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LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN AMÉRICA LATINA

Por Yifat Susskind
Directora Asociada, MADRE

Mayo 2000

La violencia contra las mujeres en América Latina refleja tendencias globales mediadas por las historias y las condiciones específicas de la región, entre las cuales se encuentran la colonización, guerras, migraciones y el neoliberalismo. Al igual que en otras regiones, la violencia basada en el género fue esencial en la conquista europea de América Latina estableciendo un patrón destructivo y sútil en el cual las mujeres indígenas han sido desproporcionadamente el blanco de violaciones como arma de guerra. Mujeres no Indígenas también han sido abusadas durante los conflictos armados, incluyendo más de 70 intervenciones militares estadounidenses en sus países. Bajo los regímenes militares de los años setenta en los países del Cono Sur, miles de mujeres sufrieron la desaparición y el asesinato de sus hijas e hijos y de otros seres queridos, mientras que presas políticas fueron sistemáticamente sometidas a torturas sexuales. La violencia contra las mujeres fue también una táctica extensa contra la insurrección en Centroamérica en los años ochenta; mientras que en los noventa, las mujeres en el estado fuertemente militarizado de Chiapas, México, fueron sometidas a violaciones, prostitución forzada y a la servidumbre obligatoria en campos militares.

Las mujeres activistas en las luchas por la liberación y la democracia en la región durante los años setenta y ochenta desarrollaron gradualmente un movimiento autónomo que creció desafiando la violencia contra las mujeres. Sin embargo, la derrota y la cooptación de las luchas de liberación en los noventa impidieron la implementación de políticas progresistas, incluyendo la lucha contra la violencia de género. En Nicaragua, por ejemplo, la derrota electoral de los Sandinistas en 1990 reforzaron a la iglesia católica y sus políticas opresivas de género. La jerarquía de la iglesia, poderosa institución en todos los países de América Latina, refuerza la violencia de género estimulando la reconciliación en casos de violencia doméstica y negando los derechos reproductivos de las mujeres. El fin de los conflictos armados también creó nuevos espacios políticos en los cuales las mujeres se han movilizado para lograr agendas en contra de la violencia. Por ejemplo, las mujeres guatemaltecas han exigido reformas legislativas en el contexto de los Acuerdos de Paz en 1996.

Como el sector más marginado de las sociedades de América Latina, a las mujeres indígenas se les niega el acceso a la mayoría de los servicios públicos, incluyendo educación, asistencia médica, protección policial, servicio telefónico y transporte, los cuales podrían prevenir o erradicar la violencia. De hecho, los servicios públicos son en sí mismos la causa de violencia contra las mujeres indígenas. Por ejemplo, en numerosos países de América Latina mujeres pobres e indígenas buscando atención médica profesional han sido esterilizadas en contra de su voluntad, Muchas mujeres indígenas rurales no hablan español fluído, que es el idioma de la educación pública, de los medios de comunicación y de las cortes. Incluso dentro del movimiento de mujeres, el racismo persistente implica que los programas para combatir la violencia contra mujeres generalmente no incluyen segmentos diseñados por mujeres indígenas y por lo tanto no tratan adecuadamente los problemas que les afectan.

Las guerras y las crisis económicas han incrementado el desplazamiento y la migración de millones de personas en América Latina. Estas mujeres son particularmente vulnerables al abuso de los soldados, los bandidos y los "coyotes" (las guías que ofrecen transporte ilegal a los Estados Unidos). Al igual que en otras partes, en América Latina comunidades de refugiados muestran altos niveles de violencia doméstica. El desplazamiento quiebra el ambiente que permite a mujeres resolver sus necesidades familiares, accionando algunas veces el abuso como una reacción al fracaso de las mujeres en la satisfacción de este rol social primario. Las mujeres refugiadas, quienes desconocen o son temerosas de las autoridades locales, poseen poco acceso a recursos legales. Aquellas desplazadas dentro de sus fronteras nacionales, como los cientos de miles de mujeres y hombres campesinos colombianos y guatemaltecos desplazados de sus tierras por violencia política, carecen de personería jurídica como refugiados, y por lo tanto se les niegan servicios o protección por parte de autoridades internacionales.


EL FACTOR ECONÓMICO

Un estudio sobre Nicaragua del Banco Interamericano de Desarrollo en 1996 revela estrechas relaciones entre la dependencia económica de las mujeres sobre los hombres y el abuso físico. Esta correlación existe internacionalmente y sin embargo, el empleo no garantiza la eliminación de la violencia doméstica. Muchas mujeres de América Latina denuncian a familiares hombres que utilizan la violencia o la amenaza de violencia para quitarles sus ganancias, incluso el lugar de trabajo en sí mismo es un sitio de abuso para miles de mujeres. De hecho, el sector más emblemático del rol de América Latina en la economía global es también el más notorio para el abuso de mujeres. Las fábricas de manufactura para la exportación o maquilas, emplean principalmente a mujeres, a las cuales se les paga menos que a los hombres, trabajan más y están sujetas a peores condiciones de trabajo. Muchas de estas mujeres son migrantes que han dejado detrás las redes sociales que podrían proporcionarles protección contra la violencia. Los ejemplos reportados de violencia contra mujeres en maquilas incluyen humillación, acoso e intimidación sexual, asaltos sexuales y golpes, cateos, pruebas de embarazo forzadas, el despido de trabajadoras embarazadas y la violencia contra activistas sindicales.

El auge de las maquilas caracteriza al proceso de reestructuración económica neoliberal que se extendió en América Latina a fines del siglo XX. Estas políticas, incluyendo la privatización y los programas de ajuste estructurales, han intensificado la pobreza, la urbanización, la migración y el empleo de mujeres induciendo rápidos cambios en estructuras sociales tradicionales a lo largo de la región. La violencia contra mujeres era una manifestación de las tentativas de los hombres de reafirmar la autoridad tradicional y hacer frente a la crisis económica. La privatización de hospitales y escuelas y el desplazamiento de la población campesina por negocios agrícolas han significado una amenaza vital para mujeres y muchachas pobres, quienes reciben menos asistencia médica, educación o alimentos en comparación con los muchachos y los hombres.

Los programas de ajuste estructurales, instituídos en casi cada uno de los países de América Latina han suspendido drásticamente los servicios públicos que ayudan a prevenir la violencia de género, incluyendo la educación, el tratamiento contra el abuso de drogas, la capacitación laboral y los programas de desarrollo de liderazgo de mujeres. Los programas de ajuste estructurales también han reducido radicalmente los recursos que apoyan a sobrevivientes de la violencia y proporcionan alternativas a las situaciones de abuso, incluyendo asesoramiento, refugios, asistencia médica y hogares subsidiados. En comunidades pobres, los índices de natalidad aumentan cuando el acceso de mujeres a la educación, la información y a la asistencia médica reproductiva disminuye. Una mayor cantidad de niñas y niños significa una mayor dependencia en los salarios masculinos, lo cual aumenta la vulnerabilidad a la violencia masculina.

Siglos de explotación económica por el Norte global han generado una preocupación dominante en América Latina particularmente en la pobreza gradual en Centroamérica. Sin embargo, las estrategias neoliberales de desarrollo, que confían en indicadores macroeconómicos como el crecimiento de la exportación y el Producto Interno Bruto, tienden a desatender el impacto de la violencia de género en la sociedad. Por ejemplo, en 1998 después del huracán Mitch, uno de los peores desastres naturales registrados en Centroamérica, las estrategias de desarrollo fueron estrechamente concentradas en la reconstrucción industrial. Las crisis en comunidades pobres, incluyendo aumentos en las denuncias de violencia doméstica asociadas al trauma de la tormenta, fueron desatendidas. América Latina tomó la iniciativa de estrategias de desarrollo potencialmente igualitarias como la reforma agraria. Pero la implementación discriminatoria de estos programas ha concentrado los recursos de la tierra en las manos de los hombres, reforzando de esta manera la subordinación de las mujeres, la raíz de la violencia contra mujeres.

Mientras que las oportunidades económicas de las mujeres de América Latina se reducen y la epidemia del SIDA llevó el turismo sexual fuera de Asia, el tráfico sexual ha incrementado en toda la región. La industria del turismo sexual en Brasil utiliza aproximadamente 500 mil muchachas menores de 14 años de edad. Millones de muchachas son utilizadas como prostitutas en campos mineros lejanos bajo condiciones de esclavitud. La ciudad de Guatemala se ha convertido también en un centro internacional de tráfico sexual con muchachas de toda Centroamérica secuestradas y forzadas a trabajar como prostitutas.


DESAFIANDO LA VIOLENCIA

El movimiento de Mujeres de América Latina es reconocido internacionalmente por sus avances en combatir la violencia contra las mujeres. América Latina fue la primer región del mundo donde todos los países ratificaron la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la primera en formular un instrumento legal explícitamente diseñado para erradicar la violencia de género: Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer. Como el 25 de Noviembre, día internacional contra la violencia contra mujeres, es una iniciativa de América Latina.

Hasta los años noventa la mayoría de los países de la región carecieron de cualquier legislación sobre violencia doméstica. Para el final de la década, la mujeres organizándose han conseguido nuevas leyes en casi cada uno de los países aunque las políticas neoliberales habían socavado recurrentemente las capacidades de los gobiernos de resolver sus obligaciones legales. Por otra parte, muchas leyes continuaron trivializando la violencia de género como una ofensa civil más que criminal, descuidando la prevención y rehabilitación como puntos claves para erradicar la violencia, discriminando a las mujeres y exonerando a los violadores que ofrecieron casarse con sus víctimas, y negando la indemnización a mujeres que deberían recibirla reconociendo como "lesión" solamente cuando las víctimas fueron incapacitadas para cualquier trabajo remunerado. Incluso leyes progresistas son paralizadas a menudo por la falta de voluntad política para implementarlas.

Las campañas regionales para establecer refugios de mujeres, mejorar el cuidado de la salud de las sobrevivientes al abuso, realizar investigación y desarrollar los programas de capacitación sobre género para las servidoras y servidores públicos han sido conducidos por grupos como la Red de Mujeres de América Latina y del Caribe contra la violencia doméstica y sexual y CLADEM, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres.

Cientos de organizaciones en toda América Latina trabajan localmente para desafiar la violencia de género. MADRE, una organización internacional de derechos humanos de la mujer, apoya iniciativas locales de mujeres contra la violencia en Chiapas, México, Guatemala y Nicaragua. Estos programas reconocen la indivisibilidad de los derechos humanos tratando el papel de la violencia en la vida de las mujeres, ya sea en el trabajo, en las calles o en el hogar. En Chiapas, K’inal Antzetik (“Tierra de las Mujeres” en el idioma indígena Tzetzal) una organización hermana de MADRE, ofrece talleres sobre salud reproductiva, atención médica y servicios de salud mental para mujeres sobrevivientes de la violencia doméstica y militar. El programa identifica un enfoque dialéctico entre la lucha de los Pueblos Indígenas en Chiapas y los derechos de las Mujeres Indígenas dentro de sus comunidades.

En la ciudad de Guatemala, MADRE apoya a GRUFEPROMEFAM (Grupo de Mujeres por la Mejora de la Familia), organización que realiza talleres de concientización para sobrevivientes de violencia de género, conduce campañas de toma de conciencia pública, cabildea para la reforma legislativa, y provee a las trabajadoras de la maquila de capacitación legal y la ayuda social necesaria para luchar contra los abusos en su lugar de trabajo. En la Costa Atlántica de Nicaragua, Wangky Luhpia (“Niños del Río” en el idioma indígena Miskito) brinda tratamiento sobre abuso de drogas y programas de desarrollo de liderazgo que tratan el tema de la violencia contra las mujeres; mientras que la Universidad regional capacita a miembros del gobierno y líderes locales sobre la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas.

Después de más de dos décadas de luchar contra la violencia de género, los desafíos fundamentales de las activistas de América Latina son aquellos compartidos por todas las mujeres a nivel global: Transformar las actitudes sociales que reproducen la violencia masculina y oponerse a todas las políticas que violen los derechos humanos de las mujeres.

©MADRE, Inc.


 

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