fue constatado por la relatora especial de violencia contra la mujer de la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas, tras su visita al país durante 2002.

Es por esto que las organizaciones de derechos humanos y de mujeres han dado la voz de alerta sobre las nefastas consecuencias que podría tener este convenio que “cubrirá” a unos mil 500 militares estadounidenses que se encuentran en Colombia, entre ellos integrantes de las Fuerzas Especiales que estrenan al ejército local.

El personal uniformado norteamericano se encuentra en el país apoyando la lucha contra el narcotráfico y los grupos armados que combaten en el conflicto interno, que ya se prolonga por cuatro décadas.

La canciller colombiana Carolina Barco aseguró que el acuerdo no se trata de impunidad directa, “la persona que cometa un delito estando en Colombia, será juzgado aquí, o lo podría hacer Estados Unidos. Estamos hablando de que ese crimen sería castigado y si la corte llegará a solicitar la persona, se le preguntaría a Estados Unidos”, dijo.

El propio presidente colombiano, Alvaro Uribe, también defendió el convenio al que llegó su gobierno, tras un año de negociaciones, con Estados Unidos, “la Corte Penal es un tratado multilateral. Hay unos países que participan como Colombia, y otros no, como Estados Unidos”, declaró.

Por su parte, el relator especial de la CPI, Lloyd Axworthy, expresó su inconformidad con la resolución alcanzada entre ambos gobiernos. El personero dijo que en principio la decisión se constituye en una violación de Colombia al tratado general de la CPI.

La Corte Penal Internacional (CPI) fue establecida para juzgar a los y las acusadas de perpetrar genocidios, crímenes de guerra y abusos sistemáticos de los derechos humanos.

Washington apoyó la creación de este tribunal en 1998, pero tras el cambio de mando en 2001, el presidente George W. Bush retiró a su país del acuerdo.

Poco después suspendió a 35 países que no habían firmado acuerdos para la inmunidad de sus ciudadanos. Colombia, el mayor receptor de ayuda militar norteamericana en América Latina, se encontraba desde julio pasado en dicha lista, de la que ahora salió, tras esta concesión de impunidad a los y las estadounidenses que dentro de su territorio violen los derechos humanos.