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SÓLO EN ESPAÑOL CEPAL Comisión Económica Para América Latina y el Caribe Naciones Unidas, Santiago de Chile
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SÓLO EN ESPAÑOL
CEPAL
Comisión Económica Para América Latina y el Caribe
Naciones Unidas, Santiago de Chile
DESARROLLO SUSTENTABLE, MANEJO DE RECURSOS
DE AGUA Y GÉNERO
María Nieves Rico
1
“Prepared for delivery at the 2000 meeting of the Latin American Studies
Association, Hyatt Regency Miami, March 16-18, 2000”
1
Antropóloga social argentina. Oficial de Asuntos Sociales de la Unidad Mujer y Desarrollo de la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL), Naciones Unidas. Las opiniones vertidas en la ponencia son de responsabilidad
de la autora y no comprometen a la institución.
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DESARROLLO SUSTENTABLE, MANEJO DE RECURSOS DE AGUA Y GÉNERO
INTRODUCCION
La sociedad global enfrenta, a los inicios de un nuevo siglo, el agotamiento de un estilo de desarrollo,
insostenible en el mediano y largo plazo, caracterizado por ser nocivo para los sistemas naturales, así como
desigual y excluyente para las personas, y que es el resultado de importantes insuficiencias estructurales en las
estrategias de crecimiento económico adoptadas.
Por esto, es evidente la necesidad de transitar hacia un nuevo estilo de desarrollo, y por ende a una nueva
conceptualización y práctica del mismo, definidas por su sustentabilidad tanto desde la dimensión ecológica y
ambiental como desde las perspectivas social, económica y política. En este contexto, América Latina tiene el
desafío de crecer con equidad, que incluye la igualdad entre varones y mujeres, asegurando el manejo sustentable
de los recursos naturales y del medio ambiente. Con este objetivo, dada la heterogeneidad y complejidad de
situaciones y problemas que enfrenta la región, es necesario aplicar un enfoque integrado que contemple políticas
intersectoriales, de efectos múltiples que ofrezcan opciones diversificadas, ya que la superación de los problemas
ambientales exige cambios fundamentales en la organización social y no simplemente la introducción de
modificaciones técnicas (CEPAL, 1991; 1992a).
En este marco, la incorporación al proceso de desarrollo de la temática ambiental vinculada a la equidad
de género exige un esfuerzo sistémico. Esto responde a la certeza que los problemas ambientales revelan
disfunciones de carácter sociopolítico y económico, y que las consecuencias sobre el medio ambiente del modo en
que se utilizan los recursos están condicionadas por las modalidades de relación existentes entre los distintos
segmentos sociales.
En la actualidad, la agenda del desarrollo incluye como un tema emergente la necesidad de asegurar que
los roles que desempeñan las mujeres y su participación activa en los procesos de adopción de decisiones estén
presentes en el proceso para lograr la sustentabilidad. Para alcanzar este objetivo las mujeres son tanto una fuerza
de apoyo al manejo adecuado del medio ambiente, como una fuerza de exigencia de mejores condiciones de
calidad de vida y de equidad social. Es notable que, tal como lo señala Caren Levy (1992), se encuentra
una semejanza de destinos entre las problemáticas de género y del medio ambiente. Las dos cobraron relevancia
gracias al activismo de movimientos sociales: el feminista y el ecologista, y para ambas se crearon departamentos,
proyectos y programas específicos, con el resultado general de ser marginales a la corriente principal del
desarrollo, con limitados recursos humanos y materiales y dificultades para su institucionalización. Asimismo, se
observa que las iniciativas "de las mujeres" y "del medio ambiente" compiten unas con otras por los recursos
disponibles, en vez de ser complementarias.
Ante esto, se tiende a enfatizar la naturaleza institucional del problema y se aboga por lograr que se
produzca una coordinación de estrategias y esfuerzos entre quienes están encargados de los proyectos ambientales
y quienes lo están del tema de género. Sin embargo, la visión sistémica que se desprende de la conceptualización
del desarrollo sustentable, supone más que eso, requiere un cambio de enfoque y de mentalidad para que la
sensibilidad ambiental se abra a la comprensión de las implicaciones de la equidad social, y que aquellos que se
posicionan en el logro de la justicia, la igualdad y la equidad social y de género dimensionen nuevas formas de
relación con el medio ambiente natural y construido. Frente a esta tarea, ya que ambos temas cruzan
transversalmente a todos los sectores de la planificación del desarrollo, además de relacionarse entre sí, el desafío
es identificar, para luego priorizar, las áreas en que ambas problemáticas se apoyan recíprocamente, así como
aquellas donde entran en conflicto, para avanzar en propuestas de políticas públicas.
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El agua se ha convertido en un recurso estratégico, tanto porque su control es fuente de poder y de conflictos
sociopolíticos como porque es un elemento central en el impulso de una política de desarrollo sustentable. La
complejidad de los distintos procesos sociales, económicos y políticos que ocurren en torno a los recursos hídricos, y las
demandas de sustentabilidad, eficiencia y equidad hacia el estilo de desarrollo que se implementa en América Latina
requieren de nuevas y mejores perspectivas de análisis que den cuenta de la heterogeneidad de necesidades existentes en la
población. A su vez, estos procesos adquieren dimensiones particulares cuando se considera la situación y condición
social de las mujeres en relación a los varones y la equidad constituye un objetivo explícito.
En la región, es reciente el esfuerzo de aplicar el análisis de género a temáticas donde la vinculación de los roles
y status de las mujeres no son tan evidentes y hasta el momento no se dispone de muchos estudios y datos que puedan
sustentar acciones de políticas con este enfoque. Sin embargo, consideramos imprescindible iniciar un trabajo en esta
dirección, donde se aborden aspectos macroeconómicos regionales y nacionales, y las limitaciones derivadas del
endeudamiento, las crisis fiscales y las restricciones presupuestarias, sumadas a las nuevas posibilidades que abrirían las
reformas en la “política del agua”, permitiendo situar en terreno más firme las investigaciones con enfoque de género
sobre los servicios de agua, los mecanismos de regulación estatal y los derechos de la población.
I. EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE SUSTENTABILIDAD Y SU VINCULACIÓN CON LA
EQUIDAD DE GENERO EN LOS ACUERDOS INTERNACIONALES
La noción de sustentabilidad se aplica, en la actualidad, en un contexto de mayor amplitud que en sus
inicios. Esto ha producido confusión en su uso, puesto que las implicaciones de políticas que de ella se derivan, tal
como se utilizó originalmente (stocks físicos aislados), no dan las señales correctas cuando son aplicadas en otro
ámbito. Por este motivo se ha ido elaborando una conceptualización más incluyente y comprensiva, en la cual se
consideran los aspectos sociales, políticos y económicos, además de los naturales, los que se integran en un
objetivo común: el desarrollo sustentable.
En la década de los ochenta, la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo analizó los
estilos de desarrollo y sus repercusiones para el funcionamiento de los sistemas naturales, subrayando que los
problemas del medio ambiente se encuentran directamente relacionados con los de la pobreza, la satisfacción de
necesidades básicas de alimentación, salud y vivienda, las fuentes renovables de energía y el proceso de
innovación tecnológica.
Si bien en las Estrategias de Nairobi (N.U.1985) se indicaba que se deben evaluar las repercusiones
ambientales que las políticas, programas o proyectos puedan tener sobre la salud de la mujer y sus actividades,
incluidas sus fuentes de empleo e ingresos, para eliminar los correspondientes efectos adversos, en el Informe de
esta Comisión no hay conclusiones respecto a la vinculación entre el sistema de género y el medio ambiente ni
tampoco se plantean recomendaciones específicas. Sin embargo, sí contribuyó a que de la visión de las mujeres
como víctimas del deterioro ambiental, se pase a concebirlas como poseedoras de conocimientos y habilidades que
las constituirían en eficientes administradoras del medio ambiente.
Asimismo este Informe (Com. Brundtland, 1987) planteó la sustentabilidad como la posibilidad de
"satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de que las futuras generaciones puedan
satisfacer sus propias necesidades". Esta definición implica incorporar el largo plazo y la solidaridad
intergeneracional como elementos insoslayables en la planificación del desarrollo.
Si bien esta tesis sigue vigente y es profusamente utilizada, no ha estado alejada de controversias. Se le
cuestiona su status científico, y sus implicancias tanto para los programas políticos y económicos ya establecidos
como sobre los que se pretenden concretar. Además, su amplitud la deja expuesta a interpretaciones muy distintas,
lo cual ha conducido a equívocos.
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Uno de los problemas es la falta de consenso sobre cómo medir el bienestar en términos sociales,
proponiéndose definiciones de mayor complejidad. Por ejemplo, Robert Ayres señala que "la sostenibilidad se
concibe como un proceso de cambio en el que la explotación de los recursos, la dirección de las inversiones, la
orientación del desarrollo tecnológico y el cambio institucional está en armonía con y aumenta el potencial actual y
futuro para satisfacer las necesidades y aspiraciones humanas" (citado en Arizpe, et. al. 1993).
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Río de Janeiro, 1992)
estuvo marcada por la conciencia que la pobreza y el deterioro ambiental se encuentran intimamente relacionados,
por lo que la protección del medio ambiente no puede aislarse de ese contexto, requiriéndose cambios importantes
en los patrones de producción y de consumo, así como nuevas formas de relación entre el Norte y el Sur. Además,
el principio 20 de la Declaración de Río expresa que: "Las mujeres juegan un rol principal en el manejo ambiental
y el desarrollo. Por esa razón su participación total es imprescindible para lograr un desarrollo sustentable"
(N.U.1992).
Las mujeres organizadas llevaron a esta Conferencia la Agenda 21 de Acción de las Mujeres donde se
cuestionó el paradigma de desarrollo vigente y se llamó a introducir cambios que aseguren la sustentabilidad y un
estilo de desarrollo centrado en las necesidades y los derechos de las personas, considerándose bases para el
cambio la democracia participativa, el acceso universal a la información, las posiciones éticas y la completa
participación de las mujeres en igualdad con los varones.
En el contexto de América Latina, la CEPAL determinó la necesidad de armonizar los desafíos de tornar
las economías latinoamericanas más competitivas, promover mayor equidad y permitir la preservación de la
calidad ambiental y del patrimonio natural de los países, a la vez que considera la relación entre desarrollo y medio
ambiente como de carácter sistémico. También, sostiene que la sustentabilidad del desarrollo requiere un
equilibrio dinámico entre todas las formas de capital o acervos que participan en el desarrollo económico y social.
Entre éstas cabe destacar el capital humano (en que las personas también representan el sujeto del desarrollo), el
capital natural, el acervo institucional (los sistemas de decisiones), el cultural, el capital físico (infraestructura,
maquinarias y equipos) y el financiero (CEPAL, 1991).
Complementariamente, en el Programa de Acción Regional para las Mujeres de América Latina y el
Caribe, 1995-2001 (CEPAL, 1995a), se constata un acercamiento integral a la articulación mujeres-ambiente,
identificándose como obstáculos para avanzar: la falta de claridad de las propuestas sobre un desarrollo
sustentable que permita un reparto equitativo de sus beneficios entre mujeres y hombres, la caracterización de las
mujeres únicamente como administradoras domésticas de la crisis ambiental y la carencia de oportunidades para
que éstas participen en la identificación, formulación y aplicación de políticas relacionadas con los problemas
ambientales, lo que haría más eficientes sus aportes a la solución de los mismos.
Por su parte, en la Plataforma "Alianza para el Desarrollo Sostenible" firmada por los gobiernos de
Centroamérica en 1994 se entiende al desarrollo sostenible como "un proceso de cambio progresivo en la calidad
de vida del ser humano, que lo coloca como centro y sujeto primordial del desarrollo, por medio del crecimiento
económico con equidad social y la transformación de los métodos de producción y de los patrones de consumo y
que se sustenta en el equilibrio ecológico y el soporte vital de la región. Este proceso implica el respeto a la
diversidad étnica y cultural regional, nacional y local así como el fortalecimiento y la plena participación
ciudadana en convivencia pacífica y en armonía con la naturaleza, sin comprometer y garantizar la calidad de vida
de las generaciones futuras".
En esta misma línea, hay cada vez más acuerdo en que el desarrollo sustentable denota una apuesta por el
cambio social y cultural. Se postula la necesidad de que la sustentabilidad constituya un atributo de la cultura,
donde las concepciones sobre la naturaleza, así como sobre las relaciones sociales conduzcan a una mayor equidad
y al equilibrio de los factores en juego. Pero este proceso demanda que en su construcción participen todos los
actores sociales tanto en las decisiones respecto a la dirección que se le va a otorgar a las políticas como en los
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beneficios del crecimiento económico. En este sentido, la consideración de procedimientos y objetivos igualitarios
para varones y mujeres es ineludible, así como el mejoramiento de la distribución de los recursos, ya sean
naturales, económicos o sociales.
En cierto sentido, el concepto de sustentabilidad es como el de democracia: difícil y fugitivo, pero
indispensable para indicar un punto en el horizonte futuro al cual alcanzar (Arizpe, et. al. 1993). A su vez, los dos
son una forma de abordar el mundo que tiene que construirse a partir de la práctica cotidiana, además de la
implementación de políticas públicas que tengan como fin profundizar a ambos procesos, y ambos están
interconectados debido a que el desarrollo sostenible necesita de una cultura política democrática y participativa en
cuyo seno sea posible mejorar la calidad de vida de la población de manera equitativa. Para esto es crucial la
autonomía y movilización de las mujeres y el mejoramiento de su condición política, social y económica en
igualdad con los hombres como fines en sí mismo así como condiciones indispensables para lograr un desarrollo
sostenible, tal como se señaló en El Cairo (1994) y en Copenhague (1995).
Es destacable la unanimidad respecto de las propuestas en favor de la sustentabilidad. Hoy resulta difícil
encontrar un actor social de importancia en contra del desarrollo sustentable; sin embargo esto no deja de ser
paradojal. Intereses contradictorios y luchas de poder entre distintos grupos e instituciones señalan que no todos
acuerdan en los contenidos y procesos necesarios para alcanzar el desarrollo sustentable, y que la brecha entre la
retórica, la voluntad política y las acciones es muy grande. Los gobiernos, el empresariado, distintos grupos
sociales y movimientos ciudadanos apelan al término sustentabilidad para justificar los actos que se proponen
llevar a cabo y la defensa de sus intereses, los que muchas veces se contraponen entre sí.
En la práctica se observa que si bien la mayor parte de la población mundial adhiere a la conveniencia de
que la meta es el desarrollo sustentable, los desacuerdos se relacionan con las acciones y decisiones necesarias
para alcanzarla y en cómo medir los avances que se logran, tal como se observó en la Cumbre de la Tierra II
(Nueva York, 1997). La sustentabilidad del desarrollo supone aceptar renuncias, nuevos aprendizajes y ciertos
condicionantes tales como la reformulación de los conceptos de crecimiento económico y del propio desarrollo y
los consecuentes cambios en los paradigmas vigentes. También implica incrementar la inversión en el
conocimiento y la información sobre los procesos naturales antes de intervenirlos, redistribuir el acceso, uso y
control de los recursos, potenciar la participación ciudadana en los procesos de adopción de decisiones y asociar el
mejoramiento de la calidad de vida con la equidad.
Además, hay que señalar que más que una meta alcanzable en un plazo determinado, el desarrollo
sustentable sería un estado siempre en transición y en evolución. Por esto, para poder avanzar, se requiere
descomponer el discurso de la sustentabilidad en dimensiones, y dotarlo de criterios operacionales y connotaciones
sectoriales que otorguen a las propuestas contenidos reales, en el marco de un desarrollo integral. En este sentido,
alcanzar un nivel de desarrollo sustentable también supone reconocer las relaciones intersectoriales, nacionales e
internacionales, y los efectos de los factores macroeconómicos sobre las situaciones locales.
Esto se reconoce específicamente en el Programa 21, la agenda mundial de acción para orientar el proceso
de transición hacia la sostenibilidad, donde se instala la noción de interrelación e integralidad de los distintos
factores y áreas de acción. En este documento, si bien se alude a las mujeres a lo largo de los 40 capítulos
sectoriales e intersectoriales, el capítulo 24 se dedica específicamente a su consideración. En éste se enfoca el rol
crucial que cumplen para lograr cambios en el modelo vigente de consumo y producción y se destaca que para el
éxito de la implementación de las resoluciones de la Cumbre de Río se requiere de un activo involucramiento de
las mujeres en la adopción de decisiones político-económicas. A la vez, se proponen acciones que conduzcan a
superar la discriminación que las afecta, tales como implementar medidas para fortalecer y estimular a grupos de
mujeres para su capacitación en el uso y manejo de los recursos y promover la reducción de la enorme carga de
trabajo que tienen mediante la distribución igualitaria de las tareas domésticas entre éstas y los varones.
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En la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y en el Foro de ONGs paralelo, la vinculación entre
género-ambiente-desarrollo sustentable tuvo un lugar protagónico. En la Plataforma de Acción de Beijing se
plantean objetivos estratégicos y medidas en torno a la situación de pobreza que afecta a muchas mujeres, la
necesidad que participen activamente en la adopción de decisiones relativas al medio ambiente en todos los
niveles, y la integración de la perspectiva de género en las políticas y programas para un desarrollo sostenible
(N.U. 1995a).
Específicamente respecto al tema del manejo de los recursos hídricos y su vinculación con la condición de
las mujeres, se podría decir que cobra impulso en la Década de las Naciones Unidas del Agua y del Saneamiento
(1981-1990) y la Conferencia Internacional sobre Agua y Medio Ambiente (Dublin, 1992). De hecho en uno de
los cuatro principios de la Declaración de Dublín se hace referencia al importante papel que cumplen las mujeres en la
provisión, administración y conservación del agua, así como a la necesidad de que estos roles se reflejen en los arreglos
institucionales para el desarrollo del sector. Por su parte, en la Plataforma de Acción de Beijing se indica la importancia
del acceso equitativo de las mujeres al agua para asegurar su salud, de lograr que sus prioridades se incluyan en los
programas de inversión pública para la infraestructura en agua y saneamiento, así como de promover los roles de las
mujeres indígenas y campesinas en el riego y la ordenación de cuencas hidrográficas.
Los países de América Latina suscribieron estos instrumentos, sin embargo, es muy poco lo que se ha avanzado
en la incorporación de sus recomendaciones en las políticas públicas. El hecho que en general éstos y otros de los
acuerdos revisados han enfatizado la situación de las mujeres pobres, sin considerar los obstáculos que enfrentan las
mujeres de otros sectores sociales para alcanzar la equidad con los varones ha sido una limitación para su aplicación.
Además han tendido a responsabilizar a las mujeres como "guardianas del medio ambiente" sin tener en cuenta que ésta
es una tarea de la sociedad en su conjunto y a considerar a las mujeres como un "grupo vulnerable". A lo que se suma
que las recomendaciones no necesariamente reflejan una real incorporación de la perspectiva de género en las
distintas temáticas contempladas.
II. APORTES Y PROPUESTAS DESDE LA PERSPECTIVA DE GENERO AL MANEJO DE LOS
RECURSOS HIDRICOS PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE EN AMERICA LATINA
América Latina presenta una gran diversidad económica, social y ambiental. Es notable la heterogeneidad
respecto a los principales recursos naturales con que cuentan los países, el estado e importancia económica y
cultural de esos recursos, el carácter de los asentamientos humanos, los servicios e infraestructura correspondientes
y los patrones socioproductivos de desarrollo. Asimismo, existe una pluralidad de situaciones en las que se
inscriben las mujeres y los varones y desde las cuales se construyen y reproducen las relaciones de género y las
interacciones con el medio ambiente. Reconociendo esta heterogeneidad haremos referencia a ciertos aspectos
comunes posibles de identificar en cuanto a la situación de las mujeres en los procesos asociados al agua, como
parte del diagnóstico regional. Es necesario destacar que, hasta el momento, el análisis de la vinculación género-agua,
ya sea como un recurso o como un servicio, se ha centrado en el acceso de las mujeres pobres al agua potable,
fundamentalmente en relación con los procesos de reproducción social y las necesidades cotidianas de los hogares. Esto si
bien implica tener en cuenta la economía política del actual escenario del desarrollo, fundamentalmente el peso que tiene
el aumento de pobreza, ha significado cierta estrechez para abordar la temática en todas sus expresiones, así como para
ampliar los aspectos asociados al comportamiento reproductivo de las mujeres a su participación económica y su accionar
político.
En los estudios y proyectos se reconoce que las mujeres han sido "administradoras invisibles" y cotidianas
del medio ambiente. En algunas ocasiones se ha apelado a su papel como soporte ambiental y educadoras
ambientales, valorando sus aportes derivados de los roles que desempeñan pero sin contrarrestar su situación de
discriminación. En otros casos, se las considera un recurso económico o una variable demográfica. Desde otras
posiciones se las coloca como víctimas y por lo tanto como potenciales salvadoras del medio ambiente, mientras
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que otros las consideran las principales depredadoras a partir de las múltiples tareas que cumplen empleando los
recursos naturales y su vinculación con la pobreza. Estas “etiquetas” responden por un lado a ciertos datos de la
realidad, y por el otro a distintas concepciones ideológicas respecto a los vínculos entre las mujeres y el medio
ambiente que es importante dilucidar, para asumir las orientaciones conceptuales y metodológicas que implica la
“perspectiva de género en el desarrollo”, la que a nuestro entender puede liderar un nuevo enfoque en la
investigación y la elaboración de políticas públicas que apunten a la sustentabilidad del manejo de los recursos
hídricos.
En primer lugar, hay que destacar que la construcción de género es uno de los agentes mediatizadores
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de
las relaciones entre las mujeres y los varones con el medio ambiente, produciéndose a partir del concepto de
género un profundo cambio en la delimitación del objeto. Ya no se habla sólo de las mujeres sino de las relaciones
sociales que éstas establecen y del sistema de poder en el que están insertas, renunciando al esencialismo
biologicista dominante en el ecofeminismo o en la línea de pensamiento y de acción Mujeres en el Desarrollo.
Además, la operacionalización del concepto de género lleva no sólo a identificar la desigualdad basada en el sexo
de las personas sino también hace visible uno de los factores que conforman la pluralidad de situaciones de
inequidad en las que se encuentra la población en general.
Debido a que no todas las mujeres experimentan la degradación ambiental y la falta de servicios de igual
manera, ni los problemas ambientales impactan a todas por igual, se requiere, para caracterizar las prácticas de acceso,
uso, propiedad y control de los recursos hídricos, identificar las diferencias existentes al interior de la población femenina,
así como entre ésta y los varones, según los estilos de vida, la localización espacial, la estructura social y la interconexión
de los sistemas de género, clase y etnicidad. Además, es necesario caracterizar roles y status según los patrones de
división de tareas y de adopción de decisiones al interior de las unidades domésticas y productivas y las instancias de
decisión política y económica. Lo anterior impone como tarea identificar las diferencias existentes entre las mujeres
enfatizando el carácter socio-histórico y cultural de los procesos de exclusión y negociación en los que se
encuentran insertas. En este contexto, es importante tener claro que el análisis de género no sustituye otros
análisis, como el de clase o el de las relaciones interétnicas, sino que los complementa y los enriquece planteando
su simultaneidad desde una perspectiva integral, que permite romper con las concepciones parciales maniqueas.
En la región si bien se han realizado en los últimos años esfuerzos significativos en la expansión de los
servicios, aún no se ha logrado suministrar agua potable, de manera eficiente y equitativa, a toda la población
3
. En las
zonas rurales, los porcentajes de población que no tienen acceso al agua potable siguen siendo alarmantes, mientras que
en las áreas urbanas, el esquema de abastecimiento de agua está asociado a una inequitativa distribución, donde los
estratos de mayores ingresos consumen más del doble del volumen utilizado por los más pobres. Esta situación conduce a
considerar los patrones de consumo del agua en todos los ámbitos y los valores culturales que establecen dichos
patrones y los del bienestar, dada su relación con la sobreexplotación del recurso.
Del mismo modo que el acceso al agua potable está mediatizado por el estrato social, y a pesar que los efectos
nocivos del deterioro ambiental y de políticas inequitativas son comunes sobre varones y mujeres, se produce un impacto
diferencial sobre ambos grupos. Este hecho cobra sentido al analizar el grado de exposición a riesgos ambientales, las
posibilidades de resistencia a los mismos y los costos que conllevan, derivados de la mayor o menor vulnerabilidad
2
Se utiliza el concepto mediatizador asumiendo que entre la población y sus especificidades y el estado del medio ambiente, no hay
continuidad causal sino una o más realidades o agentes intermediadores que los relacionan en un proceso dialéctico y que son los que
permiten la explicación de las interconexiones.
3
América Latina adolece de una aguda carencia de agua potable. La cobertura de este servicio es, por ejemplo, del 60% de la población en
Buenos Aires y en Lima. Déficits similiares se encuentran en las redes de alcantarillado, e incluso en ciudades con una amplia cobertura como
Santiago (95%), las aguas usadas no son tratadas y se vierten directamente en el lecho de los ríos. Por su parte, en 1994 el 72.8% de la
población urbana de Paraguay y el 45.5% de los habitantes de las ciudades de Honduras no tenían acceso a saneamiento básico (CEPAL,
1997b).
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biológica y social que tienen las personas, asociadas a las dificultades que presentan las mujeres pobres para
minimizar, filtrar o prevenir los riesgos ambientales, debido a los obstáculos que enfrentan para acceder y
controlar los recursos y participar de los procesos de adopción de decisiones públicas.
La vida cotidiana, entendida como un espacio de cruce de relaciones micro y macro sociales, donde se
mide la calidad del estilo de vida, es el escenario apropiado para leer las conexiones entre la vida de las mujeres y
los problemas ambientales. A nivel de los usuarios son las mujeres pobres las que enfrentan cotidianamente la carencia
y los obstáculos para acceder al agua potable, y quienes resuelven esta necesidad, puesto que está estrechamente
vinculada con el trabajo que se les asigna al interior de los hogares. Esos obstáculos para los hogares más pobres pueden
ser encontrar una o varias de las siguientes situaciones: agua contaminada, fuente muy alejada de la vivienda, terreno de
acceso muy accidentado y suministro insuficiente para la cantidad de personas que habitan la vivienda, limitado a pocas
horas del día o a horas poco adecuadas, sumado al hecho que un porcentaje importante del ingreso familiar debe
destinarse a la compra de agua.
El acarreo de agua de la fuente a los hogares constituye una tarea que ocupa importante parte del tiempo y las
energías de las mujeres pobres y tiene un impacto negativo sobre su salud física y mental, específicamente problemas en
la columna vertebral y estress, así como sobre sus oportunidades de dedicarse a otras actividades, ya sean productivas o
recreativas, lo cual implica costos traducidos principalmente en dinero y tiempo, además de salud. A esto se suma que, si
bien son las principales responsables de conseguir, transportar y almacenar el recurso, generalmente no participan
en la administración de las fuentes.
Las disparidades en infraestructura, servicios, ingresos y oportunidades entre las ciudades y el campo
continúan reforzando la atracción de éstas sobre la población rural. Se destaca, por ejemplo, que en las zonas
urbanas las personas que residen en hogares con acceso a sistemas adecuados de agua potable y saneamiento son
entre un 30% y un 40% más que en las rurales (CEPAL, 1997a); de igual manera, los desastres naturales tales
como inundaciones y sequías (producidas por ejemplo por los fenómenos del Niño y de la Niña) afectan en mayor
medida a estas zonas, sobre todo a los denominados ecosistemas frágiles. Esto determina que en la actualidad
existan no sólo migrantes por razones económicas y sociales sino también es posible distinguir la categoría de
migrantes ecológicos.
Los movimientos de la población al interior de los países, deben observarse inicialmente a partir de dos
situaciones: i) la degradación ambiental, los desastres ecológicos y la falta de infraestructura básica, servicios y
oportunidades en las zonas rurales que se constituyen en causa de migración; y ii) los problemas ambientales que
surgen en las sectores urbanos debido a la presión demográfica que ejercen los migrantes sumado a la incapacidad
de las ciudades de satisfacer equitativamente para toda su población las necesidades de infraestructura y servicios.
La consideración del análisis de género en la migración obedece principalmente a dos factores: i) la
presencia cuantitativa y cualitativamente cada vez más significativa de las mujeres en los flujos migratorios,
invirtiendo tendencias anteriores (CEPAL, 1997a), y las particulares características que le imponen a este
fenómeno, así como las desiguales situaciones que enfrentan en relación a los varones en las ciudades de acogida,
por ejemplo volumen y tipos de empleo; ii) la migración de los hombres tiene como consecuencias en las
comunidades una estructura de edades extrema (muy joven o muy anciana) para la población masculina y que la
responsabilidad de la subsistencia de los hogares y de la administración de los recursos se deposite principalmente
en las mujeres.
La contaminación hídrica, producto de las descargas urbanas, industriales y agrícolas, tiene impactos negativos
sobre la salud de la población e implica el incremento del gasto público y privado destinado a cubrir las enfermedades
con esta etiología. Según la CEPAL (1994), el 80% de todas las enfermedades y más de un tercio de los fallecimientos en
los países en desarrollo obedecen al consumo de agua contaminada y, en promedio, hasta la décima parte del tiempo
productivo de cada individuo se pierde a causa de enfermedades asociadas con este recurso. Debido a que dentro de las
tareas que realizan las mujeres se encuentra el cuidado de la salud familiar, son también ellas, como encargadas de la
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sustentabilidad de los hogares, las que ante enfermedades producidas por la contaminación de las aguas, toman medidas
de manejo ambiental preventivas o paleativas como, por ejemplo, hervir o clorar el recurso, y quienes ocupan tiempo en
acompañar y cuidar a los enfermos. Este hecho quedó claramente en evidencia ante la epidemia de cólera que afectó
recientemente a la región. A este respecto, es importante distinguir entre la disponibilidad de agua para uso doméstico y el
acceso al agua potable, ya que en muchos lugares, especialmente en el área rural, el agua que se emplea en las labores de
la casa no es necesariamente apropiada para el consumo humano.
Frente a lo descripto, resulta importante superar la comprensión reduccionista de los roles de género. No
sólo hay que ver la división sexual del trabajo como producto exclusivo del sistema de género dominante que
adjudica preferentemente a las mujeres el ámbito de la reproducción y a los varones el de la producción, sino
considerando a su vez las relaciones sociales de producción y de poder en el acceso diferencial a los recursos, las
que son funcionales al actual proceso de cambio socioeconómico que viven nuestros países y que requieren ser
modificadas para alcanzar un desarrollo equitativo y democrático.
Además, es necesario que la participación de las mujeres en los procesos asociados al agua no sólo esté
caracterizada por su situación de "víctimas" de los problemas ambientales o la insuficiencia de los servicios, sino
también como conocedoras, usuarias y consumidoras de los recursos naturales, así como sujetos de experiencia y
creatividad en el trabajo comunitario, y por lo tanto en su carácter de propositoras de mecanismos que conduzcan a
la sustentabilidad. En América Latina, se han desarrollado varias metodologías para involucrar activamente y
con poder de decisión a las mujeres en los proyectos de agua, como un modo de asegurar su sostenibilidad, es decir su
continuidad y mantenimiento (Whitaker, 1992; INSTRAW, 1994). También se ha contado con las mujeres de sectores
populares para promover una cultura de uso ambientalmente adecuado del agua, y se han llevado a cabo proyectos
comunicativos para la transferencia de tecnología, entendida como un proceso orientado a trasladar la capacidad de
aplicar conocimientos, instrumentos, organización y técnicas desde quienes la generan hacia un grupo social determinado,
en este caso las mujeres. Sin embargo, la puesta en práctica de estas metodologías y de la capacitación enfrenta
importantes resistencias por parte de los administradores, y presenta gran vulnerabilidad ya que su aplicación y éxito
depende, en la mayoría de los casos, de voluntades individuales, y no de políticas claras al respecto. Es destacable que, en
general, existe la érronea percepción que los proyectos y programas son "neutros" y que benefician de manera homogénea
a todos los miembros de la comunidad, por lo que no es necesario introducir la variable género y menos aún el enfoque de
género en el desarrollo.
Es destacable que las mujeres de sectores populares también participan activamente en iniciativas locales
destinadas a mejorar la calidad de vida de sus familias y del entorno barrial. Esto implica trabajo gratuito, solidario y
cooperativo a través del cual tratan de paliar las deficiencias existentes en los servicios. Sin embargo, este aporte no suele
traducirse en iguales posibilidades que los varones de controlar y decidir respecto a las características: localización,
tecnología, tipo de suministro, costos, beneficios y limitaciones del sistema, del servicio de provisión de agua que
ayudaron a construir. Se observa así que muchas veces son instrumentalizadas para alcanzar mayor eficiencia en el
cumplimiento de los objetivos de los proyectos de infraestructura, sin que por ello se consideren sus intereses, necesidades
y derechos en los procesos de decisiones que afectan su calidad de vida. En esta dirección, resulta importante potenciar la
participación de las mujeres en las "juntas de agua" y los "comités de usuarios" como canales de información, opinión,
acción, decisión y educación. En este contexto, es importante conocer la transferencia de recursos privados y estatales
hacia estas actividades comunitarias realizadas por las mujeres e investigar el papel de las instancias intermedias
tales como las organizaciones no gubernamentales.
En ocasiones también las mujeres pobres han liderado protestas urbanas por la falta de agua, la mala calidad de
los servicios y las tarifas como la única forma de hacer escuchar su voz. En el caso de Monterrey, México (Bennett,
1996), su accionar produjo efectos positivos sobre la dirección de la inversión en infraestructura, mostró la relación
existente entre los niveles micro y macroeconómico, y puso en evidencia el tema del poder, ya que controlar el agua es
también controlar un territorio y las actividades productivas que en él se generan.
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La distribución del capital y el acceso a los recursos naturales, entre ellos el agua, son factores indicativos del
grado de equidad existente en una sociedad (CEPAL 1991, 1992). Además, frente a su finitud y a su degradación, definir
quién tiene acceso y control efectivos permite delimitar las responsabilidades sobre el deterioro y las posibilidades reales
de los individuos de emprender prácticas sustentables, mejorar su calidad de vida y decidir sobre la dirección del
desarrollo (Rico, 1997).
El análisis del acceso y control en relación a los recursos ambientales desde el enfoque de género se
asocia con aspectos legales, culturales y económicos que regulan el poder entre y sobre las personas. Por ejemplo,
es necesario conocer la relación propiedad de la tierra y género asociada a restricciones legales que afectarían a las
mujeres con respecto a la herencia o la consideración de sus derechos en los modelos de reforma agraria
implementados y los procesos de contrarreforma que se están produciendo actualmente en algunos países.
En América Latina, desde principios de la década de los noventa, casi todos los países han adoptado políticas
para traspasar a los agricultores la responsabilidad de la gestión, explotación y mantenimiento de la infraestructura de
riego. Esto ha implicado cambios considerables en esferas normativas conexas, como la tenencia de la tierra de ejido en
México. Asimismo, ha conducido al desarrollo de nuevos mercados para suministrar los productos y prestar los servicios
requeridos a fin de administrar y explotar los sistemas de riego, lo que ha significado reformas a las leyes de agua. En el
caso de Chile, la separación de la propiedad de la tierra de los derechos de agua, cuya distribución una vez que el Estado
los concede queda en manos de la fuerzas del mercado (Solanes,1996) tiene como consecuencia que la tradicional
exclusión de las mujeres a la tenencia de la tierra se reproduzca en el acceso a los derechos de agua, la que a su vez se ve
potenciada por los obstáculos que enfrentan las campesinas para acceder al crédito, la capacitación y las nuevas
tecnologías.
De este modo, es pertinente investigar el acceso y control de las mujeres rurales sobre "los derechos de aguas", y
adoptar las medidas para asegurar su ejercicio, considerando el contexto socioeconómico en el que se insertan, y el
importante rol que juegan en el desarrollo agrícola y la seguridad alimentaria de los países. Las evidencias muestran que
su titularidad legal o consuetudinaria se constituye generalmente sobre los varones, lo que tendría efectos sobre los
procesos decisorios familiares y especialmente sobre las unidades productivas administradas por mujeres, cuando por la
migración temporal o definitiva o por ausencia de cónyuge, se constituyen en las principales sostenedoras de los hogares.
Los diagnósticos que relacionan tenencia de la tierra por sexo con riego, como el de la Cuenca del río Laja en
México, muestran que mientras los varones son propietarios y trabajan terrenos con riego las mujeres no gozan de esta
situación. Asimismo, sucede que el riego es considerado simbólica y culturalmente una actividad de hombres a pesar que
son muchas las mujeres que participan en ella (Ahlers 1998), y existe una percepción errónea de la distribución de las
tareas productivas al interior de las unidades familiares campesinas que oculta el trabajo que realizan las mujeres. Estas
condiciones hacen que en los proyectos de riego, en la definición de obras de infraestructura para mejorarlo, así como en
la asignación de subsidios no se las consulte, y en general se las excluya de las decisiones y de los beneficios, potenciando
la discriminación y la inseguridad que las afecta.
Se propone asimismo que el enfoque de género no sólo debe tenerse en cuenta al planificar el manejo de
los recursos ambientales a nivel local, sino también en relación con las tendencias globales y en la forma en que
éstas inciden sobre la situación social de las mujeres y de los varones y sus relaciones. La globalización de las
economías trae consigo modificaciones en la estructura ocupacional de los países; esto, a su vez, repercute en la
división por género del trabajo, en la generación de empleo y en las modalidades de uso y gestión de los recursos
naturales, entre ellos el agua. Por ejemplo, las políticas internacionales de aranceles y comercio tienen un gran
impacto en la agricultura regional, y por ende en la estructura del empleo y el trabajo agrícola, así como en las
relaciones de género que se establecen en este contexto productivo. Así se observa que los procesos de
reorientación del mercado de productos agrícolas hacia la exportación y la modernización del agro que están
experimentando algunos países de la región traen como consecuencia significativos cambios entre los que se
encuentra la denominada "feminización del mercado de trabajo agrícola", así como el hecho que las mujeres
queden a cargo de los predios menos productivos y con mayores problemas de riego.
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Si se centra el enfoque de la temática considerando el protagonismo de las mujeres como agentes
económicos, es posible determinar de qué forma son afectadas por los fracasos de las políticas ambientales y por
los problemas presentes en los mercados, en la medida que estos generan precios que no reflejan los costos y
beneficios sociales asociados con los bienes (BID, 1996). De este modo se observa, por ejemplo, el hecho que las
agricultoras al carecer de una tenencia segura de la tierra y de los derechos de agua son menos propensas a invertir
en nuevas tecnologías o en plantar árboles debido a que no están seguras de poder recuperar los costos de
inversión, o que el uso de nuevas tecnologías agrícolas, si bien son beneficiosas en términos de la sostenibilidad a
largo plazo, requieren de mano de obra intensiva en el plano inmediato y muchas veces ponen en peligro los
niveles de producción en el corto plazo, lo que inhibe su utilización por parte de las mujeres a cargo de predios
pequeños, con escasos recursos y suelos no siempre aptos. De igual modo, debido a que tener respaldo financiero y
técnico es vital para crear emprendimientos sustentables hay que investigar las políticas financieras y el actual
acceso que las mujeres tienen al crédito.
Debido al carácter pluricultural de América Latina y el Caribe, es vital también la consideración de la
variable étnica y las particulares cosmovisiones y apropiaciones del espacio y la naturaleza de los diferentes
grupos. Además, no hay que olvidar el hecho que la pobreza en el ámbito rural se concentra más entre los grupos
indígenas quienes a su vez, tienen mayores obstáculos para hacer valer sus derechos a la tierra y a las aguas.
A su vez, la variable cultura y su operacionalización proporciona elementos que hacen posible identificar
algunas características particulares de los actores sociales tales como las representaciones y simbolizaciones que
como grupo o individuos hacen de la naturaleza y sus recursos, las formas de acceso, el uso que le dan y las
técnicas para extraerlos, los patrones de ocupación y de asentamiento en los territorios y la lógica de distribución
de tareas de acuerdo a patrones asociados al sexo, la edad y la especialización en el trabajo. En este sentido, estos
últimos elementos deben considerarse tanto según los valores tradicionales vigentes en la región como respecto a
aquellos valores emergentes a partir de los cambios que se han suscitado en la condición de las mujeres en las
últimas décadas.
Los cambios profundos que están ocurriendo en la "política del agua" en la región muestran la intención de
considerar a distintos sectores en su manejo y financiamiento, con base en mecanismos de asignación que buscan
incorporar la lógica del mercado. Históricamente, el agua se ha considerado como un don o un bien público casi gratuito e
ilimitado, sin embargo en la actualidad es creciente su consideración como un recurso finito que debe conservarse y un
bien económico, por lo que hay un aumento tanto de la participación de los agentes privados en la administración de los
servicios, como de los debates sobre su eficiencia.
Existen evidencias de que los actuales sistemas de abastecimiento sufren notorias pérdidas y se estima que del
30% al 60% del agua tratada y distribuida por la red nunca llega al consumidor debido a escapes y uso ilegal. Tales
pérdidas suponen un costo de entre 1.000 a 1.500 millones de dólares anuales, equivalente a la suma necesaria para
proporcionar hacia el año 2000 servicios de agua y saneamiento a todos los ciudadanos que no les reciben actualmente
(Khan, 1997). La ineficiencia de los órganos encargados de prestar servicios de abastecimiento de agua potable y
saneamiento creó un ambiente propicio para una mayor participación del sector privado. Sin embargo, en la mayoría de
los países, la participación de este sector en los servicios públicos de provisión de agua es todavía incipiente y el sector
público sigue administrando la mayor parte de la infraestructura. En este sentido, la descentralización de las funciones de
explotación y el establecimiento de un sistema regulatorio bien estructurado se consideran instrumentos eficaces para
mejorar el funcionamiento de los servicios públicos (CEPAL, 1998).
Pero el manejo equitativo y ambientalmente adecuado del agua, no sólo depende de nuevas reglas, también está
condicionado por las acciones de nuevos actores en torno a su gestión y de su percepción acerca de la problemática del
agua. En este sentido, está pendiente la consulta a las mujeres de los distintos segmentos acerca de sus necesidades e
intereses respecto al recurso, así como hacer valer su derecho a la información en torno a cómo se definen las tarifas y se
deciden las inversiones, para que también puedan ejercer sus derechos como consumidoras.
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La participación comunitaria es vista retóricamente como un eje de los procesos de descentralización y así está
expresado explícitamente en muchas de las legislaciones y programas. Pero el planteamiento de la privatización suele
reducirse a la participación de empresas privadas en la administración de los servicios, sin contemplar la participación de
la comunidad, menos aún de las mujeres, en procesos de autogestión para el uso domiciliario o el manejo de sistemas de
riego, o la cogestión de los servicios de agua entre el Estado y la sociedad civil. En este sentido, es importante considerar
que la ausencia de mecanismos apropiados de participación de los usuarios del agua, favorece la generación de conflictos
sociales en torno al recurso y no fortalece los procesos democráticos.
Gran parte de las demandas de energía eléctrica se cubren crecientemente en América Latina mediante la
construcción de grandes obras de infraestructura hidroeléctrica. También, con frecuencia llegan a las instancias estatales y
regionales solicitudes para efectuar obras hidraúlicas más pequeñas con el objeto de aprovechar aguas superficiales o
subterráneas, tanto para el uso doméstico e industrial como para el riego. La viabilidad social de las obras de
infraestructura y la evaluación de sus impactos conducen a la necesidad de definir metodologías que contemplen
indicadores de género que permitan identificar las características sociales de los usuarios o de aquellos que debido a su
construcción deberán ser relocalizados o verán afectadas sus actividades productivas. Esto obedece al hecho que
incorporar el análisis de género es un modo de prevenir efectos negativos de los distintos proyectos de inversión sobre las
mujeres y sus intereses, por lo que es fundamental potenciar su participación efectiva en la elaboración de la normativa y
en los sistemas de Evaluación de Impacto Ambiental.
La formación integral de los recursos humanos es un factor central para iniciar cualquier proceso de
sustentabilidad del desarrollo. El tipo y la orientación de la socialización que reciben las niñas y los niños, así
como el nivel de educación y capacitación que posee la población puede dar señales tanto de las posibilidades que
tienen las personas de minimizar o resistir al impacto negativo de los problemas ambientales sobre sus vidas,
como de potenciar prácticas de uso y manejo de los recursos que conduzcan a su protección y una gestión
sostenible.
Al respecto hay que considerar varias situaciones concomitantes a las políticas ambientales: i) los factores
estructurales que inciden en la exclusión de las mujeres pertenecientes a los sectores más rezagados, como los
rurales y los indígenas, de la educación formal; ii) la integración de contenidos ambientales y no sexistas en los
currículums de la educación en sus diferentes niveles; iii) la capacitación laboral que reciben varones y mujeres y
su adecuación a los nuevos requerimientos productivos y tecnológicos económica y ecológicamente sostenibles; iv)
la incorporación de los conocimientos de las mujeres sobre el uso y manejo de los recursos a los programas de
educación ambiental y al diseño, ejecución y evaluación de las políticas; v) la implementación de iniciativas de
educación ambiental no formal; vi) el acceso y la participación de las y los jóvenes en el desarrollo científico y
tecnológico de los países sobretodo en aquellas carreras universitarias y técnicas asociadas a la ingeniería
hidráulica.
Una política hídrica de acorde a los requerimientos de equidad, sostenibilidad y eficiencia requiere construir las
capacidades, tanto de hombres como de mujeres, para enfrentar los nuevos desafíos y los rezagos existentes. En este
marco, entendido como una oportunidad para potenciar la presencia y los aportes de las mujeres, es importante identificar
los actuales modos que asume su participación en los niveles profesionales, administrativos y políticos asociados a la
temática hidrológica. También se requiere caracterizar su acceso a la formación de recursos humanos para el sector, y los
obstáculos que encuentran para su capacitación o para ser parte de los procesos de adopción de decisiones públicas en el
área.
La mayoría de las mujeres con formación en hidrología se desempeñan en la docencia y en la investigación,
siendo pocas las que desarrollan actividades en el campo de la administración, el financiamiento y la adopción de
decisiones. Sin embargo, también existe la experiencia de mujeres profesionales en puestos de dirección en instituciones
públicas y privadas, por lo que resulta importante identificar sus aportes a la gestión de políticas y al cambio
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organizacional estratégico en las instituciones, así como a la incorporación de nuevos aspectos a considerar en las
decisiones.
Sin embargo, si bien una mayor participación cuantitativa y cualitativa de mujeres en las decisiones del sector
agua es una condición necesaria, no es suficiente para incorporar el enfoque de género en las políticas y actividades que le
competen. En este sentido, se requiere capacitarlas en las particularidades y beneficios del enfoque de género aplicado a la
normativa, los programas y los proyectos asociados con el recurso. Así como se han realizado módulos de capacitación
para las mujeres populares, se necesita desarrollar guías prácticas que operacionalicen el concepto de género con
objetivos al alcance de administradores e ingenieros para incorporar esta dimensión en todas las etapas del ciclo de
proyecto.
Los procesos de democratización y de sustentabilidad social y política del desarrollo requieren para su
construcción de la participación equitativa y responsable de todos los actores sociales en los distintos niveles de
adopción de decisiones y en su control, así como en el poder en todas sus esferas. El lugar que ocupan en la
estructura social y las limitaciones que enfrentan distintos sectores de la población para acceder a las fuentes del
poder económico, político y social, y específicamente a la dirección de las políticas ambientales de carácter local y
global, que influyen directamente sobre su calidad de vida, indican el grado de responsabilidad que les compete
como agentes pasivos o activos de los cambios ambientales y/o de las prácticas sostenibles.
Respecto a las orientaciones de políticas, es claro que no son suficientes los programas y proyectos
dirigidos a mujeres, sino que el conjunto de acciones de desarrollo deben contribuir a la equidad, por lo que
también deben involucrar a los varones. En este sentido, en la concepción e implementación de políticas sobre
género-manejo de los recursos hídricos, en el contexto de un proceso de sustentabilidad, las mujeres no deberían
ser consideradas sólo como un "recurso" para la conservación y mejoramiento del medio ambiente, para la
transmisión de una nueva cultura ambiental o para el éxito de los proyectos. Por ejemplo, si el trabajo y el
conocimiento de las mujeres rurales se utilizan en la reforestación para controlar la erosión y la desertización, pero
no tienen ninguna injerencia sobre el uso, el manejo y la propiedad de los árboles y de la tierra recuperada, sólo se
beneficiarán de modo marginal y no de acuerdo al esfuerzo realizado.
Considerar a las mujeres sólo como un recurso conduce a que los programas de desarrollo encierren
muchas veces importantes discrepancias entre las necesidades de las mujeres y el ejercicio de sus derechos y los
requerimientos para preservar el medio ambiente. Asimismo, la aplicación del enfoque de género en el diseño de
las políticas ambientales y económicas permite identificar y disminuir el impacto diferencial de éstas sobre mujeres
y varones, las que generalmente se plantean con el falso supuesto que sus efectos son iguales para ambos. Además,
la concepción de las políticas públicas desde la perspectiva de género enfrenta una constante tensión entre el "ser"
y el "deber ser" en tanto, por una parte, implica reconocer, valorar y potenciar los papeles que desempeñan las
mujeres en cada contexto específico y sus aportes al desarrollo y, por otra parte, superar la rigidez de la división de
los roles y la exclusión y subordinación que las afecta para poder alcanzar la equidad y la sustentabilidad. Debido
a esto, el desafío consiste en encontrar conceptos y estrategias de desarrollo que beneficien tanto la posición de las
mujeres en relación a los varones como la calidad de vida de la población y el medio ambiente, de manera
sinérgica e integral, en el entendido que los beneficios se reforzarán entre sí. La preocupación radica en cómo
lograr que proyectos de manejo adecuado de los recursos naturales o de reducción de impactos negativos de la
degradación contribuyan a la vez a que las mujeres ganen en autonomía y mejoren su condición social de género.
De todas manera, es importante identificar cuando la igualdad de género y la protección del medio ambiente
pueden situarse simultáneamente como objetivos en las intervenciones de desarrollo y cuándo no. Incluso es
necesario tener en cuenta que la perspectiva de género conduce a ampliar aquellos enfoques de políticas "win-win"
(todos ganan) postulados, por ejemplo por el Banco Mundial, para la superación de la pobreza y el mejoramiento
del medio ambiente, ya que los estudios muestran que aliviar la pobreza, si bien mejora su calidad de vida, no
necesariamente conduce a modificar la subordinación que afecta a las mujeres (Jackson, 1993). Esto conduce a la
necesidad de clarificar todos los elementos y factores en juego, sus efectos y sus límites en los llamados enfoques
integrales.
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El estado de situación de la vinculación entre la temática del agua y el sistema de género muestra que, en
América Latina, la planificación de políticas se enfrenta a la falta de los mecanismos institucionales y políticos
articuladores. Sin embargo no hay que desestimar la existencia de políticas nacionales o "estrategias o planes de
desarrollo sostenible" adoptadas por algunos países de la región que cubren una amplia gama de objetivos
ambientales, económicos y sociales, y sus impactos sobre la población y los recursos naturales de unidades
territoriales concretas. Asimismo, desde este criterio es necesario contemplar las políticas gubernamentales que
apuntan a reducir la brecha existente entre varones y mujeres, y por lo tanto producir cambios en sus relaciones
tales como los Planes de Igualdad de Oportunidades, más aún cuando éstos conllevan la consideración del medio
ambiente, como es el caso de Costa Rica, como un área estratégica donde, a través de objetivos concretos,
impulsar la igualdad de oportunidades en los países.
Además, es necesario contemplar la normativa sobre el medio ambiente existente en cada país,
principalmente los sistemas de evaluación de impacto ambiental (EIA) de modo de identificar el papel que le
compete a los distintos sectores sociales en los procesos de evaluación y cómo en éstos se incluyen las variables
sociales y culturales de modo de prevenir los efectos negativos de los distintos proyectos de inversión a realizar.
Desde el punto de vista metodológico en cuanto a la planificación e implementación de programas y
proyectos de desarrollo se requiere que estos procesos tengan un carácter consultivo y participativo donde las
mujeres, además de los varones, contribuyan a la elaboración de los diagnósticos y de las propuestas de modo que
se comprometan cotidianamente con la sustentabilidad a la vez que se profundiza la democracia. Por otra parte,
junto con la adopción y la traducción a la especificidad de la problemática ambiental de la “planificación de
género en el desarrollo” se ha comenzado a elaborar indicadores, que captan la interrelación en ciertos casos
concretos, y que permiten diagnosticar situaciones para posteriormente evaluar las acciones emprendidas, así como
para incorporar el enfoque durante la ejecución de los proyectos. Sin embargo el trabajo avanzado en la
construcción de indicadores es aún insuficiente. Lo anterior plantea importantes problemas al momento de priorizar
áreas de acción pública para el diseño e implementación de políticas y programas en agua con perspectiva de género. Así
como dificulta la posibilidad de analizar las políticas públicas del sector siguiendo las dos principales consideraciones: 1)
concentrarse en los impactos diferenciales de las políticas sobre los hombres y las mujeres e identificar cuáles cambios
son necesarios para alcanzar la equidad; 2) diagnosticar las implicaciones que tienen las relaciones y desigualdades de
género para los análisis económicos y sociales, y examinar las resultantes opciones de políticas, entendiendo que este
enfoque aporta precisión analítica para cumplir los objetivos de la equidad, la eficiencia y el crecimiento todos factores
constituyentes de un desarrollo sustentable.
III. LINEAS DE CONTINUIDAD
Uno de los requisitos para implementar un proceso de institucionalización del enfoque de género en el sector
agua es la producción de datos. Previo al diseño de estrategias e instrumentos, los políticos y planificadores requieren
informaciones fiables sobre el estado del sector, así como sobre la situación y condición de las mujeres y los varones que
se insertan en él, y sobre el carácter y las modalidades que asume esta inserción.
Desde el punto de vista de una política de generación de conocimientos y de información sobre la interrelación
entre género y agua se visualiza que los principales obstáculos son: i) el aprovechamiento restringido de los recursos
informativos provenientes de los censos, encuestas de hogares y otras fuentes estadísticas; ii) la falta de comunicación y de
coordinación entre las instituciones correspondientes; iii) objetivos no definidos de manera estratégica; iv) falta de
inversión y de recursos; v) aspectos no explorados y lagunas de información, sobre todo en lo referente a estadísticas e
indicadores comparables.
Además, para mejorar la información es necesario realizar estudios de carácter transdisciplinario que, por una
parte, aporten datos empíricos detallados para desarrollar eficazmente políticas y programas hídricos con perspectiva de
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género; así como, por otra parte, permitan establecer metodologías adecuadas para comprender la compleja interrelación
existente y sus aspectos mediatizadores.
Como líneas de continuidad se propone profundizar los diagnósticos y aportar a la elaboración de políticas
públicas respondiendo a los siguientes cuestionamientos:
i) de qué manera las mujeres en general, y los distintos segmentos que conforman la población femenina, se ven
afectadas diferencialmente, en relación a los hombres, por las actuales políticas de los recursos hídricos;
ii) de qué forma las desigualdades de género contribuyen a la falta de equidad e ineficiencia que afecta al sector
agua;
iii) cómo la potenciación económica, social y política de las mujeres podría contribuir al desarrollo equitativo y
sustentable de este sector.
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