asiente sobre la negación de los derechos humanos, o sobre manifestaciones de marginación basadas en factores
de género. El concepto de desarrollo humano se basa en convertir a la persona —hombre y mujer— en protago-
nista y beneficiario del desarrollo, sin exclusión de ningún tipo. Por su parte, la segunda de las perspectivas men-
cionada defiende la política de género desde la convicción de que la participación de las mujeres en el diseño y
gestión de las acciones de desarrollo es necesaria para dotar de viabilidad y eficacia a tales intervenciones. En este
caso, por tanto, son razones funcionales, ligadas a la eficacia de la ayuda las que respaldan las políticas de géne-
ro. Incluso llega a afirmarse —con razón— que la inversión en la mujer genera una tasa de retorno mayor que la
inversión equivalente en el hombre, debido al papel crucial que la mujer desempeña como sostén de la familia,
como educadora, como generadora de prácticas nutricionales y sanitarias y como portadora de responsabilidad
social.
Aun cuando resulte legítimo esgrimir ambas perspectivas como razones justificativas de una política en favor de
la igualdad de oportunidades entre los hombres y mujeres, no cabe duda que es la primera de las dos la que apor-
ta una interpretación más cabal de los propósitos de la acción en este campo. En el segundo caso, la utilización de
la política de género parece más instrumental, sin que necesariamente comporte un cambio sustancial y sistémico
en la situación de las mujeres.
En respuesta a uno y otro argumento, la comunidad de donantes ha tratado de diseñar, con diverso grado de
consecuencia según los casos, una estrategia de género en el marco de su política de ayuda (Cuadro 1). Una buena
parte de los donantes se refieren a equidad de género en sus principios —Noruega, Canadá, Australia, Dinamarca,
Finlandia, Irlanda, Holanda, Suiza, Suecia, Nueva Zelanda, Estados Unidos y el Reino Unido— y, algunos, la han
situado como un tema transversal en sus prioridades de acción política, elaborando líneas directrices, desarrollan-
do programas de formación, institucionalizando mecanismos para la inclusión efectiva de esta perspectiva en la ges-
tión de proyectos y programas o realizando evaluaciones del impacto de sus actividades. Otros donantes, sin embar-
go, —es el caso de Alemania, Italia, Bélgica, Austria, Francia, Portugal o España— se encuentran más rezagados
en ese proceso, sin que hayan logrado definir posiciones doctrinales y formulaciones estratégicas acabadas sobre la
materia.
A pesar de estos progresos, existe una cierta impresión de que las cuestiones de género no pasan de ser, por el
momento, un apéndice obligado a las políticas convencionales, y no tanto un enfoque que condicione e impregne la
definición estratégica y los valores de las instituciones y las personas comprometidas con la ayuda. Queda, por tanto,
un amplio camino por recorrer para convertir en principios operativos las posiciones doctrinales referidas a las cues-
tiones de género, actuando en consecuencia tanto en lo que se refiere a la asignación de recursos como en la puesta
en práctica de las medidas correctivas necesarias en las políticas y en el interior de las instituciones. A este respecto,
merece la pena señalar algunas de las experiencias más exitosas en éste ámbito de la cooperación al desarrollo.
En el contexto europeo, son los países nórdicos los que más han avanzado en este campo, tanto en la defini-
ción doctrinal como en la puesta en práctica de estrategias integradas en materia de género. Entre ellos, Suecia des-
taca por la gran atención otorgada a la igualdad entre hombres y mujeres, tanto en el plano nacional como en la
cooperación al desarrollo. Desde 1996, la igualdad entre hombres y mujeres es uno de los cuatro objetivos especí-
ficos de su esfuerzo en materia de cooperación y es una prioridad transversal que informa todas sus acciones. Además
de iniciativas específicas dirigidas a «empoderar» a las mujeres y a involucrar a los hombres en la promoción de la
igualdad de género, se han desarrollado instrumentos analíticos, como el análisis de género, acciones de sensibili-
zación y formación o la producción de estadísticas desagregadas por sexo. La cooperación sueca cubre las doce prio-
ridades señaladas en la Plataforma para la Acción, con especial atención a los derechos humanos de las mujeres y
a su participación en los procesos de decisión social. En lo que se refiere a la reducción de la pobreza, SIDA —la
agencia sueca de desarrollo— presta particular atención a la salud reproductiva y a la educación.
Para Noruega, el fortalecimiento de la posición de las mujeres y la promoción de la igualdad de género es uno
de los objetivos básicos de la política de desarrollo con los países del Sur, tanto en el ámbito bilateral como en el
multilateral . El respeto a los derechos de las mujeres se ha convertido en una condición explícita para el estable-
cimiento de una relación de cooperación. El diálogo continuado con los socios, el apoyo a instituciones y organi-
zaciones con responsabilidad directa en la mejora de la situación de las mujeres, junto con una activa promoción
de las cuestiones de género en las instituciones multilaterales y en las propias ONGD noruegas, son algunos de los
instrumentos utilizados para promover la integración de la perspectiva de género en las políticas de desarrollo nacio-
nales.
La nueva estrategia de cooperación de Dinamarca señala la extraordinaria importancia de incorporar a las muje-
res en el proceso de desarrollo. De hecho, los aspectos relativos a la equidad de género figuran como una priori-
dad transversal en la política de cooperación danesa. Su principal objetivo es fortalecer el papel de las mujeres en
los procesos de desarrollo. Para ello, se declara que los aspectos relativos a las mujeres se tratan de analizar en
relación con los esfuerzos concretos de la ayuda al desarrollo. Asimismo, se trata de formular planes y objetivos
medibles con el fin de mejorar la situación de las mujeres en los países en desarrollo